#hemeroteca #lgtbifobia #ideologiadeodio | La jueza de Castellón que pide secuestrar libros LGTBI consintió contra criterio médico una pseudoterapia para la COVID

El Diario / Los libros LGTBI censurados por Carola //

La jueza de Castellón que pide secuestrar libros LGTBI consintió contra criterio médico una pseudoterapia para la COVID.
La vicepresidenta Mónica Oltra desafía a la magistrada y recomienda los libros retirados cautelarmente de los centros docentes de Castellón.
El Diario, 2021-10-15
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/jueza-castellon-pide-secuestrar-libros-lgtbi-consintio-criterio-medico-pseudoterapia-covid_1_8400781.html 

La magistrada Carola Soria Piquer tiene el gatillo fácil en materia de medidas cautelarísimas. La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha ordenado al consistorio de la capital de La Plana retirar libros de temática LGTBI de los centros docentes tras un recurso de 'Abogados cristianos', presentado este mismo viernes. La ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa permite al juez adoptar medidas cautelares, sin escuchar a la otra parte, cuando concurran circunstancias de especial urgencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la drástica medida sólo puede adoptarse en casos excepcionales cuya extrema urgencia quede claramente acreditada.

Así, la jueza ha estimado conveniente admitir el recurso de la organización ultraconservadora para secuestrar varios lotes de libros de temática LGTBI destinados por el Ayuntamiento de Castellón a los centros docentes de la ciudad. La campaña municipal pretende aportar herramientas a alumnos y docentes contra la homofobia. 'Abogados cristianos' defiende que las obras contienen ofensas religiosas; al parecer son "libros de ideología de género". La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón señala en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es que "concurren las circunstancias de urgencia" para proceder a la retirada de los libros, aunque advierte: "sin que ello suponga en modo alguno una anticipación del fallo".

Algo similar pasó con la última (y polémica) cautelarísima que dictó la magistrada. Carola Soria Piquer, en un auto del pasado 13 de agosto, estimó la medida solicitada por la familia de un paciente ingresado por COVID-19 en el Hospital de La Plana (Vila-real) para que fuera tratado con ozonoterapia. Una decisión que sublevó a los profesionales de la medicina (los facultativos de las UCI de los hospitales valencianos advirtieron de que esa técnica no estaba autorizada en pacientes con coronavirus) e incluso a la Conselleria de Sanitat, que amenazó con denunciar a la familia del paciente.

Apenas dos semanas más tarde, otro juez levantaba la medida cautelar. Durante ese tiempo, la comunidad médica interpretó la decisión de la magistrada como una suerte de injerencia en el terreno científico. Los facultativos y especialistas alertaron de que la resolución suponía una puerta de entrada a las pseudoterapias en el sistema de salud público.

Medida urgente para que no llegue a los "alumnos menores"
La última cautelarísima dictada por la magistrada Carola Soria Piquer ha sido de este viernes, con no menos polémica que la anterior. Pocas horas después de que la letrada de 'Abogados cristianos', Polonia Castellanos, interpusiera el recurso, la magistrada ha dictado el auto. El grupo ultraconservador defiende que la entrega de los lotes de libros a los centros docentes vulnera derechos fundamentales, "incluye contenido sexualmente explícito" y comete un "constante escarnio de las religiones".

La jueza señala en el auto que "si bien es cierto que los libros ya han sido entregados" en los centros educativos, "la urgencia radica" en que en el "lapso de tiempo" que supone la tramitación ordinaria de la medida cautelar (y no la urgente), los libros podrían ponerse "a disposición de los alumnos menores de edad a quienes van dirigidos".

El Ayuntamiento de Castellón, dirigido por la socialista Amparo Marco, ya ha anunciado que presentará alegaciones contra la insólita medida. "Nos hemos quedado perplejos frente a esta decisión", ha declarado la edil de Cultura, Feminismo y LGTBI, Verònica Ruiz, de Compromís. El síndico de la coalición en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha tachado la resolución judicial de "inadmisible".

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha recomendado en Twitter echar una ojeada a los libros secuestrados cautelarmente, "disfrutar de ellos y recomendarlos".

Se avecina un efecto Streisand de manual. El último libro secuestrado por un juez ('Fariña', del periodista Nacho Carretero) disparó sus ventas.

#hemeroteca #universidades #censura | La Universidad de Alicante rectifica y anula el borrado del ‘caso Miguel Hernández’

Imagen: El País / Orihuela, Alicante

La Universidad de Alicante rectifica y anula el borrado del ‘caso Miguel Hernández’.
La entidad académica considera que la función de Baena Tocón, secretario judicial de la condena a muerte del poeta, es de interés público.
Rafa Burgos / Ferran Bono | El País, 2019-07-30
https://elpais.com/cultura/2019/07/30/actualidad/1564470499_620159.html

La Universidad de Alicante (UA) ha anulado la decisión de su Gerencia por la que había acordado suprimir el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, secretario judicial que participó en el proceso que condenó a muerte a Miguel Hernández, de varios textos firmados por el catedrático de Literatura de la entidad académica Juan Antonio Ríos. En la resolución al recurso de alzada presentado por Ríos, la UA considera que las funciones desempeñadas por Baena Tocón, al ser públicas, “son de interés público”, por lo que “la publicación de su nombre no es contraria a la normativa de protección de datos de carácter personal”.

