Desde 2008, han tenido lugar al menos 15 asesinatos entre parejas del mismo sexo en España. El pasado fin de semana ocurrió el que parece ser el último de estos casos.
Al menos 15 asesinatos entre parejas del mismo sexo han tenido lugar en los diez últimos años en España. El primero ocurría en el barrio de Tremañes (Gijón) en enero de 2008. El que parece ser el último tuvo lugar el pasado fin de semana en el Priego de Córdoba. Los cuerpos sin vida de J. Luis, de 43 años, y de J. Alberto, de 23, fueron hallados este lunes en el vehículo del primero, que estaba aparcado en el garaje de su madre en la localidad andaluza.
No ha trascendido todavía quién murió antes. Sí lo ha hecho que fallecieron a causa de las hemorragias provocadas por un arma blanca, que se descarta la participación de terceras personas, que ambos eran pareja y que uno mató al otro y luego se quitó la vida, apuntan fuentes próximas a la investigación. En caso de confirmarse esta hipótesis se trataría de un crimen de violencia intragénero, es decir, entre personas del mismo sexo que mantenían una relación. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones hasta que se resuelva el caso.
Desde la Delegación del Gobierno de Andalucía explican que la investigación sobre la muerte de estos dos varones descarta "en principio" la participación de una tercera persona. El garaje en el que han aparecido los cuerpos estaba "cerrado por dentro, tenía luz y estaba puesta la llave por dentro", a lo que añaden que "hay un arma blanca que habría servido para los hechos" y que "los dos cuerpos aparecieron en el coche". Uno de ellos en el maletero, el otro en el asiento trasero.
Los familiares de J. Alberto dieron la voz de alarma el pasado jueves sobre su desaparición tras no tener noticias de él durante varias horas. El joven, natural de Lucena, había acudido a Priego de Córdoba para ver a su pareja. J. Luis era reservado y el entorno de ambos no conocía que mantenían una relación, pero los dos tenían contacto continuo mediante las redes sociales. J. Alberto no escondía su orientación sexual: seguía colectivos LGBT y llevaba por bandera la lucha contra las discriminaciones en el colectivo.
J. Luis era un aficionado al deporte. Se puede observar en las pocas imágenes publicadas en sus redes sociales, donde se mantenía alejado de la esfera gay. J. Alberto estaba enamorado del arte, la música y el cine y en varias imágenes de sus redes sociales puede observarse a parejas del mismo sexo besándose.
El informe preliminar elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha confirmado que a los dos le provocó la muerte un "shock hemorrágico secundario por heridas de arma blanca".
Tragedia en Holiday Gym (2011)
Un arrebato de celos. Esa fue la causa de que el conocido gimnasio de la cadena Holiday Gym del distrito de Chamartín de Madrid
se tiñera de sangre el 26 de julio de 2011. Fueron once los disparos que se escucharon aquella tarde. El sargento de la Guardia Civil Ángel Luis J.T., de 45 años, acababa con la vida de su expareja, Marcos Hernández, de 28, tras asestarle diez disparos. El último que se escuchó fue el que disparó para acabar con su vida.
Los dos hombres discutieron en la puerta, de manera bastante airada, según relataron entonces los testigos. Marcos se metió en el vestuario, para cambiarse y comenzar su entrenamiento. Pero Ángel Luis fue detrás de él y comenzó a dispararle. Ambos portaban armas, pero Hernández no llego ni a empuñarla. El primero disparó una pistola del tipo 'Beretta', el otro portaba un revólver.
El sargento sobrevivió las primeras horas al disparo que se metió a bocajarro, ya que los sanitarios acudieron al lugar de los hechos y lograron estabilizarle. Fue ingresado en estado crítico en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde murió solo unos días después.
Ambos hombres habían sido pareja hasta quince días antes del suceso. Marcos Hernández había comenzado una nueva relación hace pocos días y estaba emocionado con su nueva vida y su recién estrenado trabajo en el centro de fitness, motivo por el que los investigadores apuntaron entonces a que los celos habían sido el móvil del asesinato.
