La pandemia se ha cebado con los centros de mayores y dependientes. En Madrid, zona cero de esta tragedia, ha muerto una de cada 10 personas que usaban estos servicios.
La vecina de habitación de don Pedro se extrañó aquella tarde de que no le había oído en todo el día. A sus casi 100 años, la menuda mujer salió al pasillo de la residencia en su silla de ruedas y tocó la puerta, pero una cuidadora la vio y le pidió que volviera a su dormitorio. Don Pedro está muy malito, le dijo. Preocupada, la mujer agarró su teléfono para avisar a los familiares de Pedro Calvo. Fue el lunes 6 de abril a las nueve de la noche y de esa forma supieron que don Pedro había enfermado. Pasaron muchas horas de angustia llamando sin cesar a la residencia privada de DomusVi en Móstoles, al sur de Madrid, hasta que el martes al mediodía su hija Carmen habló con una doctora que le dijo que su padre tenía síntomas de covid-19 y que se prepararan para lo peor. Pasadas las seis de la tarde le sonó el teléfono. Su padre había muerto. Tenía 96 años.
Sus familiares no sabían que en la residencia había un brote. Desde hace más de un mes miles de familias en Madrid han sufrido tragedias semejantes en residencias de mayores infectadas. Un incendio que ha diezmado la población de las 475 residencias de ancianos donde a principios de marzo había algo más de 52.000 plazas autorizadas. El viernes, la comunidad informó de que 44.312 personas viven en alguno de los 710 centros de servicios sociales.
La Comunidad ha reportado 5.272 muertes en las residencias de servicios sociales de la región, la inmensa mayoría en centros de ancianos, por coronavirus o síntomas compatibles.
“Es probable que haya muerto uno de cada 10”, reconoció a este periódico el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Una cifra catastrófica, no incluida en el balance oficial de Sanidad, que este sábado sumaba 7.132 fallecidos.
La Comunidad es el epicentro del drama. De todos los fallecidos en residencias en España, cuatro de cada 10 lo han hecho en Madrid. Más de 13.600 personas han muerto por coronavirus o síntomas compatibles, según un recuento de este periódico que también incluye centros de discapacidad.
La Fiscalía investiga a 38 residencias de España, la mayoría (19) en Madrid.
La magnitud del dato nacional muestra lo que el sector veía venir: las 5.417 centros con sus 373.000 residentes (según un estudio del CSIC, no existen cifras oficiales) son un lugar de riesgo: ocho de cada 10 mayores ha superado los 80 años y
la letalidad por covid-19 es del 23% para los octogenarios. Sin embargo, el detalle del azote de la pandemia en los más vulnerables es desconocido. Han escaseado los test y los expertos señalan que no todos los fallecidos con síntomas compatibles han muerto por coronavirus. Los datos no son homogéneos. Después de mes y medio, el Gobierno sigue sin dar una cifra oficial de muertos. Tampoco se conoce cuáles son los centros más afectados y cuántos están libres de la enfermedad.
Como los familiares no pueden hacer visitas, muchos han quedado a oscuras. Muchas residencias solo les dan información de su familiar, ocultando la devastación general. Su excusa es que no quieren alarmarles. DomusVi, el mayor grupo residencial de España con 198 centros, se niega a revelar las muertes en el centro de Móstoles donde murió don Pedro, que pagaba 2.070 euros al mes. Según una portavoz, las familias reciben un mensaje si surge un brote y son de nuevo informadas si su familiar enferma. Pero los hijos de don Pedro no supieron nada hasta que les llamó su vecina.
La covid-19 llegó a un escenario en guerra,
en su mayoría en manos privadas. Solo el 29% de los centros son públicos, según el mismo estudio del CSIC, pero algunos de ellos están gestionados por empresas o entidades sin ánimo de lucro. El resto son privados y muchos tienen plazas concertadas. Patronal y sindicatos estaban enfrentados. El salario base de una gerocultora,
la mayoría son mujeres, no llega a los mil euros. Los trabajadores se quejan de ratios insuficientes, de cargas de trabajo extenuantes, de escasez de tiempo para atender a los mayores. “Las residencias vienen arrastrando desde hace años carencias de personal. Cuando ha llegado esta crisis, han estallado por las costuras. Estaban desprotegidas y sin fiscalizar por las administraciones públicas”, dice Aurelia Jerez, de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, que agrupa a familiares, afectados y cuidadores. “
Muchas están gestionadas por multinacionales y fondos buitre, para los cuales un anciano es un valor con el que especular. El personal está bajo mínimos y con sobrecarga de trabajo, con falta de medios básicos”, cree por su parte Carmen López, de Marea de Residencias, también integrada por familiares y trabajadores.
