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lunes, 2 de febrero de 2026

#hemeroteca #trans | La paradoja de Filipinas: tolerancia hacia lo trans en el único país del mundo donde el divorcio es ilegal

Harper Viiteri posa en Manila en diciembre de 2025 //

La paradoja de Filipinas: tolerancia hacia lo trans en el único país del mundo donde el divorcio es ilegal

En el país asiático, las mujeres transgénero gozan de alta visibilidad en la calle y los medios de comunicación. Mientras, sus élites políticas siguen siendo muy conservadoras, una contradicción que muestra la enorme brecha entre el poder legislativo y la gente corriente
Rodrigo Santodomingo | Planeta Futuro, El País, 2026-02-02
https://elpais.com/planeta-futuro/2026-02-02/la-paradoja-de-filipinas-tolerancia-hacia-lo-trans-en-el-unico-pais-del-mundo-donde-el-divorcio-es-ilegal.html

La vida de Harper Viiteri ha sido una continua transición. Hace 33 años nació en Marruecos de madre filipina y padre marroquí. Sus padres se habían conocido en Arabia Saudí y, tras concebir a Viiteri, abandonaron el país. Cuando tenía siete años se mudó con su madre a Mindanao, al sur de Filipinas. Siendo hija de una unión ilegítima (la madre había emigrado, pero tenía marido e hijos en Mindanao), fue entregada en adopción a una familia pudiente que le dio su apellido actual. Con ellos alcanzó la estabilidad geográfica y familiar y empezó la lenta transformación de Harper —que nació hombre y fue llamado Jamil— hacia el pleno reencuentro con su condición femenina.

Sentada en su apartamento de Bonifacio Global City (un oasis de pulcritud en el caos de Manila), Viiteri cuenta que a los ocho o nueve años comenzó a “tener conciencia de haber nacido en el cuerpo equivocado”. De aquella época conserva las primeras fotos vestida como chica. “Incluso me ponía una toalla en la cabeza a modo de melena”, recuerda. Con 16 años empezó a hormonarse y a dejarse el pelo largo, pero antes y después caminó hacia algo que, para ella, va más allá de lo físico: ser mujer.

Viiteri, que hoy trabaja en el departamento de RRHH de una multinacional, es una de las 317.000 personas que, según estimaciones de Naciones Unidas, se identifican como transgénero en Filipinas. Se trata, con mucha diferencia, de la cifra más alta de toda Asia. Por debajo de los 100.000 se sitúan, en este orden, India, Vietnam y Tailandia, un país que, por alguna razón, permanece en el imaginario colectivo como la quintaesencia trans del lejano oriente.

En Filipinas, las mujeres —y, en menor medida, los hombres— transgénero son plenamente visibles en grandes ciudades como Manila o Cebú, pero también en localidades menores como Bacolod y en zonas rurales. Operadas o no, suelen ir maquilladas y vestir ropa ceñida. Trabajan en el sector de la belleza o en la industria del espectáculo, pero también como dependientas o azafatas, como abogadas, profesoras o ejecutivas de negocios.

Gigi Mary García, en una cafetería de Quezon City, diciembre de 2025 //

Gigi Mary García
, de la Sociedad de Mujeres Trans de Filipinas, explica que esta acusada fluidez de género enraíza con costumbres precoloniales que los conquistadores españoles encontraron a su llegada en el siglo XVI e intentaron erradicar a golpe de cruz y espada. Existen múltiples registros históricos que dan cuenta de hombres biológicos asumiendo roles femeninos. “Algunas mujeres trans cumplían un papel destacado en la sociedad”, afirma García. Por ejemplo, las ‘asog’, veneradas por poseer, en teoría, virtudes chamánicas. O las ‘mentefuwaley libun’, literalmente ‘el que se convierte en mujer’ en el idioma de los ‘teduray’, un grupo étnico que habita al sur de Filipinas.

Una profunda brecha
Hoy en día, la normalización de lo trans contrasta con el ultracatolicismo institucional que aún impera en el país asiático. Aunque son temas distintos, resulta paradójico que, mientras en sus calles o televisiones circula con amplia libertad la diversidad de género (y lo LGTBI en su conjunto), Filipinas siga siendo el único Estado del mundo, junto con el Vaticano, donde el divorcio está prohibido en todos los supuestos. A ojos occidentales, es como si el archipiélago se hubiera saltado conquistas clave del progresismo moral para aterrizar de lleno en la última etapa. En el mismo país donde las personas trans gozan de gran tolerancia (si bien, aclara García, sus derechos legales son “nulos”), el matrimonio de toda la vida supone un sello vitalicio.

Para Marc Reyes, investigador sobre cuestiones LGTBI, esta aparente contradicción encuentra su explicación en la profunda brecha que aísla a la clase política de la gente corriente. “Los legisladores están mucho más imbuidos de la doctrina católica tradicional que la población general. Son infinitamente más retrógrados”, estima. Gran parte del poder político en Filipinas —sobre todo a nivel nacional— sigue en manos de ricas familias conservadoras que se reparten los sillones más jugosos. Según Reyes, viven en una burbuja de poder y privilegio, sin escuchar demasiado el latido de la mayoría. No es casualidad que el actual presidente, Bongbong Marcos, sea hijo de un expresidente (Ferdinand Marcos), ni que la actual líder de la oposición, Sara Duterte, lanzara su carrera al amparo de su padre (Rodrigo Duterte), quien ocupó la presidencia del país entre 2016 y 2022 y que lleva desde marzo de 2025 detenido en La Haya a la espera de juicio por crímenes contra la humanidad.

Aunque la Constitución de 1987 garantiza la separación entre la iglesia y el Estado, Reyes considera que pocas leyes tienen opciones de prosperar si no reciben antes la bendición de la jerarquía católica. De hecho, sendas proposiciones de ley sobre el divorcio y contra la discriminación por razones SOGI —acrónimo anglófono que responde, en castellano, a orientación sexual e identidad de género— permanecen estancadas en el Parlamento, mientras suspiran desde hace años por un improbable beneplácito episcopal. Paradójicamente, mientras el divorcio no resulta viable sin papeles que lo certifiquen, se puede ser mujer trans aunque en los documentos de identidad aún figure un nombre masculino.

Temor a las élites católicas
Desde el púlpito de uno de los templos que la Iglesia Filipina Independiente (IFI) ostenta en Manila, el monseñor Renato Silvestre sostiene que muchos políticos filipinos siguen presos de un miedo con trasfondo religioso, pero, en esencia, bastante terrenal. “Temen perder el favor de las élites católicas y que esto les estigmatice de cara a sus votantes”, dice. ¿Y si sus votantes son menos conservadores de lo que ellos piensan? “Aun así, prefieren ir a lo seguro”, responde Silvestre.

La IFI es una especie de heterodoxia católica que no llega a ser protestante. Hace más de un siglo que se desligó de Roma. No impone el celibato y participa cada año en las marchas del orgullo. En 2023 ordenó como clérigo a una mujer trans. “Ahora tenemos a muchos seminaristas LGTBI, algunos de ellos transgénero. Solo les pedimos que hagan el bien, y para nosotros no hay nada malo en que dos personas del mismo sexo tengan relaciones o en sentirte mujer cuando has nacido en el cuerpo de un hombre”, asegura Silvestre.

A tenor de la experiencia de Gigi Mary García y Harper Viiteri, también parece existir en Filipinas una alta desconexión entre los obispos y el catolicismo de base. Ambas crecieron en un ambiente muy religioso. Viiteri fue monaguillo y García se reunía con otros fieles para rezar el rosario. Cuando empezaron a transicionar siendo adolescentes, sus padres pusieron pegas más pragmáticas que morales. “Estaban preocupados por las consecuencias del cambio para mi salud, pero hoy me aceptan casi al 100%”, señala García. “Me dijeron que fuera lo que quisiera ser pero que antes terminara mis estudios”, apunta, por su parte, Viiteri, que relata experiencias similares de aceptación parental entre casi todas sus amigas trans.

En sus investigaciones, Marc Reyes ha constatado que los padres católicos de personas transgénero suelen ser más tolerantes hacia sus hijas e hijos que aquellos que profesan la fe protestante, sobre todo en su vertiente más dogmática como la que encarna la muy poderosa Iglesia Ni Cristo. “Pienso que si algo define a los filipinos es que somos ‘soft hearted’ (compasivos, en español) y bastante camaleónicos”, continúa Reyes.

Este investigador narra otro caso de intersección entre catolicismo y asuntos LGTBI con una peculiaridad muy filipina. En el Ateneo, una prestigiosa universidad jesuita, existen baños de género neutro. Y en la Universidad de San Carlos (dominicos), donde él trabaja, no están tan avanzados, pero como académico goza de total libertad para abordar temáticas que en otros lugares del mundo aún levantan ampollas entre los guardianes de la moral tradicional. “Mis colegas investigadores tailandeses alucinan”, dice antes de soltar una carcajada.

miércoles, 21 de enero de 2026

#libros #patronato #franquismo | Redimir y adoctrinar : el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)

Redimir y adoctrinar : el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985) / Carmen Guillén.

Barcelona : Crítica, 2026 [01-21].
272 p.
Serie: Contrastes.

/ ES / Libros / ENS / Franquismo / Iglesia y Estado / Memoria / Mujeres / Patronato / Persecuciones políticas / Represión / Transición

📘 Ed. impresa: ISBN 9788491998280 / 21.90 €
📝 Cita APA-7: Guillén, Carmen (2026). Redimir y adoctrinar : el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985). Crítica.
 Tras décadas de silencio, Carmen Guillén arroja luz al organismo franquista encargado del adoctrinamiento moral de las mujeres caídas.
De entre todos los fragmentos que componen la compleja historia del siglo XX español, pocos capítulos resultan tan oscuros y reveladores como los vinculados a las instituciones represivas del franquismo. La más longeva y, sin embargo, la menos conocida es el Patronato de Protección a la Mujer.