Un informe del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento, encargado por el rectorado para esta resolución, concluye que los textos de Ríos revisten “el carácter de ser un trabajo de investigación científica o histórica” y que “su difusión e impacto forman parte del proceso investigador ordinario”. Además, considera que la publicación de obras de este tipo en “repositorios institucionales de universidades y centros de investigación” se considera “un índice de calidad de la difusión científica y una extensión de contenido digital de la investigación misma”. Por tanto, la eliminación de cualquier nombre o apellidos en los metadatos (los datos de búsqueda en Internet) puede “afectar al impacto digital de la investigación”.

Estos metadatos eran el epicentro de la decisión inicial tomada por la UA. Tal como adelantó El País el pasado mes de junio, el nombre de Baena Tocón había sido suprimido, [desindexado] del repositorio de la UA (RUA) y sustituido por sus iniciales completas ALBT, a petición del hijo del secretario judicial franquista, que apelaba a la ley de protección de datos personales y al derecho al olvido digital.

Tras la fuerte polémica desencadenada ante esta medida, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, señaló que se había tomado la decisión por cautela y que todo quedaba pendiente del estudio que iba a realizar la UA tras el recurso de alzada presentado por Ríos. Para el rector, la clave estaba en estos metadatos, de los que aseguró que iban a tratar de incluir como parte de la obra investigadora en sí misma, para que no estuvieran afectados por la normativa de protección de datos.

La UA se enfrentaba a “derechos y leyes novedosas que deben ser objeto de debate en una universidad”, ha ratificado Palomar esta mañana. Se refería a la prevalencia de los hechos históricos sobre la protección de datos. Un informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el punto de apoyo que la entidad académica alicantina ha encontrado para dar marcha atrás a su determinación inicial. “Las nuevas circunstancias” subrayadas en este texto, utilizado para resolver el recurso de alzada, “indican que la publicación de datos personales no es contraria al derecho de la protección de datos”.

Tres son los puntos que han cimentado el golpe de timón de la UA. El primero, que la AEPD certifica que las obras afectadas tenían “fines de investigación científica o histórica”. El segundo, que Baena Tocón debe ser considerado “autoridad pública”, ya que en el consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández ejerció como funcionario público. Y tercero, el “concepto de investigación en un sentido amplio”. Es decir, que “los metadatos utilizados en los buscadores forman parte de la investigación” y, por tanto, pueden estar, como el resto de la obra, a disposición de cualquiera que los busque.

De esta forma, el dictamen del campus alicantino considera que “toda la fundamentación expuesta” en los diferentes estudios realizados por el gabinete jurídico de la UA “desvirtúa las alegaciones presentadas” por el hijo de Baena Tocón, con lo que el rectorado ha resuelto, finalmente, “anular la resolución de la gerencia de 12 de junio de 2019 y, en consecuencia, la medida acordada de desindexación de la publicación en el RUA ‘El caso Diego San José y el Juez Humorista’”, la obra de Ríos afectada por esta decisión. En los buscadores de Internet de la UA volverán a aparecer “los nombres y apellidos de la persona a que se refiere la mencionada resolución”.

El dictamen de la entidad académica alicantina, contra el que cabe recurso por vías judiciales fuera del ámbito universitario, da traslado también a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, perteneciente a la UA, “para su conocimiento y efectos que puedan resultar procedentes”. Es decir, para que el nombre de Baena Tocón pueda volver a aparecer en los índices de búsqueda por Internet, al alcance de cualquier investigador o interesado, una vez que Ríos dé su consentimiento para que su texto vuelva al RUA.

“Creo que ha sido un error. Los errores se corrigen y punto”
El profesor afectado, Juan Antonio Ríos, celebra que se haya vuelto “al sentido común”. “Menos mal que se ha rectificado”, sostiene, “porque la decisión de la universidad” de suprimir nombres en textos históricos “limitaba” su trabajo como investigador. “Creo que se ha cometido un error y los errores se corrigen, y punto”, manifiesta. Ríos, que tras la resolución inicial de la gerencia de la UA solicitó eliminar el artículo del RUA, pedirá que se vuelva a publicar “en septiembre”. “Es una tarea de cinco minutos, pero en agosto no puedo hacerla”.

“Lo que salió en junio”, el artículo de El País en el que se puso de manifiesto la medida de la UA, “escandalizó a todo el colectivo de investigadores, historiadores y archiveros”, recalca Ríos, que confiesa que aún sigue “estupefacto” por la iniciativa de la UA. “Ni siquiera hubo polémica, sino una condena unánime” por parte de todos los ámbitos académicos. “Aparecieron más de 50 artículos en prensa y en ninguno se defendió la decisión de la universidad”. Una vez que regrese la actividad al campus de San Vicente, este catedrático de Literatura continuará su labor investigadora. “Es mi trabajo y seguiré haciéndolo”, zanja Ríos.

