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| Imagen: El Diario |
"El Gobierno impulsará una medida para que las personas transexuales puedan decidir el género con el que se sienten identificadas. A fin de cuentas, es insultante tener que pagar a un panel de expertos para que determine tu género", opina el autor.
Roz Kaveney / Traducción de Emma Reverter | El Diario, 2017-07-26
http://www.eldiario.es/theguardian/Theresa-May-positivo-personas-transexuales_0_669133844.html
El Gobierno quiere impulsar una nueva norma para que las personas transexuales puedan decidir el género con el que se sienten identificadas. Solo han pasado 13 años desde que se aprobó la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 así que podría parecer sorprendente que la comunidad transexual esté pidiendo, y consiguiendo, que se tramite una segunda ley. Sin embargo, 13 años puede ser una eternidad cuando se define la agenda política.
La Ley de Reconocimiento de Género ha acarreado unos problemas que los activistas como yo, que en su momento negocié esta ley con el equipo de Tony Blair, no supimos ver. En ese momento, una de nuestras prioridades era oponernos a un intento por parte de algunos ministros del Partido Laborista por conseguir la esterilización y destrucción de material genético como condición previa al cambio del estado civil. En aquel momento, sin embargo, parecía que faltaba mucho para que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo y, de hecho, incluso el reconocimiento de las parejas de hecho del mismo sexo generaba polémica.
Las medidas radicales se convierten en menos radicales con el paso del tiempo. De hecho, países como Argentina e Israel tienen un procedimiento para tramitar el certificado de reconocimiento de género que es casi tan sencillo como un cambio de nombre por medio de una declaración solemne. Lo que ha pasado en la práctica es que las personas transexuales no se sienten cómodas con algunos de los trámites que establece la ley de 2004, como por ejemplo, el que indica que deben pagar a un panel de expertos y de médicos para que determine su identidad. La mera idea de que un panel de expertos sabe mejor que tú quién eres es insultante.
Comparado con la situación actual, en 2004 eran pocas las personas transexuales que se identificaban abiertamente como no binarias (no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino). En 2010, un grupo de activistas abandonó una reunión con la comisión de igualdad y de derechos humanos después de que ésta se negara a pedir que la ley de igualdad protegiera los derechos de las personas de género no binario. Cualquier nueva ley que se apruebe deberá reconocer a las personas de género no binario.
Por otra parte, el certificado de reconocimiento de género se ha convertido en un criterio de referencia para demostrar la identidad. Lo cierto es que esta no era la idea inicial. A los prisioneros que no tienen uno les asignan un módulo o cárcel que no les corresponde. Son el tipo de jóvenes transexuales que no forman parte de ninguna organización y son los más vulnerables. Miembros del cuerpo policial a cargo de prisioneros LGTBI están convencidos, erróneamente, de que el certificado de reconocimiento de género es un documento que las personas deben llevar con ellas a todas partes. Lo cierto es que la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 establece que es ilegal exigir este documento.
También es preocupante que el registro de personas transexuales que creó el panel de expertos pueda ser utilizado en un futuro para fines distintos al que fue creado. En Estados Unidos se han impulsado varias iniciativas que quieren anular todos los cambios de nombre y de género, para volver a identificar a todas las personas según el género que se les asignó al nacer.
Es por todas estas razones que desde hace tiempo las personas transexuales piden que el procedimiento sea más sencillo y más respetuoso con su intimidad. A los que les parezca extraño que sea precisamente el gobierno de Theresa May el que vaya a impulsar una medida que es humana y respetuosa les diría lo siguiente: tiene que hacer algo y, además, así se desmarca del Partido Unionista Democrático. Al fin y al cabo, a diferencia de otras iniciativas, como la relativa a que el Servicio Nacional de Salud proporcione tratamiento médico específico a las personas transexuales, una versión simplificada del cambio de estado civil no representa ningún coste para el erario público.
Como casi todo lo que tiene que ver con las personas transexuales, los que se oponen a las reformas priorizan meras hipótesis más allá de la realidad. Por ejemplo, nos piden que creamos que un mirón podría abusar de esta ley para entrar en un vestuario de mujeres, cuando la realidad es que las personas transexuales son humilladas por todo aquel que quiera hacerlo.
