El Parlamento de Ghana aprobó esta semana un proyecto de ley anti-LGBTQ+ que podría encarcelar a personas por más de 10 años.
El proyecto de ley presentado al Parlamento hace tres años criminaliza tanto a las personas LGBTQ como a las que apoyan el movimiento. El legislador Sam George dice que se sintió aliviado cuando se aprobó el borrador de la leya. "Me han quitado una carga", dijo ante los periodistas, según informa la agencia Ap.
El proyecto de ley ha sido enviado al despacho del presidente para que estampe su firma en los próximos días.
Se ha generado una condena internacional en torno a las acciones del Parlamento. En general, se ha considerado que Ghana está más avanzada en el desarrollo de los derechos humanos que otros países africanos.
Una coalición de activistas de derechos humanos denuncia que el proyecto de ley viola derechos humanos básicos. "Pretende violar, entre otros, el derecho a la dignidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de participar en procesiones, la libertad académica, la igualdad y la no discriminación", afirma el grupo en un comunicado.
Los defensores de la propuesta la defienden diciendo que tiene como objetivo brindar protección a los niños y a las personas que son víctimas de abuso.
Sus promotores aseguran que consultaron a líderes religiosos influyentes al redactarlo. Entre quienes lo apoyan se encuentran el Consejo Cristiano de Ghana, la Conferencia de Obispos Católicos y el principal imán del país.
Poco después de conocerse la noticia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha mostrado en contra de la nueva legislación, que condena a personas LGTBI "simplemente por ser quienes son" y amenaza con sancionar a quienes apoyen al colectivo.
"Insto al Gobierno de Ghana a que tome medidas para garantizar que todas las personas puedan vivir libres de violencia, estigma y discriminación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género", ha manifestado Turk, según se desprende de un comunicado emitido por el Alto Comisionado.
"El proyecto de ley es contrario a la propia Constitución de Ghana y a las obligaciones y compromisos regionales e internacionales en materia de Derechos Humanos libremente asumidos, incluido el de no dejar a nadie atrás en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", añade Turk.
Así las cosas, el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha advertido de que las sanciones previstas para los miembros del colectivo LGTB "no solo violan normas y estándares internacionales", sino que "existe amplia evidencia de que legitiman los prejuicios y exponen a las personas" al odio, abuso policial y torturas, entre otros.
"También perpetúan la discriminación y la denegación de acceso a servicios básicos, incluidos la atención sanitaria, la educación y la vivienda", ha zanjado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que advierte de que esta propuesta aprobada por el Parlamento tendrá un impacto negativo en la sociedad ghanesa.
Este proyecto de ley es, a pesar de todo, una versión suavizada del último borrador presentado en el Parlamento, que contemplaba penas de prisión más extensas e incluso una controvertida cláusula sobre terapias de reconversión.
Ghana ya ilegalizó en el pasado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, penadas con una condena de hasta tres años de cárcel. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por este nuevo proyecto.
“Cuando mi madre supo que yo me vestía de mujer por la noche, dijo que prefería verme muerto a tener un hijo transexual. Me amenazó con llamar a la policía... Iba a morir, por eso me fui”, relata Olivia, que prefiere mantener su apellido oculto por seguridad. Aunque las leyes en su país, Camerún, no criminalizan directamente a las personas trans, en la práctica, son perseguidas mediante otras disposiciones legales, como la prohibición de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. De haberse quedado en su país, Olivia, mujer trans, hubiera sido condenada por mantener relaciones sexuales con hombres al amparo de una legislación que no la considera una mujer. “Cuando tenía alguna cita [con hombres], yo evitaba tener relaciones sexuales, decía que estaba con la regla. Si se daban cuenta de que no tenía la asignación de sexo, me podían denunciar”, cuenta Olivia. Por eso decidió emprender su ruta hacia España a los 18 años. Tuvo que atravesar Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos y, desde allí, se trasladó en patera hasta llegar a las Islas Canarias.
Olivia es una de los 89 millones de personas desplazadas que, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, han tenido que salir de sus países huyendo de las guerras, violencia, persecución y violaciones a los derechos humanos. En un comunicado conjunto, medio centenar de expertos en derechos humanos de la ONU, denunciaron que las personas LGTBIQ en situación de desplazamiento forzoso se ven expuestas a una “violencia exacerbada”. Y agregan que “al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que los discriminan activamente por su orientación sexual e identidad de género”. Olivia decidió irse de Camerún tras vivir una discriminación constante por su identidad de género. “En los países que recorrí debía disfrazarme de hombre, pero también me discriminaban por mi piel oscura, sobre todo en Argelia. Tenía mucho miedo y corría todo el tiempo”, relata.
Como Olivia, Dina también huyó tras ser perseguida por las autoridades de su país por hablar públicamente sobre los derechos de las personas LGBTIQ y defender la libertad de las personas trans a ocupar los espacios públicos de Marruecos, un país en donde las leyes sí prohíben identificarse con un género distinto al registrado en los documentos oficiales tras nacer.
Solo 13 países, incluido Marruecos, tienen normativas que condenan de manera explícita la transexualidad, pero esta criminalización se produce también a través de otras leyes. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), las personas trans son acosadas y discriminadas a través de leyes que condenan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Este tipo de normativa está vigente en 69 países, de los que en 11 se castiga con pena de muerte, y que “se suele basar en la fusión entre la identidad de género y la orientación sexual”. También son perseguidas con el recurso a los “delitos de alteración del orden público, indecencia pública y vagancia”, una normativa vigente en 11 Estados del continente africano. La criminalización de la prostitución es otra estrategia usada para arrestar y detener a las personas trans y de género diverso, aunque, de acuerdo con la ILGA, es muchas veces un prejuicio que relaciona lo trans con la prostitución.
