#hemeroteca #pederastia #iglesia #transfobia | Hipocresía

Munilla entra en Orihuela a lomos de una mula blanca, 2022-02-13 //

Hipocresía
La pederastia clerical, cuyos casos suelen ser a veces bastante remotos, tiene gran resonancia en los medios que no quieren hablar de abusos más recientes
Fernando Savater | El País, 2023-11-04 *** [MyNews]
https://elpais.com/opinion/2023-11-04/hipocresia.html

Los soldados del fuerte otean la llanura muy inquietos. Con la mano como visera sobre los ojos, el sargento demuestra vista de lince. “¡Mi capitán, vienen 1.005 indios!”. “¿Estás seguro?”. “Bueno, delante vienen cinco y luego unos mil...”. Este tipo de cálculo es parecido al de los casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos que ha establecido el Defensor del Pueblo. Parece que se documentan unos 400 y luego, aplicando el embeleco de la estadística, otros 400.000. Pues a lo mejor, vaya usted a saber. A mí, perdonen la franqueza, me quita menos el sueño que a Sánchez dormir con Pablo Iglesias. Seguro que ha habido magreos indebidos en colegios religiosos, en institutos laicos, en consultas médicas, en gimnasios, en probadores de grandes almacenes, en la mili y sus derivados, en la sala de espera de dentistas, en transportes públicos, en familia... Algunas víctimas cayeron en manos de auténticos maníacos (seguro que menos de medio millón) y han sufrido dolorosos traumas que les han marcado para toda la vida. Otros pasaron por el trance de modo distinto: algunos lo cuentan años después con su mezcla de sorpresa y susto. Guardan el recuerdo de algo que les repugnó, pero no les traumatizó. Los que fuimos feos de pequeños nunca pasamos por ahí...

La pederastia clerical, cuyos casos suelen ser a veces bastante remotos, tiene gran resonancia en los medios que no quieren hablar de abusos más recientes (la contagiosa moda de metamorfosis trans entre niños, por ejemplo). Y por el escándalo de que sean los que alardean de mayor moralidad quienes dan peor ejemplo. Justo como la izquierda, por cierto: ellos, tan demócratas, promulgan una amnistía que se cisca en los derechos de 47 millones y medio de españoles. El mayor abuso.

#hemeroteca #homofobia | Ayuso no sanciona las terapias para ‘curar’ la homosexualidad del Obispado de Alcalá

El Diario / Isabel Díaz Ayuso (d) en una sesión de terapia //

Ayuso no sanciona las terapias para ‘curar’ la homosexualidad del Obispado de Alcalá.
El Defensor del Pueblo recoge el fin de las actuaciones tras comunicar el Gobierno de la Comunidad de Madrid que “no considera posible abrir un procedimiento sancionador”, a pesar de que estas actividades son ilegales, con el argumento de que las pruebas “el derecho a la intimidad”.
Agustín Millán | Diario16, 2022-04-20
https://diario16.com/ayuso-no-sanciona-las-terapias-para-curar-la-homosexualidad-del-obispado-de-alcala/

La Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia prohíbe las pseudoterapias para «curar» la homosexualidad. Sin embargo, desde el Obispado de Alcalá de Henares se han venido celebrando «cursos» para tal fin de la mano de una supuesta terapeuta que no estaba ni colegiada.

El Defensor del Pueblo inició una investigación tras conocer las mal llamadas terapias para «curar» la homosexualidad, que finalmente ha concluido sin ningún tipo de sanción, gracias a la inacción de Isabel Díaz Ayuso, según el informe presentado por Ángel Gabilondo, ante el Congreso de los Diputados.

La Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid, que la extrema derecha de Vox, con Rocío Monasterio a la cabeza, ha querido derogar, contempla sanciones que van desde los 20.001 euros a los 45.000 euros por este tipo de terapias.

“Terapias para curar la homosexualidad”
El Defensor del Pueblo ha concluido sus actuaciones en la queja sobre un posible incumplimiento, por parte del obispado de Alcalá de Henares (Madrid), de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia, en relación con el presunto desarrollo de “Terapias para curar la homosexualidad”.

Sin embargo, tal y como ha publicado eldiario.es, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid comunicó que no había considerado posible abrir un procedimiento sancionador, a la vista de que la principal prueba de cargo consistía en los registros de llamadas, grabaciones, correos electrónicos y documentación aportados por un periodista, obtenidos sin el consentimiento de uno de los interlocutores.

El Defensor del Pueblo sigue “extremando la atención ante todo indicio de discriminación por orientación sexual, como era este caso”. O por discriminación por identidad de género, como fue el caso de un alumno transexual de Educación Secundaria. No se había respetado la solicitud de ser identificado según su identidad de género, en un instituto de la Región de Murcia.

La homosexualidad como algo «indeseable»
En 2019 el asunto fue desvelado por el diario.es, en una de las reuniones de estas pseudoterapias impartidas en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, servicio que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares.

Aquella información, se podía escuchar cómo una terapeuta reconocía al periodista la monstruosidad de la terapia. “En estos momentos estamos viviendo en España una dictadura con la ideología de género. Si hay una ley en la Comunidad de Madrid en contra de a LGTBIfobia donde se prohíbe que se haga cualquier tipo de acompañamiento, terapia. Yo estaría haciendo un acto de LGTBIfobia cognitiva contigo. Yo te estoy intentado ayudar pero sé que esto puede tener consecuencias hasta el punto de poder ir a la cárcel».

En su charla, la terapeuta afirma que “estoy sirviendo en un centro de orientación social que es de la Iglesia y yo entiendo que esto es un bien al que yo me expongo”. Durante la conversación realiza preguntas como: “¿Ves mucha pornografía? ¿Espiritismo, la Ouija? ¿Cómo eran las relaciones con tus hermanos?, y le comenta que debes empezar a gobernarte a ti mismo, porque eres un elenco de impulsos que no tienen gobierno”. Y acababa asegurando “que tú, al cerebro le acostumbras a algo y, al final, el cerebro responde con lo que le estás acostumbrado”

Tesis homófobas
Se le recomendó leer un libro titulado ‘Terapias reparativas’ del psiquiatra estadounidense Joseph Nicolosu. En la documentación se señalaba que la homosexualidad se produce por un trauma, que puede ir desde una mala relación con tus padres, hasta a abusos sexuales, que han impedido un buen desarrollo de la masculinidad.

Estas tesis homófobas aseguran que “esta herida solo puede curarse mediante psicoterapia y asesoramiento pastoral”. Entre las recomendaciones que le daban desde el obispado para dejar la homosexualidad, recomiendan dejar de consumir pornografía y masturbarse menos para deshacerse del refuerzo positivo que supone haber reducido estímulos visuales.

“Tú ya tienes un hábito muy arraigado. Para tener una relación con una chica tienes que controlarte”, señalaba el falso terapeuta.

