Victoria Rosell: “Incluir a mujeres y menores trans no borra o desdibuja a las mujeres”.
Entrevista con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
María F. Sánchez | Cuarto Poder, 2020-06-13
https://www.cuartopoder.es/espana/2020/06/13/victoria-rosell-incluir-mujeres-menores-trans-no-borra-desdibuja-mujeres-entrevista/
El Gobierno de coalición tiene como objetivo combatir la violencia machista, que ya deja más de un millar de mujeres fallecidas desde que existen cifras oficiales. Desde que se decretó el estado de alarma por la covid-19, hemos vivido una situación inaudita que ha dejado en una situación de especial vulnerabilidad a las víctimas de violencia de género. El desafío es importante para la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (1968, Murcia), que asumió el cargo en enero tras pasar brevemente por el Congreso como diputada. Conversamos con ella sobre las medidas que se están implementando desde su cargo y dentro del Ministerio de Igualdad, y conversamos sobre la Ley de la Infancia, la Ley de libertad sexual o el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno, temas que abarca desde su experiencia como magistrada.
– Las llamadas al 016, el servicio de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, han aumentado un 41,4% desde que comenzó el estado de alarma, respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué nos dice esta cifra de la violencia machista sufrida en el confinamiento?
– Durante el estado de alarma, hasta el 31 de mayo, las llamadas pertinentes al 016 han sido 20.732. Hubo un aumento del 41%, pero en abril fue muy superior, del 60%. Para mí lo más llamativo no es el 0,16 que ya lo es, sino que las consultas online en abril han aumentado un 586% y en mayo un 450%. También se han realizado muchas consultas por el Whatsapp de apoyo emocional y psicológico, que entró en funcionamiento el 21 de marzo. Las cifras nos indican que las medidas fueron adecuadas y útiles para las mujeres víctimas de violencia. Ha habido un incremento muy llamativo de los medios silenciosos, se han utilizado mucho más, porque hay mujeres que ni siquiera pueden hacer una llamada en voz alta en su casa.
– ¿Qué consecuencias puede tener para estas víctimas el desconfinamiento? ¿Cómo se aborda la situación desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género?
– La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el confinamiento por la covid-19 incrementaba el riesgo de sufrir violencia, aunque fuese una medida acertada para evitar la pandemia. Pensamos que la desescalada puede desencadenar en violencia de control y convertirse en violencia física y emocional. Esto no es contradictorio, sino que entra precisamente dentro de la lógica de la violencia machista. La sensación de perdida de control del maltratador, que ha tenido controlada 24 horas a su víctima, puede desencadenar otro tipo de violencias. Durante el confinamiento han bajado notablemente los homicidios, pero según los datos de Salud Pública del Ministerio y de todas las CCAA, han aumentado los partes de lesiones.
Frente a la desescalada nos hemos dirigido a varios ministerios. Es el papel de la delegación. Nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia para procurar que se tome declaración a las víctimas desde lugares amables y seguros, en oficinas de atención a las víctimas del delito o desde los servicios donde las mujeres puedan estar teniendo intervención social. Justicia es quien tiene los medios telemáticos y quien tiene que aceptarlo e implantarlo, pero nos parece importante. Aun más importante sería la actuación proactiva de otras administraciones, en concreto de los servicios sociosanitarios. Nos hemos dirigido a Servicios Sociales y a Sanidad por esas mujeres que no denuncian –menos del 28% de la violencia de género se denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y solo el 1,7% en los juzgados--. Sin embargo, más del 37% lo verbalizan ante los servicios sanitarios. Hemos pedido que pese a la covid-19, los servicios sanitarios no olviden el cribado de violencia de género porque es un servicio esencial. Estos tres focos: justicia, sanidad y servicios sociales son esenciales en la desescalada, para la detección precoz de la violencia, para no perder esas posibles denuncias.
– ¿Se sabe con certeza que ha disminuido esa detección de la violencia de género que hacen profesionales de la salud y trabajadores sociales de la violencia de género?