Dina, la activista marroquí, de 25 años, cuenta que creció en un orfanato, allí vivió maltratos constantes por ser trans. “No conocí a mis padres, así que no buscaba la aprobación de nadie. Eso me dio fuerzas para hacer activismo y decir públicamente que tener otra identidad de género u orientación sexual no es una enfermedad”, afirma. Luego empezaron las amenazas de muerte, las llamadas telefónicas. Fue entonces cuando decidió salir del país y viajar Madrid, en donde reside como refugiada internacional desde hace algo más de un año.
Una discriminación prolongada “Aunque en España los derechos de las personas LGTBIQ son tomados en cuenta, aún se vive discriminación y rechazo, sobre todo para los transexuales”, lamenta Dina, y aclara que el activismo es fundamental para visibilizar a las personas trans migrantes. Por eso, desde que llegó a Madrid ha participado en las actividades de sensibilización e información que organiza la fundación de acogida e inclusión de solicitantes de asilo y protección internacional La Merced Migraciones, a través de su proyecto Welcome Diversity.
El programa, nacido en 2016, organiza espacios seguros de encuentro para personas LGTBIQ y da talleres de convivencia y respeto a las diversidades sexuales para los residentes de los pisos de acogida. El objetivo, explica la coordinadora del proyecto, Fabiana Castro, es evitar actitudes de discriminación entre los mismos compañeros de residencia. “Todos vienen de culturas diferentes, con otros idiomas, con contextos sociales distintos. Algunos llegan de países homofóbos o tránsfobos y nunca han estado cerca de una persona transexual, así que es fundamental hablar de los derechos LGTBIQ”.
Coincide con ella María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, quien aclara que las personas LGTBIQ migrantes han sido blanco de discriminaciones constantes que no terminan ni en los países de tránsito, ni en los de acogida, sino que muchas veces se pueden ver agravadas con otros tipos de violencias como la xenofobia, el racismo, la misoginia o la marginación socioeconómica. “Esto les genera una desconfianza que las aísla. Muchas sufren violencia, son víctimas de tráfico de personas, de trata, torturas, pero no denuncian, sobre todo en el caso de las personas trans, porque muchas veces su identidad de género no coincide con su documento de identidad oficial. Es posible que hasta las autoridades las acusen de suplantar una identidad”, lamenta.
Vega añade que uno de los obstáculos para amparar a este colectivo es que “al salir de sus países, siguen ocultando su identidad para evitar esa estigmatización. Esto impide tener cifras concretas del número de personas LGTBIQ migrantes, así como conocer dónde están, quiénes son y ofrecerles acceso a atención humanitaria”.
La sociedad camina a pasos lentos Almudena Valdez Pino tiene 39 años, y vive en Madrid desde hace nueve. Víctima de trata, llegó como turista junto con un par de mujeres que le ofrecieron trabajo de peluquera en Girona. Valdez cuenta que al poco tiempo de llegar a España le quitaron el pasaporte, la encerraron en un apartamento y la obligaron a prostituirse. “El calvario duró un mes hasta que logré escapar, pero no pude denunciar porque me amenazaron con llamar a extranjería. Yo no quería que me abrieran una hoja de deportación, no podía volver a Panamá”. Para esta activista, salir de su país era una garantía para sobrevivir a la transfobia. “Me dispararon siete veces, todo porque mis vecinos no querían tener a un maricón en el barrio”, desgrana.
Aunque Valdez ahora cuenta con un permiso de residencia que le permite trabajar, su vida en Madrid ha estado plagada de obstáculos. No ha logrado conseguir empleos estables y formales. “Nadie nos contrata, nos preguntan si ya nos hemos hecho la reasignación de sexo y hasta me han rechazado por ser negra. También me han dicho que me regrese a mi país. He tenido que pasar mucha hambre. La sociedad no quiere que las personas trans migrantes salgamos de ese pozo”.
Rodrigo Araneda, el fundador de la ONG Acathi, dedicada a dar residencias temporales de emergencia a personas migrantes, refugiadas y asiladas en España, lamenta que, aunque las leyes avanzan en pro de los derechos LGTBIQ, la sociedad camina lenta. Y aclara que este colectivo necesita “más que el asilo”. “Requieren garantías para poder sobrevivir, como el acceso a oportunidades de trabajo y redes de apoyo. Debemos seguir rompiendo los estigmas en torno al colectivo LGTBIQ migrante”, finaliza.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a Uruguay implementar medidas para proteger a la comunidad LGTBI+ de la estigmatización y de actitudes discriminatorias, investigando «sin demora» los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
Uruguay se ha sometido este año a su sexto examen periódico ante este comité de Naciones Unidas, que ha reconocido avances en materia de políticas de género, aunque ha elaborado una lista de sugerencias para seguir avanzando en este aspecto. Protección LGTBI La presidenta del Comité, Photini Pazartis, ha declarado en rueda de prensa que el país tiene que «redoblar sus esfuerzos» para combatir los estereotipos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como frenar las conductas violentas en las escuelas.
En este sentido, también se ha mencionado la discriminación racial. Según el informe elaborado por el Comité, en Uruguay persiste la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes, siendo las mujeres y niñas las que más la sufren en el ámbito educativo, el de la salud y la vida pública.
La presidenta del comité ha propuesto incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población en este punto y la capacitación del sector público, privado y docente para «promover la tolerancia y el respeto a la diversidad».
En cuanto a la violencia, desde el comité se ha expresado preocupación por el incremento de los ataques contra las mujeres, después de que en 2021 se registraran 30 femicidios y 38.925 denuncias por violencia doméstica.
Entre las recomendaciones se ha incluido un plan para combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la inclusión de éstas, incluidas las afrodescendientes e indígenas, en puestos directivos tanto de la esfera pública como de la privada.
Por otra parte, el comité ha notificado un aumento de los juicios penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, y ha pedido que se investiguen de forma independiente y parcial todas las denuncias relativas a dichos actos de intimidación.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han pedido al Estado peruano que cumpla con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres» (Cedaw) de la ONU y garantice los derechos de las mujeres y la población LGTBI+.