La mentira gay del Obispo de Alcalá
“La mentira gay y la desinformación sobre este tema está llevando a muchos adolescentes y jóvenes a pensar que han de aceptarse y por lo tanto, se les está condenando a una vida de sufrimiento, de mentira, de degradación y de muerte. En lugar de ayudarles a descubrir y madurar su verdadera identidad, la masculinidad, se les condena a vivir una falsa identidad”, se puede leer en uno de los documentos enviados desde el obispado.

Y TAMBIÉN…
El Gobierno de Ayuso deja impunes las terapias para 'curar' la homosexualidad del Obispado de Alcalá.
La comunidad ha decidido no incoar procedimiento sancionador a pesar de que estas actividades son ilegales, con el argumento de que las pruebas publicadas por este medio en 2019 vulneran “el derecho a la intimidad”, algo que los denunciantes califican de “disparate”.
El Diario, 2022-04-20
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-ayuso-deja-impunes-terapias-curar-homosexualidad-obispado-alcala_1_8925140.html

#hemeroteca #lgtbifobia | Concluye sin sanción la investigación al Obispado de Alcalá por dar unos supuestos cursos para 'curar' la homosexualidad

Público / Protesta contra la LGTBIfobia del Obispado de Alcalá //

Concluye sin sanción la investigación al Obispado de Alcalá por dar unos supuestos cursos para 'curar' la homosexualidad.
El Defensor del Pueblo ha señalado en su informe que "sigue extremando la atención ante todo indicio de discriminación por orientación sexual, como era este caso".
Europa Press | Heraldo, 2022-03-20
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/03/20/concluye-sin-sancion-la-investigacion-al-obispado-de-alcala-por-dar-unos-supuestos-cursos-para-curar-la-homosexualidad-1561247.html 

El Defensor del Pueblo ha concluido sus actuaciones en la queja sobre un posible incumplimiento, por parte del Obispado de Alcalá de Henares de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia, en relación con el presunto desarrollo de 'Terapias para curar la homosexualidad'.

Así consta en el informe de esta Institución, presentado este viernes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Congreso de los Diputados. Concluye las actuaciones tras la respuesta otorgada por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad, que comunicó sobre este caso que "no había considerado posible abrir un procedimiento sancionador, a la vista de que la principal prueba de cargo consistía en los registros de llamadas, grabaciones, correos electrónicos y documentación aportados por un periodista, obtenidos sin el consentimiento de uno de los interlocutores".

No obstante, el Defensor del Pueblo ha señalado que en su informe que "sigue extremando la atención ante todo indicio de discriminación por orientación sexual, como era este caso".

La Comunidad de Madrid abrió hace tres años un proceso sancionador contra Elena L.R. una 'coach' que fue denunciada en 2016 por vulnerar la Ley contra la LGTBifobia al ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad.

La decisión fue acordado por el Consejo de Gobierno regional, liderado en funciones por Pedro Rollán, tras recibir un informe de la Consejería de Políticas Sociales que tipifica como infracción "muy grave" en virtud de la vulneración del artículo 70.4 de la normativa regional contra la LGTBfobia este caso, que fue denunciado por colectivos del sector tras una información periodística.

Tras un periodo de información previa abierto por la entonces Consejería de Políticas Sociales y Familia y la posterior denuncia en 2017 de dos particulares por los mismos hechos, la Secretaría General Técnica de este departamento calificó esta oferta de terapias para curar la homosexualidad de infracción "muy grave" y procedió al inicio del procedimiento sancionador contra esta persona.

La sanción a la que se tendría que hacer frente va desde los 20.001 euros a los 45.000 euros. Sin embargo, poco después la misma Consejería concluyó sin sanción dicha investigación, tal y como ahora indica el Defensor del Pueblo.

#hemeroteca #lgtbifobia | El Observatorio Contra la LGTBIfobia de Vitoria presenta una queja por el trato recibido por la administración

Imagen: GasteizBerri / Manifestación 28J en Gasteiz

El Observatorio Contra la LGTBIfobia de Vitoria presenta una queja por el trato recibido por la administración.
GasteizBerri, 2021-01-14
https://gasteizberri.com/2021/01/el-observatorio-contra-la-lgtbifobia-de-vitoria-presenta-una-queja-por-el-trato-recibido-por-las-administracion/ 

Observatorios Contra la LGTBIfobia del Estado presentan una queja al Defensor del Pueblo español por la infrafinanciación que reciben por parte de las diferentes administraciones públicas.

Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña, Ikusgune – Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz y el Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia reclaman al Defensor del Pueblo que realice una investigación ante lo que consideran un recorte en la financiación que limita y/o imposibilita los diferentes servicios de acompañamiento, atención legal, jurídica y psicosocial a las víctimas por LGTBIfobia.

En el escrito dirigido por estas tres entidades manifiestan literalmente:

“Nos dirigimos a usted para trasladar una creciente preocupación de nuestros colectivos hacia el progresivo recorte de recursos que dificultan, limitan e incluso imposibilitan nuestra labor. Sin una financiación adecuada que nos nutra de recursos económicos, materiales, humanos y sociales, nos vemos en la obligación de denunciar ante su figura que el escenario que se dibuja es preocupante”.

Las entidades acaban solicitando al Defensor del Pueblo lo siguiente:

“Se tenga por admitida la siguiente queja. Pidiendo a la institución el Defensor del Pueblo, que, de acuerdo con lo expuesto en este escrito y la legislación vigente en los diferentes ámbitos locales, autonómicos y estatales, se proceda a estudiar si las ayudas que recibimos por parte de las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales los diferentes Observatorios son ajustadas, proporcionadas, y de acuerdo a los servicios y atenciones y necesidades de las víctimas por LGTBIfobia en los diferentes territorios del estado español donde actuamos”.

El presidente del Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña, Eugeni Rodríguez, ha declarado al respecto: “No es de recibo que Observatorios que realizan un trabajo incuestionable en sus territorios y con un impacto social significativo no reciban por parte de la administración estatal ni un solo céntimo, en unos momentos en los que la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad necesitan de una atención específica y especializada, que se debe nutrir de recursos económicos públicos dignos”.

Amets Martinez de Heredita Presidente de Lumagorri, entidad gestora del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz. Ikusgue, afirma: “Es inadmisible que en un contexto de ascenso de los delitos y discursos de odio, con el agravante de una crisis sanitaria como la que vivimos, los recursos a hacer frente a la LGTBI+fobia vayan mermándose. Las instituciones deben reconocer y apoyar el trabajo que desde los observatorios venimos realizando como así se está demandando por parte del Ararteko y otras instancias”.