Desde 1941 hasta bien entrada la democracia, esta institución apuntaló su labor sobre cuatro pilares: trabajo y oración para redimir; disciplina y castigo para adoctrinar. En el cruce de intereses entre Iglesia y Estado, la doctrina católica sirvió para legitimar este control femenino. Miles de mujeres de todas las edades, procedencias y contextos socioeconómicos fueron entonces condenadas sin delito y encerradas sin juicio en nombre de esa moral. Bajo un disfraz de caridad se ocultó una realidad llena de abusos, trabajos forzados, robo de bebés y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Este libro analiza el Patronato como una pieza clave en la arquitectura moral y política del franquismo y examina la huella que dejó en quienes lo padecieron y en una memoria colectiva que aún intenta asumir ese pasado.

sábado, 24 de mayo de 2025

#hemeroteca #iglesia #mujeres | El lugar "subalterno" e "invisible" de las mujeres en la Iglesia: "No vamos a seguir calladas"

Montserrat Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas //

El lugar "subalterno" e "invisible" de las mujeres en la Iglesia: "No vamos a seguir calladas"

"Es necesario que toda la Iglesia cambie, no solo las jerarquías", afirma la Asociación de Teólogas.
Raúl Bocanegra | Público, 2025-05-24
https://www.publico.es/sociedad/lugar-subalterno-e-invisible-mujeres-iglesia-seguir-calladas.html 

Los techos de cristal para la mujer en la Iglesia católica podrían estar hechos perfectamente de un material más resistente, por ejemplo, de mármol, como el que se ha utilizado históricamente para algunas de las emblemáticas estatuas que adornan la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. La situación de la mujer dentro de la institución es hoy completamente "subalterna", expone a Público Margarita Pintos de Cea-Naharro, teóloga feminista.

"Las mujeres ocupan un lugar subalterno, invisible. No toman decisiones a ningún nivel. Ni eligen al párroco ni [son escuchadas] sobre cuestiones teológicas ni sobre leyes morales que afectan a su cuerpo. Por tanto, no son sujetos teológicos ni legales: no toman ningún tipo de decisión", expone Pintos.

La teóloga pone un ejemplo muy gráfico al respecto. En el cónclave, 100% masculino, que eligió al nuevo papa, León XIV, la teóloga cree que quienes "hacían la comida y lavaban la ropa" a los cardenales, eran "mayoritariamente" mujeres que estaban "trabajando para esos hombres". "Ese es un elemento muy claro de cómo la Iglesia utiliza a las mujeres. Trabajan para ellos y además las invisibilizan", reflexiona.

El catolicismo tiene en España una base social compuesta mayoritariamente de mujeres. El 64,3% de las mujeres se declaran religiosas —un 33,9% afirma no ser una persona religiosa— por un 53,4% de los hombres —el 44,4% dice no ser religioso—.

"El porcentaje de mujeres que se consideran religiosas es notablemente más alto que de hombres para todos los grupos de edad. Las mayores diferencias entre los sexos se dan en el ateísmo, con mayor representación de los hombres, y, en el grupo de los que son considerados practicantes del catolicismo, con mayor presencia de mujeres", recoge la Fundació Ferrer i Guàrdia, en su último informe llamado ‘Laicidad en cifras 2025’.

Las mujeres no pintan hoy apenas nada en la jerarquía y la toma de decisiones es cosa de hombres. Para la filósofa y teóloga Montserrat Escribano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, es necesaria "una Iglesia que no vaya ligada siempre a varones y a varones ordenados".

"Es necesario —añade Escribano, en conversación con Público— que toda la Iglesia cambie, no solo las jerarquías, que es lo evidente. Si queremos tener una Iglesia que sea mucho más representativa, no se pueden seguir estableciendo esas separaciones en cuanto a toma de decisiones y de entender la propia religiosidad".

"Debemos caminar hacia una total representatividad dentro de la Iglesia, los derechos eclesiales no están conseguidos. En el último de los sínodos, ha sido la primera vez que las mujeres han podido votar. Estamos en 2025 y debería ser una cuestión habitual que en cualquier lugar que la Iglesia tome una decisión importante, debe haber mujeres", agrega Escribano.

Durante el pontificado de Francisco, se produjeron algunos gestos, pero claramente "insuficientes", a juicio de Escribano. "Planteó cambios muy significativos por su propia manera de ser, pero también porque él era un hombre acostumbrado a trabajar con mujeres. Eso hizo que tuviera una relación distinta con las mujeres y puso mujeres en lugares más destacados de la jerarquía vaticana".

Escribano señala a Público que el nuevo papa, León XIV, va a seguir los pasos de Francisco en una cuestión que considera relevante: "La Iglesia ha heredado algo que Francisco puso sobre la mesa, la Iglesia sinodal, esto es, todas las personas tenemos que ser escuchadas, tenemos la capacidad de iniciar un diálogo y de abordar las cuestiones que sean necesarias. Es una gran revolución si nos lo tomamos de verdad en serio".

"No es únicamente —abunda— que tengamos que conseguir determinadas cuestiones, desde perspectivas feministas, sino cómo caminar de un modo sinodal sobre esas cuestiones, que nos mueven a muchas personas. Si en el feminismo social ya es complicado, también lo va a ser dentro de la Iglesia".

Derechos de la mujer
"El papel de la mujer en la Iglesia debe ser el que ella quiera. No tenemos que esperar a que nos digan: ‘Ya puede ordenarse’", afirma Pintos. "Las mujeres —remacha Escribano— estamos en otros espacios ya. Si no tenemos espacios, veremos qué es lo que sucede. No estamos dispuestas a seguir callando. Hay una afirmación de San Pablo, que ha tenido mucho éxito: que las mujeres en la Iglesia callen. Pues ya no estamos dispuestas a seguir [así]. Está sacada de contexto, no lo justifico para nada, se ha utilizado esa afirmación paulina como [argumento de autoridad], pero las mujeres no estamos dispuestas a callar".

Hay debates hoy, como el del aborto, que en la Iglesia están prácticamente cerrados en una dirección que afecta directamente a los derechos de las mujeres. "Quiero que mi manera de hacer teología influya y si hablo sobre el aborto, no me silencie. Eso, la visión sobre el aborto, forma parte de la doctrina del derecho canónico. La única manera de cambiar eso o por lo menos quitarlo es en un concilio", argumenta Pintos.

"Es un tema muy complicado de abordar, porque [la jerarquía] mantiene una postura de que el aborto es algo no deseado", expone Escribano. "En el mundo en que vivimos —reflexiona— es necesario atender al propio hecho del aborto y abordar las razones que transitan hacia esas opciones, atender a las razones sociales, cómo vivimos en este sistema que mata la vida. Si mata la vida, significa también que muchas mujeres no tienen espacio, ni un trabajo decente, ni viviendas. Las mujeres son las que están también en espacios de trata, de prostitución, habitan entornos muy complicados. Tiene que haber un debate mucho más profundo".

"Aborto, sí, aborto, no, es una simpleza. [Ahí tenemos] el propio hecho de las maternidades. No es lo mismo la maternidad en algunos espacios de Europa que en Uganda, con la guerra o en la Franja de Gaza. La Iglesia es universal y también tiene que ver diferentes formas de comprensión acerca de todas", señala Escribano.

En los últimos tiempos han surgido movimientos, aún incipientes, y que tienen que coger vuelo, como la Revuelta de Mujeres en la Iglesia. "Teniendo ese papel subalterno que quieren dar a las mujeres desde la cúpula de la Iglesia, hay toda una corriente subterránea que trabaja y hace sus cosas a nivel internacional y esto en algún momento va a emerger, primero porque no va a haber sacerdotes", expone Pintos. En efecto, en el seminario hay ahora menos de mil, según los datos de la Conferencia Episcopal, y la Iglesia católica está en un proceso, sostenido en el tiempo de pérdida de efectivos.

"La revolución se hace desde abajo, No creo en una Iglesia piramidal, en una Iglesia de varones o mujeres debidamente ordenados. Creo en una comunidad de personas seguidoras de Jesús que organizan su manera de vivir en torno al evangelio. Es una visión personal, muy en consonancia de comunidades de base", afirma Pintos.

"La revuelta —analiza Escribano— se establece de una manera muy asamblearia y tiene conexiones con grupos europeos y se van haciendo en cada ciudad. Somos Iglesia y queremos aportar otro tipo de espacios y formas. Se reivindica también eso, la falta de acceso a todos los sacramentos a los que pueden acceder los varones. Por primera vez, las mujeres están movilizándose y eso hace que ellos también se tengan que movilizar. Y no es siempre de arriba para abajo: creemos en esos movimientos asamblearios, una manera sinodal de poder hacer las cosas".

El patriarcado en la Iglesia católica tiene hondas y profundas raíces, en parte relacionadas con la representación de la divinidad como un hombre. "No siempre dios ha sido varón", zanja Pintos. "Desde el Antiguo Testamento, hay distintos nombres de dios, que dependen mucho del momento histórico en el que se escribe el texto y por eso varía el nombre de dios". Luego, cita a Mary Daly, filósofa feminista y teóloga, que ya discutió estos planteamientos machistas y patriarcales y ya planteó la idea a combatir de que "si dios es varón, el varón es dios".

Otras maneras de pensar se van abriendo paso: "La teología feminista le ha dado la vuelta [a esa representación de dios como hombre] y se ha puesto en evidencia que sea la mayoritaria o la única. Se ha tratado de entender por qué ha sido así: respondía a patrones culturales y formas androcéntricas. Las mujeres teólogas producen teologías distintas. También tiene que ver cómo se han entendido los textos, se ha hecho una interpretación muy sesgada sin tener en cuenta ningún criterio de género", afirma Escribano.

"Esto pasa —agrega Escribano— en el mundo artístico y también pasa de igual manera en el mundo litúrgico. Lo hemos visto incluso en las celebraciones, en el entierro cómo se ha acompañado al cuerpo de Francisco, cómo ha sido la misa de inicio del pontificado de León XIV, las mujeres solo acompañan, no están al mismo nivel ni en el mismo espacio litúrgico".

Lucha contra la cultura patriarcal
Hay una cuestión que emerge, a la vista de la evidente discriminación: ¿Tiene el Estado algo que decir, algo que legislar, habida cuenta de que la Iglesia católica es una institución que, en parte, se financia cada año con impuestos? Entre las juristas se ha planteado, en efecto, el debate.