“Ya había falta de personal, inspecciones minúsculas, aunque las empresas hubiesen sido sancionadas vuelven a licitar y se les concede. Si en la sanidad los recortes han creado una situación límite, imagina aquí”, dice Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT. Coincide Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO: “Las residencias no estaban preparadas. No lo estaban los hospitales...”. “Nos han abandonado a nuestra suerte”, explica José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, quien critica que el sector de la dependencia ha sufrido un recorte de más de 5.000 millones que se han dejado de invertir desde 2012. “No se ha escuchado a los profesionales de servicios sociales”.
En Madrid, las autoridades solo han puesto parches. La Comunidad y el Ministerio de Sanidad dictaron protocolos, pero durante semanas no llegaron materiales, ni equipos de protección individual, ni test. Las residencias infectadas se defendieron como pudieron. Durante semanas las ambulancias no atendían sus llamadas. Debido al colapso hospitalario,
los responsables regionales elaboraron un protocolo que excluye a los mayores más frágiles. Los responsables justifican que es producto de un dilema ético. Pero para las víctimas no vale. La doctora de la residencia pública Adolfo Suárez de Madrid le dijo a Charo Viera, hija de Rosario Puertas, que tendría que morir allí porque el hospital le negaba asistencia. Su madre, de 92 años, estaba cargada de vitalidad. Le ilusionaba conocer en septiembre a su primera bisnieta. Murió el viernes de la semana pasada. “No se puede ir con un ideario provida y no preocuparte por los que nos trajeron al mundo”, dice Viera. “Mi madre vivió la guerra, la posguerra, la dictadura, la transición y sacó a cuatro hijos adelante con el sueldo de un panadero. ¿Para qué? ¿Para esto?”.
El alivio habría llegado si se hubieran “medicalizado” los centros, como prometió el 12 de marzo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP). Ese incumplimiento ha provocado un choque con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs). Un subordinado de Reyero, el gerente de las 25 residencias públicas, Óscar Álvarez, ha ido en busca de recursos a Barajas, el Palacio de Hielo o Ifema, según personas que conocen sus gestiones. Álvarez se ha quejado en privado de que nadie les daba “ni una puta mascarilla, ni una puta bata”, según estas fuentes. Álvarez, que no quiso contestar a este periódico, ha enfermado con covid-19.
El diagnóstico de lo que ha ocurrido en toda España es compartido. Familiares, trabajadores, sindicatos, patronales, asociaciones profesionales.
Todos coinciden en tres puntos que han hecho estallar la crisis: escasez de equipos de protección, de test, de atención médica. El sector se siente abandonado. “
Somos centros sociales, no sanitarios. Nuestros médicos están para lo más básico, ni siquiera pueden expedir recetas. Los residentes no han sido atendidos por la sanidad pública en las comunidades más saturadas, como Madrid o Cataluña”, se queja Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste. “Si alguien lo ha hecho mal, que pague. Pero que esto no nos manche a todos. Durante dos o tres semanas durísimas no pudimos comprar material, los proveedores nos decían que no. Estábamos desprotegidos”, dice Ignacio Fernández, presidente de otra patronal, la Fed.
“Ha habido problemas de todos los colores: falta de personal, falta de material, de test, tardanza a la hora de aplicar los protocolos, falta de información a la Administración y a las familias”, resume Jerez, de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia. López, de Marea de Residencias, clama: “A los más vulnerables, los más desprotegidos, se les ha condenado a morir solos. En los centros más pequeños no había espacio para separar a los contagiados de los sanos y si lo hubiera habido, no habrían tenido el personal para poder hacerlo. Cuando han caído gravemente enfermos, se les ha negado el auxilio en hospitales”. Su madre, que ahora lucha por su vida en un hospital de Madrid, fue evacuada porque un error de la médica de la residencia —informó de que podía caminar, cuando se mueve en silla de ruedas— le abrió las puertas de una posible curación. “Tiene mucha vitalidad. Hubiera muerto”.