En una conferencia de prensa virtual, una decena de entidades civiles han denunciado atentados y retrocesos contra los derechos de las mujeres en Perú y exigieron al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional atender los resultados de la reciente examinación de la Cedaw, que alerta de los desafíos que aún afronta el país andino en materia de igualdad.
Un avance «complicado» en Perú «El tema de Perú está bastante complicado porque, en relación con anteriores observaciones, sin duda hay avances, pero también muchos retos todavía por atender», ha declarado Leticia Bonifaz, experta de la Cedaw.
La abogada mexicana ha insistido en la necesidad de vencer los estereotipos de género, atender el «grave problema de la violencia», cerrar la existente brecha entre el campo y la ciudad, frenar el embarazo infantil y adolescente, y despenalizar el aborto en ciertas circunstancias.
«La recomendación (del comité de la Cedaw) va a ser muy útil como guía para el Gobierno del Perú hacia donde se debe caminar», ha asegurado Bonifaz.
Durante su intervención, Melissa Sánchez, del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, ha denunciado la «falta de avances en la reducción del embarazo adolescente y el acceso altamente restrictivo al aborto terapéutico» en Perú y ha mencionado que en 2021 el país registró 51 muertes maternas en menores de 19 años.
Sobre el «drama del embarazo adolescente» también se ha pronunciado la organización feminista Flora Tristán, que recordó que el año pasado más de 1.430 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres y ha exhortado a las autoridades a aprobar el proyecto de ley presentado ante el Parlamento, a finales de 2021, que propone la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
Por su parte, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, ha destacado la recurrente desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el país, donde cada 90 minutos se reporta un caso, y la necesidad de garantizar una educación sexual integral en los colegios.
Políticas públicas contra las brechas históricas Representantes de asociaciones de mujeres discapacitadas y afrodescendientes han insistido, por su parte, en la urgencia de impulsar políticas públicas que cierren las históricas brechas de desigualdad y discriminación y protejan la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres en toda su diversidad.
«De cada diez personas con discapacidad, ocho no se encuentran trabajando, ni siquiera buscando un empleo, y las mujeres con discapacidad son las más afectadas, lo que genera dependencia económica hacia sus parejas, quienes son los principales agresores», ha señalado Nathaly Huapaya, de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Por otro lado, la organización Manuela Ramos ha llamado a promover la participación plena de mujeres en los procesos electorales, prevenir el acoso contra mujeres en la vida política y garantizar su derecho a la justicia sin revictimización.
Derechos de las mujeres en Perú Además, las voceras han criticado que en Perú aún no esté aprobado el matrimonio igualitario, «lo cual genera una discriminación a las parejas lesbianas» por limitar su acceso a derechos como el de inscribir a sus hijos en los registros oficiales.
Ese es el caso de Jenny Trujillo y Darling Delfín, quienes hace más de una década se casaron en México y ya acumulan más de 5 años batallando para que Perú permita que su hijo lleve sus apellidos y reconozca sus derechos.
«Es urgente que el Estado peruano cumpla con las recomendaciones de la Cedaw y podamos acceder a la Justicia finalmente. Demandamos una Justicia libre de estereotipos y que deje de discriminar a nuestros hijos por la orientación sexual o la identidad de género de sus padres», ha apostillado Delfín durante la conferencia.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha pedido por carta a relatores de las Naciones Unidas que insten al Gobierno de España a garantizar los derechos trans después de observar las discrepancias que han hecho públicas los socios de Gobierno. «Nos preocupa ver cómo en el debate público sobre los derechos trans se están relacionando sus derechos con una amenaza para el resto de la población», ha indicado en un comunicado la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.
Así, la organización ha enviado este viernes sendas cartas a la relatora especial sobre el Derecho a la Salud de Naciones Unidas, Tlaleng Mofokeng, y al experto independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz. En ellas, les solicitan que expresen «su análisis, valoración y recomendaciones» al Gobierno de España en relación a cómo garantizar los derechos de las personas trans, especialmente, el derecho de autodeterminación y la despatologización.
Pide su intervención al tiempo que les traslada la preocupación del colectivo que ve cómo en el debate público sobre los derechos trans se están trasladando mensajes «que relacionan sus derechos con una amenaza para el resto de la población». Sangil lamenta, asimismo, el desconocimiento de la realidad trans que se está manifestando en el debate público y que la falta de contacto con la realidad de estas personas «merme la voluntad de garantizar los derechos de la parte más vulnerable del colectivo LGTBI».
«Esto no puede traducirse en un estancamiento legislativo en nuestro país, que siga permitiendo e incluso amparando la discriminación y el sufrimiento de las personas trans en todos los ámbitos de su vida», declara la presidenta.
Así, la FELGTB ha pedido la intervención de la ONU en favor de los derechos trans para que anime al Gobierno de España a que apruebe una legislación que garantice el derecho de autodeterminación, tal y como promueven organismos como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud y tal y como ya han hecho más de un tercio de los países de la UE.
La pandemia de coronavirus está teniendo efectos no solo médicos, sino también sociales, que amenazan con cebarse de forma particular con las mujeres, en primera línea en los múltiples frentes abiertos. ONU Mujeres considera que desempeñan un papel "desproporcionado" y llama a tener en cuenta sus necesidades.
La directora de la División Intergubernamental, de Políticas y de Programas de ONU Mujeres, Sarah Hendricks, recuerda que en España las mujeres representan hasta el 70 por ciento del volumen laboral en sanidad y el sector de los cuidados y realizan tres veces más trabajos no remunerados que los hombres.
"Cuando los sistemas sanitarios están saturados, se añade una mayor carga al cuidado en el hogar y esta carga recae generalmente en las mujeres", advierte Hendricks.
Además, un sistema sanitario superado por las circunstancias también "desvía recursos" de servicios considerados más prescindibles en un momento de emergencia como atención prenatal o anticonceptiva. "Es posible que esto también ocurra como resultado de la covid-19", apunta Hendricks.
ONU Mujeres también ve "probable" que aumente la violencia machista y la explotación sexual, una tendencia recurrente "cuando los hogares están bajo presión", como está ya ocurriendo en la actual pandemia de coronavirus, especialmente en las zonas más afectadas.