Carlos Emilio Mella, presidente de ALAS A Coruña, asociación LGTBI responsable del Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia denuncia: “La falta de compromiso de todas las instituciones con los derechos de la población LGTBI. Con escasos recursos, los observatorios del Estado, realizamos una labor social, asistencial e investigadora que plasmamos de manera anual en nuestros informes. Es urgente que las administraciones públicas tomen conciencia de que la defensa de los derechos de nuestra comunidad va más allá de izar la bandera LGTBI en el mes de junio, es un compromiso diario”.

#hemeroteca #saludpublica 3poblacionmigrante | El espejismo de los CIE vacíos: reabrirán cuando se pueda expulsar a extranjeros

Imagen: Público / Protesta de migrantes en el CIE de Aluche, Madrid

El espejismo de los CIE vacíos: reabrirán cuando se pueda expulsar a extranjeros.
El cierre de fronteras durante la pandemia acabó con la razón de ser de los Centros de Internamiento de Extranjeros: retener a los migrantes hasta ejecutar su devolución. Los activistas celebran la 'tregua' pero Interior recuerda que es circunstancial. "Saber que durante un tiempo no se va a hacer sufrir a personas en situación irregular me da satisfacción y alivio", reconoce un exjuez de control de CIE de Aluche.
Jairo Vargas | Público, 2020-05-07
https://www.publico.es/sociedad/cierre-cie-coronavirus-espejismo-cie-vacios-reabriran-pueda-expulsar-extranjeros.html

"Hoy es un día que no olvidaremos, como tampoco olvidamos las vulneraciones de los derechos humanos ni las muertes ni el trato indigno y vejatorio ni las agresiones ni las torturas ni el sinfín de aberraciones que han sucedido entre sus muros cada día desde que fueron creados". Así celebraba el miércoles la Plataforma CIE No Madrid la puerta en libertad de la última persona migrante encerrada en uno de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España.

Es la primera vez que están vacíos y sin registrar nuevas entradas en los más de 30 sombríos años de historia de estos "espacios de impunidad policial y de sufrimiento para las personas internadas", como los definió uno de los jueces que controló durante más de ocho años el centro de Aluche, en Madrid, Ramiro García de Dios.

"Siempre he dicho que no deberían existir, que se puede disponer actuaciones sin que existan CIE y garantizando los derechos humanos", asegura desde su confinamiento el extitular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. Siente "satisfacción" ante este cierre. "En casi nueve años he visto el sufrimiento de multitud de personas internadas. Saber que durante un tiempo no se va a hacer sufrir a personas por la simple razón de estar en situación administrativa irregular me da satisfacción y alivio", sentencia.

El cierre de fronteras que ha impuesto la pandemia ha logrado en dos meses los que las organizaciones defensoras de derechos humanos no han conseguido en tres décadas de denuncia, protesta y visibilización de unos de los espacios más opacos del sistema. Activistas y afectados celebran la situación, pero son conscientes del espejismo generado por una pandemia que ha dejado a los CIE sin razón ser, al menos temporalmente.

La Plataforma Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones sabe que el cierre es circunstancial, fruto de la coyuntura, y tema que la vuelta a normalidad suponga la detención de las personas ahora liberadas, cuya orden de expulsión todavía está vigente. El Ministerio del Interior lo confirma a 'Público': los CIE volverán a funcionar en cuanto haya posibilidades de ejecutar los expedientes de expulsión incoados a los extranjeros, aunque no hace comentarios sobre posibles detenciones de los extranjeros que han logrado salir de los centros.

"Nunca se dio una orden de cierre y puesta en libertad generalizada. Se ha estudiado caso por caso cada circunstancia y se han liberado a las personas cuando se ha comprobado que era imposible hacer efectiva su expulsión", apuntan fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que estima en unas 450 personas las que han salido en libertad, ya que los CIE se encontraban al 59% de su capacidad antes de que la pandemia irrumpiera.

Petición del Defensor del Pueblo
Desde que se decretó el estado de alarma, el cierre total fue una de grandes reivindicaciones de organizaciones y de personas internadas. Algunas de ellas llegaron incluso a protagonizar un pequeño motín en el CIE madrileño exigiendo su liberación. Días después, el Defensor del Pueblo pidió a Interior que liberase a todos los internados dadas las circunstancias, pero el proceso se ha dilatado "sin sentido", afirman fuentes de la plataforma contra los CIE.

Tampoco se han producido nuevos internamientos durante este periodo, añade el Ministerio. "Si no hay una perspectiva mínima de retorno, que es la función del CIE, no se puede ingresar a nadie", aclara, ya que no habría base legal para ello. Pero eso no impidió que el virus entrara y se extendiera en los centros de Tenerife y Gran Canaria debido al hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas, según el juez que decretó el cierre de uno de ellos.

"Es lamentable que se hayan cerrado por salud pública y no por una cuestión de derechos humanos", sentencia Adrián Vives, de la plataforma valenciana contra los CIE y las deportaciones.

Según este activista, salvo algunos casos iniciales, los internados puestos en libertad han sido acogidos por sus redes familiares o en plazas del programa de ayuda humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones, gestionadas por ONG como Cruz Roja.

Saturación en Canarias
Lo mismo está ocurriendo con las personas que están llegando de manera irregular durante la pandemia, aunque las cifras no están siendo elevadas salvo en Canarias, donde han llegado más de 700 migrantes en embarcaciones a lo largo del estado de alarma, más de 2.000 en lo que va de año, casi un 700% más que en el mismo periodo de 2019, cuando había llegado menos de 300 personas, según datos de Interior.

Fuentes de CEAR Canarias recuerdan que el aumento de llegadas durante el último año ya había tensionado su precario sistema de acogida, ahora más saturado todavía por la imposibilidad de traslados a la Península, el cierre de los CIE y la paralización de deportaciones. Según esta ONG, los protocolos aplicados en los recursos de acogida para aislar posibles positivos también están restando plazas, y se han habilitado pabellones polideportivos donde decenas de personas migrantes ya llevan varias semanas. "El problema puede aumentar cuando se reabran estas instalaciones al público, ya que Canarias entrará pronto en la fase uno de la desescalada", añaden.

No obstante, la organización también celebra el cierre de lo CIE y desearía que no volvieran a abrirse con la vuelta a la normalidad. No obstante, añade que el principal problema para las personas migrantes en las islas no es tanto el alojamiento, sino la vulnerabilidad agudizada por el confinamiento cuando se está situación irregular. "Hay mucha gente que no tiene qué comer", apuntan.

Internado en Barcelona, liberado en Algeciras
Vives también lamenta que Interior haya tardado tanto tiempo en vaciar los CIE. "A pesar de saber que era imposible, ha intentado proceder con las expulsiones y varios de los internados que quedaban han sido trasladados de un CIE a otro durante el estado de alarma para acabar poniéndolos en libertad", explica.

Se refiere al caso de una persona internada en el CIE de Barcelona y trasladada hasta Algeciras, previo paso por el de Valencia. "Al final acabaron soltándolo en la otra punta del país y nadie se hizo cargo de su regreso a Barcelona. Es el caso más sangrante, pero no ha sido el único", expone.

