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Mar Cambrollé: "Las mujeres trans no somos un peligro, estamos en peligro y necesitamos que se apruebe una ley estatal".
La histórica activista Mar Cambrollé (Sevilla, 1957), que el jueves pasado dio una charla en la Casa de Cultura de Zizur, analiza la evolución del colectivo trans en las últimas décadas.
Josu Álvarez de Eulate | Noticias de Navarra, 2022-01-24
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/01/24/mujeres-trans-peligro-peligro-necesitamos/1222087.html
La lucha de Mar Cambrollé (Sevilla, 1957) comenzó hace décadas, cuando no existían las siglas LGTBI y nadie había oído hablar del concepto de transgénero. Era una época en blanco y negro, donde la mera existencia suponía un delito para algunas personas según las leyes de un dictador. En ese momento, Mar Cambrollé recibía palizas en la intimidad del hogar y la prostitución se atisbaba como la única opción cuando salía a la calle. Pero ella siguió soñando con una utopía que, medio siglo después, ha llegado a tocar con los dedos. "Se han cambiado los golpes por abrazos; los niños tristes, por niños sonrientes; las niñas que estaban en las esquinas ejerciendo la prostitución, por niñas que están en las universidades, y esto es para sentirse orgullosa", resume.
Lleva muchos años en la lucha por los derechos del colectivo trans. ¿Cómo ha vivido la evolución desde la época del franquismo hasta ahora?
–Creo que se está dando un fenómeno simultáneo. Estamos viviendo dos realidades que coexisten. Una proviene como heredera de aquellos años oscuros donde personas –entre las que me encuentro por edad– fueron excluidas de sus hogares, tuvieron que abandonar los estudios, vivieron un exilio familiar y tuvieron que ejercer la prostitución de manera forzosa para poder subsistir. Estaban carentes de derechos que aún después de tantos años de democracia no se han concretado como el acceso en igualdad de condiciones a la salud, al mercado laboral o a que haya protocolos en los centros educativos que protejan nuestra identidad. Todo esto falta. Y esta realidad que proviene del blanco y negro convive con otra realidad que no tiene una antigüedad de más de diez años. Ha habido una gran revolución cultural y social en lo que se refiere a la visibilidad y existencia de las personas trans. Ahora, hay una gran generación nueva y gracias al activismo trans hemos conseguido que las familias cambien esas dinámicas que tenían por falta de información y formación. Paralelamente, hay una gran población de personal docente, endocrinos o psicólogos que han modificado sus posturas respecto a las identidades trans. Aunque de forma tardía, la propia postura de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación de Psiquiatría Americana han cambiado. Era algo que las personas trans hemos esperado durante mucho tiempo. Ha sido una losa que nos ha estigmatizado y que ha condicionado nuestras vidas. Que la OMS hiciera una declaración al mundo diciendo que las identidades trans no eran una patología mental ha dibujado un mapa en todo lo que son psicólogos y sexólogos y plantea un modelo de atención donde no tenemos enfrente a una persona enferma, sino que expresa algo que forma parte de la diversidad humana. Yo siempre digo que nosotros no somos una moda o algo contemporáneo. Las personas trans existimos desde que la humanidad existe. Hemos tenido presencia en todos los tiempos, en todas las culturas y las situaciones geográficas. Somos parte de la diversidad humana.
Usted fue una de las pioneras de este movimiento.