La tormenta perfecta
“Ha sido la tormenta perfecta. En un escenario con la mayoría de residentes con enfermedades crónicas, la mitad con deterioro cognitivo, hay mucho contacto físico con los cuidadores. No había protección y se transmitía el virus”, dice el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro. Encima, en gente tan mayor hay un porcentaje más grande de asintomáticos o con manifestaciones atípicas. Y no llegaban los test. “Además hay un 21% de residencias con menos de 25 plazas donde es difícil aislar a los contagiados”. A los trabajadores contagiados, el geriatra estima que entre un 30% y un 50%, se suma la desbandada hacia los hospitales, porque les pagan más y se sienten más protegidos. “Eso ha agudizado todavía más la falta de profesionales”, recalca Cabrera; “ahora se está contratando a gente sin título porque no se encuentran”.
Xavier Casanovas tiene a su madre, con alzhéimer avanzado, en la residencia concertada Bertran i Oriola, en Barcelona, donde se han registrado 22 muertos y más del 90% está contagiado. Su madre ya ha presentado síntomas. “Hemos recibido información prácticamente nula, ya que prohibieron las llamadas a la planta donde están los enfermos”, explica. Aun así, en los primeros días los familiares pudieron saber que, en el peor momento, 41 trabajadores se cogieron la baja, y solo quedaron cuatro para una residencia de 92 usuarios. En las videoconferencias, vieron que los trabajadores no tenían equipos de protección. “Muchas personas han sabido de un día para otro que su familiar había muerto: un día tiene fiebre, y al día siguiente ha muerto”.
En Cataluña el golpe de la pandemia ha destapado una precariedad y una falta de medios que ya existía, y de la que sindicatos, patronal y familiares hacen responsable a la Generalitat. Las tarifas que paga a los centros por las plazas están congeladas desde hace 10 años, y la patronal, que denuncia infrafinanciación, no puede pactar un aumento de salarios.
Sanidad publicó un protocolo el 19 de marzo sobre cómo debía aislarse a los residentes, divididos en cuatro grupos: los que tienen confirmado el coronavirus; quienes tienen síntomas; quienes no los presentan pero tuvieron contacto estrecho con los anteriores, y los libres de sospecha. Algo difícil de cumplir sin test.
Apenas días después facultó a las comunidades a intervenir centros que se vieran desbordados. Se desconoce la cifra de centros intervenidos. Andalucía asegura que ha hecho test a todos los residentes y trabajadores, igual que Navarra. Murcia y Baleares explican que a todos los que tienen síntomas. En Madrid y Cataluña ya han comenzado a hacerse, igual que traslados a otros centros. También ha habido traslados en Asturias, Andalucía o Aragón. “Se ha hecho bien en los lugares donde tenían menor presión, que vieron lo que pasaba en Madrid o Barcelona y compraron material y podían derivar al hospital”, asegura Cinta Pascual, de la patronal Ceaps. “Se ha llegado tarde; sin test, ¿cómo aíslas correctamente? ¿Cómo evitas que una trabajadora que no puede protegerse contagie a un anciano? ¡Y nos han llegado casos de hospitales, que no nos avisaban que llegaba un residente que había dado positivo!”, lamenta. “Ahora estamos algo mejor, empieza a haber derivaciones y material, aunque de forma desigual. Pero ha sido un infierno”. Muchos centros se han visto desbordados.
