Editorial | El Nuevo Día, 2015-07-19
http://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/encaminolaplenaigualdaddederechos-editorial-2075197/
El inicio de la emisión de solicitudes de la licencia para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del Registro Demográfico y la orden administrativa de la secretaria de la Familia que viabiliza la adopción para estas parejas concretan en Puerto Rico un proceso justo que obliga a garantizar con celeridad, efectividad e imparcialidad los plenos derechos a cada ciudadano y ciudadana.
Dicho proceso, iniciado por el gobernador Alejandro García Padilla en respuesta al nuevo estado de derecho emanado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el mismo día en que ese foro reconoció los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el pasado viernes 26 de junio, hace imperativo que cada componente de las dependencias de gobierno se asegure de que tanto servidores como procesos impartan un trato igualitario a todas las personas.
Aunque la decisión del Supremo federal invalida en forma inmediata cualquier estructura jurídica contraria a la nueva realidad, debe ser prioridad también de la Asamblea Legislativa enmendar el Código Civil de Puerto Rico para atemperarlo, en su letra, a la determinación de la máxima corte de Estados Unidos.
Mientras, la directora del Registro Demográfico, Nancy Vega, ya ha orientado, en forma diligente, sobre los pasos que deben seguir las parejas interesadas en solicitar la licencia para contraer matrimonio, y, al efecto, son muchas las que ya han realizado esa gestión. A su vez, la secretaria de la Familia, Idalia Colón, emitió una orden administrativa que abre puertas a estos matrimonios para adoptar.
En su orden administrativa número 2016-01, la secretaria Colón reconoce que los hogares formados por matrimonios del mismo sexo tienen el potencial de ser hogares adoptivos y tienen que recibir trato igual. Destacó que “los trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia... tendrán la responsabilidad de realizar su trabajo de manera imparcial y sin prejuicios”. Y ordenó procurar solo el mejor bienestar del menor en la evaluación de solicitudes de adopción.
Dicha acción es un recordatorio de que el discrimen es ilegal, una verdad que hasta hace apenas unas semanas, sin embargo, se quedaba a medias porque no aplicaba a parejas del mismo sexo.
Por eso es prioritario que -más allá de enmendar el Artículo 68 del Código Civil que utiliza la frase “un hombre y una mujer” para referirse a quienes pueden contraer matrimonio, lo que es ya letra muerta- la Legislatura realice una evaluación exhaustiva para que nuestro marco jurídico cumpla en forma integral y coherente con la jurisprudencia recién establecida.
Corresponde, además, que cada jefe de agencia, entre ellas Educación y Salud por mencionar algunas, se asegure de que emprende su obligación ministerial mediante un proceso de cumplimiento integrado y consistente con la magnitud del cambio y con la urgencia que reviste.
Como parte de esa revisión es fundamental un proceso de educación y sensibilización que recuerde a los servidores públicos que les toca garantizar a cada ciudadano y ciudadana sus derechos plenos.
Una vez emitida la solicitud de licencia de matrimonio, los peticionarios tienen que devolverla con los documentos requeridos diez días antes de la celebración, lo que significa que pronto serán, no una como este fin de semana, sino muchas nupcias entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico. Y el Estado tiene que estar preparado para que nada ni nadie menoscabe dicho derecho.
Mas, reiteramos, no solo las estructuras y quienes componen el Gobierno tienen tal obligación.
Es también mandato a cada sector de la sociedad abrirle paso a estas familias que desde hace mucho existen en Puerto Rico sin que se les reconociera. Ellas, como las otras formas de familias que coexisten aquí, merecen contar con la misma oportunidad de amarse y disfrutar de un país inclusivo, respetuoso y solidario.
Dicho proceso, iniciado por el gobernador Alejandro García Padilla en respuesta al nuevo estado de derecho emanado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el mismo día en que ese foro reconoció los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el pasado viernes 26 de junio, hace imperativo que cada componente de las dependencias de gobierno se asegure de que tanto servidores como procesos impartan un trato igualitario a todas las personas.
Aunque la decisión del Supremo federal invalida en forma inmediata cualquier estructura jurídica contraria a la nueva realidad, debe ser prioridad también de la Asamblea Legislativa enmendar el Código Civil de Puerto Rico para atemperarlo, en su letra, a la determinación de la máxima corte de Estados Unidos.
Mientras, la directora del Registro Demográfico, Nancy Vega, ya ha orientado, en forma diligente, sobre los pasos que deben seguir las parejas interesadas en solicitar la licencia para contraer matrimonio, y, al efecto, son muchas las que ya han realizado esa gestión. A su vez, la secretaria de la Familia, Idalia Colón, emitió una orden administrativa que abre puertas a estos matrimonios para adoptar.
En su orden administrativa número 2016-01, la secretaria Colón reconoce que los hogares formados por matrimonios del mismo sexo tienen el potencial de ser hogares adoptivos y tienen que recibir trato igual. Destacó que “los trabajadores sociales y técnicos de servicios a la familia... tendrán la responsabilidad de realizar su trabajo de manera imparcial y sin prejuicios”. Y ordenó procurar solo el mejor bienestar del menor en la evaluación de solicitudes de adopción.
Dicha acción es un recordatorio de que el discrimen es ilegal, una verdad que hasta hace apenas unas semanas, sin embargo, se quedaba a medias porque no aplicaba a parejas del mismo sexo.
Por eso es prioritario que -más allá de enmendar el Artículo 68 del Código Civil que utiliza la frase “un hombre y una mujer” para referirse a quienes pueden contraer matrimonio, lo que es ya letra muerta- la Legislatura realice una evaluación exhaustiva para que nuestro marco jurídico cumpla en forma integral y coherente con la jurisprudencia recién establecida.
Corresponde, además, que cada jefe de agencia, entre ellas Educación y Salud por mencionar algunas, se asegure de que emprende su obligación ministerial mediante un proceso de cumplimiento integrado y consistente con la magnitud del cambio y con la urgencia que reviste.
Como parte de esa revisión es fundamental un proceso de educación y sensibilización que recuerde a los servidores públicos que les toca garantizar a cada ciudadano y ciudadana sus derechos plenos.
Una vez emitida la solicitud de licencia de matrimonio, los peticionarios tienen que devolverla con los documentos requeridos diez días antes de la celebración, lo que significa que pronto serán, no una como este fin de semana, sino muchas nupcias entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico. Y el Estado tiene que estar preparado para que nada ni nadie menoscabe dicho derecho.
Mas, reiteramos, no solo las estructuras y quienes componen el Gobierno tienen tal obligación.
Es también mandato a cada sector de la sociedad abrirle paso a estas familias que desde hace mucho existen en Puerto Rico sin que se les reconociera. Ellas, como las otras formas de familias que coexisten aquí, merecen contar con la misma oportunidad de amarse y disfrutar de un país inclusivo, respetuoso y solidario.
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