– Sí, lógicamente los servicios, especialmente los hospitalarios, han estado saturados. Se han detectado menos porque se han podido hacer menos labores de detección, eso lo dice la propia Sanidad. Hay que buscar las fórmulas para no dejar a estas mujeres atrás.
– Finalmente se ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno por el 8M. ¿Ha habido un interés de ciertos poderes de desprestigiar al movimiento feminista y de paso al Gobierno de coalición?
– Ha sido muy curiosa la imputación al delegado de Madrid, y solo al delegado de Madrid, por la manifestación del 8M. Fue la más numerosa, pero desde luego ni la única en España, ni en Europa, ni a nivel mundial. Cuando en esa fecha y en los días previos no había declarada una pandemia, que no se declaró hasta el 11M, por mucho que se quieran manipular los datos. Andalucía, gobernada por PP, Cs y Vox, había dicho que no pretendía suspender la Semana Santa que era en abril. Por otra parte, sabemos que se celebraron otros actos incluso en recintos cerrados que ahora sabemos que era algo mucho más peligroso. En derecho se entiende que con los datos posteriores no cabe juzgar los hechos anteriores. Pensamos que es una persecución al feminismo y al Gobierno, por parte de una oposición tanto institucional como no institucional, porque están en contra de los derechos de las mujeres, de la igualdad y los avances que representa el feminismo. Hay poderes absolutamente reaccionarios que pretenden una vuelta atrás en derecho. El 8M además no es una manifestación convocada del Gobierno ni desde ningún poder publico, sino por los colectivos feministas. Y el derecho a manifestación no esta sometido a autorización previa. Si en el 6M un delegado del gobierno, sin estar en pandemia, hubiera suspendido sin cauce legal un derecho fundamental, le habrían acusado de prevaricación, pero con muchos más visos de haber cometido un acto dudoso. Atacan los mismos que han roto las normas de distanciamiento social al manifestarse con caceroladas retrógradas. Está claro que ha habido un ataque al movimiento feminista y al Ministerio de Igualdad.
– Algún colectivo feminista como la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han criticado la Ley de Infancia, cuyo ante proyecto de ley se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, por “excluir la perspectiva de género” e “ignorar las violencias sexuales específicas que sufren las mujeres”. ¿Qué opina?
– Las violencias sexuales específicas que sufren las mujeres se ha regulado de manera absolutamente novedosa y por fin de acuerdo al Convenio de Estambul en la Ley orgánica de garantía a la libertad sexual. Es la más avanzada que hemos tenido nunca porque ofrece a las mujeres una protección integral contra las violencias sexuales: social, educativa, sanitaria y además una protección jurídica con una mejora de los tipos penales. No podemos juzgar esta ley como si el resto del ordenamiento jurídico hubiera desaparecido del panorama. Si hay falta de perspectiva de género, hay un tramite de audiencia publica y otro parlamentario donde, sin duda, se pueden pactar mejoras. Es una ley cuyo camino se inicio en 2016, con el Gobierno del PP, siguió con el PSOE y ha culminado en este Gobierno de coalición. Es una ley que protege mucho más a la infancia de lo que estaba protegida hasta ahora. Con un 90% de los casos sin denunciar, es un hito en la legislación española.
– La 'ley de libertad sexual' abarca a las menores...
– La ley tenía como campo legislativo precisamente a partir de 16 años, porque la Ley de Infancia regulaba los delitos contra los y las menores de edad partiendo hasta los 16, que es el consenso científico en el derecho penal y lo que está en nuestras leyes.
– ¿Hay controversia en el Gobierno de coalición respecto a la perspectiva de género en la Ley de Infancia?