–Me siento muy orgullosa por haber participado en las primeras revueltas contra la represión a las disidencias sexuales en general. Me remonto a los años 70, cuando aún estaba vigente la ley que el dictador impuso contra las disidencias sexuales, la Ley de peligrosidad social. Yo participé en la primera manifestación de 1977, que fue multitudinaria pero brutalmente castigada por la policía postfranquista. En 1978 decidimos salir desde todos los lugares donde teníamos presencia y ese mismo año conseguimos que el Gobierno de UCD excluyera los actos de homosexualidad de la Ley de peligrosidad social. En enero de 1979 dejamos oficialmente de ser un delito, de ser un peligro por el hecho de amar o ser diferentes en el Estado español. Después, ya en 2014, abrimos la puerta de la despatologización en España y de que se entendieran las identidades trans como una expresión más de la diversidad humana. Eso se concreta en la ley andaluza de 2014, que fue pionera en España y en Europa y que rápidamente ha sido replicada por distintas comunidades. Leyes que se habían aprobado con anterioridad, como la de Navarra en 2009, tuvieron que ser actualizadas. Se cambió ese concepto patológico que se tenía de las personas trans y que seguía estigmatizándonos y se adaptó a los nuevos conceptos de despatologización y de autodeterminación del género. Actualmente, estos conceptos están regulados en 13 de las 17 Comunidades Autónomas y con dos más que en breve la tendrán: La Rioja y Cataluña. Esto es un grito ensordecedor, firme y contundente hacia el Gobierno central. Es hora de que el Estado cumpla con una deuda histórica que tiene con las personas trans. Se debe aprobar una ley de ámbito estatal para superar el techo competencial que tienen las leyes autonómicas. Por ejemplo, lo que se refiere a los documentos identificativos como el DNI o el pasaporte y a los documentos para las personas migrantes. También son necesarios unos protocolos estándares para que en todos los centros educativos sean protegidas las identidades trans, para que la atención sanitaria sea de cercanía y sin segregación y bajo una perspectiva de apoyo y no de cuestionamiento.
Uno de los aspectos más preocupantes sigue siendo la discriminación laboral.
–Es una situación anacrónica, rancia e inhumana. Podríamos hablar de un ‘apartheid’ laboral que sufrimos las personas trans. Muchas veces se dice que las personas trans tenemos unos altos índices de paro. Pero eso es un concepto muy ‘light’. Hay que hablar de discriminación laboral porque paro es cuando hay igualdad de oportunidades para acceder al trabajo. Las personas trans no viven paro, sino que tienen cerrado el mercado laboral a cal y canto. Es una obligación del Estado hacer políticas públicas que permitan la empleabilidad de las personas trans y con medidas concretas. Queremos medidas específicas como pueden ser rebajas fiscales para las empresas públicas que contraten a personas trans, que las empresas que subcontrate la administración sean aquellas que en sus planes de empresa tengan la inclusión de personas trans o, como en Argentina, hacer una reserva para personas trans en el empleo público. Esta reserva tiene que ir de acuerdo a la cualificación profesional de las personas trans. Nosotras no pedimos que una persona tras entre de secretaria si no sabe manejar un ordenador. Hablamos de igualdad de condiciones. Son cuestiones concretas y que son una deuda porque, en tantos años de democracia, no ha habido ningún plan de empleo estatal para superar este ‘apartheid’ laboral. Creo que mi generación ha pagado con creces el peaje de ser expulsadas a una esquina a ejercer la prostitución para que hoy las personas trans tengan las mismas oportunidades que el resto. Sin ser ningún mérito de la Administración, hoy podemos afirmar con rotundidad que más del 80% de las jóvenes trans están en las universidades y no están en las esquinas. Esto es una conquista que ha hecho el movimiento trans.
La ley trans lleva en proceso de tramitación desde junio del año pasado. ¿En qué punto se encuentra?
