#hemeroteca #lgtbi #politica | ONU reclama a Uruguay protección para comunidades LGTBI y afrodescendientes

Washington Blade / Marcha LGTBI en Montevideo //

ONU reclama a Uruguay protección para comunidades LGTBI y afrodescendientes.
EFE | Efeminista, 20022-08-04
https://efeminista.com/onu-uruguay-proteccion-lgtbi-afrodescendiente/

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a Uruguay implementar medidas para proteger a la comunidad LGTBI+ de la estigmatización y de actitudes discriminatorias, investigando «sin demora» los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

Uruguay se ha sometido este año a su sexto examen periódico ante este comité de Naciones Unidas, que ha reconocido avances en materia de políticas de género, aunque ha elaborado una lista de sugerencias para seguir avanzando en este aspecto.

Protección LGTBI
La presidenta del Comité, Photini Pazartis, ha declarado en rueda de prensa que el país tiene que «redoblar sus esfuerzos» para combatir los estereotipos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como frenar las conductas violentas en las escuelas.

En este sentido, también se ha mencionado la discriminación racial. Según el informe elaborado por el Comité, en Uruguay persiste la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes, siendo las mujeres y niñas las que más la sufren en el ámbito educativo, el de la salud y la vida pública.

La presidenta del comité ha propuesto incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población en este punto y la capacitación del sector público, privado y docente para «promover la tolerancia y el respeto a la diversidad».

En cuanto a la violencia, desde el comité se ha expresado preocupación por el incremento de los ataques contra las mujeres, después de que en 2021 se registraran 30 femicidios y 38.925 denuncias por violencia doméstica.

Entre las recomendaciones se ha incluido un plan para combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la inclusión de éstas, incluidas las afrodescendientes e indígenas, en puestos directivos tanto de la esfera pública como de la privada.

Asimismo, Pazartis ha expuesto las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de poder abortar, e instó a garantizar un plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y privacidad.

Por otra parte, el comité ha notificado un aumento de los juicios penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, y ha pedido que se investiguen de forma independiente y parcial todas las denuncias relativas a dichos actos de intimidación.

Y TAMBIÉN…
Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ.
Activistas son críticos con el gobierno actual.
Esteban Guzmán | Washington Blade, 2021-10-01
https://www.washingtonblade.com/2021/10/01/marchan-en-uruguay-entre-festejos-y-reclamos-de-los-derechos-lgbtq/

#hemeroteca #homofobia #saludpublica | Uruguay: Salinas se reunió con colectivos LGTBI por sus dichos sobre transmisión de la viruela del mono: “Me tengo que agiornar”

La Diaria / Daniel Salinas, ministro de Salud Pública de Uruguay //

Salinas se reunió con colectivos LGTBI por sus dichos sobre transmisión de la viruela del mono: “Me tengo que agiornar”.
El ministro había recomendado “mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales” para evitar contagio.
La Diaria, 2022-08-03
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/8/salinas-se-reunio-con-colectivos-lgtbi-por-sus-dichos-sobre-transmision-de-la-viruela-del-mono-me-tengo-que-agiornar/ 

Ante la llegada de la viruela del mono, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había transmitido como “recomendación general” a la población “mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales tanto en el exterior como en nuestro país y ser precavidos en esta etapa”, utilizando métodos preventivos como el preservativo.

Días antes, la Organización Mundial de la Salud había recomendado a las personas homosexuales reducir el número de parejas sexuales, debido a que este grupo poblacional es el que presenta la mayor cantidad de afectados por la enfermedad. Sin embargo, Salinas llamó este martes a “no estigmatizar”, ya que es un problema asociado a la falta de “protección”; de hecho, en redes sociales aclaró que se trata de “un problema de toda la población, independientemente de su orientación sexual e identidad de género”.

Este martes, el ministro se reunió con representantes de colectivos LGBTIQ+ y dialogó sobre alguna de sus expresiones que habían causado molestia en la comunidad. “Uno a veces se expresa de alguna manera no totalmente correcta o hace algún furcio. Entonces, en ese sentido, queríamos reunirlos y darles la información de primera mano de cómo es la transmisión y demás, y hacer hincapié de que es una enfermedad que puede afectar a toda la población en su conjunto, no específicamente a un tema de orientación sexual o identidad de género”, dijo en diálogo con Subrayado. En particular, sobre su comentario de “parejas estables”, dijo que “evidentemente es un término muy demodé, propio de una persona de 60 años”.

Comentó que el encuentro “fue muy positivo”: “Me tengo que agiornar en una cantidad de términos y realidades nuevas, porque la sociedad evoluciona. Uno es producto de otras generaciones, pero la capacidad de adaptación siempre existe”.

Además, agregó que lo que buscaba era “diferenciar la comunicación de lo que fue la OMS, en el sentido de no generar alarma y no generar discriminación por orientación o identidad”.

Sobre la enfermedad aseguró que habrá una curva de aprendizaje sobre su contagio, pero que por el momento lo que se sabe con más certeza es que en el “contacto de piel con piel” o con mucosa que tiene lesiones hay “más capacidad infectiva; no quiere decir que a largo plazo no se descubra un nuevo mecanismo de transmisión”.

En esta línea, descartó que se trate de una infección de transmisión sexual, aunque en las “primeras etapas se comporta como tal”, y dijo que por esta razón se recomienda el uso de preservativo.

#hemeroteca #lgtbi #lgtbifobia #politica | Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ

Washington Blade / Marcha LGTBI en Montevideo //

Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ.
Activistas son críticos con el gobierno actual.
Esteban Guzmán | Washington Blade, 2021-10-01
https://www.washingtonblade.com/2021/10/01/marchan-en-uruguay-entre-festejos-y-reclamos-de-los-derechos-lgbtq/

El 24 de septiembre se realizó en Uruguay la “Marcha por la Diversidad” en medio de un momento de inflexión para los derechos de la población LGBTQ.

Bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” miles salieron a protestar en las principales avenidas de la capital nacional acusando abandono por parte del gobierno.

A nivel internacional Uruguay ha destacado por ser pionero en avanzar en legislaciones y políticas públicas a favor de las personas que aman o están fuera de la heteronorma, siendo considerado incluso como uno de los mejores destinos turísticos para LGBTQ en América Latina.

Importantes avances logrados a través de lo que activistas denominan la “agenda de derechos” y que en estos momentos se encuentra en amenaza.

Diego Sempol, doctor en ciencias sociales y académico experto en temas de diversidad sexual y de género advirtió al Washington Blade que “en términos normativos el país avanzó mucho, pero esto no necesariamente produce transformaciones automáticas a nivel de la vida social. Entonces hay diferentes temporalidades. Todavía en nuestro país coexisten diferentes regímenes sobre lo que tiene que ver con las corporalidades y las sexualidades”.

Según Sempol aún en Uruguay “hay lugares donde las personas tienen que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar porque casarse implica visibilizarse en esa localidad y eso va a generar una fuerte discriminación que puede terminar repercutiendo en su inserción laboral”.

“Hay zonas o barrios, en los cuales está totalmente normalizado hoy la disidencia sexual y hay otros barrios, donde se siguen generando bromas y violencia física, insultos, exclusiones o sea que es un proceso; las normas sirven para generar nuevos espacios de enunciación. Sirven para saldar ciertos debates, pero tienen que estar necesariamente acompañadas con políticas públicas”, señaló al respecto el académico.

El actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mientras ejercía como congresista fue un férreo opositor a las iniciativas legislativas que buscaban extender derechos a LGBTQ. Votando incluso contra la mayoría de ellas.

El Blade días antes de que Lacalle Pou asumiera como Jefe de Estado conversó con activistas y políticos LGBTQ, quienes en ese entonces manifestaron su preocupación, ya que si bien, mientras era candidato presidencial prometió no derogar ningún derecho conquistado, se instalaría en la Torre Ejecutiva con un gabinete mayoritariamente anti-LGBTQ.