"Nuestra pretensión de que los CIE no se vuelvan a abrir va en conjunto a la pretensión de acabar con el sistema de deportaciones. No queremos alternativas al internamiento como medida cautelar para expulsión, ya existen alterativas contempladas en la Ley de Extranjería", apunta Vives.

Por su parte, el exjuez García de Dios puntualiza que "la desaparición de de los internamientos con motivo de la pandemia no ha provocado el caos en la convivencia social", una lección de la que podría aprender España y la Unión Europea a la hora de acabar con estos espacios. "Pero soy consciente que, cuando pase este periodo, volverán las políticas que no muestran preocupación por los derechos humanos", sentencia García de Dios, que teme un empeoramiento de "racismo institucional" a la vista de la " crisis económica y y aumento del paro y la desigualdad brutal" que va a dejar el coronavirus. "Hará mas difícil la aplicación de políticas que favorezcan el cierre de los CIE", prevé.

#hemeroteca #saludpublica #controlsocial #violenciainstitucional | El Defensor del Pueblo investiga la política de multas de Marlaska por el coronavirus

Imagen: El País

El Defensor del Pueblo investiga la política de multas de Marlaska por el coronavirus.
La Abogacía del Estado, juristas y ONG cuestionan la base legal de las sanciones propuestas por desobediencia.
J. J. Gálvez / Óscar López-Fonseca | El País, 2020-04-18
https://elpais.com/espana/2020-04-17/el-defensor-del-pueblo-investiga-la-politica-de-multas-de-marlaska-por-el-coronavirus.html

El Ministerio del Interior informó este viernes que las fuerzas de seguridad dictaron solo el jueves hasta 9.497 nuevas propuestas de sanción, que se suman a las más de 600.000 emitidas desde la declaración del estado de alarma. Esta ingente cantidad de multas ha provocado que surjan voces —como la Abogacía del Estado— que hablan de un uso excesivo de este recurso. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre si se está actuando de forma “correcta y proporcional”.

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, desveló este viernes su iniciativa e informó de que ya ha solicitado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska toda una batería de datos sobre las multas tramitadas por los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como las instrucciones que han recibido al respecto. “El objetivo es llevar a cabo un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional”, subrayó en un comunicado, donde indicaba que también ha planteado tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para “proteger a los ciudadanos ante las restricciones de derechos”. Entre ellas, elaborar unas instrucciones internas donde se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas. Aunque no ha obtenido todavía respuesta.

Esta medida del Defensor surge después de que alguna fiscalía, subdelegación del Gobierno, juristas, ONG y la propia Abogacía del Estado hayan planteado sus dudas sobre el sistema de sanciones puesto en marcha por Grande-Marlaska. El ministro del Interior ha dado órdenes a los agentes para que apliquen la Ley de Seguridad Ciudadana —bautizada como ley mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y que el PSOE prometió derogar— contra todos aquellos que burlen el confinamiento. Imponiéndoles así multas de, por ejemplo, 601 euros por un “desplazamiento no autorizado”, que puede dispararse hasta los 2.000 euros si los agentes creen que el infractor les ha “menospreciado”.

En este caso, según una comunicación interna del Ministerio firmada por Marlaska, se considera que el mero hecho de estar en la calle sin motivo ya supone una infracción administrativa por desobediencia de las medidas dictadas por el Gobierno en el estado de alarma, de “amplísima difusión” a través de la prensa y el BOE. Una tesis que rechazan algunos juristas y la Abogacía del Estado, que en un informe subrayó que la ley requiere que el ciudadano que vaya a ser multado haya sido advertido previamente y personalmente.

“Las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana solo deben imponerse a quienes son descubiertos saltándose las indicaciones del estado de alarma y, además, se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad”, insiste el colectivo 'Defender a quien defiende', que aglutina a abogados y organizaciones de derechos humanos. En esa misma línea se pronuncia también Carlos Viader, juez de lo Penal y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): “Si desobedecer una norma fuese infracción por desobediencia, entonces todo lo sería. Lo hay cuando un policía te da una instrucción y tú pasas olímpicamente”.

Un cuestionamiento que no acaba ahí. La delegación del Gobierno de Madrid también decidió consultar a la Abogacía del Estado al respecto, según consta en una nota informativa interna de la Dirección General de la Policía del pasado 24 marzo, donde se añade que diversos “actores” —como la Fiscalía de Benidorm y la subdelegación del Gobierno de Alicante— dudan que pueda aplicarse la ley mordaza como se está haciendo: “Pues implicaría la necesidad de un apercibimiento previo”, alertaban.

Sin embargo, un portavoz de Interior defiende que la propia promulgación del decreto actúa como ese “requerimiento previo” y, además, recalca que las fuerzas de seguridad están actuando siempre con “proporcionalidad”. Eso sí, estas críticas al plan de multas se suman a algunas agresiones policiales que se han denunciado, aunque el ministerio considera que se trata tan solo de casos residuales. Pese a ello, este uso abusivo de la fuerza ya lo ha puesto sobre la mesa Unidas Podemos en el seno del Gobierno, según fuentes próximas al Ejecutivo.

Por su parte, sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles defienden la actuación de los agentes. Pablo Pérez, portavoz de Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional), niega que las patrullas estén siendo estrictas con los ciudadanos: “Lo primero que hacemos es empatizar con la gente que se ha saltado el confinamiento para concienciarles de que el estado de alarma es por el bien común, pero si insiste en su actitud se les propone para sanción. Simplemente se está cumpliendo la ley”.

“Estamos para hacer cumplir”
Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), considera que la cifra de más de 600.000 sanciones propuestas no puede verse simplemente como “un dato estadístico”, sino que debe valorarse en el actual contexto de crisis que sufre España y el mundo. “Los policías estamos para hacer cumplir el estado de alarma con las herramientas a nuestro alcance, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana”, dice. En la misma línea se manifiesta Francisco Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), quien insiste en que los agentes están “cumpliendo con las directrices que nos han impartido el Gobierno de acuerdo con las leyes”. En este sentido, Pajuelo sí reclama “instrucciones claras” por parte de Interior.

Juan Fernández, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cree que “sería una lástima si finalmente el trabajo de los guardias civiles y policías no cumple el cometido que tiene, conseguir que la gente respete el estado de alarma por el bien de todos”. Para Fernández, si esas propuestas de sanción son anuladas, se perdería “el ingente trabajo que se ha hechos estas semanas” y ello provocaría “un enorme malestar” en las Fuerzas de Seguridad.