–Mucha gente recordará las grandes movilizaciones que tuvimos en 2021 para poder desbloquear la ley en la que habíamos estado trabajando con el Ministerio de Igualdad en una mesa de trabajo que duró seis meses y que fue una burla a todas las organizaciones que nos habíamos sentado. El socio mayoritario, el PSOE, tiró ese proyecto de ley que había salido del trabajo de las activistas. Lo fundió en un único texto que se llama ley trans y de derechos LGTBI, cuando nosotros apostábamos por una ley específica porque las discriminaciones que sufren las personas trans son específicas. Aunque somos parte del colectivo LGTBI, tenemos realidades y necesidades distintas. Aun así, pasamos por el aro apretando los dientes y pensando que era mejor tener un texto que nada. Enseguida vimos que era un texto insuficiente. Nuestra propuesta de ley tenía 42 folios y el anteproyecto que salió del consejo de ministros dedica solo tres páginas. Creo que los recortes son más que evidentes. Hace menos de un mes, volvimos a iniciar una ronda con todos los grupos políticos que nos dieron apoyo. Hay que recordar que registramos el texto como una proposición de ley, no como un proyecto de ley, pero que fue tumbado el 18 de mayo en el Congreso con la abstención del PSOE, que hizo posible el triunfo de la ultraderecha e imposibilitó que la ley iniciara su trámite. Por primera vez en la historia, el PSOE fue expulsado del Día del Orgullo de Madrid. El PSOE se vio obligado a hacer alguna operación maquillaje como quitar del medio a Carmen Calvo, que se había opuesto a la ley rozando el discurso de odio. Llego a decir que las personas trans podíamos ser un peligro para 47 millones de españoles. Nos puso en la diana. Ahora, estamos alarmadas porque vemos que el Gobierno incumple su propia ley de gobierno. La ley 50/1997 dice que una vez se ha aprobado el trámite de una ley, que es lo que hizo el 29 de junio, se acota el tiempo para recoger los informes preceptivos a diez días si provienen de los ministerios y a un mes si son de otros órganos. Llevamos más de seis meses. El Gobierno incumple de nuevo sus plazos dilatando la tramitación de la ley. Además, podría tramitarla con urgencia teniendo en cuenta la necesidad social que hay. Ha habido un aumento de las agresiones físicas a nuestro colectivo de un 40% a causa de los discursos de odio de la ultraderecha. ¿A qué está esperando este Gobierno?
¿Cuál es la mejor vacuna contra el discurso de odio de la extrema derecha?
–El mejor antídoto para frenar el discurso de odio es dar urgencia a una ley que viene por un lado a materializar y a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas trans y, además, a reparar una deuda histórica que el Estado tiene con las personas trans. Este Estado, por acción u omisión, ha ejercido una violencia brutal contra las personas trans al menoscabar derechos básicos como el derecho al empleo o al habernos tratado como enfermos y enfermas mentales atacando nuestra dignidad. Es urgente también proteger a las infancias trans. La sociedad debe entender que, cuando un niño o niña manifiesta una identidad distinta a la designada al nacer y en su familia no se lo permiten, es también un maltrato que debería estar equiparado al maltrato físico. Hay hematomas y cardenales que no dejan huella, pero que se sienten internamente y que dejan secuelas de por vida. Es un atentado y una falta de responsabilidad que las infancias trans no estén protegidas por el Estado, haciendo prevalecer en todo momento el interés superior del menor.
En los últimos años ha habido un cambio en la percepción de los menores trans por gran parte de la sociedad y se han creado Asociaciones de Familias trans.
–Sí. En los últimos diez años, hemos impulsado estas condiciones para que las familias se organizaran. Creo que es una lección que está recibiendo la sociedad y que es muy importante para que otras familias puedan seguir el ejemplo. No hacer como aquellas familias que nos ponían la maleta en la puerta de la calle para que nos fuéramos. Es ese cambio a padres y madres que no solamente aman y apoyan a sus hijos y a sus hijas, sino que al mismo tiempo luchan activamente para que tengan los mismos derechos. Es algo más de lo que ha ido cambiando en la mentalidad social y cultural de este país. Por eso es también inexplicable que los políticos no tomen el guante de estas familias y de la propia sociedad española para que las personas trans no sean tratadas de una manera desigual. No puede haber justicia social si un sector de la población vive en desigualdad.
¿Qué ocurre en las redes sociales, donde se da una explosión de violencia?