“Se aisló tarde”
En Castilla y León, territorio envejecido donde los haya, una de cada cuatro residencias presenta casos. La de Parquesol, pública y situada en Valladolid, que ha sufrido 11 decesos entre sus 117 ancianos residentes y tiene 55 positivos, ha estado en el punto de mira. El padre de Francisco Jiménez, Isidro, de 92 años, llevaba siete en la residencia hasta que el día 4 le dieron temblores y fuertes toses. “Cayó fulminado”, relata su hijo, que se siente “ciego” por la falta de información recibida desde el centro. Los médicos del hospital donde lo trasladaron no pudieron salvarlo. Lo enterraron el día 6. A su hijo le asaltan las incógnitas. Las empleadas del geriátrico le han confesado que las medidas de aislamiento se aplicaron muy tarde y que la cafetería funcionaba con normalidad. Este periódico trató de recabar la versión de la Junta, que se remitió a las estadísticas oficiales.
Jiménez lamenta tener tantos motivos para sospechar: “Ha sido horrible, no teníamos información desde dentro pero veíamos las luces de la cafetería encendidas tras decretarse la emergencia”. Una de las sanitarias, que esconde su identidad por “temor a las represalias de la directora”, asegura que tienen que usar el mismo equipo de protección individual para trabajar en la zona de infectados y en la zona de los teóricamente sanos, a quienes se aisló “muy tarde”, según ella. Algo han mejorado: “Al principio solo teníamos bolsas de basura”. “Si sois personal sanitario sabéis a lo que estáis expuestos”, asegura la trabajadora que les espetó la directora. Diez ancianos llegaron al lugar hace unas semanas procedentes de un centro de Burgos que colapsó ante la ausencia de profesionales sanos. Uno ha fallecido y el resto está contagiado.
“Mi madre murió el 3 de abril. El 20 de marzo me había enterado por el periódico de que había un brote en su planta de la residencia”, la DomusVi San Lázaro, en Santiago de Compostela, un centro con 156 plazas en donde ha habido 20 muertes, cuenta con la voz rota Amalia Rolán. “¡Imagínate cómo nos quedamos! Empezamos a llamar y solo conseguimos hablar con los conserjes: nos decían que todo iba bien. A mi madre no le cargaban el móvil. Aún espero una llamada de la directora para darme las condolencias”. La situación de numerosos familiares de mayores fallecidos en residencias gallegas por la covid-19 (430 este sábado, de los que 182 eran usuarios de residencias: el 42% del total) la relata Rolán. Acusa a la dirección del centro, a dos conselleiros y otros altos cargos de la Xunta, incluido el presidente, de prevaricación, lesiones y homicidio imprudentes.
El 25 de marzo el médico de la residencia les comunicó que su madre, Teresa, había dado positivo. “Dos días después mi hermano llamó y alguien le dijo que no tenía fiebre y saturaba bien. Horas más tarde se la llevaron a otra residencia a donde mandan a los contagiados. Ahí murió días después”. Insiste en que “además de la falta de protocolo y de personal” —denuncias reiteradas durante semanas por asociaciones de familiares de usuarios— el trato fue “indignante”, incluso tras morir su madre: "¡Me cobraron el mes de abril!”, clama: “Toda su pensión, 900 euros y la ayuda de la Xunta por dependiente, porque ahí cobran 2.700 euros mensuales por la plaza”. Cuando protesté, me dijeron que me cobrarían solo los tres primeros días”.
Su querella no es la única registrada ante la Fiscalía. A ella se suma una genérica presentada por el Defensor del Paciente a raíz de la cual la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias y otras de familiares de usuarios de centros privados gestionados por dos potentes grupos que suman la mitad de las 223 residencias que hay en Galicia y 7.800 plazas. Se trata de DomusVi (31 centros y 4.200 plazas) y Fundación San Rosendo (70 centros asistenciales y 3.600 plazas).
María, nombre supuesto de la familiar de un usuario de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, de la Fundación San Rosendo, en Ourense (174 plazas y 18 fallecidos, sin contar los trasladados a hospitales), también ha denunciado ante la Fiscalía tras la muerte de un familiar. “Solo me informaban los médicos que se desplazaban a atender a los residentes. Jamás se puso en contacto conmigo la directora”, relata. “Un día me decían que no tenía fiebre y al siguiente, que estaba fatal, era un sinvivir”, señala. Asegura que en este centro, el mayor foco de Galicia con más de 130 infectados, no aplicaron nunca el protocolo. Cuando entró al fallecer su pariente se quedó impresionada. “Había muy poco personal, entre muchísimo desorden”. Como Amalia, está esperando “unas palabras de condolencia” de la Fundación o de la directora del centro. Su pariente pagaba 1.440 euros mensuales: “Toda su pensión, la parte subvencionada por la Xunta y aportación familiar”.