#hemeroteca #saludpublica #poblacionmigrante | Las restricciones por el coronavirus paralizan las expulsiones de inmigrantes

Imagen: El País / Protesta de migrantes en el CIE de Aluche

Las restricciones por el coronavirus paralizan las expulsiones de inmigrantes.
Ante la imposibilidad de devolverles a sus países, el Defensor del Pueblo pide la liberación de los internados en los CIE.
María Martín / J. J. Gálvez | El País, 2020-03-19
https://elpais.com/espana/2020-03-19/las-restricciones-por-el-coronavirus-paralizan-las-expulsiones-de-inmigrantes.html

Las restricciones para frenar la expansión del coronavirus impuestas por más de 120 países a personas procedentes de España dejan en suspenso las repatriaciones forzosas de inmigrantes. El Ministerio del Interior mantiene que no hay ninguna orden de paralizarlas, pero en la práctica es casi imposible ejecutarlas. Antes de la emergencia sanitaria, la inmensa mayoría de las expulsiones eran de nacionales de países que ahora han prohibido la entrada a ciudadanos procedentes de España o que han suspendido sus conexiones aéreas o marítimas, según el listado del Ministerio de Exteriores.

Los dos casos con más impacto son los de Marruecos y Argelia, que cerraron sus fronteras y cuyos nacionales ocupan siempre el primer y segundo puesto de expulsados, muy por encima del resto. Fuentes policiales reconocen que, ante el cerrojazo ―por tierra, mar y aire y por tiempo indefinido― no será posible devolver a los inmigrantes de esos países a los que se traslada generalmente en barco. En 2017, las expulsiones y devoluciones de marroquíes y argelinos supusieron el 75% de las 9.326 órdenes ejecutadas, según los últimos datos oficiales disponibles, recogidos en una respuesta parlamentaria a la exsenadora Maribel Mora (Podemos).

Lo mismo ocurre con Colombia, Rumanía, Georgia, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, el segundo grupo de países a donde más se devuelven inmigrantes en situación irregular en España. Ninguno de ellos permite la entrada a personas procedentes de España. Juntos sumaron el 12% del total de expulsiones. La excepción entre los primeros países del ‘ranking’ de expulsiones es Brasil, donde su presidente, Jair Bolsonaro, que ve “histeria” en torno a la pandemia, está dilatando la decisión de cerrar fronteras.

Otros países que admiten de vuelta con frecuencia a sus nacionales, como Albania, Argentina, Bolivia o Portugal, también han blindado sus fronteras.

Una de las pocas excepciones es Mauritania, desaparecida en los registros de los últimos años, pero que en los últimos meses ha recibido al menos nueve vuelos de repatriación llenos de migrantes llegados a las islas Canarias. El país no ha cerrado aún su frontera a los que proceden de España, pero sí les impone cuarentena, una medida que dificulta la admisión de vuelos de repatriación en los que viajan cerca de medio centenar de migrantes.

Salidas de los CIE
La imposibilidad de expulsar inmigrantes tiene un impacto directo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde la ley permite encerrar a quien está en situación irregular en España un periodo máximo de dos meses mientras se tramita su repatriación. Según informan fuentes jurídicas y policiales, la pandemia del coronavirus limitará su funcionamiento, ya que la normativa solo respalda el internamiento con el objetivo de garantizar la devolución. Por tanto, si la mayoría de países de origen de los inmigrantes internados han prohibido la entrada de personas procedentes de España, los jueces tendrán más difícil autorizar su confinamiento en estos centros. “Si la finalidad es la devolución, ante la actual circunstancia excepcional, su internamiento carece de sentido”, admiten fuentes de la Fiscalía.

España cuenta actualmente con siete CIE, que suman 876 plazas, según los datos facilitados por el Ejecutivo a través del portal de Transparencia. Fuentes de Interior aseguran que la ocupación en este momento se encuentra al 59%. En diciembre, en cambio, era del 89%, según consta en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu (EH-Bildu). La previsión es que este porcentaje disminuya conforme los internos se acercan al cumplimiento de los 60 días de encierro. “Los van a ir dejando en libertad según se cumpla su estancia en el CIE y serán entregados a las ONG para que se hagan cargo de ellos, según los convenios suscritos con el Ministerio de Interior”, señalan fuentes policiales. Otros criterios, como si cuentan con redes familiares en España, serán tenidos en cuenta.

Interior mantiene que no hay una orden generalizada para el cese de los internamientos, pero en los últimos días, según ha podido saber este periódico, se han multiplicado las salidas de internos que no habían cumplido el tiempo máximo de 60 días. “Se están analizando caso por caso las causas del ingreso y se están poniendo en relación con la capacidad de retorno”, aseguran fuentes del ministerio.

Ante tal coyuntura, el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ya ha exigido al Gobierno que libere a los encerrados que no puedan ser expulsados y les ofrezca “alternativas de protección”. “La falta de información está derivando en brotes de violencia en los CIE”, recuerda la ONG, después de que un grupo de migrantes se amotinara el martes en el CIE de Aluche (Madrid).

El Defensor del Pueblo mantiene una posición similar. “En el caso de los extranjeros internados en un CIE, se da la particularidad de que su privación de libertad tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión. Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad”, apunta la institución en un escrito en el que se da respuesta a la consulta de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

En ese mismo documento, el órgano liderado por Francisco Fernández Marugán añade que dicha iniciativa debe considerarse de inmediato para proteger la salud de los internos, los policías y “todo el personal que presta servicio en los CIE”. A su vez, recalca que la Comisaría General de Extranjería y la Secretaría de Estado de Migraciones ya le han informado de que han iniciado las gestiones para que vuelvan a sus casas los internos que queden en libertad y cuenten con residencia en España; y para que sean derivados a los servicios sociales municipales aquellos que no tengan domicilio en el país.

Tensión en Aluche por el coronavirus
El coronavirus aún no ha llegado al CIE de Aluche, pero la ausencia de medidas de prevención está siendo motivo de protestas de los internos. Este martes se produjo un pequeño motín sin consecuencias, según confirmó el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Los veinte amotinados se subieron al tejado para protestar contra la falta de mascarillas, pero enseguida depusieron su actitud. Solo el personal del centro y los efectivos policiales, cuyo despliegue se ha reforzado en los últimos días, tienen acceso al material sanitario. Según ha podido saber El País, también se han producido algunos intentos fracasados de fuga.

La situación en el CIE es de gran tensión desde que el 11 de marzo se detectase un caso sospechoso de coronavirus en un grupo de argelinos que ese día entraba en el centro. Inmediatamente, el enfermo fue aislado en la sala de preingreso. Varias fuentes confirman que los propios internos llamaron a urgencias ante el empeoramiento del estado de salud del paciente, pero ninguna ambulancia llegó a entrar en el complejo. La situación fue gestionada en todo momento por los propios médicos del CIE. El enfermo dio negativo por Covid-19 en las dos pruebas que se le practicaron y evoluciona favorablemente.

Con información de Marcos Lema.