Las bodas de sangre de Manuel (2009)
El pasado 14 de abril se cumplieron nueve años del primer crimen en una pareja del mismo sexo que más se ha mediatizado y que las asociaciones LGBT han utilizado como bandera para solicitar cambios legales en este tipo de violencia y una mayor protección para las víctimas. Manuel de Latorre, natural de Alcudia de Monteagud y de 34 años, murió en Adra (Almería) después de que su marido, El Housin, le rebanara el cuello de una puñalada.
Tres horas después de acabar con su vida en el número 110 de la calle Natalio Rivas, agentes de la Policía Local de Adra y de la Guardia Civil encontraron a El Housin en un paraje agrícola de la localidad. El hombre se había ahorcado en la pared exterior de un invernadero. Allí estaba el coche en el que había huido y sobre su techo el cuchillo de caza ensangrentado con que había acabado con la vida de su marido.
Se consumaba entonces el primer asesinato en un matrimonio homosexual desde que en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara este tipo de uniones. El suceso ocurría en su tercer aniversario y el despecho amoroso también fue el detonante de aquel crimen. Faltaban poco más de tres meses entonces para que también se cumplieran tres años de la legalización del matrimonio homosexual. Según publicaron por aquel entonces los medios locales, de Latorre había solicitado el divorcio a su marido, musulmán practicante y natural de Marruecos, pero que llevaba años afincado en España.
"Era un muchacho súper entusiasta que llevaba once años aquí, siempre ha trabajado con los colectivos asociativos, especialmente con el tema de drogas, pero también, y paradójicamente, con asuntos de violencia de género. Estaba integrado en la sociedad abderitana, era muy querido por todos. Tanto es así que era un referente en los servicios sociales, pues se prestaba absolutamente a todo", dijo la alcaldesa de la localidad de Adra entonces. Manuel trabajaba como asistente social a diario en el Ayuntamiento.
Crimen de Tremañes (2008)
Rafael G.S., de 41 años, era detenido la mañana del 8 enero después de admitir haber matado la noche anterior a puñadas a su pareja Constantino J.M.V., de 59, en el domicilio que compartían ambos en el barrio de Tremañes, en Gijón. El suceso se produjo después de una discusión en su vivienda.
Fue el propio Rafael G.S. el que llamó a las fuerzas de seguridad para confesar el atroz acto que acababa de cometer. Su pareja murió la madrugada del lunes a consecuencia de las puñaladas que le fueron asestadas.
El fallecido, un pensionista natural de Luarca, convivía con su pareja desde hacía un año y medio, pero se presentaban como hermanastros, pese a que los vecinos de la comunidad sabían de su relación sentimental.
Violencia invisible
Desde Colegas-Confederación LGTB Española reclamaron este lunes medidas legislativas que "equiparen" a las víctimas del colectivo con las de la violencia machista, especialmente para garantizar su protección.
Sin embargo, no opinan igual los expertos. En conversación telefónica, el psicólogo Santiago Redondo concluye que "no se puede meter todo en el mismo saco". Para este psicólogo, la violencia de género entraña otros aspectos y este tipo de crímenes deben "ser analizados como un crimen entre personas adultas, en primera instancia, no como un aspecto de violencia de género". Actualmente, la legislación trata este tipo de casos como violencia doméstica.
Según defienden desde la Confederación LGTB, "no hay una ley que ampare" a las víctimas de violencia intragénero. Asimismo, denuncian que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recientemente aprobado "no tiene en cuenta" a las víctimas de este colectivo, y la Ley de Igualdad LGTBi que se está tramitando en el Congreso "no desarrolla" este tipo de violencia.
En este contexto, reclaman una norma que "identifique" este tipo de violencia y la contabilice de manera oficial para así "normalizarla". "Se considera violencia doméstica, pero no está equiparada a la de género", sostienen, e insisten en la necesidad de ofrecer a todas las víctimas unos "recursos sociales igualitarios", como las viviendas destinadas a víctimas de violencia machista.
