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| La Voz de Galicia / Uno de las detenciones // |
Drogas en patinete, prostitución y violencia con adolescentes tuteladas en Madrid.
Una menor violada, clave para desarticular la trama que operaba varias zonas de la capital de España.
La Voz de Galicia, 2022-01-09
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2022/01/08/drogas-patinete-prostitucion-violencia-adolescentes-tuteladas-madrid/00031641652329442701303.htm
Treinta y siete detenidos, diez adolescentes prostituidas e incitadas al consumo y al tráfico de drogas, zulos para relaciones sexuales y hasta uno de los cabecillas del grupo criminal prostituyendo a su propia hija. Es el escueto resumen de una operación policial fruto de meses de investigación que ha destapado hasta la fecha en Madrid la mayor red de menores utilizadas para actividades delictivas.
El detonante
Un elevado nivel de vida. El pasado mes de abril, la policía nacional tuvo noticias de que una adolescente de 16 años se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia, el centro de menores de Picón del Jarama (Madrid), perteneciente a la red pública autonómica. La directora de este centro, al ver el alto poder adquisitivo de la interna, comenzó a sospechar de sus actividades y denunció los hechos a la Guardia Civil. Posteriormente, los investigadores pudieron confirmar que en sus ausencias mantenían relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Con el paso de las semanas, tras abrirse una causa judicial, los agentes descubrieron que otras menores se encontraban en la misma situación. Los integrantes de la organización contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que, además, suministraban sustancias estupefacientes. En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga en patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital madrileña, en la Colonia Marconi, donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.
Los policías tuvieron conocimiento de que una de las menores permaneció durante tres días encerrada en una habitación de una especie de narcopiso del distrito madrileño de Usera, regentado por una de las detenidas. Allí el procedimiento era el mismo: cuando entraban los clientes para adquirir su dosis esta mujer les daba la posibilidad de tener sexo con la menor. En un momento de descuido, la víctima logró fugarse y pidió ayuda en un estanco próximo, desde donde avisaron a la Policía Nacional. Los investigadores también contaron con otro testimonio clave. El de una de las menores que había sido agredida por uno de los cabecillas del entramado criminal en uno de los pisos de la banda. Abusó de ella, junto a otros tres varones. La chica contó a la policía como la violaron y le pegaron. También cómo funcionaba la banda, a la que se identificó. La testigo relató cómo esta persona le traía a gente desconocida para que se acostara con ella a cambio de dinero. Ya había suficientes indicios para actuar.
La operación
Más de 150 agentes. Tras meses de investigaciones, se preparó el operativo en el que participaron un total de 150 agentes de la Policía Nacional, que se conoció esta semana. La Policía Nacional detuvo a 37 personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la explotación sexual de menores de edad, a quienes utilizaban además para vender droga a sus clientes. En los registros realizados en Madrid los agentes localizaron un zulo en una peluquería donde los arrestados explotaban sexualmente a las niñas. Ocho de las diez víctimas son de nacionalidad española, otra rumana y otra dominicana. Tres estaban en residencias de acogida de la Comunidad de Madrid y otra en Guadalajara en el momento de la investigación.
Los arrestados
Un cabecilla prostituyó a su propia hija. Uno de los cabecillas de la red desmantelada llegó a prostituir a su hija durante meses y la hizo pasar por mayor de edad, según información publicada por El Mundo. Además, su hija se anuncia en páginas web de contactos sexuales. Todo lo que sacaba la menor se lo quedaba el progenitor, según las investigaciones. La organización ponía a la venta a las jóvenes por 50 euros a cambio de sexo. Las obligaba a distribuir y a vender droga. También, las hacían adictas al cráck, una droga muy adictiva para que siguieran prostituyéndose.
Otro de los detenidos es un cantante de rap Saymol Fyly, con más de 154.000 suscriptores en la red social Youtube, y varios integrantes de la banda de los Dominican Don't Play. Saymol era una de las piezas periféricas que formaban parte de esta trama criminal: el artista conocía a algunas de las 10 menores prostituidas y les obligaba a vender droga para la organización.
Las consecuencias
Control de los centros de menores. El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que explique la situación de las menores liberadas en una operación de la Policía Nacional contra la explotación sexual, con el objetivo de conocer si alguna de ellas se encontraba acogida en centros de protección de la región.