Hoy a más de un año y medio de su mandato las preocupaciones que tenían los líderes LGBTQ se estarían cumpliendo y en la marcha de la semana pasada fueron expuestas mediante consignas y pancartas. Aquella manifestación fue convocada por una veintena de organizaciones queer de ese país latinoamericano.

“La verdad que no hemos visto ningún avance desde la nueva presidencia. No hemos logrado nada. No hemos logrado avanzar más que retroceder en políticas públicas, retroceder en derechos” indicó la vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Paula Moreno, al Blade.

La activista trans explicó que “las principales demandas que nosotres salimos este año a reivindicar son para que las leyes se implementen, para que las personas LGBTQ+ sean reconocidas en derechos”.

“Luchamos por una vida libre de discriminación, por una vida de inclusión. Luchamos por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la educación y por tener un buen acceso a la salud. Básicamente por los derechos básicos que históricamente a esta población se les ha vulnerado”, señaló al respecto Moreno.

Mientras que José María Speranza, quién compartió la vocería de la marcha con Moreno explicó al Blade que “la consigna de este año de la coordinadora es “Estado ausente, nuestra lucha presente” y con esto lo que queremos es evidenciar el repliegue de una gran cantidad de políticas sociales que se habían llevado a cabo”.

Diego Sempol / Paula Moreno

Incumplimiento de la ley integral trans
Uno de los retrocesos más notorios que acusan en Uruguay, es la no implementación de la ley integral trans que fue aprobada en 2018 y que establece que el Estado uruguayo debe otorgar una cuota de trabajo a las personas trans correspondiente al uno por ciento de las contrataciones de empleos públicos.

“Marchamos exigiendo también el cumplimiento de las cuotas de vacantes de los empleos públicos para la población trans, que bueno no se están cumpliendo” denunció Speranza al Blade mediante una conversación telefónica.

Mientras que Sempol expusó que “la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay reconoció que en estos dos años no se cumplió esta cuota, lo cual es un problemón, porque en realidad esté acuerdo de la ley solo se va a ejecutar durante 15 años. Ya perdimos tres años y no se ha cumplido hasta el momento”.

Por otro lado, Moreno enfatizó que “la ley integral para personas trans si bien se aprobó hace tres años, aún seguimos insistiendo y promoviendo que se implemente en su totalidad, porque justamente es una ley integral que lo que busca es mejorar la expectativa y la calidad de vida de las personas trans y en ese sentido, todavía seguimos como en un debé a nivel político”.

Speranza complementó que “a su vez también exigimos este año que las instituciones de salud públicas y privadas cumplan con la ley general para personas trans que cubre todas las necesidades sanitarias de la población trans, como son la hormonización, operaciones confirmación de género, etc.”.

“Se está negando hoy en día cubrir lo que la ley les obliga, negando a realizar operaciones y procedimientos. También la asistencia pública, quienes son las administradoras de servicios de salud del Estado violan derechos consagrados y tienen consecuencias sumamente negativas en la salud de las personas trans, afectando a su salud mental y poniendo en riesgo a someterse a estos procedimientos por fuera del sistema de salud establecido”, concluyó Speranza.

En respuesta, Federico Bianchi, un activista LGBTQ que pertenece a la coalición de gobierno, sinceró al Blade que “es verdad que no se está cumpliendo en su totalidad lo de los cupos para personas trans, pero no se cumplía tampoco en el gobierno anterior. En Uruguay, lamentablemente instalamos las leyes pero al momento del presupuesto tenemos problemas”.

“Me han llegado comentarios de que no se están haciendo las operaciones de cambio de sexo, cosa que tampoco estaba ocurriendo en el gobierno anterior, pero la diferencia es que nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo de 2020, y el 13 de marzo se declaró la alerta sanitaria y a partir de ese día no se hicieron más operaciones programadas. Solamente se operaban cosas de emergencia, entonces, obviamente ha dificultado la implementación de la ley trans en ese sentido”, aclaró Bianchi a través de una videollamada.

“El colectivo trans merece más, mucho más de lo que ha obtenido hasta ahora. En Uruguay la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, pero no es de 35 desde que llegamos al gobierno, es algo que venía desde antes. Se ha ido mejorando la situación de estas personas, pero falta muchísimo por hacer”, concluyó Bianchi.

José María Speranza / Felipe Bianchi

 

COVID-19 es otro golpe para las personas LGBTQ
La pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación por la que atraviesan las personas queer en Uruguay. Siendo la población trans una de las más afectadas.

“En plena pandemia la población LGBTQ+ ha tenido que estar sola, si no fuese por los movimientos sociales que han estado ayudando con canastas con alimentos todo estaría peor”, reportó Moreno al Blade.

“Durante el proceso en la pandemia de la comunidad LGBTQ+ sufrió realmente problemas muy directo, muy concretos y que no hubo respuestas estatales rápida sostenidas integrales a estas dificultades. Entonces una primera cosa que fue notoria fue en la población trans”, argumentó Sempol.

“Nosotros cuando hicimos un censo en el año 2016 con el Ministerio de Desarrollo Social y facultades sociales, encontramos que dos de cada tres personas trans tuvieron que estar vinculadas al comercio sexual. Por lo tanto, con el contexto de pandemia, esa estrategia de sobrevivencia se cayó por completo y el Estado prácticamente no monto ninguna respuesta”, lamentó desde su hogar en Montevideo.

Finalmente destacó que “ahí lo que funcionó fue las redes solidarias de las organizaciones sociales. Se creó una olla popular en el cerrito de la victoria que fue muy importante y también se hizo llegar recursos financieros en colectas que hicieron diferentes organizaciones a muchas compañeras trans del interior del país”.

Frente a esta situación Moreno respondió al Blade que “nos pusimos ahí la camiseta para apoyar y estar en todo lo más que se puede y denunciar y reclamar a un Estado ausente”.

Discursos de odio
A todo lo anterior se suma el silencio absoluto del gobierno frente a los ataques y discursos anti-LGBTQ. Días antes de la marcha, Inés Monzillo, una congresista de Cabildo Abierto, un partido político que integra la coalición de gobierno, realizó fuertes declaraciones contra la Marcha por la Diversidad.

Precisamente la diputada suplente criticó la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, la tienda política del presidente.

Monzillo compartió en sus redes sociales un video de un grupo de jóvenes de su conglomerado en el que invitaban a participar del “Mes de la Diversidad”.

“Empieza setiembre y setiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad”, expresaban en el video.

“Bue... septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”, escribió Monzillo en su cuenta de Twitter.

El gobierno no condenó las declaraciones homofóbicas de su congresista. Aunque en privado fuentes de la coalición reconocieron al Blade que le solicitaron “no emitir comentarios de ese tipo”.

Frente a esto, Speranza recalcó que “también marchamos para combatir los fundamentalismos de sectores políticos y religiosos que patologízan a la homosexualidad y a las personas trans”.

“Senadores de Cabildo Abierto han negado la existencia de las familias diversas. También hay personas que han hecho campaña con mentiras en contra la ley para personas trans y que hoy en día integran directorio de empresas públicas, por ejemplo”, agregó el dirigente.

“Lo que ha pasado con el gobierno de esta coalición de derechas es que se agravan los discursos de odio y fundamentalismos irracionales y retrógrados. Hay sectores políticos y religiosos y religiosas, que patologizan la homosexualidad y a las personas trans mientras defienden a notorios torturadores y violadores de Derechos Humanos”, recalcó Speranza al Blade.

Similar opinión tiene Sempol “en la coalición multicolor, que está actualmente gestionando el Estado, Cabildo Abierto es un partido que tiene un discurso virulento contra la diversidad sexual, habla de ideología de género, habla del circo de la diversidad, invisibiliza y niega que exista discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Habla de que las prestaciones que se dan a las personas trans son formas de privilegio, o sea un discurso virulento, de odio, que está operando desde la propia estructura del Estado”.

“Hay un congelamiento claro y esto genera precisamente una forma de retroceso, porque en estos temas si no se avanza, rápidamente vuelven los sentidos comunes de instalarse y además en el gobierno anterior, no teníamos discursos de odio desde actores que estaban en el Estado. Ahora esto sí es una realidad”, subrayó Sempol al Blade.