Así lo plantea, por ejemplo, la profesora María José Guzmán Parejo, en un trabajo —publicado en la revista de Derecho de la UNED—titulado ‘¿Mujer, pluralismo religioso e igualdad de género?: desafío jurídico en el siglo XXI en España’: "Los conflictos entre las religiones y los derechos de las mujeres no son recientes. Es más, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres es, en sí misma, una lucha en contra de la cultura patriarcal que domina todas las sociedades y la mayor parte de las religiones del mundo y es por ello que las contradicciones entre lo que se observa en las prácticas religiosas y los reclamos por los derechos de las mujeres han sido, son y seguirán siendo una constante".

Sin embargo, hoy, "la mayoría considera que, como regla general, el Estado habida cuenta la autonomía institucional de la Iglesia católica, no puede inmiscuirse en la infraestructura y gestión de esta sobre el acceso de la mujer a cargos eclesiásticos en condiciones de igualdad al hombre, y por tanto no están obligadas a organizarse de modo democrático salvo, y de ahí viene la excepción, que por ‘una necesidad social imperiosa’, el Estado debiera revertir esa situación. En esa reversión excepcional se sitúan quienes pretenden una modificación legislativa que evite prácticas discriminatorias, y en ese deseado marco normativo debe reconocerse, respetar y proteger la dignidad de la mujer". Así lo recoge la misma Guzmán Parejo, citando a la profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, Paz Fernández-Rivera González en otro estudio, posterior, este llamado ‘La mujer y su posible discriminación en el contexto de la diversidad religiosa del postsecularismo español desde el punto de vista jurídico’ y publicado en la revista de Ciencias de las religiones de la Complutense.

jueves, 22 de mayo de 2025

#hemeroteca #laicismo | ¿Es realmente España un Estado aconfesional?

Viñeta de El Roto en El País //

¿Es realmente España un Estado aconfesional?

El privilegio del que goza la Iglesia católica debe ser corregido con un marco regulador común a todas las demás confesiones
Ana Carmona Contreras | El País, 2025-05-22
https://elpais.com/opinion/2025-05-22/es-realmente-espana-un-estado-aconfesional.html 

El fallecimiento del papa Francisco y la posterior elección de su sucesor, León XIV, son acontecimientos que, más allá del lógico impacto en el seno del catolicismo, están generando una intensa movilización institucional, social y mediática que evidencian el extraordinario peso específico que conserva esta confesión religiosa. Es precisamente este contexto de atención preferente el que da pie para abordar una cuestión recurrente en España: la efectividad de la aconfesionalidad que, según la Constitución, define a nuestro Estado.

La identificación entre el poder público y la Iglesia católica en España, salvo períodos aislados (la Segunda República, muy destacadamente), es un elemento definidor esencial de nuestra historia. Sin ir más lejos, la dictadura franquista abrazó el catolicismo como religión oficial, asumiendo los poderes públicos su credo y proyectándolo sobre el ordenamiento del Estado y sus instituciones. Esta situación de arraigado monopolio se quiebra con la Constitución de 1978, puesto que, tras garantizar “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley” (artículo 16.1), a continuación, proclama que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal” (artículo 16.3). La separación entre la esfera pública y la religiosa adquiere carta de naturaleza constitucional, lo que significa que los valores y principios que inspiran la actuación del Estado son los establecidos en la Norma Suprema y no los defendidos por ninguna creencia religiosa (sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982).

La aconfesionalidad, sin embargo, no se concibe constitucionalmente en términos de indiferencia o inacción estatal, dado que los poderes públicos no solo “tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” sino que, asimismo, “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Este mandato, por lo demás, se conecta directamente y es manifestación específica del genérico deber de dichos poderes “de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (artículo 9.2). De la Constitución se desprende, pues, un modelo de “laicismo positivo” (sentencia del TC 46/2001), que constriñe al Estado a adoptar medidas que garanticen tanto el ejercicio individual de la libertad religiosa como el efectivo desarrollo de las actividades de culto por parte de las distintas confesiones.

Por la vía de las alusiones se introduce un significativo elemento de asimetría en la configuración constitucional del deber de cooperación estatal, ya que la Iglesia católica es objeto de una mención concreta frente al tratamiento indiferenciado del que son objeto las “demás confesiones”. Esta diversa aproximación semántica evidencia la pujanza del catolicismo tanto durante los debates constituyentes como en la negociación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que se desarrolló en paralelo a la elaboración de la Constitución. Tales acuerdos configuran un modelo cooperativo en el que el Estado, atendiendo a la libertad religiosa, garantiza a la Iglesia católica la impartición de enseñanza religiosa en los centros educativos públicos, así como la prestación de asistencia y el desarrollo de actividades de culto en hospitales públicos, instituciones penitenciarias y Fuerzas Armadas. El desempeño de dichas actividades corresponderá a las personas seleccionadas por las autoridades eclesiásticas (en el ámbito educativo se exige el requisito de idoneidad desde la perspectiva del credo católico como condición para impartir la asignatura de religión), corriendo a cargo del erario público el pago de sus salarios. Por lo que respecta a la financiación, la afirmación de que en el futuro la Iglesia católica asumirá tal responsabilidad no supone un obstáculo para incorporar, hasta tanto se consiga tal objetivo, el compromiso estatal de asignarle recursos. En el ámbito fiscal, esta confesión queda exonerada del deber de pagar determinados impuestos, entre ellos, el de bienes inmuebles de su propiedad.

Aunque la Ley Orgánica de Libertad Religiosa se aprobó en 1980, habrá que esperar más de una década para que el mandato constitucional de cooperación estatal con las “demás” confesiones religiosas vea la luz. En 1992, mediando un contexto de creciente pluralismo religioso, se suscriben tres acuerdos con las Federaciones de las confesiones evangélica, musulmana y judía. Atendiendo a su contenido, el modelo de cooperación establecido muestra diferencias muy significativas con respecto al de la iglesia católica, incorporando algunas asimetrías jurídicas de dudosa justificación constitucional. Así sucede con el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, que sigue estando compuesto únicamente por capellanes católicos, sin que se hayan incorporado, como sería necesario, miembros de las otras confesiones. Tampoco se ha producido un efecto de asimilación en materia salarial, dado que la obligación asumida por el Estado con respecto a los sacerdotes católicos que prestan asistencia en el Ejército, considerados personal adscrito al mismo, no se extiende a los representantes de las restantes Iglesias. Este mismo esquema no paritario también rige en los hospitales públicos y las instituciones penitenciarias. En ambos casos, los clérigos católicos cuentan con espacios propios para desarrollar sus actividades (capillas y despachos). Además, forman parte de los organigramas de dichos centros, siendo retribuidos por la Hacienda pública. Por su parte, a los ministros de las otras iglesias con Acuerdo solo se les reconoce la facultad de ejercer sus funciones en los referidos ámbitos, permitiéndose el uso de espacios (no específicamente determinados) y sin que la remuneración por las mismas sea asumida por las administraciones respectivas.

Una valoración asimismo crítica desde la perspectiva de la igualdad de trato entre confesiones religiosas merece la cuestión de la financiación. Aquí, una vez más, el estatus privilegiado de la Iglesia católica se hace patente. Y es que los contribuyentes podemos, marcando la casilla correspondiente de la declaración del IRPF, contribuir a su sostenimiento económico con el 0,7% de la cuota del impuesto. Una opción similar no se contempla en relación con otras confesiones religiosas, las cuales (siempre que tengan acuerdos con el Estado o cumplan el requisito de “notorio arraigo” legalmente establecido) pueden recibir anualmente fondos públicos a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia. El destino de los recursos obtenidos, sin embargo, no es libre, condicionándose al desarrollo de concretos proyectos de integración social y cultural.

La comparación de los rasgos básicos de los modelos de cooperación vigentes en España arroja una imagen de claro desequilibrio entre el tratamiento jurídico que recibe la Iglesia católica, que ocupa una posición claramente privilegiada, y el de las “demás”, con la consiguiente merma del principio de aconfesionalidad del Estado. Para solventar los problemas detectados, resultaría constitucionalmente necesario establecer un marco regulador común sobre asistencia religiosa y ejercicio de actividades de culto en los distintos espacios públicos que fije unos estándares mínimos obligatorios. A partir de ahí, lógicamente, el mayor arraigo social de una confesión religiosa justificará recibir un trato más favorable. Análogamente, en materia de financiación, dado que el objetivo de la autosuficiencia de las iglesias mediante la creación de un impuesto eclesiástico a pagar por sus fieles no aparece como una opción plausible en la práctica, deberían ponerse en práctica otras medidas orientadas a corregir la desigualdad existente. La solución más sencilla sería una reforma para incorporar, mediante la inserción de las casillas correspondientes en la declaración del IRPF, la previsión de contribución personal voluntaria a la confesión religiosa indicada.

La relevancia de los logros alcanzados en materia de aconfesionalidad del Estado desde 1978 es indudable. Queda, sin embargo, todavía camino por recorrer para lograr una comprensión constitucionalmente más adecuada de tal principio. Instaurar un modelo de cooperación con las distintas confesiones religiosas que, teniendo presente su diferente grado de implantación entre la ciudadanía, asuma un efectivo compromiso con la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente.

Ana Carmona es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

#hemeroteca #iglesia | La Iglesia católica pierde en España unos 4.000 sacerdotes y 3.000 monjas de clausura en diez años

Sacerdotes durante el Corpus Christi en Toledo en una imagen de archivo //

La Iglesia católica pierde en España unos 4.000 sacerdotes y 3.000 monjas de clausura en diez años

La Iglesia, un auténtico poder fáctico, está en un proceso, hasta ahora imparable, de pérdida de efectivos.
Raúl Bocanegra | Público, 2025-05-22
https://www.publico.es/sociedad/iglesia-catolica-pierde-espana-4-000-sacerdotes-3-000-monjas-clausura-diez-anos.html 

La Iglesia católica es, hoy aún, un auténtico poder fáctico en España, que recibe millones de euros de dinero público cada año vía impuestos. En su estructura, en el día a día, a pie de calle, trabajan y colaboran casi 150.000 personas, entre sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas, capellanes, misioneros, monjas y monjes de clausura y seminaristas, esto sin contar los más de 36.000 profesores de religión.

Sin embargo, está en un proceso, hasta ahora imparable, de pérdida de miembros, de fuelle en su indispensable arquitectura institucional, según se extrae del análisis de los datos que recoge la Conferencia Episcopal en las memorias que hace públicas cada año.