–Es un grave problema que hemos estado tratando con el Ministerio del Interior. Y aquí es lo mismo, mucho bla bla bla pero sin compromisos reales. Se ha firmado un protocolo con redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram porque no pueden ser el vehículo por el que circulen los discursos de odio de manera impune. Sin embargo, parece que miramos hacia otro lado porque no queremos molestar a estos grandes monopolios. En Alemania, por ejemplo, se sanciona a Twitter si deja circular discursos de odio. Las activistas estamos hartas de denunciar cuentas y tweets y Twitter nos dice que esos comentarios no infringen las normas. Nosotras no queremos castigar la libertad de expresión –que en este tema hay mucha demagogia y manipulación–, pero lo que no es lícito es la dejación, la humillación o la equiparación del delito a personas. No se puede decir que las personas trans somos pederastas, pedófilas o que somos tíos con peluca porque eso entra en la dejación y la humillación pública. El ataque a la dignidad de cualquier persona es el límite a la libertad de expresión. Se está diciendo que las mujeres trans somos presuntamente peligrosas y violadoras en las cárceles de mujeres, cuando instituciones penitenciarias lo autorizó en 2006 porque hasta entonces podíamos ser violadas hasta ocho veces en un centro de hombres. Las mujeres trans no somos un peligro, estamos en peligro. No podemos permitir la libre circulación del discurso de odio porque es la antesala de las agresiones por odio.
Después de casi 50 años luchando por los derechos trans, ¿se siente orgullosa de lo que se ha logrado?
–Estoy muy orgullosa aun sabiendo que nos queda un camino por delante. Estamos en el meridiano cercano a la igualdad de los derechos de las personas trans y me llena de honor. Cuando tenía 6 años, me dio la primera paliza mi padre. Y hoy, se han cambiado las palizas por abrazos; los niños tristes, por niños sonrientes; las niñas que estaban en las esquinas ejerciendo la prostitución, por niñas que están en las universidades, y esto es para sentirse orgullosa. Parte de la utopía sí que la toqué con la mano y creo que más pronto que tarde y por la fuerza que hoy tiene el colectivo trans organizado, esta demanda de una ley estatal está más cerca que lejos.
¿Cuál es su deseo para este 2022?
–Este año tiene que aprobarse esta ley. Si antes del Día del Orgullo de este año no tenemos la ley aprobada, se va a desatar la furia trans. Y no hablo de una furia que tenga relación con la violencia, sino de una furia trans que ha perdido el miedo con el que crecimos y que nos quisieron infundir. Hoy nos levantamos con dignidad para exigir derechos y no tenemos nada que perder. Lo único que tenemos que perder son las cadenas que nos han atado a la desigualdad social.
Lleva muchos años en la lucha por los derechos del colectivo trans. ¿Cómo ha vivido la evolución desde la época del franquismo hasta ahora?
–Creo que se está dando un fenómeno simultáneo. Estamos viviendo dos realidades que coexisten. Una proviene como heredera de aquellos años oscuros donde personas –entre las que me encuentro por edad– fueron excluidas de sus hogares, tuvieron que abandonar los estudios, vivieron un exilio familiar y tuvieron que ejercer la prostitución de manera forzosa para poder subsistir. Estaban carentes de derechos que aún después de tantos años de democracia no se han concretado como el acceso en igualdad de condiciones a la salud, al mercado laboral o a que haya protocolos en los centros educativos que protejan nuestra identidad. Todo esto falta. Y esta realidad que proviene del blanco y negro convive con otra realidad que no tiene una antigüedad de más de diez años. Ha habido una gran revolución cultural y social en lo que se refiere a la visibilidad y existencia de las personas trans. Ahora, hay una gran generación nueva y gracias al activismo trans hemos conseguido que las familias cambien esas dinámicas que tenían por falta de información y formación. Paralelamente, hay una gran población de personal docente, endocrinos o psicólogos que han modificado sus posturas respecto a las identidades trans. Aunque de forma tardía, la propia postura de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación de Psiquiatría Americana han cambiado. Era algo que las personas trans hemos esperado durante mucho tiempo. Ha sido una losa que nos ha estigmatizado y que ha condicionado nuestras vidas. Que la OMS hiciera una declaración al mundo diciendo que las identidades trans no eran una patología mental ha dibujado un mapa en todo lo que son psicólogos y sexólogos y plantea un modelo de atención donde no tenemos enfrente a una persona enferma, sino que expresa algo que forma parte de la diversidad humana. Yo siempre digo que nosotros no somos una moda o algo contemporáneo. Las personas trans existimos desde que la humanidad existe. Hemos tenido presencia en todos los tiempos, en todas las culturas y las situaciones geográficas. Somos parte de la diversidad humana.