“Han sido dedicadas de socialización, donde se ha generado discursos de odio y además, este el escenario actual convive con la reaparición de organizaciones este de corte, este religioso y de extrema derecha que están este fuertemente abonando discursos de odio y exclusión. Pensemos en el caso, incluso que hay actores que están vinculados en la propia estructura de gobierno”, advirtió el académico.

Según Sempol para evitar retrocesos en derechos LGBTQ “hay que hacer mucha presión para lograr mínimamente que no se desmantele. Yo creo que en realidad no se ha desmantelado nada sustantivo hasta ahora porque hay tanta movilización social que no se animan”.

Finalmente opinó que “estamos casi la mitad de la gestión, pero también fueron dos años muy especiales por el contexto de la pandemia, la cual ha generado como una distorsión enorme de todos los debates más convencionales son más tradicionales que estaba sucediendo en Uruguay”.

#hemeroteca #trabajosexual #testimonios | Karina Núñez: "El trabajo sexual me visibilizó como persona"

Imagen: Página 12 / Karina Núñez

"El trabajo sexual me visibilizó como persona".
Entrevista a Karina Núñez, referente en Uruguay, que impulsa modificaciones a la ley que reglamenta la prostitución en su país.
Mariana Carbajal | Página 12, 2020-02-12
https://www.pagina12.com.ar/247021-el-trabajo-sexual-me-visibilizo-como-persona

En Uruguay la prostitución está regulada como trabajo sexual desde 2002. Karina Núñez, referente de O.TRA.S, rescata la existencia de una ley pero sostiene que la actual "favorece a los grandes traficantes que manejan el negocio".

En Uruguay la prostitución está regulada como “trabajo sexual” desde 2002. Sin embargo, la ley no trajo grandes mejoras en las condiciones laborales para las prostitutas registradas. En cambio, benefició a dueños de whisquerías, advierte Karina Núñez, activista y fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa. “La ley 17.515 solo permite trabajar en whisquerías, bares de camareras o en áreas delimitadas por cada intendencia, las famosas zonas rojas. Nos quitan la autonomía, y esos 'kilombos' siempre son de otros. ¿Cómo hacemos nosotras para juntar la cantidad de plata para abrir un negocio? Esto ha generado que uno de los cuatro grandes traficantes que maneja el negocio del comercio sexual en el país tenga 240 locales, de los 7000 que se calcula que hay en todo el país”, dice Karina Núñez. Por eso, milita para modificar la ley y exige que sus voces, las de las trabajadoras sexuales, sean escuchadas y tenidas realmente en cuenta por el Estado. “Que se dejen de hablar de nosotras y hablen con nosotras”, pide en diálogo con Página/12.

La experiencia uruguaya puede ser interesante para analizar, en el marco del debate que se abrió en el país en los últimos días a partir de la difusión del afiche que eligió Jimena Barón para promocionar su nueva canción titulada “puta”, con una estética similar a la de volantes que promocionan el comercio sexual, pegados en postes, marquesinas de publicidad, y tachos de basura en microcentro, y que investigaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), han vinculado, en algunos casos, a redes de proxenetas.

Karina Núñez trabaja en la ruta, en lo que ella describe como “el interior profundo” de Uruguay, en una localidad pequeña. Anda de a dos o tres, cuenta. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron también prostitutas. A ella, dice, le hubiera gustado ser maestra. Pero siguió la tradición familiar como “trabajadora sexual”. Es autora del libro “El ser detrás de la vagina productiva”, para el cual, cuenta, entrevistó a unas 300 trabajadoras sexuales para poder visibilizar sus vidas en primera persona. En Uruguay es referente de las trabajadoras sexuales.

Se la escucha orgullosa porque la menor de sus seis hijes, de 18 años, se acaba de inscribir para estudiar en la Facultad de Derecho. “Va a ser la primera universitaria de nuestra casa”, cuenta, a través del teléfono. Su otra hija mujer, que tiene 27 años, es empleada en una librería. “Son las primeras mujeres de la familia que no fueron explotadas sexualmente ni entraron al círculo del trabajo sexual”, destaca.

--¿Usted hubiera querido que sus hijas sean trabajadoras sexuales?

--Que sean lo que quieran ellas pero que no sean oprimidas. Si me decís trabajadoras sexuales sí, prostitutas no.

--¿Cuál es la diferencia?

--Siendo trabajadora sexual, la ley en Uruguay te ampara. Podés tener visibilización como sujeto obrero. Te da la categoría de trabajadora, no es simplemente el hecho de comercializar tu cuerpo por especias.

--¿Qué cambió con la ley 17.515 sancionada en 2002?

--Se nos empezó a meter menos presas, a dar preservativos, y se nos incluyó en el banco de previsión social para poder empezar a aportar para la jubilación.

La ley establece que “son trabajadores sexuales todas las personas mayores de 18 años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie. Se autorizará el ejercicio del trabajo sexual a aquellas personas que estén inscritas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y posean el carné sanitario con los controles al día”.

--Si un cliente no me paga, voy con mi libreta sanitaria a la jefatura de policía, y también puede intervenir un juzgado para demandarlo.

--¿Le pasó alguna vez?

--Dos veces. Y las dos veces pagaron. La primera vez, en la jefatura de policía porque el cliente aludió estar borracho y no haberse dado cuenta. Y la segunda en una instancia prejudicial. Esto fue en año 2007, 2008.

Según datos, de 2018, de la Dirección Nacional de Policía Científica, de Uruguay, en el Registro Nacional de Trabajo Sexual se inscribieron 12.358 personas, 11.559 mujeres y 799 varones (así figuran). De ese total, solo 80 están aportando a la seguridad social. Esto se debe, dice la activista, a que las trabajadoras no se afilian por falta de conocimiento para llevar a cabo los trámites necesarios para hacer los aportes jubilatorios y la lejanía entre el Estado, sus instituciones y las propias trabajadoras. “No hubo ninguna campaña informativa. Si no enseñás para qué sirven las herramientas es difícil que las usen. Muchas de las compañeras ni siquiera saben que tienen derecho a denunciar alguna forma de violencia aunque sean trabajadoras sexuales. Algunas compañeras no van a la policía porque consideran que no tienen derecho a ser cuidadas”, dice. Las trabajadoras sexuales organizadas estiman que por cada prostituta registrada “hay tres que no lo están” porque, en realidad, inscribirse “no les aporta ningún beneficio”.

La libreta sanitaria se tramita en cualquiera de las 58 policlínicas de profilaxis, que tiene el prestador del Ministerio de Salud, y las habilita a trabajar en locales.

--Te tiene que ver un médico. Con esa libreta, vas a la jefatura de policía en localidades del interior, o al Ministerio del Interior, si estás en la capital, y te hacen un prontuario de prostitución. Te sacan foto, de frente y perfil, con un número de ficha de prostitución. Volvés a la semana y te entregan el carnet. Dura dos años y cuesta casi 2000 pesos uruguayos, unos 53 dólares. Si sos extranjera, tenemos un gran caudal de mujeres dominicanas y de otros países de Centroamérica trabajando, necesitás documento uruguayo para iniciar el trámite. Cuando vas a otra localidad, tenés que pasar por la comisaría y avisás adónde vas. Eso, nosotras, estamos pidiendo que lo deroguen porque coarta la libertad de circulación: lo pusieron porque decían que ayudaba a rastrear a las víctimas de trata. Los tratantes se matan de risa porque nunca las llevan a la comisaría.

--¿Son monotributistas?

--Si, unipersonales, autónomas. Tenés obras social y jubilación. Yo estoy pagando 1751 pesos por mes (46 dólares): arranqué pagando 233 pesos uruguayos (6,17 dólares) en el 2003. Si una compañera quisiera arrancar hoy tiene que pagar 534 pesos uruguayos (14,14 dólares). Tenemos boletas que descuentan IVA. Doy una factura. Te genera un costo el postnet para el uso de la tarjeta de débito.

--¿Cuánto gana aproximadamente?