En el año 2023, último dato disponible, había 15.285 sacerdotes católicos, unos 4.000 menos que en el año 2013 (concretamente, 3.878 menos); 957 seminaristas, 290 menos que en 2016; y 81.080 catequistas, 25.432 menos que en 2013. Hay también 587 diáconos permanentes y 874 capellanes en centros sanitarios y otros 159 en centros penitenciarios.

Además de lo que se conoce como Iglesia diocesana, la Conferencia Episcopal aporta datos en sus memorias sobre lo que llama "institutos de vida consagrada (religiosos y seculares) y las sociedades de vida apostólica". Estos son, entre otros, los miembros de las distintas órdenes religiosas.

"En la Conferencia de religiosos de España están adscritos 408 institutos religiosos y sociedades de vida apostólica (300 congregaciones femeninas y 108 masculinas) con un total de 4.111 comunidades religiosas (2.962 femeninas y 1.149 masculinas) que agrupan a 24.740 religiosas y 7.791 religiosos", en total 32.531, según se lee en la memoria de la Conferencia Episcopal de 2023.

Estos eran 57.986 en 2013, según la memoria de aquel año. Es decir, la Iglesia ha perdido 25.455 religiosos en estos dos lustros. "Su presencia en campos como la educación, la sanidad y la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país", afirma la Conferencia Episcopal.

Este es un área de crítica esencial del laicismo: la necesidad que tiene la Iglesia de un Estado débil, que, en algunos casos, externalice educación, sanidad y protección social.

En lo que respecta a la, así llamada, "vida contemplativa", en España hay 703 monasterios, a los que pertenecen 7.664 monjas y monjes de clausura, lo que supone unas 3.000 —3.235— menos que en 2013.

Los misioneros, que trabajan en el extranjero, también son hoy menos. En 2014, eran 13.001 y en 2023 la cifra se había reducido en 3.069: ascendían a 9.932.

La excepción a esta tendencia está en los profesores de religión, que contrata y paga el Estado, pero son elegidos por los obispos, que sí han aumentado en estos años. Son hoy 36.686. En 2013, eran 25.660, según un estudio de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Las causas, según la Conferencia Episcopal
¿A qué obedece este descenso? El análisis que hacen en la Conferencia Episcopal, según indicaron a Público, se basa en cuatro factores. Por un lado, "hay un factor demográfico que influye de forma determinante". "En España hay zonas muy afectadas por la despoblación y el envejecimiento; y en términos generales, hay más personas mayores que niños y jóvenes", aseguran. La caída de seminaristas apunta, en efecto, a esta falta de renovación y a que, en el futuro, seguirá cayendo el número de sacerdotes.

Por otro lado, los obispos consideran que otro factor que influye es "el secularismo creciente". "Cada vez hay más personas (especialmente jóvenes) y más familias indiferentes al fenómeno religioso".

El estudio anual de la Fundació Ferrer i Guàrdia revela "una tendencia sostenida", en efecto: el retroceso de quienes se declaran católicos y el aumento de los no creyentes. Desde el 22% de 2010 ha aumentado hasta el 39% quienes hoy se declaran ateas, agnósticas o indiferentes, "cifra que se ha estabilizado tras años de crecimiento". Este estudio apunta también a un relevo generacional en las opciones de conciencia: "Las personas jóvenes de entre 18 y 34 años se declaran mayoritariamente no religiosas".

En el análisis de la Conferencia Episcopal se añade también como factores que contribuyen a explicar la caída "la dificultad para tomar decisiones definitivas" y "la poca participación de los laicos en la vida pública, que desplaza el cristianismo al ámbito de lo privado y delega la promoción de las vocaciones de especial consagración".

sábado, 17 de mayo de 2025

#hemeroteca #iglesia #educacion | Radiografía de la religión católica en la escuela: aún es mayoritaria salvo en cuatro comunidades

Aula de una escuela religiosa //

Radiografía de la religión católica en la escuela: aún es mayoritaria salvo en cuatro comunidades

En el curso 2022-2023, el 56,2% del alumnado cursó religión católica y el 42,6% no recibió enseñanzas confesionales. Diez años antes, las cifras fueron: 69,9% religión católica y 29,4% que no cursaba religión.
Raúl Bocanegra | Público, 2025-05-17
https://www.publico.es/sociedad/educacion/radiografia-religion-catolica-escuela-aun-mayoritaria-salvo-cuatro-comunidades.html 

En España aún es mayoría el alumnado que cursa la asignatura de religión católica en la escuela primaria. Aunque en diez años el porcentaje ha descendido paulatinamente y ha pasado del 29,4% que no elegía religión al 42,6%, solo en cuatro comunidades autónomas —Euskadi, Catalunya, Balears y Navarra, en esta última por muy poco, apenas dos décimas— son hoy más quienes no eligen ningún tipo de enseñanza confesional religiosa que quienes eligen la católica.

En el curso 2022-2023, los últimos datos oficiales disponibles, el 56,2% del alumnado en España cursó religión católica —otro 1,2% otras religiones— y el 42,6% no recibió enseñanzas confesionales. Diez años antes, en el curso 2012-2013, según el Ministerio de Educación, las cifras fueron las siguientes: 69,9% religión católica, un 0,7% otras religiones y apenas un 29,4% no cursaba religión.

Es decir, la caída en el porcentaje en esos diez años es del 13,7% en lo que respecta a la religión católica —se observa un leve aumento del 0,5% en otras confesiones— y, en paralelo, se produce una subida del 13,2% en quienes no quieren mezclar confesión y escuela y rechazan cursar la asignatura.

Euskadi es la comunidad —excluyendo las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla— en la que menos madres, padres y alumnado, en términos relativos, eligen religión católica durante primaria: el 34,8% (un 0,5% opta por otra confesión). Un 64,7% no quiere mezclar colegio y fe. En Catalunya, es el 38,4%. Otro 0,2% opta por otra confesión y el 61,4% rechaza la religión en la escuela.

En Balears, es el 48,3% el que elige religión católica —un 0,6% elige otra religión— y un 51,1% elude la asignatura. En Navarra es, por muy poco, mayoría, —el 50% por el 49,8%— quien evita el dogma católico. Un 0,2% que profesa otras religiones provoca, empero, un empate entre laicidad y confesionalidad en esta comunidad.

Estos datos contrastan con los de Extremadura, donde el 79,3% opta por religión en primaria, y los de Andalucía, donde el 72,3% del alumnado elige enseñanza católica. En otras seis comunidades se supera el 60%: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja.

"El nacionalcatolicismo se ha mantenido en Andalucía bajo la impronta de la tradición. Hay personas políticas o intelectuales de izquierdas que teorizan sobre la religiosidad popular como seña identitaria del pueblo andaluz", analiza José Antonio Naz, de Andalucía Laica.

La enseñanza de la religión es hoy voluntaria y, desde la entrada en vigor de la LOMLOE, la calificación no cuenta para el currículum. Lo que se enseña, salvo excepciones, no es historia de las religiones, sino que de lo que se trata es de impartir los postulados y dogmas de la confesión católica. Los profesores, aunque los paga el Estado —cada Comunidad Autónoma— han sido previamente elegidos por los obispos, que también tienen la potestad de despedirlos.

Sospechas de inconstitucionalidad
"El modelo de enseñanza de la religión confesional por el que tradicionalmente ha optado nuestro país encaja con cierta dificultad en nuestro modelo constitucional", expone Óscar Celadón Angón, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid.

"Por una parte, la enseñanza de religión confesional en la escuela pública —abunda el experto en el artículo ‘¿Neutralidad en las escuelas? El dilema de la enseñanza religiosa confesional en la escuela pública’— supone la introducción de una enseñanza soportada en una ética privada, en un contexto tutelado por los poderes públicos que debe ser ideológica y religiosamente neutral".

"Por otra —añade—, en la medida en la que la oferta de la enseñanza se reconduce exclusivamente a las confesiones con acuerdo de cooperación, se genera una discriminación entre las diferentes confesiones religiosas".

"Y, por último —remacha—, la enseñanza de la religión confesional requiere, para no lesionar el derecho a la libertad de conciencia de los alumnos, que durante la parte del horario dedicado a la impartición de esta enseñanza sean escolarizados en aulas diferentes atendiendo a cuáles sean sus creencias o convicciones, en un contexto que debería caracterizarse por la inclusión y el respeto a la diversidad".

Celadón aporta una solución: "Las sospechas sobre la inconstitucionalidad del sistema desaparecerían si la enseñanza se impartiera en horario extraescolar y pudieran participar todas las confesiones religiosas que lo soliciten".

Asimismo, agrega: "La enseñanza de la religión con carácter histórico y cultural es la fórmula que mejor encaja con nuestro modelo constitucional, dado que se trata de una enseñanza soportada en la trasmisión objetiva de conocimientos sobre el hecho religioso, que permite, al igual que ocurre con las demás asignaturas que conforman el currículo escolar, que el Estado seleccione sus contenidos, libros de texto y profesorado".

Menos alumnos, más profesores
Con los años, y a medida que crecen, el alumnado va abandonando la religión: así, en el curso 2022-2023, quienes optaron por actividades alternativas eran un 42,6% en primaria —como se ha indicado—, un 45,9% en la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y un 66,4% en el bachillerato. "La mayoría de matrículas en religión se producen en primaria hasta que el alumnado hace la primera comunión y luego descienden", analiza Naz, de Andalucía Laica.

"Actualmente, España cuenta con 2.548 centros educativos católicos, de los que un 94,6% son concertados y, por tanto, reciben financiación pública parcial. Los centros católicos representan el 9% del total de centros educativos del estado, con una presencia especialmente significativa en Cantabria, La Rioja y las Islas Baleares. Estos datos reflejan la financiación de la educación religiosa con fondos públicos, en un contexto en el que la escuela pública pierde plazas", según el informe Laicidad en cifras 2025, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

"Los porcentajes de matrícula en religión en la escuela pública han descendido mucho, pero han aumentado los centros religiosos concertados, donde esa matrícula es prácticamente obligatoria", expone Naz.

"En el año académico 2022-2023, el número de estudiantes matriculados en religión disminuyó a 2.940.793, casi 180.000 menos que durante el curso anterior. Por el contrario, el profesorado de religión experimentó un aumento de casi 900 incorporaciones, alcanzando la cifra de 36.686". Si se toma como referencia el curso 2013-2014, el número de alumnos era de 3.501.555 y el de profesores de 25.660. Es decir, mientras el alumnado cayó en más de diez puntos porcentuales, el profesorado aumentó en un 43%, según la Fundació.