#hemeroteca #violenciamachista #violenciavicaria | El Defensor del Pueblo pide a Interior un plan de seguimiento a menores víctimas de violencia machista

Imagen: El País / Itziar Prats

El Defensor del Pueblo pide a Interior un plan de seguimiento a menores víctimas de violencia machista.
Marugan solicita también revisar la custodia y las visitas. Responde a la queja de Itziar Prats, que perdió a sus hijas pese a denunciar las amenazas de su exmarido.
Pilar Álvarez | El País, 2020-01-09
https://elpais.com/sociedad/2020/01/08/actualidad/1578506583_350201.html

La última tenía tres años y esperaba a los Reyes Magos cuando fue asesinada. Se llamaba Ciara. Su padre, Rubén Darío, la mató a ella y a su madre, Mónica Linde, el 6 de Enero. 35 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres en los últimos siete años, cuando empezaron a ser contabilizados en la estadística oficial de violencia de género. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reclama para ellos un sistema específico de seguimiento integral al margen del que ya existe para las mujeres. Pide que integre las actuaciones de las distintas administraciones que les atienden, desde la policía a los servicios sociales de comunidades autónomas o ayuntamientos. También pide revisar la custodia o permitir el empadronamiento de las mujeres y los niños en los lugares a los que se trasladan para protegerse aunque no den una dirección por motivos de seguridad.

En marzo de 2019, se incluyeron preguntas específicas sobre el potencial riesgo de los menores en los protocolos policiales que se aplican a las mujeres cuando van a denunciar, el sistema viogen. El Ministerio de Interior aprobó este cambio seis meses después de que Itziar Prats perdiera a sus hijas, Nerea y Martina (de seis y dos años), a las que mató su padre, Ricardo Carrascosa, en septiembre de 2018. Y cinco años después de que España firmara en 2104 el Convenio de Estambul, un acuerdo europeo sobre violencia contra las mujeres que incluye entre sus medidas la protección y el apoyo a sus hijos e hijas.

La carta del Defensor del Pueblo en la que desgrana nuevas recomendaciones para mejorar la lucha contra la violencia de género -cuya ley acaba de cumplir 15 años de vigencia- está dirigida precisamente a Prats. Marugán le escribe: "Gracias a testimonios como el tuyo hoy somos más conscietnes de la gravedad del problema y de la necesidad de buscar soluciones que permitan una mejor y mayor protección de estos niños y niñas que conviven en entornos de violencia". Itziar Prats encabeza una movilización tejiendo mariposas que reparte para concienciar de que hace falta un cambio para frenar la violencia machista que empiece desde la educación de los más pequeños. Le han llegado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a distintos miembros de su gabinete. En la sesión de investidura, las llevaba la diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell.

La familia de las niñas, Prats y también los abuelos maternos, reclamaron la responsabilidad patrimonial del Gobierno por no protegerlas, en un escrito en el que señalan los ministerios de Justicia e Interior y que es el paso previo al juzgado. En paralelo, acudieron también al Defensor del Pueblo, que ha revisado el caso con las Administraciones.

Una cadena de errores
El caso de esta madre muestra una cadena de errores que desembocó en el asesinato de las niñas. Itziar Prats denunció el riesgo que corrían sus hijas tras las amenazas que recibió del padre: “Me voy a cargar lo que más quieres”, había advertido él. Ella acudió al Centro de la Mujer de Castellón, lo dijo en una comisaría, en un juzgado de guardia y en el Juzgado de Violencia número 1 de Castellón. Un médico que la atendió alertó de que podía tratarse de un caso de violencia de género. El padre se suicidó tras matarlas.

El abogado de Prats, Gabriel Rubio, considera que las recomendaciones del Defensor "recogen los fallos del sistema que denunciamos desde un principio y del que Itziar y sus hijas fueron víctimas". Recuerda que algunas de esas medidas deberían estar en marcha desde hace años. "Es preocupante que sea el Defensor quien tenga que recordárselo a los órganos competentes. Al menos nos queda el consuelo de que la pérdida de las niñas Nerea y Martina sirva para que todas las administraciones implicadas sean conscientes de la obligación que tienen de cumplir y hacer cumplir los convenios internacionales de los que España es parte".

Informes obligatorios
Marugán también reclama otras medidas que ya están aprobadas pero aún no desarrolladas, como la revisión del régimen de visitas y custodia. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un texto apenas desarrollado desde su aprobación en 2017, prevé suspender el régimen de visitas y la custodia compartida a los maltratadores.

El Defensor solicita que los puntos de encuentro familiar, que dependen de las comunidades autónomas, hagan informes obligatorios de los casos en los que detecten cualquier situación de riesgo para los menores. Reclama más policías en las unidades de famila y mujer para que "en esos primeros momentos de la denuncia la víctima se sienta escuchada y se reduzca de forma efectiva la duración media del tiempo de tramitación de los expedientes".

En las recomendaciones repara en la doble victimización de las mujeres, a menudo obligadas a un periplo por oficinas y administraciones que el Defensor propone evitar con protocolos de intervención integral y catálogos con todos los recursos a disposición de las víctimas. "Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es la dispersión de los servicios y los recursos qu ese ofrecen a las víctimas y la falta de coordinación", advierte.

La lucha contra la violencia de género es una de los ejes del programa conjunto de Gobierno PSOE/ Unidas Podemos en un escenario político en el que la tercera fuerza en apoyos, el partido ultraderechista Vox, pide la derogación de las leyes específicas de violencia de género y niegan que exista. Entre las propuestas de ese acuerdo de Gobierno está la puesta en marcha de las medidas pendientes del pacto de Estado y el desarrollo de un Plan Integral de Compesanción, Reparación y Recuperación para mujeres que padecen esta violencia, que incluye impulsar la autonomía económica de las víctimas.

#hemeroteca #antiabortistas | El Defensor del Pueblo pide explicaciones a la Policía por el acoso de grupos ultras en las clínicas que practican abortos

Imagen: El Diario / Procesión antiabortista con Juan Antonio Martínez Camino

El Defensor del Pueblo pide explicaciones a la Policía por el acoso de grupos ultras en las clínicas que practican abortos.
El organismo se ha dirigido a la Dirección General de la Policía para preguntarle "cuál es el criterio que se adopta" en estos casos. Grupos ultracatólicos llevan años acudiendo a las puertas de centros de Madrid, Málaga o Albacete para protestar contra el aborto y hostigar a las mujeres que entran con el objetivo de que cambien de decisión. Las clínicas aplauden la investigación del Defensor del Pueblo, pero lamentan que solo pregunte a Policía y no al Ministerio de Sanidad: "Se está ofreciendo una prestación sanitaria de forma deficiente".
Marta Borraz | El Diario, 2019-08-08
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensor-Pueblo-explicaciones-Policia-practican_0_928457415.html

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Dirección General de la Policía en el marco de la investigación que sigue por la situación que atraviesan algunas de las clínicas que practican abortos en España. En una comunicación fechada el pasado 28 de junio a la que ha tenido acceso eldiario.es, el organismo informa de que se ha preguntado al cuerpo "cuál es el criterio que se adopta en casos como los referidos", es decir, en los episodios de acoso que viven muchas de las mujeres que entran a estos centros médicos para interrumpir su embarazo y acaban siendo hostigadas por grupos ultracaólicos que se sitúan a sus puertas.