Y TAMBIÉN…
La Universidad de Alicante se retracta del borrado de un responsable de los informes de la condena de Miguel Hernández.
La institución rectifica la evaporación del nombre del alférez implicado Antonio Luis Baena Tocón tras el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos. La Agencia ha explicado que, al ser Baena Tocón una autoridad, "la información es de interés público". El catedrático afectado por el borrado afirma sentirse satisfecho: ha sido "un error que ha pasado a la historia y se ha podido rectificar".
Fernando Barrio García | El Diario, 2019-07-30
https://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Alicante-retrocede-Miguel-Hernandez_0_926007552.html

#hemeroteca #cofradias #justicia | El joven que puso su cara en un Cristo: “A ver si se enteran de que estamos en el siglo XXI”

Imagen: El País / Versión del Cristo Despojado de Jolly Roger en Twitter

El joven que puso su cara en un Cristo: “A ver si se enteran de que estamos en el siglo XXI”.
La foto solo ha viralizado después de que la cofradía de Jaén le denunciara.
Jaime Rubio Hancock | Verne, El País, 2018-02-08
https://verne.elpais.com/verne/2018/02/08/articulo/1518088372_998650.html

Daniel Serrano asegura que nunca tuvo intención de mofarse de la cofradía de la Hermandad de la Amargura, en Jaén, cuando publicó en Instagram un montaje en el que ponía su propia cara en la del Cristo Despojado. De hecho, uno de los amigos con los que estaba en ese momento era miembro de esta cofradía: “Se rió. Fue uno de los que me dijo que la subiera”, cuenta a Verne por teléfono Serrano, a quien seguían unas 500 personas en esta red social.

Pero a la Junta de Gobierno de la Hermandad sí le disgustó la imagen. Tanto que, después de que se publicara en abril de 2016, llevó el caso a los tribunales. El 7 de febrero se hizo pública la sentencia: Serrano, de 24 años, tendrá que pagar una multa de 480 euros por un delito contra los sentimientos religiosos, tras declararse culpable siguiendo el consejo de su abogada.

Podría parecer que a la cofradía le ha salido bien: el tribunal le ha dado la razón y el joven ahora tiene su cuenta de Instagram en modo privado. Salvo que la denuncia también ha logrado que el fotomontaje se haya difundido tanto que ha aparecido en centenares de tuits y en las páginas de los diarios.

Se trata de un nuevo ejemplo del efecto Streisand: en 2003, Barbra Streisand denunció a una web para que retirase una foto aérea de su casa en California y consiguió justo lo contrario, que la imagen se convirtiera en viral, dando nombre a un efecto clásico en internet.

De hecho, cuando Serrano lo publicó, el montaje no se compartió tanto como ahora. El joven explica que la publicación “se vio bastante. Me tiré 5 días sin entrar en Instagram y cuando volví a conectarme tenía 200 o 300 me gusta”. 300 es una buena cifra para una cuenta de unos 500 seguidores, pero difícilmente se puede decir que tuviera una difusión masiva. Ahora mismo es fácil encontrar tuits que critican la sentencia y comparten el montaje, además de las publicaciones que han recogido la noticia.

Y no es la primera vez: ya pasó en junio, cuando se supo que el joven iría a juicio. Entonces Serrano había borrado la publicación, pero volvió a subirla poco después, nos explica, haciendo referencia a cómo había salido en los medios.

Montajes solidarizándose con Serrano
Serrano comenta que no ha entrado en redes estos días, aunque imagina que la respuesta “será como la otra vez”. En esta ocasión hay un añadido: hay tuiteros que están poniendo su propia cara en el Cristo. Cuando le comentamos esta reacción, se alegra: “Cuanto más grande sea, mejor. A ver si se enteran de que estamos en el siglo XXI”. Uno de los que lo ha hecho es Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional.

Hay muchos casos similares. Encontramos otro ejemplo reciente en el caso de Cassandra Vera, condenada a dos años de prisión por 13 tuits con chistes sobre Carrero Blanco. Estos tuits apenas se compartieron cuando los publicó, pero tras la noticia del juicio no solo se reprodujeron en medios de comunicación, sino que muchos tuiteros decidieron hacer chistes más o menos velados a costa del militar y político franquista asesinado por ETA.

La cofradía ha publicado un comunicado en su cuenta de Twitter, explicando que antes de acudir a la justicia pidieron a Serrano que borrase la foto. “Ellos me decían que era porque tenían el copyright de la imagen -explica el joven-, pero en el juicio no dijeron nada de eso”. Verne se ha puesto en contacto con la cofradía, que ha preferido no responder.

La reacción en Twitter a su comunicado también muestra el alcance del efecto Streisand: su tuit suma más de un centenar de respuestas, muchas de ellas con montajes.