En el caso de los países con rentas medias y bajas, el potencial riesgo se agudiza, entre otras razones por la mayor implicación de las mujeres en trabajos informales, "que sufren un mayor impacto en tiempos de crisis", o directamente no remunerados.
También en estos países los hogares pueden notar más los efectos perniciosos de medidas como cuarentenas o confinamientos. "Puede dejar a las mujeres sin poder lograr un sustento y cubrir las necesidades básicas de sus familias, como hemos visto en la crisis del ébola", según la responsable de ONU Mujeres.
Sin embargo, Hendricks llama a no caer en generalizaciones y "comparaciones" por países, ya que puede haber mujeres y niñas que vivan "en mundos diferentes" incluso dentro de un mismo país y no solo por su nivel de renta, sino también por su residencia geográfica o cuestiones de raza o etnia.
Enfoque de género "La experiencia de otras enfermedades muestra que una mayor carga de las mujeres en los cuidados incrementa el riesgo de infección", afirma Hendricsk, quien no obstante admite que "no hay datos específicos" en el caso del brote actual, que se encuentra aún en sus primeras fases.
Los datos preliminares sugieren que hombres y mujeres sufren por igual los efectos de este virus y, de hecho, las pruebas apuntan una mayor tasa de mortalidad de los varones, aparentemente por las diferencias inmunológicas o patrones como el consumo de tabaco.
Sin embargo, los datos desagregados por sexos son incompletos, por lo que Hendricks avisa del riesgo de extraer "conclusiones prematuras". La mejora en la recogida de datos es una de las reivindicaciones de ONU Mujeres, que reclama también estadísticas de los efectos de la enfermedad en función de los niveles económicos o de la prevalencia de la violencia sexual.
Asimismo, pide a las autoridades un enfoque de género en la respuesta, que incluya desde la distribución de equipos protectores pensados en el cuerpo femenino o "flexibilidad" a nivel laboral para las mujeres que necesiten quedarse al cuidado de otras personas durante la emergencia sanitaria.
"Garantizar que las mujeres tengan voz en la toma de decisiones" también es otra de las reivindicaciones de ONU Mujeres, defensora de que esta involucración llegue a todos los niveles. "La experiencia con el zika, por ejemplo, demuestra que las mujeres a nivel local pueden desempeñar un papel crucial", señala Hendricks.
ONU Mujeres colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de Naciones Unidas para ofrecer no solo una respuesta coordinada a la crisis, sino para empezar a trabajar en medidas de resiliencia para los colectivos que pueden verse más afectados.
Hendricks subraya que, al igual que se ha hecho con los brotes de ébola y zika, en el caso del coronavirus también se pueden "extraer lecciones" que sirvan para mejorar la preparación ante futuras crisis.
Hace unos días, la ONU advirtió de que la mayoría de algoritmos de inteligencia artificial para combatir el coronavirus aún no sirven. Este organismo sí que reconoce unas tareas en las que herramientas como el ‘machine learning’ pueden ser útiles. Por ejemplo: identificación de imagen médica, creación de medicamentos, o predicción de la expansión del virus. Pero aún estas soluciones no están maduras.
Por un lado, si no se disponen de buenos datos probados durante el suficiente tiempo, esta tecnología falla mucho. Por otro lado, la ONU también especifica que la mayoría de artículos científicos de esta disciplina que están publicándose estos días no han sido revisados por pares, por lo que su eficacia hay que ponerla aún en entredicho. Al mismo tiempo, el informe en que recogió estas ideas orienta sobre la dirección de los esfuerzos para que la inteligencia artificial sí que sea útil en pandemias en el futuro. Recordemos la ley de Roy Amara: “Tendemos a sobrestimar el efecto de una tecnología a corto plazo, y subestimarlo en el largo”.
¿La IA puede predecir una pandemia? La inteligencia artificial inunda titulares y nos vende que puede hacernos vivir mejor y trabajar menos. Podríamos pensar que no ha tenido ninguna intervención en la actual pandemia global de coronavirus. ¿O sí?
El 31 de diciembre del año pasado, una ‘startup’ canadiense llamada BlueDot, dedicada a la vigilancia automática de enfermedades, emitió un aviso a sus clientes para que evitasen la región de Wuhan, y vaticinó a qué ciudades podía extenderse de manera inminente el virus. La OMS no lanzó tal aviso hasta 9 días más tarde. Por lo tanto, la inteligencia artificial sí que tiene un papel en la predicción de pandemias. Aunque depende de a qué llamemos “predecir”.
BlueDot destina sus esfuerzos a la monitorización de fuentes de información, tales como noticias locales, mensajes de autoridades sanitares locales y reservas de vuelo para los próximos días. Tras contar con toda esa información, su algoritmo mide el peligro y lanza un aviso en función de ello. Esta inteligencia artificial no serviría de nada si no existieran humanos escribiendo esa información.
BlueDot no estaba solo. La aplicación HealthMap del Boston Children Hospital, y el algoritmo de la empresa Metabiota, también captaron esos primeros signos de pandemia. Pero desde luego, ni el más avanzado sistema informático puede adivinar el escenario posterior. He aquí la paradoja tecnológica: investigamos en tecnologías predictoras, pero ¿quién dará el salto de fe y asumirá la responsabilidad de obedecer a una caja negra, sin observar frente a frente la amenaza? ¿Necesitamos evidencias de que el algoritmo funciona? BlueDot ya predijo correctamente la aparición del virus del Zika en un artículo en la revista The Lancet. Tal y como describe la obra 'El Comienzo del Infinito', los seres humanos funcionamos por impulsos.
La idea de predicción de enfermedades mediante ordenadores ya tiene unos años. El caso más famoso es el proyecto Google Flu Trends. Lanzado en 2008, esta herramienta intentaba predecir la expansión anual de la gripe en casi una treintena de países. Para ello, se basaba en las búsquedas realizadas en la web con términos como “fiebre” y “tos”.