En estos casos, señala el Defensor del Pueblo, "existen personas que ejercitan su derecho de reunión y manifestación y, por otra parte, otras personas padecen hostigamiento y acoso". Se trata de un frente en el que pelean las clínicas desde que el Gobierno socialista aprobara en 2010 la actual ley del aborto y que motivó el pasado mes de marzo una reunión del organismo con varios grupos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. A partir de ahí, el Defensor abrió un expediente al que se han añadido recientemente tres denuncias concretas interpuestas ante la Policía Nacional. El objetivo es supervisar la actuación policial, que es en muchas ocasiones requerida por las clínicas en estos casos. 

Lo que hacen este tipo de grupos es situarse a las puertas de las clínicas casi semanalmente, y en algunos casos diariamente, para abordar a las mujeres que entran con fotografías, folletos, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que accedan. El objetivo es que den marcha atrás en su decisión. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha identificado varios focos en los que la presencia es más recurrente e intensa, entre ellos, Málaga, Albacete, Córdoba y Algeciras (Cádiz) o Madrid. 

Es en la capital, concretamente en la clínica Dator, donde han ocurrido los hechos relatados en las tres denuncias incorporadas recientemente al expediente del Defensor del Pueblo, que también solicita información a la Dirección General de la Policía para conocer la situación en la que se encuentran estos tres procedimientos. El organismo deberá responder "en un tiempo razonable". Preguntado sobre este expediente, la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, no ha respondido por el momento.

Pegatinas en la fachada y una procesión

Uno de los procedimientos analizados se refiere al acoso sufrido en la puerta de la clínica el pasado 11 de mayo por parte de una procesión presidida por el obispo ultracatólico y arzobispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. El desfile, organizado por una parroquia cercana, se paró en un momento dado ante el centro médico, donde "unas sesenta personas" se concentraron "durante 30 minutos" y tras "rezar el rosario" comenzaron "a proferir frases como 'aquí matan niños' que repetían constantemente". 

Unas semanas antes, con motivo de las elecciones generales celebradas el 28 de abril, la misma clínica amaneció con decenas de pegatinas en uno de los cristales laterales de la fachada que pedían a Abascal, Rivera y Casado que deroguen la actual ley del aborto. La exigencia estaba en la línea de las peticiones que durante días hicieron colectivos contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo, como Derecho a Vivir o HazteOir, que presionan a los candidatos de Vox, Ciudadanos y el PP para que pongan fin a este derecho.

La tercera denuncia versa sobre unos hechos ocurridos el pasado 22 de abril, cuando, según consta en el escrito, una mujer y "dos chicas menores de edad" pertenecientes a alguno de los grupos que se sitúan a las puertas "exigieron subir a las habitaciones donde se encuentran las pacientes para hablar con ellas e interesarse por qué abortan". El personal les solicitó que abandonaran el centro médico, pero "ante su insistente negativa" y su "actitud desafiante", aunque "no agresiva", la clínica llamó a la Policía Muncipial, que medió en el conflicto.

No solo un problema de orden público

Desde la ACAI celebran que el Defensor del Pueblo se dirija al Ministerio del Interior porque "la actuación policial no ha sido siempre la más eficaz. A veces no intervienen y otras las denuncias se quedan dormidas en comisaría", explica José Antonio Bosch, abogado de la asociación. Sin embargo, sí señala que "cuando la Policía interviene, la gente se retira". De hecho, en la clínica Ginecenter de Málaga, por ejemplo, el acoso es frecuente, pero ha mermado desde que una reunión con la Subdelegación del Gobierno motivara una mayor presencia policial. No obstante, ACAI lleva años reuniéndose con distintas administraciones sin apenas cambios.

"Al final es la pescadilla que se muerde la cola porque para casos concretos de mujeres, la Policía necesita que denuncien. Algo que es muy difícil. Y cuando alguna denuncia, nos dice que no identifica a los autores", prosigue. Por ello, para ACAI el hostigamiento en las clínicas no es solo un problema de orden público y lamenta que el Defensor del Pueblo solo pida explicaciones a la Policía y no al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Bosch apunta a que "lo que se está produciendo es que se está ofreciendo una prestación sanitaria de forma deficiente", lo que incluso "llega a ser contrario" a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "La ley habla de que es un derecho que debe garantizarse en igualdad, pero en la práctica está dependiendo de la zona y de la clínica a la que se acuda. Es una vulneración de derechos", reitera el abogado, para el que hubiera sido pertinente preguntar también a las autoridades "responsables de aplicar la ley". 

Zonas seguras de acceso

El Defensor del Pueblo cuenta con un informe entregado por las asociaciones en el que definen cómo suele ser la batería de acciones que realizan estos grupos. Suelen centrarse en "el bloqueo de los accesos a las clínicas, consignas, gritos y amenazas a las mujeres y acompañantes y a las y los profesionales" además de intentos de disuasión individual a las mujeres que van a abortar. Algo que hacen "parándolas y abordándolas hablando con ellas en un intento de cambiar su decisión, mostrando diversa propaganda antiaborto llegando incluso a perseguirlas hasta que se meten en sus vehículos o transporte público", describe.

Este tipo de actuación, "aparentemente de tono menor y sin agresividad manifiesta", prosigue, "ejerce un efecto quizás más dañino". Por otro lado, de vez en cuando aparecen pintadas en el suelo y fachada de algunas clínicas con frases como "aborto asesinato" o "matan niños. Asesinos". Según un informe de ACAI en base a 300 entrevistas a mujeres que acudieron a abortar y fueron abordadas por estos manifestantes, la mayoría (un 89% y un 66%) se sintieron acosadas y amenazadas respectivamente y un 73% "muy molestas".

Ante esta situación, las clínicas piden medidas para proteger el acceso al aborto, como ocurre en otros países. En algunos se han establecido las llamadas "zonas de acceso seguro" que rodean a las clínicas para permitir que las mujeres entren sin ser hostigadas. En Francia, por ejemplo, este tipo de acciones son sancionadas en el marco de un delito "de obstaculización al aborto".

#hemeroteca #lgtbifobia | Rocío Monasterio pidió al Defensor del Pueblo que no se prohibieran terapias para 'curar' a los gais

Imagen: El Español / Rocío Monasterio

Rocío Monasterio pidió al Defensor del Pueblo que no se prohibieran terapias para 'curar' a los gais.
La dirigente de Vox y otros diputados del partido de Abascal denunciaron que la Sanidad madrileña prohibiera "las terapias conversivas".
Iñigo Zulet | El Español, 2019-06-07
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190607/rocio-monasterio-defensor-pueblo-no-prohibieran-terapias/404210920_0.html

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, impulsó una petición al Defensor del Pueblo para que recurriera ante el Tribunal Constitucional la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid, aprobada por unanimidad en julio de 2016 con los votos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

En el escrito, presentado en noviembre de 2016 y al que ha tenido acceso El Español, se solicitaba a Soledad Becerril, entonces al frente del Defensor del Pueblo, que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a esta “ley totalitaria”.