Así, el omnímodo poder que tuvo durante la dictadura la Iglesia católica, que se resiste a perder la influencia, el prestigio y el dinero que le da educar —"una tabla de salvación para conseguir adeptos", según el teólogo Juan José Tamayo—, la pervivencia del sistema de educación concertada, de centros habitualmente de ideario católico financiados con fondos públicos, y la querencia por la religiosidad popular en el sur de España son algunos de los factores que explican, según expertos y asociaciones laicistas, que aún hoy la mayoría de familias prefieran que sus descendientes reciban religión en la escuela.

Estabilidad en el número de ateos
Los datos que aporta la Fundació Ferrer i Guàrdia "confirman una tendencia sostenida: el 39% de las personas se declaran ateas, agnósticas o indiferentes, cifra que se ha estabilizado tras años de crecimiento, reduciéndose 2,5 puntos con relación al año anterior".

Por comunidades, "la población no religiosa supera el 51% y se consolida como mayoritaria en Catalunya, seguida del País Vasco (47,3%) y Madrid (44,5%). En cambio, en Extremadura y Castilla-La Mancha mantienen índices de religiosidad por encima del 67%. En Andalucía es del 64,6%".

El estudio de la Fundació muestra además un relevo generacional en las opciones de conciencia. "Las personas jóvenes de entre 18 y 34 años se declaran mayoritariamente no religiosas. El grupo más mayoritario es el de las chicas entre 18 y 24 años, mientras que el grupo de 35 a 44 años presenta un leve repunte de la religiosidad respecto al año anterior. Las mujeres continúan mostrando una mayor religiosidad que los hombres, especialmente en el grupo de personas católicas practicantes".

jueves, 20 de abril de 2023

#hemeroteca #laicismo | Cada cosa en su lugar

El Ángel de Aralar visita el Ayuntamiento de Pamplona //

Cada cosa en su lugar

Jorge Nagore | Noticias de Navarra, 2023-04-20

https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/2023/04/20/cosa-lugar-6707726.html 

No veo qué problema tienen los creyentes católicos en que no se reciba la imagen de un ángel o cualesquier otra efigie religiosa en determinados edificios o lugares públicos, como el Parlamento, el Gobierno o el Palacio de Justicia. Los creyentes de otras religiones nunca han visto recibir oficialmente una imagen de su religión en Navarra y no protestan. A ver: las religiones son temas privados. Son invenciones o creencias, muy respetables y defendibles si se quedan en creencias personales o incluso colectivas pero no elevadas a la categoría de verdad pública y con obligaciones de protocolo. No es que sea una tradición y por tanto si no le recibes te cargas una tradición, como quien rompe algo. Es que eran unos actos de un tiempo concreto que chocan de frente con la laicidad legal y el debido decoro que deben de guardar las instituciones públicas por ley y era una tradición que se inmiscuía con el día a día de estructuras administrativas que no tienen por qué verse alteradas porque a determinadas creencias les parezca correcto que una efigie se pasee por sus instalaciones. No están los edificios públicos para estas cosas, creo. Que lo hayan estado durante siglos no implica que lo tengan que estar siempre y si en este proceso de racionalizar la vida pública hay que seguir insistiendo en esto pues se debería seguir haciendo. Como tradición religiosa de carácter popular y recibida por ciudadanos y demás, perfecto, por supuesto. De igual modo, una de las reacciones habituales ante estas negativas suele ser tachar de anti cristianos o cosas así a los responsables de que estas tradiciones no tengan lugar, la clásica reacción de quien durante muchísimo tiempo ha ocupado espacios que no le corresponden y se sorprende cuando llega alguien y le dice que no, que cada uno en su casa y Dios en la de quien quiera. No es ser anti nada. Es sencillo de comprender. Con y sin fe.

jueves, 4 de agosto de 2022

#hemeroteca #crisis #politica | Caballero se engancha con una presentadora de Telecinco por las luces de Navidad: "Ese calificativo me parece intolerable"

El Mundo / Abel Caballero, el 'illuminati' de Vigo //

Caballero se engancha con una presentadora de Telecinco por las luces de Navidad: "Ese calificativo me parece intolerable"

"El argumento cuadra, no tienes ninguna razón".
Atlántico, 2022-08-04
https://www.atlantico.net/articulo/tendencias/abel-caballero-engancha-presentadora-telecinco-calificativo-parece-intolerable/20220804120508930841.html 

Momento tenso en televisión el vivido entre Abel Caballero y la presentadora de Telecinco Patricia Pardo, en el mañanero 'El programa del verano'. La periodista gallega le planteó al alcalde de Vigo si es "ético" el despliegue de luces por Navidad al mismo tiempo que el Gobierno limita el gasto energético.

Caballero anunció que, para este año, Vigo reducirá el consumo en un 14% al reducir el encendido de luces una hora todos los días. En ese momento, Pardo le sugirió al regidor vigués: "¿No es un poco trampa ese argumento? Estamos hablando de 11 millones de bombillas led. ¿Cuánto gastó usted el año pasado en kw/hora?".

En otra de sus exposiciones, la presentadora interpeló a Caballero diciendo que "no sé si es muy coherente, incluso moral me atrevería a decir, estar exigiendo a la gente ese ejercicio de austeridad y que vosotros estéis colocando bombillas para la Navidad".

Fue ese comentario el que a Caballero no sentó nada bien. "Primero, esto se contrata con un año de antelación, no está improvisado. Está todo acordado desde el año pasado porque es el tiempo que se necesita para el montaje. El tiempo es exactamente el mismo en el que lo hicimos el año pasado. ¿Por qué no es ético eso? ¡Es que ese calificativo me parece intolerable!", expresó.

Para finaliza, el acalde, dirigiéndose a Pardo, pronunció: "El argumento cuadra, no tienes ninguna razón".

jueves, 28 de julio de 2022

#hemeroteca #lgtbifobia #politica | Podemos: “Si la bandera LGTBI es contraria a la neutralidad, el cartel del Cristo de los Remedios de Sanse con más razón”

Diario de Sanse / El Cristo de los Remedios en la fachada del Ayuntamiento de Sanse //

Podemos: “Si la bandera LGTBI es contraria a la neutralidad, el cartel del Cristo de los Remedios de Sanse con más razón”

La formación denuncia ante la Asesoría Jurídica Municipal el incumplimiento de la neutralidad religiosa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
David Guerrero | Cadena SER, 2022-07-28
https://cadenaser.com/cmadrid/2022/07/28/podemos-si-la-bandera-lgtbi-es-contraria-a-la-neutralidad-el-cartel-del-cristo-de-los-remedios-de-sanse-con-mas-razon-ser-madrid-norte/

Podemos en San Sebastián de los Reyes ha denunciado ante la Asesoría Jurídica Municipal el incumplimiento de la neutralidad religiosa del Ayuntamiento, y ha solicitado a Alcaldía la retirada del cartel del Cristo de los Remedios instalado un año más en la fachada del consistorio.

El portavoz de Podemos, Juan Ángulo se ha referido al auto del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 18 de Madrid que ordenaba la retirada de la bandera arcoíris que los Grupos Municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid colocaron en los balcones de su sede, en la calle Mayor de la capital. Ángulo afirma que “si una bandera en defensa del colectivo LGTBI es entendida por un juzgado como contraria a la neutralidad de las instituciones públicas, con más razón debería serlo un cartel del Cristo de los Remedios”.

El líder de Podemos en San Sebastián de los Reyes explica que la bandera arcoíris es un símbolo en contra de la discriminación por razones de sexo que recoge el artículo 14 de la Constitución Española y que por tanto representa a todos los Españoles, mientras que la imagen del cristo solo representa a los católicos.

Podemos se ha comunicado oficialmente con la Asesoría Jurídica Municipal para solicitar el estudio del caso y con la Alcaldía ostentada por el socialista Narciso Romero, para solicitar la retirada inmediata del cartel de grandes dimensiones que anuncian las fiestas de agosto, por infringir el principio de neutralidad que debe prevalecer en las instituciones públicas.

Y TAMBIÉN…
«Si una bandera LGTBI es contraria a la neutralidad, con más razón debería serlo un cartel del Cristo»

Podemos Sanse exige al Gobierno Local que cumpla con la neutralidad religiosa de las instituciones públicas.
Julio Gómez | Diario de Sanse, 2022-07-28
https://www.diariodesanse.com/2022/07/28/si-una-bandera-lgtbi-es-contraria-a-la-neutralidad-con-mas-razon-deberia-serlo-un-cartel-del-cristo/
>
Podemos Sanse afea la colocación de un cartel de un Cristo en el Consistorio.

Podemos Sanse ha denunciado este jueves ante la asesoría jurídica municipal “un nuevo incumplimiento de la neutralidad religiosa” del Ayuntamiento (gobernado por PSOE y Cs), por haber instalado en la fachada del Consistorio un cartel de grandes dimensiones del Cristo de los Remedios, ante la proximidad de sus fiestas de agosto, que se celebran en su honor del 27 de agosto al 4 de septiembre.
EFE | La Vanguardia, 2022-07-28
https://www.lavanguardia.com/politica/20220728/8437426/sanse-afea-colocacion-cartel-cristo-consistorio.html

martes, 19 de julio de 2022

#hemeroteca #lgtbi #matrimonio | Que no lo llamen matrimonio

El Salto / Activistas LGTBI en la aprobación del matrimonio igualitario //

Que no lo llamen matrimonio.

El Matrimonio Igualitario no está protegido totalmente por el Estado porque se ignora en las relaciones internacionales. El matrimonio en España es intrínsecamente igualitario, por lo que el resto será otra cosa: “heteromonio” si es heterosexual o “magimonio” si se ha celebrado con magia. Pero que no lo llamen matrimonio.
Ramón Martínez · La mirada rosa | El Salto, 2022-07-19
https://www.elsaltodiario.com/mirada-rosa/que-no-lo-llamen-matrimonio 

La pasada semana el periódico ‘El Mundo’ nos sorprendió con dos titulares. Uno, haciendo gala de un nuevo estilo de discurso intolerante que abusa de los sobreentendidos para difundir sibilinamente la homofobia, vinculaba la celebración del Orgullo con cuatro violaciones que, en realidad, se habían perpetrado sin ninguna relación con nuestra manifestación y las fiestas que la acompañan. Por su parte, otra noticia informaba de que “las bodas católicas ya son solo el 21% del total”.