--El año pasado, estuve enferma, con un cáncer de cuello de útero. No me habilitaron la libreta y no pude trabajar. En 2018, cerré con 218 mil pesos uruguayos anuales (5772 dólares). Nunca trabajé una jornada de 12 horas, siempre por mi cuenta, en la ruta.

--¿La ley benefició a las mujeres en prostitución?

--No, benefició a los dueños de los locales. La ley quedó vieja. Solo permite trabajar en whisquerías, bares de camareras o en zonas delimitadas por cada intendencia, las famosas zonas rojas. Nos quitan la autonomía, y esos “kilombos” siempre son de otros. ¿Cómo hacemos nosotras para juntar la cantidad de plata para abrir un negocio? Esto ha generado que uno de los cuatro grandes traficantes que maneja el negocio del comercio sexual en el país, tenga 240 locales, de los 7000 que se calcula que hay en todo el país.

Tiene 46 años pero a sus clientes les dice que tiene 56 porque “cuanto más vieja sos, tenés más experiencia, te pagan por ser psicosexóloga”, dice y se ríe. “El órgano más caro que tengo es mi oreja, no mi vagina”, agrega. También dice que 7 de cada diez hombres que van a pagar servicios sexuales no llegan a una penetración “porque la sexualidad y la erotización van más allá del coito”.

--Nosotras llegamos a tener en la noche hombres que nos pagan por copa, disfunciones eréctiles, consejos sobre relaciones de pareja, vínculos fracasados y hasta les damos recomendaciones de cómo cuidar el tomate. En los pueblos, para los hombres es mucho más redituable que lo vean entrar dos o tres veces a un kilombo que al consultorio de un psicólogo o psiquiatra”, dice.

En diciembre le dieron el alta del tratamiento oncológico y ya puede trabajar, aunque no tienen ganas, dice. Pero no le quedan opciones: “¿Quién paga mis cuentas?”.

En 2017, cuenta, se presentó para un llamado de auxiliar de limpieza en su pueblo, Young, en el departamento de Río Negro. Del total que se presentaron para el puesto, quedaron cinco postulantes. Una fue ella:

--Cuando me hicieron la entrevista, me dicen que no poseo actividad laboral formal. A lo que respondo, que no he trabajado en otra cosa que esto desde los 12 años, cuando fui explotada sexualmente por primera vez por un vecino del barrio que me pagó a cambio de mi cuerpo.

--¿Y a partir de ahí siguió…?

--Si, seguí.

--¿Le hubiera gustado dedicarse a otra cosa?

--Me hubiera gustado ser maestra. Al final terminé siéndolo, pero no formalmente.

--¿A qué se refiere?

--Una enseña a tener sexo saludable, sin riesgo, respetuoso. Yo atiendo a personas muy mayores, con discapacidades notorias, o con estereotipos no marketineros.

--¿Por qué defiende la prostitución como trabajo?

--La defiendo porque es el mecanismo que encontré para visibilizarme como persona a falta de otros, inexistentes en mi camino de ser pobre.

--¿Ha sufrido violencia machista en prostitución?

--Qué mujer no ha sufrido violencia. Por ser mujer, no por ser prostituta o trabajadora sexual. Es cierto que en prostitución, se acentúa en algunos aspectos. ¿Qué pasa en la violencia en todos los ámbitos? ¿Sabés cuantas trabajadoras sexuales murieron por femicidio el año pasado en Uruguay? Una. ¿Sabés cuántas mujeres murieron por femicidio que no ejercían el trabajo sexual? 37. ¿Quién sufre más violencia? ¿Nosotras trabajando o ellas casándose? –responde, contundente.

En relación a las redes de trata para explotación sexual, Karina Núñez, cuenta que ha colaborado con la justicia para desbaratarlas, en 671 procedimientos desde el año 2009, “generando mapeos, teniendo el primer contacto”.

--¿Sabes cuantas gurisas se rescataron de redes de trata por mi colaboración? 27, el año pasado. Solamente las trabajadoras sexuales llegamos a donde ni siquiera puede llegar la justicia. Desde el Estado debería haber un diálogo real con nosotras y escucharnos porque somos las que estamos en territorio. El mercado del trabajo sexual en Uruguay lo dirigen las redes de trata porque viene un tratante del negocio y te dice “mirá, traigo 15 mujeres pero ellas cobran 1500 pesos cada una la media hora. Y llega a ese local que hay 4 trabajadoras sexuales con 40 o 45 años, que cobran mucho más. Y desplazan a esas compañeras viejas. El que maneja ese mercado es el que maneja esa mercancía. Y como no tenemos cómo unificarnos, quién nos escuche, quedamos en pelotas, a merced de ellos, y con el aval del Estado.

--¿Y entonces no cree que la experiencia de legalización en Uruguay favoreció a los explotadores?

--Si, lo creo y por eso lo combato.

--¿Qué modificaciones proponen a la ley?

--Primero nos tienen que escuchar, permitirnos estar en los lugares de decisión y monitoreo. Que se dejen de hablar de nosotras y hablen con nosotras. Hace algunos años, nos daban un curso para sacarnos de la ruta y ¿sabés de qué nos capacitaron? De motosierristas. Tengo certificado para cortar cualquier palo –dice y se ríe, entre divertida e indignada por la propuesta estatal--. Hoy nos encontramos con 600 compañeras que superan los 65 años de edad en el ejercicio del trabajo sexual. Debería ser considerado un trabajo insalubre para acceder a la jubilación anticipada a los 45 años. Nuestra vida útil es como la de los jugadores de fútbol. Pero que la jubilación venga de la mano de la reorientación laboral, porque también hay una cosa: no todas las prostitutas llegan a trabajadora sexual. Ser trabajadora sexual es reconocer que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Muchas prefieren quedarse en el anonimato, por el estigma. Tenemos que ir a una policlínica en la que todo el mundo sabe que somos las locas del pueblo. Para ser puta tenés que tener ovarios, si no, no hay caso. Nos tienen que sacar del Ministerio del Interior y de Salud y tenemos que tener un registro que nos dé el Ministerio de Trabajo y nos deberían garantizar el acceso universal a salud sin aportes. Si de verdad se quiere generar un cambio, empoderar a las trabajadoras sexuales es el camino más justo.

#hemeroteca #trans #transfobia | Fracasa en Uruguay la embestida evangélica contra la ley trans

Imagen: El País / Pre-referéndum antitrans en Uruguay

Fracasa en Uruguay la embestida evangélica contra la ley trans.
El prereferéndum que debía conducir a la derogación de la norma no supera el 10% de los votos, 15 puntos menos de lo requerido.
Magdalena Martínez | El País, 2019-08-05
https://elpais.com/sociedad/2019/08/05/actualidad/1565031427_227863.html

El prereferéndum que debía conducir a la derogación de la ley de derechos trans en Uruguay se saldó con un rotundo fracaso. La iniciativa apenas llegó al 10% del padrón electoral, lejos del 25% necesario para que consulta sea aceptada. Nueve de cada diez uruguayos optó por quedarse en casa, mostrando la limitada capacidad de movilización de las iglesias evangélicas y los sectores conservadores, que han convertido este texto legal —aprobado en octubre pasado— en su principal caballo de batalla.

La votación del domingo dejó también una lectura territorial importante: solo en el departamento de Rivera, fronterizo con Brasil, se alcanzó el 25% de los votos, lo que pone de relieve la creciente influencia de las iglesias pentecostales venidas del país vecino. En el muy conservador departamento de Salto (norte), la votación fue también superior a la media —con un 16%— según las primeras cifras.

Más de 2,6 millones de personas estaban llamadas a las urnas en 3.676 circuitos oficiales. Pero, según datos primarios de la Corte Electoral, únicamente votó el 9,90% del padrón, casi 270.000 personas.

La Iglesia católica uruguaya, las organizaciones sociales y la mayoría de los partidos políticos se habían desmarcado de la propuesta de referéndum, surgida desde las filas del Partido Nacional (PN, derecha), ya que dos de sus miembros, el diputado Alvaro Dastungue (ligado a la iglesia Misión y Vida) y el exdiputado Carlos Iafigliola eran los principales organizadores. Pero el candidato presidencial del PN, Luis Lacalle Pou, se había alejado de la iniciativa y el domingo ni siquiera acudió a votar.