Al menos tres de las adolescentes liberadas por la policía de la banda de proxenetas vivían en estos centros dependientes de la Comunidad, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. No es la cifra definitiva. Podrían ser más, ya que el departamento que dirige Concepción Dancausa está recopilando con detalle y precisión toda la información sobre lo sucedido y dar explicaciones al Defensor del Pueblo.
El detonante
Un elevado nivel de vida. El pasado mes de abril, la policía nacional tuvo noticias de que una adolescente de 16 años se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia, el centro de menores de Picón del Jarama (Madrid), perteneciente a la red pública autonómica. La directora de este centro, al ver el alto poder adquisitivo de la interna, comenzó a sospechar de sus actividades y denunció los hechos a la Guardia Civil. Posteriormente, los investigadores pudieron confirmar que en sus ausencias mantenían relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Con el paso de las semanas, tras abrirse una causa judicial, los agentes descubrieron que otras menores se encontraban en la misma situación. Los integrantes de la organización contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que, además, suministraban sustancias estupefacientes. En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga en patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital madrileña, en la Colonia Marconi, donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.
Los policías tuvieron conocimiento de que una de las menores permaneció durante tres días encerrada en una habitación de una especie de narcopiso del distrito madrileño de Usera, regentado por una de las detenidas. Allí el procedimiento era el mismo: cuando entraban los clientes para adquirir su dosis esta mujer les daba la posibilidad de tener sexo con la menor. En un momento de descuido, la víctima logró fugarse y pidió ayuda en un estanco próximo, desde donde avisaron a la Policía Nacional. Los investigadores también contaron con otro testimonio clave. El de una de las menores que había sido agredida por uno de los cabecillas del entramado criminal en uno de los pisos de la banda. Abusó de ella, junto a otros tres varones. La chica contó a la policía como la violaron y le pegaron. También cómo funcionaba la banda, a la que se identificó. La testigo relató cómo esta persona le traía a gente desconocida para que se acostara con ella a cambio de dinero. Ya había suficientes indicios para actuar.
La operación
Más de 150 agentes. Tras meses de investigaciones, se preparó el operativo en el que participaron un total de 150 agentes de la Policía Nacional, que se conoció esta semana. La Policía Nacional detuvo a 37 personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la explotación sexual de menores de edad, a quienes utilizaban además para vender droga a sus clientes. En los registros realizados en Madrid los agentes localizaron un zulo en una peluquería donde los arrestados explotaban sexualmente a las niñas. Ocho de las diez víctimas son de nacionalidad española, otra rumana y otra dominicana. Tres estaban en residencias de acogida de la Comunidad de Madrid y otra en Guadalajara en el momento de la investigación.
Los arrestados
Un cabecilla prostituyó a su propia hija. Uno de los cabecillas de la red desmantelada llegó a prostituir a su hija durante meses y la hizo pasar por mayor de edad, según información publicada por El Mundo. Además, su hija se anuncia en páginas web de contactos sexuales. Todo lo que sacaba la menor se lo quedaba el progenitor, según las investigaciones. La organización ponía a la venta a las jóvenes por 50 euros a cambio de sexo. Las obligaba a distribuir y a vender droga. También, las hacían adictas al cráck, una droga muy adictiva para que siguieran prostituyéndose.
Otro de los detenidos es un cantante de rap Saymol Fyly, con más de 154.000 suscriptores en la red social Youtube, y varios integrantes de la banda de los Dominican Don't Play. Saymol era una de las piezas periféricas que formaban parte de esta trama criminal: el artista conocía a algunas de las 10 menores prostituidas y les obligaba a vender droga para la organización.
Las consecuencias
Control de los centros de menores. El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que explique la situación de las menores liberadas en una operación de la Policía Nacional contra la explotación sexual, con el objetivo de conocer si alguna de ellas se encontraba acogida en centros de protección de la región.
Al menos tres de las adolescentes liberadas por la policía de la banda de proxenetas vivían en estos centros dependientes de la Comunidad, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. No es la cifra definitiva. Podrían ser más, ya que el departamento que dirige Concepción Dancausa está recopilando con detalle y precisión toda la información sobre lo sucedido y dar explicaciones al Defensor del Pueblo.
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