Según los datos ofrecidos, tomados del Instituto Nacional de Estadística, desde 2009 los matrimonios civiles han superado en número a los celebrados mediante cualquier ritual religioso. Nuestro país avanza hacia el laicismo y no es posible obviar que la aprobación del Matrimonio Igualitario en 2005 supuso un importante impulso en esa tendencia. Aquel éxito de nuestro movimiento reivindicativo contribuyó a seguir construyendo una España más acorde con los tiempos que corren, pero, aunque ya damos por sentada su naturalización y creemos que nadie se atreverá a revertir ese derecho conquistado, me temo que aún le queda mucho camino por recorrer tanto para cambiar nuestra realidad como para asentarse completamente en nuestro país. Por ejemplo, es necesario tener en cuenta que, a día de hoy, el Matrimonio Igualitario no está protegido totalmente por el Estado, porque se ignora en las relaciones internacionales.

Uno de los puntales más básicos que sostiene cualquier acuerdo entre dos estados es el principio de reciprocidad: si un varón y una mujer se casan según las normas de un determinado país y cambian luego su residencia pueden hacer valer su unión también allí... El problema aparece cuando son dos personas del mismo sexo

Uno de los puntales más básicos que sostiene cualquier acuerdo entre dos estados es el principio de reciprocidad, que garantiza que ambos países se comprometen a comportarse de la misma manera el uno con el otro. Ambos eliminarán sus aranceles al comercio, o extraditarán a quienes hayan delinquido en un lugar y se encuentren en otro, o, para lo que nos interesa, reconocerán en su estado el matrimonio que se ha celebrado de acuerdo a la legislación del otro.

Esto quiere decir que si un varón y una mujer se casan según las normas de un determinado país y cambian luego su residencia pueden, a través de un procedimiento establecido, hacer valer su unión también allí y ver reconocidos los derechos que en ese lugar de destino le otorgan a la institución. El problema, claro está, aparece cuando son dos personas del mismo sexo las que han contraído matrimonio y quieren registrar su vínculo en un estado que no reconoce —o directamente prohíbe— las uniones homosexuales. Tanto en este caso concreto como en otros muchos, nos encontramos con que la reciprocidad no implica la equivalencia, es decir, que es posible acordar el reconocimiento recíproco del matrimonio que se ha contraído, pero que no siempre es equivalente lo que se entiende por matrimonio.

En los últimos años Europa, a través de ya varias sentencias, ha conseguido aminorar las consecuencias de este problema. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aras de proteger la libre circulación de la ciudadanía, obliga a los estados miembros a reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otro país europeo, e incluso a aceptar también la filiación de los hijos e hijas de dichas uniones de personas del mismo sexo, pero ¿qué sucede con los estados que no están dentro de nuestra Unión? Un matrimonio celebrado, por ejemplo, entre un varón ruso y una mujer española es susceptible de ser reconocido en ambos estados a través de un procedimiento que, a pesar de ser bastante farragoso, existe. En cambio, ese matrimonio mixto, cuando quienes lo contraen son personas del mismo sexo, solo disfrutará de reconocimiento y derechos en España. Cabe preguntarse, entonces, si esto supone una verdadera reciprocidad o, como parece, el Matrimonio Igualitario no pasa de ser una extravagancia de algunos países que, en la esfera internacional, no apuestan firmemente por la defensa de una institución con unas características determinadas y la reducen a su expresión únicamente heterosexual.

Existe un caso concreto en que esta falta de reciprocidad es aún más alarmante, porque el reconocimiento del matrimonio es automático, sin que medie ningún tipo de proceso que asegure unas mínimas garantías de equivalencia. Son los matrimonios que celebra la Iglesia —y otras entidades religiosas con suficiente arraigo y que así lo hayan acordado— y que se inscriben directamente en el Registro Civil. El artículo VI del Concordato entre España y el Vaticano de 1979 dice que “el Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico” y que “los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración”; y es necesario recordar que un “concordato” no es más que un tratado internacional con un nombre especialmente suntuoso. Aunque en el código canónico no he encontrado establecido que sea un impedimento para celebrar una boda que ambos contrayentes sean del mismo sexo, ¿reconocería el Vaticano un matrimonio celebrado en España y formado por dos varones? Entonces, ¿por qué España reconoce automáticamente la unión realizada mediante el derecho canónico?

Mi amiga, editora y librera Mili Hernández me ha contado varias veces la historia de su participación en la reivindicación de la Ley Estatal de Parejas de Hecho durante la década de 1990. Cuando en 1997 compareció ante la comisión del Congreso encargada de valorar dicha propuesta de ley, una diputada le preguntó hasta dónde llegarían las reivindicaciones del movimiento LGTB. Ella respondió, sin dudarlo un momento, “hasta conseguir el matrimonio”. Pero me temo que haber aprobado el Matrimonio Igualitario en España no es el último paso. En la defensa de nuestras reivindicaciones, que ahora forman ya parte de nuestras instituciones civiles, no podemos permitirnos reconocer derechos solo de puertas para adentro. Si el Estado español verdaderamente ha apostado por reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, todas sus relaciones internacionales deberían tener en cuenta esa postura.

Aunque sea una reivindicación extemporánea, completamente fuera de agenda y, con toda seguridad, prácticamente imposible de alcanzar, creo que el verano y la ralentización de la vida política y asociativa es un buen momento para abrir un debate como este: España no debería reconocer los “matrimonios” celebrados en países donde las normas que regulan la unión y, sobre todo, los impedimentos para acceder a ella, no son equivalentes. Ni mucho menos dar validez jurídica automática a un “matrimonio” que se ha constituido según un procedimiento no conforme con el ordenamiento jurídico español.

Por eso —y por tantos otros motivos— es necesario denunciar el Concordato con el Vaticano y por eso también debemos empezar a exigir reciprocidad y equivalencia a todos los países que quieran ver reconocidos sus matrimonios en el nuestro. Porque, mientras tanto, si esa unión está limitada a parejas heterosexuales se deberá llamar “heteromonio”, o “magimonio”, si tiene especial importancia una determinada magia en su celebración, pero, para nuestro ordenamiento jurídico, eso ni es ni debe ser reconocido como un matrimonio, mucho menos de forma automática. El matrimonio en España es intrínsecamente igualitario; el resto será otra cosa cualquiera, pero que no lo llamen matrimonio.

viernes, 3 de diciembre de 2021

#hemeroteca #lgtbi #queer | Vox exige el cese del embajador LGTBI europeo por mofarse de la Virgen María

The Objective / Riccardo Simonetti caracterizado como María //

Vox exige el cese del embajador LGTBI europeo por mofarse de la Virgen María.

El eurodiputado Jorge Buxadé reclama por carta al presidente de la Cámara que se disculpe por «los ataques contra la cristiandad».
Fran Serrato | The Objective, 2021-12-03
https://theobjective.com/espana/2021-12-03/vox-embajador-lgtbi-europeo-virgen/ 

La Navidad no ha llegado aún y ya está en el ojo del huracán. Hace unos días la Comisión Europea tuvo que retirar una guía interna que, en su intento por promover el lenguaje inclusivo, pedía a los dirigentes comunitarios felicitar «las fiestas» y no la Navidad. Ahora es Vox quien pide «de inmediato» el cese del embajador LGTBI del Parlamento Europeo por mofarse de la Virgen María. Riccardo Simonetti aparece en una revista ‘queer’ alemana caracterizando al personaje con una peculiar barba que, para la formación verde, supone una ofensa. Simonetti se ha excusado en su cuenta de Instagram, donde explica que, «si ignoramos el hecho de que Jesús no era blanco, también podríamos creer que la Virgen María tenía barba».

Simonetti, de 28 años, es uno de los ‘influencers’ más importantes de Alemania. Comenzó a trabajar en medios de comunicación y en el teatro muy joven. Se declara gay y ha conseguido varios premios por su compromiso con el colectivo. Ha actuado en películas, ha sido el rostro publicitario de diferentes marcas y es un habitual de los programas televisivos en su país. En 2018 publicó con éxito un libro autobiográfico y, meses más tarde, vio la luz otro para niños, a los que habla de tolerancia y alteridad. En 2019, la prestigiosa revista Forbes le eligió como una de las 30 personas menores de 30 años más influyentes y, este mismo año, el Parlamento Europeo le nombró embajador LGTBI, un cargo simbólico por el que no percibe ninguna remuneración, según ha podido saber The Objective.

«Jesús no era blanco»
El influencer aparece caracterizado de la Virgen María en el número de diciembre de una de las revistas ‘queer’ más prestigiosas de Alemania, ‘Siegessäule magazin’, que se publica mensualmente desde 1984. Simonetti es el protagonista de la portada, donde posa ataviado con ropa femenina y con un Niño Jesús en brazos. Lo que ha molestado a Vox es que represente a la principal figura femenina del cristianismo con barba. En el interior de la publicación vuelve a aparecer, esta vez acompañado de un San José mulato. El embajador LGTBI del Parlamento Europeo se ha excusado a través de su cuenta de Instagram, donde afirma que, «si ignoramos el hecho de que Jesús no era blanco, también podríamos creer que la Virgen María tenía barba».

«Me siento muy orgulloso y honrado de estar en la portada de la edición de diciembre de una institución tan ‘queer’ como Siegessäule magazin. Tuve la increíble oportunidad de aparecer en muchas portadas de revistas en mi vida, sin embargo, esta es la primera vez que estoy en la portada de una revista ‘queer’», presume Simonetti. «El nivel de idiocia y de falta de escrúpulos de estos profesionales del timo es insoportable. Se cree intocable por esa falsa teoría de la tolerancia. Pero no», ha escrito en su cuenta de Twitter Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox.

La formación verde considera una ofensa que el ‘influencer’ aparezca caracterizando a la Virgen María con una barba. Por eso, Buxadé, jefe de su delegación en el Parlamento Europeo, le ha solicitado que abandone su responsabilidad y que pida perdón público a todos los creyentes. «Se ha disfrazado atacando de forma miserable las creencias de millones de cristianos», sostiene. Buxadé también acusa a la Eurocámara de tolerar la ofensa, por lo que ha exigido por carta a su presidente, David Sassoli, que cese «de inmediato» al embajador LGTBI y que pida disculpa por «los ataques contra la cristiandad» que se están tolerando en las instituciones comunitarias.