El único político destacado que sí participó fue el militar Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército y hoy candidato. Manini Ríos expresó que su partido, llamado Cabildo Abierto, “no está de acuerdo con la ideología de género que a toda costa se quiere imponer a nuestra sociedad”.

Una minoría vulnerable
La Ley Integral para Personas Trans reconoce y atribuye beneficios a un colectivo de unas 1.000 personas en Uruguay, según el censo oficial, que forman uno de los grupos más vulnerables en el país sudamericano. Se les facilita el acceso a los servicios médicos, se les reserva un 1% de los empleos públicos y se le atribuye una pensión mensual de unos 350 dólares a un grupo de unas 60 personas que sufrieron torturas y cárcel injustificada durante la dictadura militar (1973-1985).

El capítulo más polémico de la normativa, que salió adelante gracias a los votos del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), tiene que ver con la hormonización de los menores de edad: la ley incluye el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes a la hora de decidir sobre su sexo, lo cual, potencialmente, podría permitir que recibieran tratamientos hormonales previo autorización judicial, pero sin consentimiento de sus padres.

La Iglesia y la oposición conservadora rechazaron esa parte del texto, pero se mostraron favorables a darle protección al colectivo. Con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los trans (travestis, transexuales y transgénero) de Uruguay registran los perores indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo. La cuarta parte de ellos abandonó su domicilio antes de cumplir la mayoría de edad, tras haber sido rechazado por su familia. El 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Los organizadores del referéndum consideran que la ley establece una “visión ideológica de la sexualidad”, ya que en su texto afirma que “se nos asigna un sexo al nacer como si fuera una cuestión convencional cuando todos sabemos que es una cuestión de biología de naturaleza humana”. Por otro lado, se critican las medidas de discriminación positiva como injustas para el resto de las poblaciones vulnerables del país.

A pesar del mal resultado, Iafigliola ha asegurado que la convocatoria fue un éxito porque puso el tema en el debate público. Sus partidarios aseguran que seguirán buscando la derogación por vía parlamentaria.

La legislación uruguaya habilita un mecanismo de referéndum por el cual la ciudadanía puede expresarse sobre una ley. Este camino, exigente en términos de etapas y de alcance de participación, fue clave para el retorno de la democracia en 1985 y ha marcado la agenda política. Así, una masiva participación frenó una ley de privatización de empresas públicas en 1992 o concedió el monopolio de la gestión del agua al Estado en 2004. También fracasó la derogación de la ley de Caducidad que cubrió los crímenes de la dictadura y la autorización del voto a los extranjeros, entre otros.

#hemeroteca #trans #transfobia | Fracasó en Uruguay la iniciativa para derogar la Ley para Personas Trans

Imagen: Infobae / El 19 de octubre de 2018 se aprobó la Ley Trans en Uruguay

Fracasó en Uruguay la iniciativa para derogar la Ley para Personas Trans.
Dicha ley, aprobada por el Parlamento del país sudamericano a fines de 2018, incluye medidas como una cuota para acceder a empleos y becas educativas, así como facilidades para la alteración hormonal y los cambios de género. El prerreférendum, convocado por grupos evangelistas, no alcanzó el 25 % de adhesiones del padrón electoral.
EFE | Infobae, 2019-08-04
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/08/04/fracaso-en-uruguay-la-iniciativa-para-derogar-la-ley-para-personas-trans/

La Ley Integral para Personas Trans en Uruguay seguirá vigente después de que una consulta electoral llevada a cabo este domingo, que buscaba avanzar a un referéndum para intentar derogarla, no alcanzara el 25% de adhesiones del padrón electoral.

Dicha ley, aprobada por el Parlamento del país sudamericano a fines de 2018, incluye medidas como una cuota para acceder a empleos y becas educativas, así como facilidades para la alteración hormonal y los cambios de género.

Tras conocerse los primeros resultados, Colette Spinetti, una de las portavoces del colectivo trans, dijo a Efe sentirse "plena, tranquila y feliz" por el logro "de la comunidad trans y del pueblo uruguayo".

"El pueblo uruguayo se expresó, dijo sí a los derechos y dijo sí a la igualación. El pueblo uruguayo tiene un compromiso con la defensa de los derechos humanos y eso es lo que me da más alegría", subrayó.

Spinetti apuntó que para que la votación tuviera ese resultado hubo mucha gente que trabajó "en contra de un discurso conservador, retrógrado, que quiso imponer sus mentiras y no lo logró".

Además, explicó que el próximo paso del colectivo trans es "cuidar la ley y los derechos".

"Vamos a organizar un observatorio de la ley para que aquello que la ley dice se cumpla. Nos queda cuidar esos derechos y observar el cumplimiento de la ley", afirmó.

Por su parte, el principal impulsor del prerreferéndum, Carlos Iafigliola, quien fuera precandidato presidencial por el opositor Partido Nacional -PN- (derecha), aseguró a Efe que no se siente derrotado, porque su propuesta fue acompañada por cerca de un 10% del padrón electoral.

"Sentimos que esto es un triunfo en el sentido de que hace unos meses atrás esta ley no la conocía nadie y nosotros logramos poner el tema arriba de la mesa", dijo.

Iafigliola resaltó que el acto electoral fue "un buen envión" y que no va a decaer en sus convicciones, sino que va a buscar "caminos alternativos" como por ejemplo la derogación parlamentaria.

"En una elección no obligatoria que 300.000 personas hayan ido a votar y a acompañar esta iniciativa para nosotros es un espaldarazo importante, cuando además hicimos solos la campaña, no tuvimos ninguna estructura política atrás", apostilló.

Finalmente, el político aseguró que le dio "pena y tristeza" que los demás precandidatos que tuvo el PN no votaran en la jornada del domingo.

"Se habrán hecho valoraciones de orden político electoral, estamos en un año electoral", concluyó.

La votación efectuada en Uruguay contó con 3.000 centros habilitados por la Corte Electoral para sufragar.

Durante la jornada, en Montevideo se pudo ver a varias personas luciendo un pañuelo amarillo en apoyo a la ley.

Otras ingresaron en los supermercados en búsqueda de bebidas alcohólicas y allí se enteraron de que no se vendía ya que habían sido vedadas por la consulta electoral.

#hemeroteca #lgtbi #lgtbifobia | El beso Rammstein, la dimisión del gobernador de Puerto Rico y otros titulares de la actualidad LGTBIQ+

Imagen: BBC / LGBT Purge Class Action consigue compensaciones en Canadá

El beso Rammstein, la dimisión del gobernador de Puerto Rico y otros titulares de la actualidad LGTBIQ+.
Los guitarristas Paul Landers y Richard Kruspe se dieron un beso durante un concierto en Moscú el pasado 29 de julio como gesto de protesta por las actitudes anti LGTBI del Gobierno en Rusia. La actualidad LGTBIQ+ quincenal pasa también por Polonia, Bulgaria, Puerto Rico y Canadá.
El Salto, 2019-08-03 
https://www.elsaltodiario.com/actualidad-lgtbiq+/el-beso-rammstein-la-dimision-del-gobernador-de-puerto-rico-y-otros-titulares-de-la-actualidad-lgtbiq+

Dos componentes del grupo alemán de metal Rammstein, los guitarristas Paul Landers y Richard Kruspe, se dieron un beso durante un concierto ofrecido en Moscú el pasado 29 de julio. Lo hicieron durante la interpretación del tema 'Aüslander' como gesto de protesta por las actitudes anti LGTBI del Gobierno en Rusia donde, aunque la homosexualidad no es ilegal no existen leyes que prohíban específicamente comportamientos o delitos LGTBfóbicas. Tras la actuación, Rammstein publicó la foto del beso en su cuenta de Instagram, junto al mensaje “Rusia, te queremos”. Anteriormente, el grupo ya había mostrado su apoyo a la comunidad LGTBI en su concierto en Chorzów (Polonia) ondeando la bandera del colectivo.