Esta solución funcionó de una manera más o menos acertada durante unos tres años, hasta que se volvió casi una herramienta de risa. En la campaña 2011/12 sobrestimó en más de un 50% el número de visitas al hospital, y en la siguiente, predijo más del doble. El fracaso de esta herramienta, silenciosamente ya enterrada por la empresa, se debió sobre todo a la opacidad de los criterios que Google usaba y a la alta sensibilidad del algoritmo al ruido de las búsquedas de momentos puntuales, que podían coincidir con los criterios de Google por pura casualidad.
Actualmente sí que se están empleando técnicas de inteligencia artificial para la predicción a corto plazo de la propagación del virus. También para otras actividades, como la identificación de sinergias y correlación de variables clínicas de pacientes, el diseño de fármacos, y el diagnóstico automático.
La idea de predecir las características de esta pandemia de inicio a fin, incluyendo la evolución de la enfermedad, es y será un imposible para cualquier ordenador. Esto es debido a que la trayectoria que toma la pandemia está sujeta a las decisiones, al momento en que se toman, climas, pirámide de población de cada país, entre otros muchos factores.
Al contrario que en la predicción de huracanes, donde se puede monitorizar perfectamente el tiempo y la presión atmosférica, en una pandemia no salta ninguna alarma cuando un virus pasa de un animal a un humano y aparece el paciente cero. Por ello, de cara a la predicción de pandemias, lo más eficaz es la creación de mapas geográficos de peligro y mejorar el intercambio de información entre instituciones. Tal y como ya ocurre desde 2018 en la predicción de focos de dengue.
“El mundo no está preparado para una pandemia severa de gripe o cualquier otro tipo de amenaza médica global”. Esta fue la conclusión del equipo científico que investigó la respuesta de la Organización Mundial de la Salud en la gripe H1N1 en 2009. Esta misma sensación se repitió en 2014 con el ébola. Los expertos siguen argumentando que la primera línea de defensa es una alerta temprana, y para ello, la solución puede que no nos guste, porque requerirían una mayor vigilancia de todo tipo de datos, y sobre todo, que las autoridades públicas entendiesen bien este tipo de herramientas.
¿Estamos dispuesto a ello? ¿A tener una recogida precisa de datos de pacientes? ¿A una correcta coordinación de todo tipo de instituciones? ¿A ceder esos datos a entidades, probablemente, con ánimo de lucro? Y sobre todo, ¿a entender y manejar la tecnología? Entonces quizás podamos alertar del siguiente virus antes de que se vuelva una pandemia.
Los derechos LGTBI son derechos humanos. Y se hace cada vez más necesario repetirlo y explicar bien el fundamento de esta afirmación. Asistimos en España y en la mayoría de países de nuestro entorno a un retroceso en la promoción y defensa de los derechos LGTBI; tenemos que aguantar las afirmaciones de los líderes de la extrema derecha que están en contra de “enviar al colectivo LGTBI a la Casa de Campo en Madrid el Día del Orgullo” y también defienden “limpiar lo ensuciado”. Tenemos que empezar a explicar con desinhibición que detrás de esta afirmación hay una convicción profunda de odio: si pudieran enviarnos a un gulag o a un campo de concentración (otra vez), lo harían sin titubeos. La extrema derecha nos volvería a marcar con el triángulo rosa de nuevo sin pensárselo dos veces.
Y es que el odio llevó a condenar a Oscar Wilde por sodomía en 1895, llevó a los nazis a quemar por completo la biblioteca del Instituto de las Ciencias de la Sexualidad en Berlín o llevó al senador estadounidense McCarthy a realizar una verdadera persecución contra las personas homosexuales en la administración americana en la década de los 50 del pasado siglo XX. Fíjense que las leyes que penalizaban la sodomía en Reino Unido fueron abolidas en 1967, hace poco más de 50 años.
Todos tenemos en mente agresiones físicas y verbales a personas LGTBI, todos recordamos o vivimos episodios violentos por razón de orientación sexual y/o identidad de género. No me cansaré de repetir que los estados, las organizaciones, los tribunales de justicia y los ciudadanos tienen una poderosa herramienta en materia de derechos LGTBI, un marco imprescindible para la erradicación de la discriminación: los Principios de Yogyakarta. Los defensores de los derechos humanos tenemos la obligación de difundir y explicar estos principios, valiosos en tanto y en cuanto son una garantía en la lucha contra la violencia ejercida por orientación sexual o identidad de género.
En el marco de Naciones Unidas, quizá el primer reconocimiento del término legal de orientación sexual e identidad de género se dio en 1994, con la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso Toonen vs. Australia, indicando que los estados tienen la obligación de proteger a las personas en contra de la discriminación por motivo de orientación sexual. Pero no fue hasta julio del 2011 cuando el Consejo de Derechos Humanos emitió la primera declaración condenando la violencia y la discriminación por motivo de identidad de género u orientación sexual. Sería ingenuo pensar que en materia de defensa de derechos LGTBI está todo ganado, incluso es ingenuo pensar que las personas LGTBI no son discriminadas en Europa o Norteamérica.
Sin ir más lejos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo que condenar a Irlanda del Norte en 1981 (caso Dudgeon) o a Austria en 2003 alegando que la prohibición total o parcial de las relaciones homosexuales atentaba contra los artículos 8 y 14 respectivamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Parecidas sentencias ha emitido también el mismo tribunal en materia de identidad de género, apoyándose en los mismos artículos del Convenio Europeo.
Hay un discurso de odio latente contra las personas LGTBI también en suelo europeo. Y, por supuesto, hay un odio manifiesto e institucionalizado en buena parte del mundo, con legislaciones que persiguen, condenan o asesinan a personas LGTBI. Es por esto que banalizar esta realidad, querer “enviar” a las afueras de una ciudad a un colectivo, hablar de “ideología LGBTI” o poner en cuestión leyes que amplían derechos, nos debe alertar del peligro, las consecuencias y el sufrimiento que genera en millones de seres humanos esta potencial involución, esta sensación de inminente peligro.