Lenguaje inclusivo
«Lamentablemente, las instituciones de la UE se usan una vez más para atacar el patrimonio cultural y las creencias religiosas de los Estados miembros. Como saben, nuestras raíces cristianas definen nuestras sociedades y los valores sobre los que se fundan y, por lo tanto, deben ser apreciadas y respetadas», manifiesta Buxadé en su misiva a Sassoli, que por el momento no ha contestado. El eurodiputado de Vox afirma en el texto que las instituciones de la UE «no pueden participar en estos ataques a nuestra cultura» y demanda medidas para protegerla. «Por eso les insto a que pongan fin a cualquier tipo de colaboración con Riccardo».

Hace unos días, la Comisión Europea tuvo que retirar una guía interna que, en su intento por promover el lenguaje inclusivo, pedía a los dirigentes comunitarios felicitar «las fiestas» y no la Navidad. La publicación, contra la que cargó el mismísimo Vaticano, instaba a no dar por sentado que todo el mundo es cristiano. «No es un documento maduro y no cumple los estándares de calidad de la Comisión. Las recomendaciones necesitan más trabajo, por lo que lo retiro», explicó el martes en Twitter la comisaria de Igualdad, Helena Dalli. La política maltesa defiende que el objetivo de la guía era ilustrar la diversidad cultural de Europa. La Comisión cerró la polémica insistiendo en que se trababa de un documento interno que no estaba llamado a hacerse público y que será reformulado.

martes, 20 de julio de 2021

#hemeroteca #lgtbi #franquismo #memoria | El sello de Bolaños a la Ley de Memoria: reconocer como víctimas a las personas LGTBI represaliadas

El Independiente / Acto contra la impunidad del franquismo //

El sello de Bolaños a la Ley de Memoria: reconocer como víctimas a las personas LGTBI represaliadas.

El ministro de Presidencia eleva este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto incorporando ligeras modificaciones al texto de Carmen Calvo. Cierra la puerta a que la reparación personal pueda conllevar responsabilidad patrimonial del Estado.
Antonio Salvador | El Independiente, 2021-07-20
https://www.elindependiente.com/espana/2021/07/20/el-sello-de-bolanos-a-la-ley-de-memoria-reconocer-como-victimas-a-las-personas-lgtbi-represaliadas/ 

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que Félix Bolaños eleva este martes a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación mantiene la esencia del texto redactado en la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes pero incorpora ligeras modificaciones y añade algunos aspectos no recogidos en las dos versiones anteriores.

Una de las novedades es el reconocimiento expreso como víctima a todas las personas LGTBI [lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales] que «sufrieron represión por razón de su orientación o identidad sexual», según se detalla en el artículo 3. Este colectivo se suma así a los fallecidos y desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil y la posterior dictadura, a los que fueron detenidos de forma arbitraria o sufrieron torturas, los deportados u obligados a realizar trabajos forzosos, los exiliados, a los que se les incautaron bienes, los represaliados laboralmente, los que participaron en la guerrilla antifranquista o los perseguidos por razón de conciencia o creencias religiosas, entre otros.

Bolaños incluye un párrafo adicional en la exposición de motivos para justificar el reconocimiento que, «de manera especial», la ley brinda a «variados colectivos». Uno de ellos es el que integran las personas LGTBI, «que sufrieron formas especiales de represión o violencia sufridas a causa de su orientación o identidad sexual». Esa persecución -añade el texto- se singulariza en normas como la modificación en 1954 de la Ley de vagos y maleantes para incluir «a los homosexuales» y la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social (1970), «que definía como peligrosos sociales a “los que realicen actos de homosexualidad».

Desarrollado en 76 páginas en lugar de las 73 de la versión que el Gobierno redactó tras incorporar las observaciones formuladas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la exposición de motivos que se enviará ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria incluye un mayor desarrollado que el texto anterior.

En concreto, se añaden cinco párrafos antes del desarrollo del articulado para proclamar que la norma «se adecúa a los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia» previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que da cumplimiento a los «principios de necesidad y eficacia debido a las razones de interés general» y que ha sido respetuosa con las exigencias en materia de transparencia al haber sido sometido el texto a consulta previa e información pública.

El nuevo titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, igualmente, modifica la redacción del artículo que regula la declaración de reconocimiento y reparación personal (el 6) a fin de cerrar la puerta de forma tajante a que las acciones que se ejerzan en los tribunales pudieran producir efectos «para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional».

También retoca Félix Bolaños el artículo referente a los ‘Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática’, al incluir un séptimo apartado por el que se dispone que los elementos retirados de los edificios de titularidad pública por exaltar la sublevación militar y la dictadura -como escudos, insignias o placas- deberán depositarse en «dependencias» que tendrán que ser conocidas por el departamento competente en materia de memoria democrática. Igualmente, será obligatorio elaborar y mantener actualizado un registro de los mismos.

Respecto al procedimiento de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática (desarrollado en el artículo 37), el anteproyecto que validará hoy el Consejo de Ministros reserva la potestad a la «administración competente» no sólo de imponer multas sino de llevar a cabo la retirada «subsidiariamente» como describe la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La utilización del término ‘revocación’ en lugar de ‘retirada’, la desaparición de la expresión «conocimiento de la verdad» que aparecía en la exposición de motivo y el cambio parcial de algunos de los títulos de las disposiciones adicionales son otras de las novedades que presenta la última versión respecto a las anteriores, según ha podido comprobar este diario.

Informe del CGPJ

Lo que mantiene el flamante ministro de Presidencia es la corrección que ya introdujo su predecesora en el cargo tras emitir recibir el informe del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces llamó la atención sobre la nueva causa de extinción de fundaciones que pretendía introducir el anteproyecto, concretamente en la disposición adicional quinta: «La apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».

«La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, ‘al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a quienes la niegan’ [sentencia 176/1995, de 11 de diciembre]», expresaron los ponentes Wenceslao Francisco Olea Godoy y Roser Bach Fabregó en el informe.

A la luz de esas consideraciones, Carmen Calvo modificó ligeramente la redacción de la disposición adicional quinta, a fin de que quedara claro que se considera contrario al interés general la apología del franquismo «que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo». Y así lo ha mantenido Bolaños.

También se mantiene inalterable el precepto correspondiente al futuro del Valle de los Caídos, que el Gobierno quiere convertir en un «lugar de memoria democrática» para dar a conocer «las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos» tras la exhumación de los restos del dictador Franco el 24 de octubre de 2019.

De forma explícita, el anteproyecto no establece la expulsión de la comunidad benedictina de Cuelgamuros, pero abre la puerta a la salida de los frailes después de casi 63 años o al menos a limitar su acción en el recinto. «Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales», prevé el artículo 54.5. El Gobierno aprobaría un real decreto parta establecer un nuevo marco jurídico para la organización, el funcionamiento y el régimen patrimonial.

El futuro de los monjes

El 23 de agosto de 1957, Franco acordó crear la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -a la que atribuyó la titularidad y administración del conjunto- para «rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana».

Dichas tareas fueron confiadas a la abadía benedictina de la Santa Cruz en virtud del convenio que Luis Carrero Blanco -en representación del Estado- y el abad de Silos, Isaac María Toribios, firmaron el 29 de mayo de 1958. Justo 49 días después llegaron veinte monjes del monasterio burgalés para establecerse en el Valle de los Caídos -al menos cuatro continúan, entre ellos el abad emérito Anselmo Álvarez Navarrete- y cumplir los fines fundacionales. Éstos eran «mantener el culto con todo el esplendor que la Iglesia recomienda»; «dirigir y adiestrar una escolanía que contribuya a la mayor solemnidad de las funciones litúrgicas», «dirigir el Centro de Estudios Sociales», «seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, su legislación y realizaciones»; «recopilar la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia» y «mantener al día una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social».

En el voto particular formulado contra el acuerdo por el que el pleno del CGPJ respaldó el informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica, los vocales Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández Martínez y Juan Martínez Moya advirtieron de que la eventual expulsión de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos supondría una vulneración del acuerdo que regula las relaciones Iglesia-Estado desde enero de 1979.

Y TAMBIÉN…
Colectivos de Memoria histórica reclaman una ley "que ponga fin a la impunidad del franquismo".
Madridiario, 2021-07-18

https://www.madridiario.es/colectivos-memoria-historica-reclaman-ley-ponga-fin-impunidad-franquismo

domingo, 12 de abril de 2020

#hemeroteca #iglesia #inmatriculacion #patrimonio | Por qué el patrimonio histórico no debe ser propiedad privada de la Iglesia

Imagen: Público / San Juan de los Panetes, Zaragoza
Por qué el patrimonio histórico no debe ser propiedad privada de la Iglesia.
La inmatriculación por la Iglesia de los bienes del arte prerrománico asturiano, tal como ha revelado 'Público', vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad del patrimonio histórico español. Tres juristas, dos medievalistas y un ex ministro de Cultura examinan aquí una cuestión trascendental para el enorme tesoro arquitectónico y artístico privatizado de facto por el Vaticano.
A. Moreno | Público, 2020-04-12
https://www.publico.es/sociedad/propiedades-iglesia-patrimonio-historico-no-debe-propiedad-privada-iglesia.html

Todo indica que la práctica totalidad del legado cultural de este país ya no pertenece a sus ciudadanos sino que ha sido "privatizado" de forma masiva en virtud de un subterfugio jurídico que muchos especialistas juzgan "arbitrario" e "inconstitucional". La propia Iglesia católica reconoce en su web que nada menos que 3.111 bienes de incalculable valor histórico, entre ellos los monumentos más emblemáticos, figuran ya a su nombre en el registro de la propiedad privada. Ese volumen podría representar más del 80% del patrimonio cultural de España, lo que supone una descapitalización artística sin precedentes.

La jerarquía católica se atribuye la titularidad de todos esos bienes en razón de su uso religioso inmemorial, pero muchos juristas e historiadores sostienen que el mero culto católico no comporta, en modo alguno, un certificado automático de propiedad. La razón que arguyen parte, en cierto modo, del derecho romano, que conceptuaba los templos como ‘res sacrae’ y, por tanto, bienes fuera del comercio al objeto de preservar su carácter comunitario y de uso general. Público ha consultado a tres juristas, dos medievalistas y un ex ministro de Cultura para conocer su opinión sobre lo que, si nadie lo remedia, es ya de facto la privatización del patrimonio histórico de España.