El texto lo respaldaron una veintena de asociaciones civiles, católicas, provida, de familias numerosas y de padres separados. En concreto, alegaban que la norma madrileña vulneraba una serie de derechos básicos reconocidos en la Constitución española como “el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, el derecho de educación, a la libertad ideológica y religiosa”, entre otros.

Detrás de los colectivos que elaboraron el escrito –Federación One of Us, HazteOír...– se encuentran personas que en la actualidad son diputados de Vox, como es el caso de Rocío Monasterio o Lourdes Méndez, política del PP durante más de 25 años que este año acabó recalando en el partido de Santiago Abascal. Cambió de formación porque, según dijo en una entrevista, el PP de Mariano Rajoy había abandonado “principios básicos como la vida o la familia”. También se sumaron a aquella solicitud asociaciones como la de Mariano Calabuig, exdirector del Foro de la Familia y hoy parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid.

No prohibir las “terapias aversivas”
En el segundo apartado del escrito se invoca la Carta Magna para denunciar que la ley autonómica contraviene varios derechos constitucionales. En ese contexto, subrayan que la “sanidad madrileña prohíbe las terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida”.

Asimismo, y en ese mismo epígrafe, se critica que la legislación “considera infracción muy grave la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”.

“Queda terminantemente prohibido que una persona LGTBI (que ha decidido libremente su orientación sexual) pueda a su vez acudir libremente por su propia decisión a un especialista para someterse a una terapia de aversión o conversión”, lamentaban las organizaciones al Defensor del Pueblo.

Plataforma por las Libertades
Las asociaciones que secundaron esta solicitud formal son las que también apoyaron el manifiesto de la Plataforma por las Libertades, en el que también se hacía hincapié en la “libertad” para llevar a terapia a los hijos gais, tal y como informó este periódico.

Un día después de que El Español recordara el texto del manifiesto, Rocío Monasterio tachó de “ejemplo de fake news” el artículo. Admitió que ella fundó una plataforma para defender la libertad de la educación de los hijos según sus valores, pero olvidó que en la declaración a la que ella se adhirió había un punto que pedía “libertad individual ante leyes que prohíben someterse a una terapia de reorientación de la inclinación sexual cuando se trate de revertirla a la heterosexualidad”.

#hemeroteca #prisiones | Prisiones fulmina el experimento con electrodos a reclusos violentos al detectar irregularidades

Imagen: El País / Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo

Prisiones fulmina el experimento con electrodos a reclusos violentos al detectar irregularidades.
El informe de Instituciones Penitenciarias suspende "de forma definitiva" un estudio en el que se aplicaban electrodos a reclusos para estudiar su agresividad.
Óscar López-Fonseca | El País, 2019-05-21
https://elpais.com/politica/2019/05/21/actualidad/1558434400_267442.html

Punto final al experimento con electrodos en presos violentos. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel María Ortiz, ha dictado una resolución por la que suspende “de forma definitiva” el estudio iniciado en 2016 en el que se sometía a reclusos a estimulación eléctrica cerebral para estudiar su agresividad. El máximo responsable de Prisiones justifica su decisión en diversas irregularidades detectadas en el expediente de autorización. Su decisión se produce días después de que el Defensor del Pueblo mostrara su rechazo al experimento.

La resolución, a la que ha tenido acceso El País, recoge en ocho folios los detalles de la investigación abierta el 7 de marzo al trascender la existencia del estudio. Entonces se conoció que a 41 presos, 15 de ellos condenados por homicidio, se les habían colocado electrodos en la cabeza y, durante media hora, aplicado una leve corriente de 1,5 miliamperios con el fin de activar su corteza prefrontal, un área del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. El experimento, desarrollado con internos de las cárceles de Huelva y Córdoba, había tenido tres fases y los investigadores —coordinados por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California— había solicitado permiso para una cuarta.

En aquel momento, Prisiones paralizó cautelarmente el experimento y pidió informes para “analizar y valorar la conveniencia e idoneidad de realizar este tipo de investigaciones en el medio penitenciario”. La resolución ahora dictada destaca que los detalles del estudio “eran desconocidos para el actual equipo directivo” del Ejecutivo socialista, ya que fue autorizado en diciembre de 2015, cuando gobernaba el PP. Dos meses después, la conclusión es que el expediente que dio luz verde al estudio presentaba numerosas carencias y, sobre todo, no había tenido en cuenta diversos aspectos éticos de la experimentación con reclusos.

El documento detalla hasta siete irregularidades que debían haber impedido el inicio del experimento, varias de ellas referidas a los documentos que los presos firmaron como muestra de que participaban voluntariamente y que, según las conclusiones de Prisiones, no cumplían los requisitos mínimos dadas las características de las pruebas a las que se iban a someter. El informe recuerda que el consentimiento de cualquier recluso muestra una clara “debilidad” porque su condición de persona privada de libertad le hace mostrar cierta subordinación que hace que adopte “actitudes y comportamientos adaptativos” que afectan a su capacidad de decisión.

En este sentido, Prisiones recalca que el documento que firmaron en este caso los presos no incluía “datos sobre efectividad y seguridad” de la prueba ni hacía mención a sus posibles “consecuencias a largo plazo no previstas o conocidas”. Tampoco se detallaba si se había constatado “la competencia mental” de los presos para firmarla. El documento incide, además, en que el informe de bioética esgrimido por los autores de estudio no argumentaba de modo suficiente por qué la investigación tenía que ser realizada “con población reclusa y no con otro tipo de población”.

Instituciones Penitenciarias cita en este punto el reciente informe del Defensor del Pueblo en el que este mostraba “su preocupación” precisamente por “las dudas sobre el otorgamiento verdaderamente libre del consentimiento dado por los internos”. Interior recuerda que el artículo 211 del Régimen Penitenciario exige que para permitir que los reclusos participen en investigaciones médicas, estas deben ser aprobadas por una comisión ética y que de las mismas se espere “un beneficio directo y significativo” para la salud de interno.

Sin supervisión de un médico especialista
En la resolución que suspende definitivamente el experimento, Instituciones Penitenciarias critica que en el equipo investigador no hubiera un médico especialista en neurofisiología clínica que supervisara “los antecedentes médicos [de los reclusos], la técnica empleada y el equipamiento médico utilizado”. También afea la falta de la pertinente autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para utilizar el equipo con el que se aplicaban las corrientes eléctricas cerebrales a los presos.