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| Imagen: Alfa y Omega / Luis Argüello |
El secretario general de los obispos, Luis Argüello, reclama un pacto educativo y defiende que la exención del IBI no es un privilegio de la Iglesia, sino un beneficio fiscal que se aplica a las entidades no lucrativas.
F. Otero / Alfa y Omega, 2018-11-23
http://www.alfayomega.es/171484/a-la-iglesia-no-solo-nos-preocupa-la-religion-y-la-concertada-sino-todo-lo-que-tiene-que-ver-con-la-educacion
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Javier Argüello, compareció este viernes por segunda vez ante los medios de comunicación –la primera fue su presentación el pasado miércoles– para presentar los acuerdos de la Asamblea Plenaria de los obispos de esta semana. Abordó todos los temas en el candelero político y también eclesial: la clase de Religión y la escuela concertada, los abusos a menores o el régimen fiscal de la Iglesia. Sobre los asuntos educativos fue muy claro: «A la Iglesia no solo nos preocupa la Religión y la concertada, también nos preocupa la pública, es decir, todo lo que se realiza en el ámbito educativo». Citó en concreto la importancia de la educación a la hora de formar a la sociedad ante «desafíos extraordinarios» como la revolución tecnológica.
Sobre la escuela concertada, defendió que «la sociedad civil tenga protagonismo en la propuesta educativa» y recordó que el espacio público no puede depender solo de la administración, sino que puede tener diversos gestores y protagonistas. En este sentido, defendió el diálogo y un pacto educativo para que cada vez que haya un cambio de Gobierno no tenga que producirse una reforma educativa. «El Gobierno actual, cuando estaba en la oposición, hablaba de pacto y diálogo. Nosotros pedimos hoy ese diálogo y el pacto educativo», añadió, al tiempo que reconoció que les hubiese gustado que contactasen con ellos antes de lanzar la reforma educativa. «A la próxima reunión con el ministerio llevaremos estas inquietudes en materia de la Religión y la concertada, pero también la importancia de las humanidades en este mundo tecnológico», agregó.
Otra de las cuestiones que analizó fue la del IBI, sobre la que dijo que «no es exclusiva de la Iglesia», sino que «afecta a las entidades no lucrativas» en virtud de la Ley de Mecenazgo. «Lo que habría que debatir es si tienen sentido o no esta política de exenciones. Creo que una sociedad tiene derecho a su política fiscal, a recaudar, pero también a promover y recoger de manera indirecta. Porque con la promoción de exenciones se ponen en marcha actividades».
Sobre los abusos, explicó que se ha trabajado en la preparación de la reunión de los presidentes de Conferencias Episcopales en el Vaticano y sobre la renovación de los protocolos. Cuestiones, además, que tienen un lugar importante en la formación de los seminaristas españoles, cuyo plan de formación, la ‘ratio nationalis’, también están estudiando los obispos y que se aprobará en la Plenaria de primavera.
Preguntado sobre el acceso de homosexuales al sacerdocio y sobre si la postura de la Iglesia choca con las leyes LGTBI, defendió el derecho de la Iglesia a seleccionar a sus candidatos. Dijo que se les pide que estén dispuestos a ser célibes, pero también «que se reconozcan y sean enteramente varones y, por tanto, heterosexuales». Sobre las leyes LGTBI, dijo que «muchas incluyen apéndices con diccionarios, pues son tantas las novedades a la hora de conjugar sexo y género...» y criticó que se en la sociedad actual se haya elevado a categoría jurídica el sentimiento. «Solo el sexo sentido puede ser suficiente para algo tan serio como el cambio de sexo, reconociendo siempre el sufrimiento de las personas. Algo parecido sucede con la situación política, pues el sentimiento es la categoría jurídica que puede decantar la configuración de un Estado».
En otro orden de cosas, los obispos han estudiado el proyecto de reforma de la CEE conforme a la ponencia que ha elaborado un equipo de trabajo creado al efecto. Se acordó que la ponencia presentada sirva como documento base para la reforma de los estatutos de la CEE. Se espera que la reestructuración pueda ser aprobada en la próxima plenaria para que el Vaticano pueda darle el visto bueno cuanto antes y ya realizar la renovación de cargos del Episcopado en 2020 con los nuevos estatutos.
Sobre la escuela concertada, defendió que «la sociedad civil tenga protagonismo en la propuesta educativa» y recordó que el espacio público no puede depender solo de la administración, sino que puede tener diversos gestores y protagonistas. En este sentido, defendió el diálogo y un pacto educativo para que cada vez que haya un cambio de Gobierno no tenga que producirse una reforma educativa. «El Gobierno actual, cuando estaba en la oposición, hablaba de pacto y diálogo. Nosotros pedimos hoy ese diálogo y el pacto educativo», añadió, al tiempo que reconoció que les hubiese gustado que contactasen con ellos antes de lanzar la reforma educativa. «A la próxima reunión con el ministerio llevaremos estas inquietudes en materia de la Religión y la concertada, pero también la importancia de las humanidades en este mundo tecnológico», agregó.
Otra de las cuestiones que analizó fue la del IBI, sobre la que dijo que «no es exclusiva de la Iglesia», sino que «afecta a las entidades no lucrativas» en virtud de la Ley de Mecenazgo. «Lo que habría que debatir es si tienen sentido o no esta política de exenciones. Creo que una sociedad tiene derecho a su política fiscal, a recaudar, pero también a promover y recoger de manera indirecta. Porque con la promoción de exenciones se ponen en marcha actividades».
Sobre los abusos, explicó que se ha trabajado en la preparación de la reunión de los presidentes de Conferencias Episcopales en el Vaticano y sobre la renovación de los protocolos. Cuestiones, además, que tienen un lugar importante en la formación de los seminaristas españoles, cuyo plan de formación, la ‘ratio nationalis’, también están estudiando los obispos y que se aprobará en la Plenaria de primavera.
Preguntado sobre el acceso de homosexuales al sacerdocio y sobre si la postura de la Iglesia choca con las leyes LGTBI, defendió el derecho de la Iglesia a seleccionar a sus candidatos. Dijo que se les pide que estén dispuestos a ser célibes, pero también «que se reconozcan y sean enteramente varones y, por tanto, heterosexuales». Sobre las leyes LGTBI, dijo que «muchas incluyen apéndices con diccionarios, pues son tantas las novedades a la hora de conjugar sexo y género...» y criticó que se en la sociedad actual se haya elevado a categoría jurídica el sentimiento. «Solo el sexo sentido puede ser suficiente para algo tan serio como el cambio de sexo, reconociendo siempre el sufrimiento de las personas. Algo parecido sucede con la situación política, pues el sentimiento es la categoría jurídica que puede decantar la configuración de un Estado».
En otro orden de cosas, los obispos han estudiado el proyecto de reforma de la CEE conforme a la ponencia que ha elaborado un equipo de trabajo creado al efecto. Se acordó que la ponencia presentada sirva como documento base para la reforma de los estatutos de la CEE. Se espera que la reestructuración pueda ser aprobada en la próxima plenaria para que el Vaticano pueda darle el visto bueno cuanto antes y ya realizar la renovación de cargos del Episcopado en 2020 con los nuevos estatutos.
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