Julio González es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Derecho Europeo entre 2016 y 2018. Su posición al respecto es contundente. "La Iglesia católica no tiene títulos de propiedad que justifiquen el carácter privativo de esos bienes, muchos de los cuales fueron construidos por los pueblos, con aportaciones de la ciudadanía. Deberían ser de dominio público porque afectan a nuestro patrimonio cultural". La suya es una opinión fundamentada en años de estudio sobre el concepto jurídico de dominio público, a cuyo análisis ha dedicado una ingente producción investigadora.

Y añade: "El dominio público es una categoría que surge para los bienes del común. La Iglesia católica lo que hace es una utilización de los templos por razones de culto". Julio González pone como ejemplo a San Miguel de Lillo, una de las joyas del prerrománico fundado por los reyes asturianos en el siglo IX e inmatriculada por el obispo de Oviedo en 1929. "Que este tipo de bienes puedan ser considerados privativos de la Iglesia me parece un insulto a la inteligencia", zanja.

Sobre la condición de bienes de dominio público para los templos católicos históricos existe una viva controversia entre los especialistas. La Iglesia y muchos juristas desestiman esta visión. Entienden que les pertenecen por la posesión en el tiempo o como consecuencia de donaciones del monarca, como aducen en el caso de la Mezquita de Córdoba. Los colectivos patrimonialistas, en cambio, se sitúan en una perspectiva bien diferente. En un país mayoritariamente cristiano desde hace siglos, el culto católico ha sido el oficial del Estado, quien ha asumido secularmente la obligación institucional de edificar los templos, mantenerlos y financiarlos con fondos del tesoro público. Julio González sostiene además que la prescripción inmemorial, a la que apela la Iglesia como prueba de propiedad, "nunca ha existido en el derecho español". Los bienes de dominio público son imprescriptibles y no se pueden adquirir por el paso del tiempo, señala. "Hablar de usucapión es una falacia".

Fernando Martínez, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, comparte básicamente esa misma doctrina. En su opinión, los templos de culto católico no han accedido históricamente al registro de la propiedad privada porque "se asimilaban al dominio público", en un régimen jurídico similar al de los márgenes de los ríos, el litoral marítimo o los caminos.

El vuelco con Aznar
Fue el expresidente José María Aznar quien dio un vuelco histórico en 1998 cuando permitió por decreto la entrada por primera vez en el registro de la propiedad privada de los templos con la mera autocertificación del obispo y sin aportar títulos de dominio. La decisión permitió la inscripción masiva, indiscriminada y unilateral de monumentos sin contar con el visto bueno del Estado, que es la administración directamente concernida por la propiedad del patrimonio histórico. "La Iglesia puede tener en propiedad edificios", explica el jurista de la UAM, "pero no puede aducir que los bienes son suyos por el mero hecho de que allí se desarrolle el culto católico. Sería tan absurdo como que una universidad habilitara un espacio para el culto católico y la Iglesia pretendiera al cabo del tiempo decir que es suyo por su uso religioso".

Para determinar qué edificios pueden ser calificados como dominio público habría que aclarar cuál ha sido su uso, quién era el propietario del suelo, quién construyó el templo y quien lo ha mantenido a lo largo del tiempo. "No simplemente quién desarrolla el culto", puntualiza Fernando Martínez. En modo alguno, la cesión al culto convierte al concesionario en propietario", matiza. El jurista recuerda que los monarcas cedían esos espacios para un fin público de carácter religioso pero se reservaban el derecho de patronato. Y advierte: "El Estado es hoy el heredero del derecho de patronato real de bienes que pertenecían al fisco regio. Habría que investigar, por tanto, cuáles son del Estado, cuáles de los ayuntamientos, de particulares o de la Iglesia. Hay que hilar fino".

La jerarquía católica alega el argumento de la "notoriedad" para reivindicar su propiedad sobre esos bienes religiosos. Pero, a juicio de Fernando Martínez, ese razonamiento es "falaz". "Lo que era notorio era el uso religioso, pero no la propiedad", precisa. La Iglesia "poseía" esos edificios para desarrollar actividades de interés general durante los siglos en que la religión católica era culto oficial del Estado. "Ahora bien: para certificar el dominio no solo se tiene que certificar la posesión sino la posesión como dueño", añade. Y pone un ejemplo gráfico: "Uno puede ser arrendatario durante décadas o usufructuario de un determinado bien, pero eso no te convierte en dueño". La Iglesia podrá ser titular de algunos bienes, reflexiona Fernando Martínez, pero no de otros muchos, especialmente de las catedrales o aquellos pertenecientes al patrimonio histórico, al tratarse de espacios que el Estado "puso a disposición de la organización católica para desarrollar lo que entonces se entendía como un servicio público". Es oportuno recordar que el propio acuerdo entre el Vaticano y el Estado español de 1979 se refiere literalmente al patrimonio cultural "en posesión" de la Iglesia.

El ex ministro de Cultura José Guirao pisa con cautela en un terreno de evidente complejidad. "Todo tiene matices. Estos juristas llevan razón en el sentido de que una parte importante [de estos bienes de valor histórico] no debieran ser privatizados y deberían estar en manos públicas. Otra parte puede ser que la Iglesia tenga derechos reconocibles". Experto en gestión del patrimonio cultural, José Guirao admite que el cambio legislativo de Aznar que permitió a la Iglesia inmatricular bienes de forma indiscriminada "fue un error claramente". "Ahora habrá que ordenarlo, sin menospreciar lo que cada cual hace para la conservación del patrimonio histórico. Las grandes obras las ejecuta el Estado o las comunidades autónomas", puntualiza, "y la pequeña obra de mantenimiento la hace quien lo usa".

La clave está, al parecer del ex ministro, en el listado de inmatriculaciones que ya consta en poder del Gobierno y ver qué bienes pueden pertenecer a la Iglesia de forma fehaciente. "Hay que ver la envergadura de la lista. Pueden ser muchos", señala, en relación a los monumentos registrados por la jerarquía católica. José Guirao aporta otro punto de vista que considera relevante. "La Iglesia no ha hecho un cálculo a medio plazo sobre los problemas que pueden repercutirle por haber inmatriculado tantos bienes. El propietario tiene la obligación de mantener los edificios del patrimonio histórico y la Iglesia puede encontrarse con un problema de falta de recursos". Hasta ahora ha sido el Estado quien ha sostenido con fondos públicos la conservación del monumental legado arquitectónico, pero puede ser que en el futuro "lo ordene de otra manera", según Guirao, como consecuencia del injustificado cambio de titularidad de los monumentos. Cálculos efectuados por Europa Laica reflejan que la administración pública dedica cada año más de 600 millones de euros de todos los contribuyentes en el mantenimiento del patrimonio histórico.

El debate tiene un componente histórico claro. ¿Cuál es el origen de todos estos bienes culturales? Para el escritor y medievalista José Luis Corral, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, no hay la menor duda. "En el caso del arte prerrománico, es evidente que el origen es monárquico, de los reyes de Asturias y León", indica a Público en conversación telefónica. "Lo que ha hecho la Iglesia es utilizar un vacío de ley, con fraude de ley, usando derechos de origen medieval que están obsoletos desde la Constitución de 1978". Corral ha investigado durante años en archivos eclesiásticos la construcción de las catedrales y su financiación. Y sus conclusiones son taxativas. "Muchas han sido financiadas por la monarquía. La Catedral de León, por ejemplo, fue impulsada por Fernando III. O la de Burgos. Y, en otros casos, es la propia ciudad la que financiaba la seo. Las dotes eclesiásticas proceden de privilegios o derechos que les conceden la monarquía. Por sí misma, la Iglesia no tiene propiedades en origen", subraya.

A idénticas conclusiones llega Javier Pérez Embid, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Huelva. "Las catedrales eran fundaciones de la monarquía y se construyeron con los tercios de fábrica [diezmos] básicamente. Era el equivalente al impuesto sobre la renta y el IVA. Lo sustentaban todos los contribuyentes. Naturalmente. La legitimidad histórica era del conjunto del pueblo, lo que justifica que sean patrimonio público". Según los datos disponibles hasta ahora, las 88 catedrales catalogadas en España y 18 monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco, habrían sido inscritos por los obispos en el registro de la propiedad privada. "No fue feliz ni oportuno el proceso inmatriculador porque ha sido un paso atrás en la defensa pública del patrimonio histórico", remacha.

La coordinadora estatal Recuperando lleva cinco años trabajando en la denuncia de las inmatriculaciones eclesiásticas y defiende la nulidad de todas ellas por inconstitucionalidad sobrevenida, independientemente de que la Iglesia pueda acreditar posteriormente su titularidad en un proceso transparente y con plenas garantías. Su portavoz, el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez, cree que es esencial comprender la naturaleza primigenia de todo este patrimonio inmemorial. "Las cosas sagradas siempre fueron públicas", explica apelando al derecho romano. "A todos los efectos, son bienes inembargables por su condición extracommercium. Posteriormente, pasan a formar parte de la Corona, que ejerce la tutela del patronato y las regalías, y están afectas a un servicio público como fue el culto católico de un país oficialmente confesional durante siglos". ¿Cuándo se rompe la cadena? "En 1978. Con la Constitución se produce la separación de facto entre Iglesia y Estado, esos bienes no se desafectan y se quedan en un limbo jurídico. La reforma de Aznar introduce un cambio histórico, porque es la primera vez en la historia en que se declaran privados todos estos bienes históricos de culto".

El resultado de todo este proceso inmatriculador "arbitrario" y "clandestino", según los colectivos patrimonialistas, es que la práctica totalidad del patrimonio histórico español, hoy por hoy, figura como propiedad privada del Vaticano. ¿Cómo se puede revertir este "expolio cultural" sin precedentes? El Gobierno tiene ya en sus manos el listado de los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015.

Conocemos su número, 35.000 inmuebles, pero no su identidad. De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a publicar el inventario, pese a la reclamación formal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Qué decisiones tomará después? Esa es una incógnita que se despejará en los próximos meses.