Usted fue una de las pioneras de este movimiento.
–Me siento muy orgullosa por haber participado en las primeras revueltas contra la represión a las disidencias sexuales en general. Me remonto a los años 70, cuando aún estaba vigente la ley que el dictador impuso contra las disidencias sexuales, la Ley de peligrosidad social. Yo participé en la primera manifestación de 1977, que fue multitudinaria pero brutalmente castigada por la policía postfranquista. En 1978 decidimos salir desde todos los lugares donde teníamos presencia y ese mismo año conseguimos que el Gobierno de UCD excluyera los actos de homosexualidad de la Ley de peligrosidad social. En enero de 1979 dejamos oficialmente de ser un delito, de ser un peligro por el hecho de amar o ser diferentes en el Estado español. Después, ya en 2014, abrimos la puerta de la despatologización en España y de que se entendieran las identidades trans como una expresión más de la diversidad humana. Eso se concreta en la ley andaluza de 2014, que fue pionera en España y en Europa y que rápidamente ha sido replicada por distintas comunidades. Leyes que se habían aprobado con anterioridad, como la de Navarra en 2009, tuvieron que ser actualizadas. Se cambió ese concepto patológico que se tenía de las personas trans y que seguía estigmatizándonos y se adaptó a los nuevos conceptos de despatologización y de autodeterminación del género. Actualmente, estos conceptos están regulados en 13 de las 17 Comunidades Autónomas y con dos más que en breve la tendrán: La Rioja y Cataluña. Esto es un grito ensordecedor, firme y contundente hacia el Gobierno central. Es hora de que el Estado cumpla con una deuda histórica que tiene con las personas trans. Se debe aprobar una ley de ámbito estatal para superar el techo competencial que tienen las leyes autonómicas. Por ejemplo, lo que se refiere a los documentos identificativos como el DNI o el pasaporte y a los documentos para las personas migrantes. También son necesarios unos protocolos estándares para que en todos los centros educativos sean protegidas las identidades trans, para que la atención sanitaria sea de cercanía y sin segregación y bajo una perspectiva de apoyo y no de cuestionamiento.
Uno de los aspectos más preocupantes sigue siendo la discriminación laboral.
–Es una situación anacrónica, rancia e inhumana. Podríamos hablar de un ‘apartheid’ laboral que sufrimos las personas trans. Muchas veces se dice que las personas trans tenemos unos altos índices de paro. Pero eso es un concepto muy ‘light’. Hay que hablar de discriminación laboral porque paro es cuando hay igualdad de oportunidades para acceder al trabajo. Las personas trans no viven paro, sino que tienen cerrado el mercado laboral a cal y canto. Es una obligación del Estado hacer políticas públicas que permitan la empleabilidad de las personas trans y con medidas concretas. Queremos medidas específicas como pueden ser rebajas fiscales para las empresas públicas que contraten a personas trans, que las empresas que subcontrate la administración sean aquellas que en sus planes de empresa tengan la inclusión de personas trans o, como en Argentina, hacer una reserva para personas trans en el empleo público. Esta reserva tiene que ir de acuerdo a la cualificación profesional de las personas trans. Nosotras no pedimos que una persona tras entre de secretaria si no sabe manejar un ordenador. Hablamos de igualdad de condiciones. Son cuestiones concretas y que son una deuda porque, en tantos años de democracia, no ha habido ningún plan de empleo estatal para superar este ‘apartheid’ laboral. Creo que mi generación ha pagado con creces el peaje de ser expulsadas a una esquina a ejercer la prostitución para que hoy las personas trans tengan las mismas oportunidades que el resto. Sin ser ningún mérito de la Administración, hoy podemos afirmar con rotundidad que más del 80% de las jóvenes trans están en las universidades y no están en las esquinas. Esto es una conquista que ha hecho el movimiento trans.