– Se aprobó en el Consejo de Ministro del martes. También con la 'ley de libertad sexual' intentaron destacar las críticas, algunas inexistentes. Se llegó a decir que el Ministerio de Justicia tachaba la ley por su falta de conocimientos jurídicos o errores ortográficos, cuando era una propuesta conjunta. Esto no vino del Ministerio de Justicia, sino que fueron las fuerzas contrarias al feminismo. Con la Ley de Infancia ha sucedido lo mismo, quizás es más llamativo porque es una ley que proviene de 2016 y no acababa de darse el impulso que necesitaba.
– Hay voces que vuelven a arremeter contra la Ley de la Infancia, por reconocer la identidad de género de los más pequeños. Estos días se ha difundido un argumentario del PSOE también contra el reconocimiento de la identidad de género. ¿Qué opina de la polémica?
– La igualdad es una política inclusiva que ya tiene suficientes enemigos enfrente, en la derecha, en el machismo más recalcitrante, y en el neoliberalismo. En el feminismo no he escuchado jamás a nadie que excluya la palabra mujer o se sienta agredida por la palabra mujer, pero sí he escuchado a personas que quieren ser incluidas en la palabra mujer como las personas trans. Hay un consenso de hace ya años donde no es que esté el PSOE, sino que en su día lo lideró el PSOE con personas como Pedro Zerolo o Carla Antonelli. Hay una resistencia a incluir a las mujeres trans que no se hayan operado y hay que tener mucho cuidado con esto porque se acercan peligrosamente en la visión genital del género humano a la política contraria. Hay mensajes que se acercan a Hazte Oír. No es mi opinión ni la historia del feminismo del PSOE. Incluir a las mujeres y menores trans no borra o desdibuja a las mujeres.
– La última sentencia de La Manada por el caso Pozoblanco considera de nuevo que fue abuso sexual y no agresión sexual porque la víctima no pudo decir que "no". ¿Le parece una sentencia justa?
– Precisamente la Ley de libertad sexual dice que solo es sí es sí y propone -aún es un anteproyecto- que son todas agresiones sexuales, ya sea a una mujer sin conocimiento por sustancias, por alcohol, suministradas o no por los agresores. El feminismo no reclama ni la prisión permanente revisable, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, porque el feminismo es netamente constitucionalista. Las penas incluso son mucho más proporcionales porque hay más recorrido de pena en función de la gravedad. Con la nueva ley, lo de la Manada de Pozoblanco sería agresión sexual y no abuso. Este es el caso paradigmático entre diferenciar entre “no es no” y “sí es sí” porque ella no dijo “no”, pero no consintió.
Además a muchas juristas feministas la palabra abuso nos sugiere que hay un uso lícito y las mujeres no son objetos de uso sino sujetos de derecho. Es legalmente importante pero también simbólico acabar con la palabra abuso.
– ¿La judicatura está preparada para aplicar la Ley de Libertades sexuales, para juzgar la violencia de género o las violencias sexuales?
– La judicatura no ha tenido hasta ahora una formación específica en enfoque de género y se está comenzando ahora con los primeros cursos de formación. Esto se demuestra en casos que tenemos en mente, como la propia Manada de Pamplona. Recordemos que el Tribunal Supremo se penó por agresión sexual, por intimidación ambiental, pero un paso más abajo en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra hubo dos votos a favor de la agresión sexual, pero perdieron en pro de tres votos por el abuso sexual. Y previamente en la Audiencia Provincial de Pamplona hubo dos votos de abuso sexual y uno por la absolución. Aquel que hablaba del jolgorio. Afortunadamente el Supremo si aplicó esta visión de género. Pero insisto mucho en que el primer eje del Pacto de Estado contra la violencia machista es la formación a toda la sociedad. Tenemos que tener formación de género todos los profesionales, las comunicadoras que hacen las noticias de violencia de género, también en la Policía y en el ámbito de la salud. Si estamos aplaudiendo a las 8 al personal sanitario porque salva vidas, todos podemos salvar vidas. Si llamamos al 016 al 112 para las situaciones de violencia salvamos vidas de las mujeres que no van a denunciar la violencia que sufren.