El concierto de Rammstein se celebraba apenas unos días después de que una conocida activista, Yelena Grigórieva, fuera encontrada muerta en San Petersburgo. Su cuerpo estaba cosido a puñaladas y, aunque el caso está aun por esclarecer, la activista había recibido amenazas de muerte a causa de su posicionamiento en defensa de los derechos humanos y era una participante habitual en las manifestaciones por los derechos LGTBIQ+. También participaba activamente en otros movimientos como los que pedían la libertad para los prisioneros políticos ucranianos o las protestas del año pasado contra la reforma de las pensiones.

En Polonia, una marcha por la igualdad de derechos LGTBI en Polonia fue atacada por un grupo de manifestantes de ultraderecha en la ciudad de Bialystok. La policía polaca detuvo a 25 personas acusadas de sabotear la primera marcha por la igualdad de esta ciudad al este del país. Los integrantes del grupo de ultraderecha habían sido convocados por más de 40 grupos y su objetivo era impedir que la comitiva inicial, en la que también había niños, siguiera su curso. Al final acabaron enfrentándose a la policía con piedras y botellas.

Si en anteriores episodios de Actualidad LGTBIQ+ contábamos cómo una ola de indignación por un chat sexista y homófobo en el que participaba Ricardo Roselló, entonces gobernador de Puerto Rico, prendía una mecha que atizaban Ricky Martin o Bad Bunny, esta vez hay que incluir en este resumen unas palabras de Roselló: “Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el 2 de agosto”.

Así se pronunció el ya exgobernador el 25 de julio, que se ha visto forzado por las protestas continuas tras divulgarse su participación en un chat con comentarios homófobos y sexistas.

En el apartado legislativo, dos noticias. La buena, que en Bulgaria el Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de la chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo a residir como matrimonio reconocido en el país, ejerciendo el derecho de moverse libremente dentro de la Unión Europea, válido para todos los ciudadanos de la UE y miembros de sus familias. El Supremo ha dictaminado que el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía tiene que cumplirse y respetarse.

Lo hace así en virtud a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2018 que dice que “cónyuge” incluye a las parejas del mismo sexo en materia de derechos, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario e independientemente de que el matrimonio igualitario esté reconocido en el país de residencia.

En Uruguay, mientras, este domingo se celebrará un prereferéndum que pregunta a la ciudadanía si quiere derogar la Ley Integral para personas trans con la que cuenta el país desde 2018. Si este prereferémdum alcanza el 25% del padrón de habilitados para votar, habrá un referéndum contra esta ley.

La Cámara de Diputados uruguaya aprobó esta normativa que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para esta población en 2018. La iniciativa para derogar la ley parte de un sector del Partido Nacional en concreto de dos miembros que conforman la “bancada evangélica”. Su campaña consiguió 69.000 firmas para lanzar el proceso de referéndum.

La forma en la que se obtuvieron las firmas en la campaña de Iafigliola y Dastugue ha sido muy cuestionada por los colectivos trans, pues consideran que la información utilizada para convencer a la ciudadanía fue engañosa e incluso denunciaron penalmente a estos políticos por incitación al odio.

En Canadá, el Gobierno tendrá que compensar a 718 personas que fueron víctimas de lo que se conoce como “la purga gay”, el nombre con el que se conoce a las políticas que duraron desde la década de 1950 hasta la década de 1990 y por la cual empleados federales canadienses fueron despedidos, degradados y discriminados. Agencias federales investigaron, sancionaron y, a veces, despidieron a miembros lesbianas y homosexuales de las Fuerzas Armadas y del servicio público porque considerar a estas personas inadecuadas.

La demanda colectiva se inició en 2018, y las víctimas ahora comenzarán a recibir ahora las compensaciones de entre 50 y 110 millones de dólares en compensación general, y entre 5.000 y 175.000 dólares en el caso de las víctimas elegibles. Según LGBT Purge Class Action: “Canadá tiene una historia sórdida de lo que se puede llamar homofobia, bifobia y transfobia patrocinadas por el estado”.

#hemeroteca #transfobia | Los movimientos conservadores en Uruguay activan un pre-referéndum contra la nueva Ley para las Personas Trans

Imagen: El Diario / Activismo trans en Montevideo, Uruguay

Los movimientos conservadores en Uruguay activan un pre-referéndum contra la nueva Ley para las Personas Trans.
Dos políticos del conservador Partido Nacional consiguen las firmas suficientes para que este domingo se celebre un pre-referéndum para medir el rechazo social a la ley. Si se supera el 25% de participación, se podrá convocar un referéndum derogatorio que sí sería vinculante. El rechazo y la violencia social e institucional que sufre el colectivo trans en América Latina hace que su esperanza de vida se sitúe entre los 35 y 41 años.
María García Arenales | El Diario, 2019-08-01
https://www.eldiario.es/internacional/sectores-conservadores-Uruguay-ley-trans-referendum_0_926357564.html

Fue en la fiesta de su 15 cumpleaños, una tradición arraigada en América Latina que simboliza el tránsito de las adolescentes a la edad adulta, cuando Lucas (entonces se llamaba Lucía) se dio cuenta de que no quería ponerse un vestido. Hasta entonces nunca le había dado mucha importancia al hecho de no sentirse cómoda con ciertas prendas o que no le gustaran algunas costumbres de sus amigas, pero esa noche algo hizo clic. No supo, sin embargo, poner nombre a lo que sentía hasta que cumplió los 17: era una persona trans. A partir de ahí, decidió que comenzaría una nueva vida.

El hecho de haberse criado en una familia conservadora en una ciudad del interior de Uruguay, donde las tradiciones todavía pesan considerablemente, no facilitó las cosas. Pero a los 20 años, Lucía ya tenía claro que era Lucas y logró armarse de valor para irse de casa. Con solo una mochila pero un equipaje emocional mucho más pesado, tomó un autobús hacia Montevideo y dejó una carta a su familia donde aclaraba que se había ido por su voluntad propia. Aún así, sus padres terminaron denunciando su desaparición ante la policía.

Una vez que llegó a la capital uruguaya fueron varios amigos quienes le apoyaron y ofrecieron un lugar para quedarse, convirtiéndose así en su nueva familia. Dos años después, comenzaría su terapia hormonal en el hospital público Saint Bois, que atiende a personas trans.

"La vida me ha regalado otra familia que me ha dado la contención que necesito. Mis amigos me lo han dado todo", cuenta Lucas a eldiario_es, quien lleva tres años sin tener noticias de sus padres.

El apoyo de sus amistades ha sido un pilar fundamental para este joven uruguayo, pero en el camino aún se enfrenta a numerosos problemas. Uno de ellos es no haber podido cambiar su nombre y sexo en los documentos identificativos porque cuando lo solicitó implicaba un trámite judicial costoso y lento (si bien ahora el proceso ha sido simplificado). Esto ha añadido dificultades a Lucas a la hora de buscar empleo.

"No pude terminar la Secundaria y ahora mi prioridad es encontrar trabajo, pero hay un rechazo cuando tu nombre no es el mismo que figura en el documento y cuando tu imagen es diferente. No todas las empresas son precisamente amigables con las personas trans", explica.

Problemas comunes
Las dificultades para cambiar el nombre y el sexo en documentos, haber abandonado los estudios, la precariedad laboral o el rechazo familiar no son problemas que no solo afectan a Lucas, sino que se extienden a la mayoría de las personas trans en Uruguay, una de las poblaciones más vulneradas del país.

Así lo confirman los datos del primer censo de población trans en Uruguay que elaboró en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social, que cifra en 853 las personas que declaran ser trans en el país. Esta estadística reveló que casi la mitad de este colectivo abandonó su hogar a los 18 años y que el 60% no terminó la enseñanza media básica.

Según ese mismo censo, el 58% dijo haber sido discriminado por algún miembro de su familia, mientras que un 64% sufrió discriminación por parte de un compañero de trabajo. La encuesta también indicó que el 90% de la población trans se identifica como mujeres y que la mayoría de ellas ha realizado alguna vez o se dedica actualmente al trabajo sexual para poder vivir.