La ley trans lleva en proceso de tramitación desde junio del año pasado. ¿En qué punto se encuentra?
–Mucha gente recordará las grandes movilizaciones que tuvimos en 2021 para poder desbloquear la ley en la que habíamos estado trabajando con el Ministerio de Igualdad en una mesa de trabajo que duró seis meses y que fue una burla a todas las organizaciones que nos habíamos sentado. El socio mayoritario, el PSOE, tiró ese proyecto de ley que había salido del trabajo de las activistas. Lo fundió en un único texto que se llama ley trans y de derechos LGTBI, cuando nosotros apostábamos por una ley específica porque las discriminaciones que sufren las personas trans son específicas. Aunque somos parte del colectivo LGTBI, tenemos realidades y necesidades distintas. Aun así, pasamos por el aro apretando los dientes y pensando que era mejor tener un texto que nada. Enseguida vimos que era un texto insuficiente. Nuestra propuesta de ley tenía 42 folios y el anteproyecto que salió del consejo de ministros dedica solo tres páginas. Creo que los recortes son más que evidentes. Hace menos de un mes, volvimos a iniciar una ronda con todos los grupos políticos que nos dieron apoyo. Hay que recordar que registramos el texto como una proposición de ley, no como un proyecto de ley, pero que fue tumbado el 18 de mayo en el Congreso con la abstención del PSOE, que hizo posible el triunfo de la ultraderecha e imposibilitó que la ley iniciara su trámite. Por primera vez en la historia, el PSOE fue expulsado del Día del Orgullo de Madrid. El PSOE se vio obligado a hacer alguna operación maquillaje como quitar del medio a Carmen Calvo, que se había opuesto a la ley rozando el discurso de odio. Llego a decir que las personas trans podíamos ser un peligro para 47 millones de españoles. Nos puso en la diana. Ahora, estamos alarmadas porque vemos que el Gobierno incumple su propia ley de gobierno. La ley 50/1997 dice que una vez se ha aprobado el trámite de una ley, que es lo que hizo el 29 de junio, se acota el tiempo para recoger los informes preceptivos a diez días si provienen de los ministerios y a un mes si son de otros órganos. Llevamos más de seis meses. El Gobierno incumple de nuevo sus plazos dilatando la tramitación de la ley. Además, podría tramitarla con urgencia teniendo en cuenta la necesidad social que hay. Ha habido un aumento de las agresiones físicas a nuestro colectivo de un 40% a causa de los discursos de odio de la ultraderecha. ¿A qué está esperando este Gobierno?
¿Cuál es la mejor vacuna contra el discurso de odio de la extrema derecha?
–El mejor antídoto para frenar el discurso de odio es dar urgencia a una ley que viene por un lado a materializar y a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas trans y, además, a reparar una deuda histórica que el Estado tiene con las personas trans. Este Estado, por acción u omisión, ha ejercido una violencia brutal contra las personas trans al menoscabar derechos básicos como el derecho al empleo o al habernos tratado como enfermos y enfermas mentales atacando nuestra dignidad. Es urgente también proteger a las infancias trans. La sociedad debe entender que, cuando un niño o niña manifiesta una identidad distinta a la designada al nacer y en su familia no se lo permiten, es también un maltrato que debería estar equiparado al maltrato físico. Hay hematomas y cardenales que no dejan huella, pero que se sienten internamente y que dejan secuelas de por vida. Es un atentado y una falta de responsabilidad que las infancias trans no estén protegidas por el Estado, haciendo prevalecer en todo momento el interés superior del menor.