Los derechos LGTBI son derechos humanos. Y son a prueba de torturas, de odio, de violencia, de acoso. Nunca será suficiente la lucha por la dignidad del colectivo LGTBI. Nunca me cansaré de repetir que nos están matando, insultando y discriminando. También a nuestras familias. Por eso tenemos que gritar alto y claro que los derechos LGTBI son derechos humanos, porque sólo así nuestra voz será, una vez más, la tumba del odio.
Mariano Beltran. Psicólogo. Activista y Observador de Derechos Humanos. Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.
La ONU niega ayudas a los gitanos que mantuvo a sabiendas en campos contaminados.
Las chozas estaban a 200 metros de los montículos de desechos industriales de las viejas minas. Antonio Corbillón | Ideal, 2019-03-17 https://www.ideal.es/sociedad/malos-humos-20190317172241-ntvo.html
"Podíamos ver el polvo de Trepca soplando en el campamento. Sabíamos lo contaminado que estaba, pero no teníamos a donde ir". En casa de Naser y su esposa, Jollca, la guerra de los Balcanes no ha terminado del todo. Esta pareja de gitanos kosovares lucha por sacar adelante a sus dos hijos, Brendi (11 años) y Hasan (5), cuya sangre está llena de plomo. Las fiebres, convulsiones, calambres estomacales y dolores por todo el cuerpo son una rutina para la familia.
Brendi nació en uno de los cuatro asentamientos de refugiados que la ONU improvisó en los aledaños de Trepca, el mayor complejo industrial de la antigua Yugoslavia. Hasan vino al mundo en 2014, al año siguiente de que se cerraran los campos. Sus padres le transmitieron por vía genética una parte de la carga de veneno sobre la que sobrevivieron durante los quince años (1999-2013) que permanecieron abiertos los centros.
Como ellos, 8.000 romaníes, ashkalíes y egipcios fueron desplazados de sus casas en el distrito gitano de Mitrovica, al norte de Kosovo, cuando el estallido bélico entre albanokosovares y serbios invadió sus calles. Más de 600 -la mitad, niños menores de 14 años- acabaron en los barracones que Naciones Unidas instaló en la vieja planta industrial, orgullo del desarrollismo comunista anterior. Les llamaron 'los niños del plomo'.
El miércoles, el relator especial sobre Tóxicos de la ONU, Baskut Tuncak, sacó los colores al organismo internacional al reclamarle que pague de una vez una indemnización a estas familias. Tuncak se muestra comprometido con la desgracia de quienes fueron instalados allí a sabiendas de la elevada contaminación de sus suelos. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectaron en julio de 1999 niveles de plomo doscientas veces superiores a los límites admitidos. La ONU obvió estos datos porque los barracones estaban previstos para unos meses, pero se prolongaron tres lustros. Ni siquiera se levantaron a partir de 2008, cuando Kosovo declaró su independencia.
Vivir sobre veneno Las chozas, tiendas de campaña y barracas de Cesmin Lug, Kablare, Osterode y Zitkovac estaban a 200 metros de los montículos de desechos industriales de las viejas minas. Con los informes contaminantes se tomaron medidas para prevenir la exposición al plomo de los soldados que mantenían la paz a partir del año 2000. Pero nadie se ocupó de los residentes.
En 2016, y ya sin campamentos, el Panel de Derechos Humanos de la propia ONU sentenció que era responsable y debía compensar de alguna forma a este colectivo. Los informes médicos admiten que el envenenamiento por plomo, que actúa mucho más rápido en edades tempranas, «ha contribuido a la muerte de varios niños y adultos». Enfermedades renales, discapacidades físicas y mentales y pérdida de memoria son algunos de los síntomas que sufren estas personas, hoy diseminadas por el norte de Kosovo.
«En los más de diez años que los romaníes permanecieron en los sitios envenenados se perdió una generación completa de niños», argumentó la abogada estadounidense Dianne Post, que presentó la reclamación que firmaron 138 víctimas. La OMS sentenció que «los efectos neurológicos y conductuales del plomo son irreversibles». Además, en noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reclama «entregar rápidamente el apoyo necesario a las víctimas».
Ninguna de estas evidencias ha ablandado al organismo que preside hoy el portugués Antonio Guterres. En mayo de 2018, se limitó a expresar su «profundo pesar por el sufrimiento». Y anunció la creación de un fondo fiduciario para promover proyectos en la comunidad romaní. Un fondo de libre aportación. Nadie ha puesto un euro todavía.
Muchas familias afectadas malviven en paz recogiendo chatarra en los vertederos kosovares. Tras reunirse con ellos, Baskut Tuncak plasma en su informe que «las circunstancias exigen una compensación y una disculpa pública». También advierte a sus jefes en la sede central en Nueva York de que «debería ser un tema de integridad para la organización».
La ONU condena por primera vez a España por la devolución en caliente de un niño que saltó solo la valla de Melilla.
Los guardias civiles que lo bajaron de la verja se limitaron a esposarlo y "expulsarlo sumariamente". Se trata de la primera ocasión en la que Naciones Unidas se pronuncia rotundamente respecto a la ilegalidad de estas expulsiones de menores. Público, 2019-02-19 https://www.publico.es/sociedad/onu-condena-primera-vez-espana-devolucion-caliente-nino-salto-valla-melilla.html
Naciones Unidas ha condenado a España por deportar a un niño, D.D. de 15 años que saltó solo la valla de Melilla para pasar a España. Ocurrió hace cinco años cuando el joven logró entrar al país huyendo de la guerra de Mali. Según informa Cadena Ser, los guardias civiles que lo bajaron de la valla, tras varias horas encaramado a la verja, se limitaron a esposarlo y "expulsarlo sumariamente" en contra de numerosos artículos de la Convención de sobre los Derechos del niño.