Por otro lado, un estudio de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), indica que la esperanza de vida de este colectivo en la región se sitúa entre los 35 y 41 años, mientras que la del resto de la población está entre los 70 y los 80 años, dependiendo del país.

Con el objetivo de intentar cambiar esa realidad, en octubre del año pasado, bajo el gobierno del izquierdista Frente Amplio, en Uruguay se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que reconoce derechos a este colectivo a través de la implementación de políticas públicas. La norma garantiza el acceso al sistema educativo, al sanitario y al laboral.

Entre otras medidas, el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad pasa de ser un trámite judicial a uno administrativo, más sencillo y rápido.

Además, en los concursos públicos se debe reservar un 1% de cupo laboral para personas trans y las instituciones que otorguen becas también deben prever cupos del 2%.

La norma contempla una pensión reparatoria de unos 12.000 pesos (cerca de 320 euros) a aquellas personas que durante la dictadura (1973-1985) "fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad debido a prácticas discriminatorias por parte de agentes de Estado" debido a su identidad de género.

Si bien esta medida ha generado polémica entre los críticos, la que sin duda ha sido más polémica es la que se refiere al ámbito de la salud, pues la norma permite a los adolescentes recibir tratamiento hormonal sin el consentimiento de los padres. Sin embargo, esa hormonización dependerá siempre de la autonomía del adolescente para decidir sobre su sexo y de que un equipo multidisciplinario realice un informe favorable.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, los menores que quieren acceder a operaciones genitales irreversibles deben contar la autorización de sus padres o representantes legales.

Grupos evangélicos contra los cambios
A medida que se iba avanzando en la ley, también un sector del conservador Partido Nacional de Uruguay encabezado por el diputado suplente Carlos Iafigliola, quien se define como defensor de la vida y la familia, y el legislador y pastor evangélico Álvaro Dastugue, preparaba su contraofensiva para intentar derogar la norma.

A través de la campaña "Todos somos iguales", estos dos políticos conservadores presentaron más de 69.000 firmas ante la Corte Electoral con el objetivo de hacer un pre-referéndum en contra de la ley trans.

Al superar con esas firmas el 2% del padrón de votantes como indica la Constitución, la Corte Electoral convocó esta consulta popular para el domingo 4 de agosto. En el pre-referéndum el voto no es obligatorio y se necesitaría la participación de un 25% del electorado, unas 650.000 adhesiones, para poder convocar después un referéndum derogatorio.

La forma en la que se obtuvieron las firmas en la campaña de Iafigliola y Dastugue ha sido muy cuestionada por los colectivos trans, pues consideran que la información utilizada para convencer a la ciudadanía fue engañosa e incluso denunciaron penalmente a estos políticos por incitación al odio.

Consultado por eldiario_es, Iafigliola considera que la ley trans "es peligrosa, injusta e inconstitucional" porque "da beneficios a estas personas por encima del resto de los ciudadanos por el hecho de que simplemente se autoperciben un género distinto al que sexo con el que nacieron".

Si bien admite que "hay derechos de personas trans vulnerados", también considera que no hay que generalizar, pues argumenta que "los principales referentes de los colectivos trans en Uruguay tienen buenos trabajos". El político también asegura que esas vulnerabilidades sociales "no se deben resolver con una ley, sino con políticas públicas a través del Ministerio de Desarrollo Social".

También critica especialmente el hecho de la ley trans contemple que los menores de edad puedan recibir tratamiento hormonal sin el consentimiento de los padres.

Iniciativa "transfóbica"
Desde el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) aseguran que el pre-referéndum de este domingo es "una iniciativa que nace de la transfobia, del no querer reconocer derechos a una población que ha sido históricamente vulnerada, violentada y asesinada", dice a eldiario.es Collette Spinetti, directora de esta organización.

Spinetti sostiene que en Uruguay "hay una derecha social que está canalizada en la derecha política donde está Iafigliola que es muy resistente a los cambios, al reconocimiento de los derechos, y en especial reconocer la legitimidad de la identidad trans", explica, al tiempo que añade que estos políticos "de alguna manera sienten que pierden poder".

La activista trans también se muestra preocupada por el avance de las iglesias evangélicas neopentecostales en América Latina, pues niegan el cambio y suponen una amenaza para la agenda de derechos impulsada en los últimos años en la región. El mayor éxito político de estas iglesias lo representa el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien logró la victoria en las elecciones de octubre pasado con el apoyo clave de diferentes grupos evangélicos.

Si bien estos grupos han logrado tener presencia en el Parlamento uruguayo, sigue siendo mucho menor que en otros países latinoamericanos. Sin embargo, advierte Spinetti, "cada vez invierten más dinero en Uruguay para tener más poder".

La activista confía en que el domingo no se logren las 650.00 firmas que habilitarían a un referéndum sobre la ley trans, aunque teme que si la derecha gana en las elecciones de octubre la implementación de la norma quede bloqueada.

#hemeroteca #transfobia | Las iglesias evangélicas cargan contra la ley trans en Uruguay

Imagen: Aciprensa / Carlos Iafigliola y Álvaro Dastungue

Las iglesias evangélicas cargan contra la ley trans en Uruguay.
Un sector del Partido Nacional promueve un referéndum para anular la norma aprobada en octubre, que otorga beneficios a un colectivo de unas 1.000 personas.
Magdalena Martínez | El País, 2019-07-26
https://elpais.com/sociedad/2019/07/26/actualidad/1564152384_040281.html

El próximo 4 de agosto los uruguayos irán a las urnas para decidir si quieren un referéndum que derogue la Ley para Personas Trans aprobada en el parlamento el pasado mes de octubre. Una normativa que reconoció derechos y concedió algunos beneficios a un colectivo de unas 1.000 personas que está entre los más discriminados del país. Si un 25% del padrón electoral, unas 650.000 personas, vota a favor, se llevará a cabo la consulta. Esta nueva campaña se produce después del largo y tenso debate que llevó a la aprobación de la ley.

La iniciativa parte de un sector del Partido Nacional (PN, derecha) que incluye al exlegislador Carlos Iafigliola, conocido por ser un militante antiaborto, y por el diputado Álvaro Dastungue, miembro de lo que se conoce como la “bancada evangélica” del PN y de la iglesia pentecostal Misión y Vida. Juntos reunieron más de 69.000 firmas para lanzar el proceso de referéndum.

El argumento de los detractores es que ley establece una “visión ideológica de la sexualidad”. Consideran, en cambio, que "se asigna un sexo al nacer como si fuera una cuestión convencional cuando todos sabemos que es una cuestión de biología de naturaleza humana”. Por otro lado, critican las medidas de discriminación positiva como injustas para el resto de las poblaciones vulnerables del país.

También denuncian que, supuestamente, se vaya a permitir que los adolescentes reciban tratamientos hormonales sin el consentimiento de los padres, algo que está sujeto a controversia. La ley incluye el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes a la hora de decidir sobre su sexo, lo cual, potencialmente, podría permitir que recibieran tratamientos hormonales. Pero la normativa no aborda la cuestión de forma directa porque, en la práctica, según sus redactores, esos casos son extremadamente raros.

Los principales dirigentes del Partido Nacional, como su candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, Luis Lacalle Pou, o la Iglesia Católica, se han desmarcado de la consulta y no movilizarán a sus seguidores para que vayan a votar el domingo 4 de agosto. Esto, a pesar de que expresaron importantes reservas sobre la ley, especialmente en lo relativo al acceso de los adolescentes a los tratamientos de hormonas. La mayoría de los pronósticos apuntan a un fracaso del prereferéndum, pero con cautelas, ya que las iglesias neopentecostales que florecen por todo el país han demostrado tener una capacidad de convocatoria tan importante como difícil de medir con los instrumentos de la política tradicional.

La implementación de la ley avanza con pequeñas medidas, como la apertura de puestos de trabajo suplentes en la compañía estatal de aguas (OSE) o la entrega de las siete primeras indemnizaciones (de unos 350 dólares mensuales) a miembros del colectivo trans que sufrieron persecución y cárcel injustificada durante la dictadura (1973-1985).