En los últimos años ha habido un cambio en la percepción de los menores trans por gran parte de la sociedad y se han creado Asociaciones de Familias trans.
–Sí. En los últimos diez años, hemos impulsado estas condiciones para que las familias se organizaran. Creo que es una lección que está recibiendo la sociedad y que es muy importante para que otras familias puedan seguir el ejemplo. No hacer como aquellas familias que nos ponían la maleta en la puerta de la calle para que nos fuéramos. Es ese cambio a padres y madres que no solamente aman y apoyan a sus hijos y a sus hijas, sino que al mismo tiempo luchan activamente para que tengan los mismos derechos. Es algo más de lo que ha ido cambiando en la mentalidad social y cultural de este país. Por eso es también inexplicable que los políticos no tomen el guante de estas familias y de la propia sociedad española para que las personas trans no sean tratadas de una manera desigual. No puede haber justicia social si un sector de la población vive en desigualdad.
¿Qué ocurre en las redes sociales, donde se da una explosión de violencia?
–Es un grave problema que hemos estado tratando con el Ministerio del Interior. Y aquí es lo mismo, mucho bla bla bla pero sin compromisos reales. Se ha firmado un protocolo con redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram porque no pueden ser el vehículo por el que circulen los discursos de odio de manera impune. Sin embargo, parece que miramos hacia otro lado porque no queremos molestar a estos grandes monopolios. En Alemania, por ejemplo, se sanciona a Twitter si deja circular discursos de odio. Las activistas estamos hartas de denunciar cuentas y tweets y Twitter nos dice que esos comentarios no infringen las normas. Nosotras no queremos castigar la libertad de expresión –que en este tema hay mucha demagogia y manipulación–, pero lo que no es lícito es la dejación, la humillación o la equiparación del delito a personas. No se puede decir que las personas trans somos pederastas, pedófilas o que somos tíos con peluca porque eso entra en la dejación y la humillación pública. El ataque a la dignidad de cualquier persona es el límite a la libertad de expresión. Se está diciendo que las mujeres trans somos presuntamente peligrosas y violadoras en las cárceles de mujeres, cuando instituciones penitenciarias lo autorizó en 2006 porque hasta entonces podíamos ser violadas hasta ocho veces en un centro de hombres. Las mujeres trans no somos un peligro, estamos en peligro. No podemos permitir la libre circulación del discurso de odio porque es la antesala de las agresiones por odio.
Después de casi 50 años luchando por los derechos trans, ¿se siente orgullosa de lo que se ha logrado?
–Estoy muy orgullosa aun sabiendo que nos queda un camino por delante. Estamos en el meridiano cercano a la igualdad de los derechos de las personas trans y me llena de honor. Cuando tenía 6 años, me dio la primera paliza mi padre. Y hoy, se han cambiado las palizas por abrazos; los niños tristes, por niños sonrientes; las niñas que estaban en las esquinas ejerciendo la prostitución, por niñas que están en las universidades, y esto es para sentirse orgullosa. Parte de la utopía sí que la toqué con la mano y creo que más pronto que tarde y por la fuerza que hoy tiene el colectivo trans organizado, esta demanda de una ley estatal está más cerca que lejos.
¿Cuál es su deseo para este 2022?
–Este año tiene que aprobarse esta ley. Si antes del Día del Orgullo de este año no tenemos la ley aprobada, se va a desatar la furia trans. Y no hablo de una furia que tenga relación con la violencia, sino de una furia trans que ha perdido el miedo con el que crecimos y que nos quisieron infundir. Hoy nos levantamos con dignidad para exigir derechos y no tenemos nada que perder. Lo único que tenemos que perder son las cadenas que nos han atado a la desigualdad social.
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