Se trata del primer dictamen de la ONU que condena la devolución en caliente de un menor. Es la primera vez que Naciones Unidas se pronuncia clara y rotundamente respecto a la ilegalidad de este tipo de acciones ya que el Comité señala claramente "la obligación de los Estados de proveer protección y asistencia especiales a niños no acompañados". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ya condenó a España en octubre de 2017 por estas expulsiones ilegales de dos personas, pero la sentencia está pendiente de pronunciamiento tras el recurso presentado por el gobierno español.
El Dictamen del Comité ha concluido que la ley y la práctica española vulneran los derechos contenidos en los artículos 3, 20 y 37 de la Convención de los Derechos del Niño. "Las autoridades españolas no identificaron al menor, no tuvieron en cuenta el interés superior del niño, no le proporcionaron asistencia especial como menor de edad e incumplieron la prohibición de tortura u otros tratos crueles, inhumanas o degradantes", critican desde European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y la Fundación Raíces, entidades que acompañaron y apoyaron a D.D durante el proceso judicial.
Desde que tuvieron lugar estos hechos, en diciembre de 2014, el joven ha vivido una batalla judicial y administrativa. En el dictamen, el Comité sobre los derechos del niño de la ONU ha sido contundente al constatar que, España, al expulsar al entonces quinceañero de Mali , "no le brindó" protección y asistencia especiales en su condición de niño no acompañado (artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño); no respetó el principio de no devolución y expuso al autor a correr el riesgo de sufrir actos de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Marruecos (artículo 37) y no consideró el interés superior del niño (artículo 3)” se detalla en el texto firmado tras la adopción de esta decisión el pasado 1 de febrero.
Este caso ha sido posible gracias a que 28 días después de la acción ilegal de los guardias civiles, el chico consiguió saltar y quedarse en España. Fue el 30 de diciembre de 2014 , cuando empezó a demostrar que solo era un niño y que, por lo tanto, se le tenía que dar el trato que exigía la ley del menor. Pero el Estado español intentó desacreditar su versión. Alegó que cuando entró a España "declaró tener otro nombre y ser mayor de edad", o que el 2 de diciembre, el día de los hechos condenados por la ONU, el chico "no portaba ningún tipo de documento de identidad", pero nadie le preguntó su nombre y nunca recibió asistencia jurídica en esa "deportación sumaria".
El Ejecutivo del Partido Popular introdujo en 2015 la figura del "rechazo en frontera" en la Ley de Extranjería a través de la 'ley mordaza' para tratar de dar encaje jurídico a las devoluciones en caliente de inmigrantes. Pero el TEDH condenó a España por estas prácticas en 2014 y echó por tierra el intento de legalizarlas.
"Nunca más"
“Me siento feliz y más libre ahora. Me gustaría que todo el mundo lo supiese y que no volviese a ocurrir nunca más”, dice D.D., que, además, con anterioridad había sufrido, maltrato y violencia por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Actualmente ya posee el permiso de residencia. Gracias a la ayuda de la Fundación Raíces, recibió la debida protección y consiguió aliviar el daño físico y emocional sufrido. Ahora trabaja como jardinero en Madrid.
El Comité con esta resolución obliga al Estado español a revisar la ley de Seguridad Ciudadana y la legislación que autoriza este tipo de devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla para evitar que se cometan violaciones de derechos similares en el futuro y condena a España a proporcionar a D.D. una reparación adecuada, incluida una indemnización financiera y rehabilitación por el daño sufrido.
“La decisión tiene una importancia fundamental para la protección de los menores no acompañados, no sólo en la frontera hispano-marroquí, sino en las fronteras terrestres en general”, afirma Carsten Gericke, representante de D.D. y abogado cooperante de ECCHR. Lourdes Reyzábal, Presidenta de Fundación Raíces, añade que "este caso, una vez más, pone en evidencia que, en España, en el caso de los niños extranjeros, las políticas de protección a la infancia están sometidas a las políticas de extranjería y del control de los flujos migratorios y las fronteras siguen siendo espacios donde no se respetan los derechos de las personas y donde no existen las garantías jurídicas básicas. Esperamos que España cumpla con el Dictamen de la ONU y recuerde que debe cumplir con el Derecho Internacional y con todos los Tratados y Convenios que voluntariamente ha firmado y ratificado".
Y TAMBIÉN… La ONU recrimina a España la devolución en caliente de un menor en Melilla.
El Comité de los Derechos del Niño concluye que España devolvió en 2014 a un menor maliense que saltó la valla sin identificarlo ni proporcionarle asistencia. El organismo que vela por los derechos de la infancia entiende que no se tuvo en cuenta el interés superior del menor y se incumplió la prohibición de tortura y pide que se proporcione reparación "adecuada" y se revise la ley. Desalambre, El Diario, 2019-02-19 https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-dictamina-Espana-devolvio-Melilla_0_869663145.html
Imagen: El Diario / Movilización 8M en Sao Paulo, Brasil
Un relator de la ONU condena el uso del concepto de la "ideología de género" para atacar a las activistas feministas.
Michel Forst, relator para los defensores de derechos humanos, alerta en un informe del "auge" del uso del argumento de la "ideología de género" en Latinoamérica y Europa como parte del hostil entorno que enfrentan las activistas feministas y LGTB. "La supuesta amenaza se está utilizando para configurar los resultados políticos y justificar la discriminación", asegura. "Hay una preocupante proliferación de discursos misóginos, sexistas y homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos prominentes, han normalizado la violencia contra las mujeres", critica Forst. Icíar Gutiérrez | El Diario, 2019-02-14 https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-denuncia-ideologia-activistas-feministas_0_867913391.html
El pasado 1 de enero, en su primer discurso como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se presentó ante una multitud para fijar los ejes de lo que será su mandato. Uno de los primeros que mencionó fue "combatir la ideología de género conservando nuestros valores". Este concepto, "la ideología de género", también fue usado el pasado verano por el entonces candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, que lo definió como un "colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir".