Con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los cerca de 1.000 trans (travestis, transexuales y transgénero) que están censados en Uruguay registran los mayores indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo. El 25% abandonó su domicilio antes de los 18 años después de ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, durante la dictadura, los trans sufrieron torturas, violencia sexual y cárcel injustificada.

Una de las representantes del colectivo trans, Delfina Martínez, de la asociación MIZANGAS, asegura que el referéndum no tendrá mayor seguimiento dentro de la sociedad uruguaya, y lo plantea como un pulso con las iglesias evangélicas que están aumentando su presencia en todo el país. Por su parte, Carlos Iafigliola se ha negado a debatir en los medios de comunicación con integrantes de los colectivos trans después de que estos lo denunciaran ante la justicia por reunir firmas con argumentos engañosos e incitar al odio.

Y TAMBIÉN…
Denuncian a políticos por intento de derogar Ley Trans en Uruguay.
Aciprensa, 2019-04-15
https://www.aciprensa.com/noticias/denuncian-a-politicos-por-intento-de-derogar-ley-trans-en-uruguay-98484

#hemeroteca #transexualidad #politica | Los grupos evangélicos paralizan una ley a favor de la población trans en Uruguay

Imagen: El País / Marcha por la Diversidad en Montevideo, Uruguay, 2018-09-29

Los grupos evangélicos paralizan una ley a favor de la población trans en Uruguay.
El oficialista Frente Amplio propone que la sanidad pública financie el cambio de sexo.
Magdalena Martínez | El País, 2018-10-03
https://elpais.com/internacional/2018/10/03/america/1538575214_030690.html

Un año de tramitación parlamentaria y varios meses de polémica: la ley que protege las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) ha generado una resistencia inesperada en Uruguay, con manifestaciones, mensajes en las redes sociales y la recolección de firmas contra el proyecto. El colectivo trans, que no llega a las mil personas, tiene el apoyo de varias decenas de asociaciones que acusan a las iglesias evangélicas de orquestar una campaña con tintes religiosos en el país más laico y con menos creyentes de América Latina.

El proyecto de ley uruguayo, actualmente paralizado, propone medidas de discriminación positiva para las personas trans, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales; también contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en la sanidad pública de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Además, otorga una indemnización a las víctimas de la represión durante la dictadura (1973-1985), un grupo de unas 60 personas que recibiría una pensión de unos 350 dólares mensuales. La filosofía global de la normativa es proteger a un colectivo especialmente marginado -los trans tienen una esperanza de vida de 35 años en Uruguay- y abrir espacios laborales para que la principal opción de subsistencia de estas personas no sea la prostitución.

El capítulo más polémico tiene que ver con la autorización del cambio de sexo (tanto hormonal como quirúrgico) para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oposición del Partido Nacional (centro derecha) ha exigido que se eliminen estas disposiciones. La coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, promueve la normativa, pero ante las protestas, ha decidido suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres. El argumento principal es que en Uruguay tan solo el 1% de la población trans (tanto adulta como adolescente) se somete a este tipo de intervención.

Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional avala el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes, tanto en decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto. En realidad, el cambio de sexo hormonal en menores sin autorización de la familia se practica en Uruguay desde hace unos diez años, previa autorización judicial y en el marco de un proceso médico controlado.

Las principales sociedades médicas lo apoyan y desde la política o las organizaciones sociales nunca hubo oposición. Por ello, la llegada de una petición de 40.000 firmas contra estas medidas -una cifra considerable en un país de 3,4 millones de habitantes- ha causado sorpresa y revuelo político, especialmente cuando se supo que personas cercanas a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentaron la petición en el Parlamento.

Las organizaciones de apoyo a la ley han contratacado con una lluvia de datos que muestran que, de todos los marginados sociales, los trans son los más vulnerables de Uruguay. Así, aseguran que las personas de este colectivo tienen una esperanza de vida de 35 años, cuando la media nacional es de 77 años. El 25% abandonó su domicilio antes de los 18 años después de ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, durante la dictadura, los trans sufrieron torturas, violencia sexual y cárcel injustificada.

Por el lado parlamentario, la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, lidera la oposición a la normativa. Alonso, que tiene como aliados varios legisladores evangélicos, no solo se opone al cambio de sexo en los menores, sino que rechaza las medidas de discriminación positiva y las reparaciones por los abusos de la dictadura. De todos modos, la senadora es partidaria de que una ley proteja a las personas trans y reconoce que es una población estigmatizada y vulnerable. Pero dentro de su propio partido hay senadores que se muestran más flexibles y podrían dar su apoyo a la ley si se producen algunas modificaciones. En realidad, el Frente Amplio dispone de una mayoría suficiente para conseguir una aprobación, aunque actualmente trabaja en cambios para obtener el mayor apoyo parlamentario posible y que la votación tenga lugar a finales de este mes.

#hemeroteca #transexualidad #justicia | Michelle Suárez, la exsenadora trans uruguaya, admitió ante la Justicia haber falsificado firma

Imagen: Telemetro / Michelle Suárez

Michelle Suárez, la exsenadora trans uruguaya, admitió ante la Justicia haber falsificado firma.
EFE | Telemetro, 2017-12-19
http://www.telemetro.com/internacionales/exsenadora-uruguaya-admitio-Justicia-falsificado_0_1091891615.html

La exsenadora transexual, Michelle Suárez, quien renunció a su banca el pasado 14 de diciembre, admitió hoy ante la Justicia uruguaya haber falsificado una firma durante un litigio judicial de 2014, en el marco de su actividad privada como abogada.

El pasado 10 de octubre Suárez se convirtió en la primera parlamentaria transexual del país al asumir una banca en el Senado de la coalición de izquierdas gobernante, el Frente Amplio (FA).

Sin embargo, en las últimas semanas se vio envuelta en una polémica luego de que se la acusara de haber falsificado al menos una firma durante un litigio judicial en el que participó como abogada.

En concreto, se la acusa de haber falsificado la rubrica de un padre durante un juicio por la patria potestad de una menor de edad que comenzó en 2014.

La exlegisladora, activista por los derechos de la colectividad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), participó en ese proceso como representante del progenitor de la menor, quien reclamaba a la Justicia uruguaya poder contar con un régimen de visitas.

Durante el juicio, el padre se enteró que había renunciado a la patria potestad de la niña, tal y como lo había determinado con su supuesta firma en un documento judicial.

Esa rubrica es una de las que Suárez habría falsificado, pese a que se trataba de su propio defendido.

Este martes la exsenadora participó en un careo judicial junto a los demás involucrados en el caso.

Aunque Suárez prefirió no hacer declaraciones, el abogado Daniel Burgos, quien participó en el careo en representación de una de las partes involucradas, confirmó a la prensa local que la exsenadora admitió ante el juez "haber falsificado alguna firma".

"La doctora (Suárez) admitió en la audiencia haber falsificado alguna firma. Es una situación muy desgraciada", afirmó Burgos, según recogió el portal local Subrayado.

En concreto, el abogado detalló que Suárez reconoció haber plagiado la firma de una colega y la del hombre (padre de la menor).

Burgos consideró que a Suárez podría caberle el delito de "estafa procesal", aunque eso es algo que deberá determinar la Justicia luego de recabar más pruebas.

"Estaba en un momento personal muy convulsionada que la afectaba. Habían fallecido sus padres y no estaba muy equilibrada", explicó Burgos al ser consultado sobre los motivos que supuestamente llevaron a Suárez a falsificar las firmas.

En este sentido, consideró que la exsenadora del Partido Comunista (PC), agrupación que integra el FA, falsificó las rubricas porque "intentaba apurar un trámite".

Por su parte, el defensor de Suárez en el caso, Francisco Musso, señaló a la prensa que la exsenadora "admitió parcialmente ciertos hechos", pero que "hay otros que están en contradicción", por lo que la Justicia fijará una nueva audiencia para tomar una postura final.