La periodista Helen Lewis, en un artículo publicado en ‘The New Statesman’, se ha opuesto a una reforma a la ley de 2004 y argumenta que el derecho de las personas transexuales a ser quien quieran ser vulnera el derecho a la privacidad de las personas cisgénero —persona cuya identidad de género y género biológico coinciden—. Con este argumento, se une a las filas de la ultraderecha cristiana de Estados Unidos, que han convertido los baños públicos en un campo de batalla de donde expulsar a todo aquel que esté en desacuerdo con el género que se le asignó al nacer. Al final, estamos ante una situación que se resolvería con sentido común y buena voluntad. De lo contrario, reconocer el género con el que se identifica una persona será un caos, con independencia de que el procedimiento sea sencillo o complicado.
La Ley de Reconocimiento de Género ha acarreado unos problemas que los activistas como yo, que en su momento negocié esta ley con el equipo de Tony Blair, no supimos ver. En ese momento, una de nuestras prioridades era oponernos a un intento por parte de algunos ministros del Partido Laborista por conseguir la esterilización y destrucción de material genético como condición previa al cambio del estado civil. En aquel momento, sin embargo, parecía que faltaba mucho para que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo y, de hecho, incluso el reconocimiento de las parejas de hecho del mismo sexo generaba polémica.
Las medidas radicales se convierten en menos radicales con el paso del tiempo. De hecho, países como Argentina e Israel tienen un procedimiento para tramitar el certificado de reconocimiento de género que es casi tan sencillo como un cambio de nombre por medio de una declaración solemne. Lo que ha pasado en la práctica es que las personas transexuales no se sienten cómodas con algunos de los trámites que establece la ley de 2004, como por ejemplo, el que indica que deben pagar a un panel de expertos y de médicos para que determine su identidad. La mera idea de que un panel de expertos sabe mejor que tú quién eres es insultante.
Comparado con la situación actual, en 2004 eran pocas las personas transexuales que se identificaban abiertamente como no binarias (no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino). En 2010, un grupo de activistas abandonó una reunión con la comisión de igualdad y de derechos humanos después de que ésta se negara a pedir que la ley de igualdad protegiera los derechos de las personas de género no binario. Cualquier nueva ley que se apruebe deberá reconocer a las personas de género no binario.
Por otra parte, el certificado de reconocimiento de género se ha convertido en un criterio de referencia para demostrar la identidad. Lo cierto es que esta no era la idea inicial. A los prisioneros que no tienen uno les asignan un módulo o cárcel que no les corresponde. Son el tipo de jóvenes transexuales que no forman parte de ninguna organización y son los más vulnerables. Miembros del cuerpo policial a cargo de prisioneros LGTBI están convencidos, erróneamente, de que el certificado de reconocimiento de género es un documento que las personas deben llevar con ellas a todas partes. Lo cierto es que la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 establece que es ilegal exigir este documento.
También es preocupante que el registro de personas transexuales que creó el panel de expertos pueda ser utilizado en un futuro para fines distintos al que fue creado. En Estados Unidos se han impulsado varias iniciativas que quieren anular todos los cambios de nombre y de género, para volver a identificar a todas las personas según el género que se les asignó al nacer.
Es por todas estas razones que desde hace tiempo las personas transexuales piden que el procedimiento sea más sencillo y más respetuoso con su intimidad. A los que les parezca extraño que sea precisamente el gobierno de Theresa May el que vaya a impulsar una medida que es humana y respetuosa les diría lo siguiente: tiene que hacer algo y, además, así se desmarca del Partido Unionista Democrático. Al fin y al cabo, a diferencia de otras iniciativas, como la relativa a que el Servicio Nacional de Salud proporcione tratamiento médico específico a las personas transexuales, una versión simplificada del cambio de estado civil no representa ningún coste para el erario público.
Como casi todo lo que tiene que ver con las personas transexuales, los que se oponen a las reformas priorizan meras hipótesis más allá de la realidad. Por ejemplo, nos piden que creamos que un mirón podría abusar de esta ley para entrar en un vestuario de mujeres, cuando la realidad es que las personas transexuales son humilladas por todo aquel que quiera hacerlo.
La periodista Helen Lewis, en un artículo publicado en ‘The New Statesman’, se ha opuesto a una reforma a la ley de 2004 y argumenta que el derecho de las personas transexuales a ser quien quieran ser vulnera el derecho a la privacidad de las personas cisgénero —persona cuya identidad de género y género biológico coinciden—. Con este argumento, se une a las filas de la ultraderecha cristiana de Estados Unidos, que han convertido los baños públicos en un campo de batalla de donde expulsar a todo aquel que esté en desacuerdo con el género que se le asignó al nacer. Al final, estamos ante una situación que se resolvería con sentido común y buena voluntad. De lo contrario, reconocer el género con el que se identifica una persona será un caos, con independencia de que el procedimiento sea sencillo o complicado.
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