Un plan de alerta temprana y más trabajadores
La convivencia con el virus se alargará, como mínimo, meses. ¿Qué hay que hacer para anticiparse a un segundo embate? ¿Y después? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, pide un sistema para monitorizar las residencias. “Con indicadores comunes en todos los centros y que permita activar un sistema de alerta temprana. Sin esto sería un error comenzar la desescalada”, dice. El sector repite cinco ideas que ya se escuchan para frenar la primera oleada de covid-19: test, EPIS (equipos de protección individual), más personal, atención médica y aislamiento. “Las medidas higiénicas y los EPIS deben permanecer y se debe tener la capacidad de aislar”, dice la secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, Gracia Álvarez. Y hace falta “más personal, porque a los residentes más dependientes se les presta atención a menos de un metro”, añade. Coincide Cinta Pascual, de la patronal Ceaps: “Si esto ha venido para quedarse, harán falta más ratios”. Dice que van a tener que reinventarse: “No tenemos tanto tiempo para empezar a pensar. Si vuelve a ocurrir, ¿alguien cree que pasaremos de nuevo este infierno?”. “No se puede volver a repetir. Es intolerable. No podemos permitir que los ancianos más vulnerables, la mitad de ellos en el último año de su vida, fallezcan así”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro. “Sin duda habrá que dotar a los centros, que deben acreditar requisitos de calidad, de más enfermeras. Los servicios sanitarios y sociales deben estar integrados en la planificación territorial”. Es decir, que la atención sanitaria cercana, con geriatras en los hospitales y centros de salud, esté garantizada. Algo que también reclaman las patronales del sector. Para Álvarez, la atención primaria debe reforzarse y reorientarse. El cambio de modelo también lo reclaman familiares y trabajadores. Carmen López, de plataforma Marea de Residencias, reclama “un sistema de centros públicos que garanticen el derecho a una vida a los residentes y unas condiciones laborales justas”. Aurelia Jerez, de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, aboga por residencias más pequeñas, “donde los mayores tengan mayor poder de decisión e independencia, un modelo donde prime la conservación del estilo de vida particular y se disponga de servicios que garanticen la salud y el bienestar”.
Más de 13.600 fallecidos diagnosticados o con síntomas
En España han muerto 13.603 personas que vivían en residencias de servicios sociales por coronavirus o con síntomas compatibles. De ellas, 6.342 se encontraban en centros de mayores. Se desconoce cuántas de las 7.261 restantes vivían en residencias de ancianos, dado que Madrid y Castilla y León no dan el dato e informan de fallecidos en todas las residencias de servicios sociales, que incluye las de personas con discapacidad y salud mental. Debido a la falta de test, no se va a saber nunca la cifra exacta de muertes atribuibles a la covid-19. Los expertos apuntan que no todos los fallecidos con síntomas compatibles han muerto por esta causa. Cataluña, Aragón y Extremadura no especifican a cuántos residentes se les realizó la prueba. Pero la cifra, con datos de las comunidades, permite acercarse a verdadera la magnitud del golpe. Cerca de 39.000 personas están contagiadas en las residencias de servicios sociales o presentan síntomas compatibles. No se puede comparar la cifra de 20.043 fallecidos en España con la de muertos en residencias porque se desconoce cuántos de estos últimos están recogidos en la contabilidad oficial. La mayoría de autonomías sí remiten los datos de todos los fallecidos que dieron positivo. Muchos, a quienes no se les realizó test, no lo están. Pero Madrid, por ejemplo, no facilita la cifra de quienes murieron en residencias. Castilla y León solo informa de muertes en el hospital. Y además han escaseado los test. El Gobierno pidió a las comunidades datos homogéneos. Estos aún no se han hecho públicos.
El propio presidente Sánchez aludió el sábado en su comparecencia a la "generosidad intergeneracional", pero los datos muestran que se pudieron hacer traslados para tratar de reducir el número de víctimas y no se hizo durante el pico de la epidemia.