No era la primera vez que resonaba este argumento. Ya había sido empleado en España por obispos, grupos como HazteOír o partidos como Vox, que lo han convertido en una de sus principales banderas. También se ha utilizado en otros países como Australia, Polonia o en Colombia, en este último caso para arremeter contra el acuerdo de paz con las FARC.
Aunque no es una narrativa nueva, en los últimos años ha sido enarbolada con fuerza por líderes políticos o grupos conservadores y ultracatólicos para oponerse a avances sociales y leyes que protegen los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI en Europa y América Latina, presentándolos como una amenaza contra instituciones como la familia o el matrimonio. Este "auge" del uso del concepto de la "ideología de género" ha despertado en los últimos días las críticas de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
En el informe que presentará a finales de este mes ante el Consejo de Derechos Humanos, centrado en la situación de las defensoras, Forst muestra su "profunda preocupación" por el avance de este tipo de argumentos y su impacto en la labor las mujeres que defienden los derechos de otras mujeres, así como de los activistas LGTBI. "En el clima político actual, en el que hay una reacción contra los derechos humanos, las defensoras son a menudo las primeras a las que se ataca", sostiene en el documento.
"Se está utilizando para justificar la discriminación"
El relator denuncia que los líderes políticos y religiosos que avivan este tipo de discurso, que encuentra sus raíces a comienzos de la década de los 2000, "malinterpretan" y "utilizan indebidamente" las cuestiones de género. "Describen la 'ideología' como una amenaza para los valores religiosos, la familia y la moral de la sociedad", argumenta el experto.
"Los que piensan de esa manera, especialmente virulentos en América Latina y Europa Oriental, consideran que la 'ideología de género' responde a un intento de los defensores de los derechos humanos" de las personas LGTB y de las activistas feministas, "por desestabilizar el orden político y social". "La supuesta amenaza se está utilizando para configurar los resultados políticos y justificar la discriminación", agrega Forst.
El pasado diciembre, Amnistía Internacional también dio la voz la alarma sobre lo que considera una "nueva táctica de represión en respuesta a la resistencia y el activismo de las mujeres". "Estos grupos tratan a menudo de silenciar a las mujeres y a las personas LGBTI que defienden los derechos humanos con métodos como campañas de comportamientos abusivos en Internet", documentaba AI en su último informe anual. En julio del año pasado, un grupo de especialistas independientes del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres reclamaron a los países miembros que contrarrestaran esta narrativa utilizada "para desinformar a las sociedades y socavar el avance de los derechos de la mujer".
En su análisis, el relator dibuja el difícil panorama mundial al que se enfrentan las mujeres que defienden los derechos humanos y apunta que, actualmente, encuentran una mayor resistencia para seguir adelante con su labor. "Esas formas de resistencia están vinculadas al contexto político más amplio, en el que se asiste al auge del populismo, el fundamentalismo y el extremismo violento", indica. En esta línea, describe que en los últimos años ha habido una "preocupante proliferación de discursos misóginos, sexistas y homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos prominentes, han normalizado la violencia contra las mujeres y las personas que no se ajustan a las normas de género".
Represión, violencia e impunidad crecientes
Asimismo, el relator de la ONU recuerda que las defensoras de los derechos humanos, con las que se ha reunido en distintas partes del mundo para elaborar el informe, "señalan que se enfrentan a una represión, violencia e impunidad crecientes", a pesar de los compromisos de los Estados en esta materia. El último registro de IM-Defensoras, reveló que en los años 2015 y 2016, las agresiones a mujeres que defienden los derechos humanos en México y Centroamérica se incrementaron un 30% respecto al periodo anterior.
En el documento, Forst vuelve a hacer hincapié en lo mismo que llevan años denunciando las redes de mujeres defensoras: además de correr los mismos riesgos que los hombres defensores en un entorno cada vez más hostil para esta labor, es frecuente que se enfrenten a "riesgos y obstáculos adicionales y diferentes" que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, como por ejemplo ser cuestionadas por acciones por las que sus compañeros sí son alabados. "Obedecen a estereotipos de género arraigados y a ideas y normas profundamente asentadas sobre quiénes son las mujeres y cómo deben ser", esgrime el especialista.
Al hecho de ser mujeres, se añaden otros factores que determinan los riesgos a los que se enfrentan, como la edad, la religión, el origen étnico, la clase, la inmigración, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género, ejemplifica Forst. "No son solo blanco de ataques individuales; también son blanco de ataques por pertenecer a redes, colectivos y movimientos, y se pretende que esos ataques sirvan de advertencia a terceros", asegura. Su diagnóstico va más allá de los grupos de mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres, también se amplía a las que están en primera línea de la defensa del medio ambiente, en situaciones de conflicto, las que son menores o migrantes.
Entre los principales riesgos que sufren por el hecho de ser mujeres están el no reconocimiento o la "exclusión sistemática", en el que Forst subraya que "es habitual "que se haga caso omiso de sus opiniones, que se las trate con escepticismo y minusvalore", también dentro de los propios movimientos pro derechos humanos. A menudo, son objeto de ataques a su reputación; comentarios e insinuaciones sobre su sexualidad o amenazas y ataques contra seres queridos.
También se repiten el "acoso judicial y la criminalización", el encarcelamiento, los impedimentos y represalias por colaborar con organismos internacionales y el acoso y la violencia online. En la punta más visible de este iceberg están las agresiones físicas, la violencia sexual, las torturas, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
"Es necesario desmantelar por completo los nocivos estereotipos de género y reinventar el mundo de manera que las formas de entender el género no se utilicen para legitimar el sometimiento y la marginación de las mujeres", concluye Forst, antes de pedir a los Estados que "cumplan sus obligaciones jurídicas" a la hora de proteger a estas activistas y que otros actores como las empresas, las redes de delincuencia organizada y las "instituciones financieras" colaboren con ellos. El relator cita para ello algunos ejemplos de "buenas prácticas" dos leyes aprobadas por Malí y Costa de Marfil que prevén una protección específica para las mujeres defensoras o reconocen las amenazas a las que se enfrentan, respectivamente.