– Mencionaba el Pacto de Estado contra la violencia de género. Se ha criticado la lentitud de su implementación. ¿Terminará de despegar con el Gobierno de coalición?
– El pacto de Estado contra la violencia de género es un pacto muy ambicioso con un gran número de medidas aprobadas, que alude a luchar contra la violencia desde todas las instituciones y de la sociedad civil. Se quedó durmiendo en un cajón durante todo el gobierno PP que debía impulsarlo. Solo obtuvo un impulso y unas medidas legislativas reales con el gobierno del PSOE que surgió tras la moción de censura y, por supuesto, con este gobierno de coalición. Era un pacto a cinco años muy ambicioso y no se puede cumplir de un día para otro, pero ya consideramos cumplido un 25% del pacto y un 50% implementándose. Tiene que formalizarse la lucha contra la violencia machista. Cuantas más políticas se institucionalicen contra la violencia de género, más se cumplirá. Necesitamos que sea una política transversal y que cada uno de los ministerios y de las comunidades autónomas adopten medidas.
– ¿Cómo se abarcará la futura ley integral contra la trata que ha anunciado Igualdad desde el punto de vista de la violencia de género?
-- La Delegación del Gobierno contra la violencia de género, tiene ceñidas sus competencias a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, aunque somos muy conscientes de existen otras tratas. Por primera vez en un plan de contingencia o de supervivencia de víctimas de violencia de genero se ha incluido a las victimas de trata, que son las grandes olvidadas. Son mujeres invisibles para el sistema, pero devastadas. Se han aprobado medidas que son una auténtica brecha por donde pasan sus derechos, como ha sido la certificación por parte de las entidades especializadas de su condición de victimas de trata a efectos socio-asistenciales (no a efectos policiales) y que esto permita que se les abra las puertas de la ruta asistencial. Es una puerta hacia sus derechos y a recuperar la dignidad como nunca han tenido estas mujeres en el derecho español. Luchar contra la trata es una obligación también del Pacto de Estado contra la violencia de género, pero hay que tener la voluntad política de cumplirlo que el PP nunca tuvo.
– Desde el Ministerio de Igualdad se han estado recabando nuevos datos sobre la violencia de género.
– Hemos recibido todos los datos de la macroencuesta de violencia de género desde 2019 hasta el 15 de febrero de 2020, un mes escaso antes del estado de alarma, con todos los datos recabados por el CIS y los datos recogidos por la Delegación. Va a ser un hito estadístico de máximo interés y máximo rigor. Se abarca la violencia sexual dentro de la pareja y fuera de la pareja, la violencia de todo tipo dentro de la pareja, la prevalencia a lo largo de toda la vida... De los más de 5,1 millones de mujeres que se declaran víctimas de violencia, solo de su pareja y expareja y mayores de 16 años, 3 millones no han denunciado. Hay datos que apoyan las políticas del Ministerio de Igualdad y servirán para hacer buenas políticas al respecto.
– Las llamadas al 016, el servicio de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género, han aumentado un 41,4% desde que comenzó el estado de alarma, respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué nos dice esta cifra de la violencia machista sufrida en el confinamiento?
– Durante el estado de alarma, hasta el 31 de mayo, las llamadas pertinentes al 016 han sido 20.732. Hubo un aumento del 41%, pero en abril fue muy superior, del 60%. Para mí lo más llamativo no es el 0,16 que ya lo es, sino que las consultas online en abril han aumentado un 586% y en mayo un 450%. También se han realizado muchas consultas por el Whatsapp de apoyo emocional y psicológico, que entró en funcionamiento el 21 de marzo. Las cifras nos indican que las medidas fueron adecuadas y útiles para las mujeres víctimas de violencia. Ha habido un incremento muy llamativo de los medios silenciosos, se han utilizado mucho más, porque hay mujeres que ni siquiera pueden hacer una llamada en voz alta en su casa.
– ¿Qué consecuencias puede tener para estas víctimas el desconfinamiento? ¿Cómo se aborda la situación desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género?
– La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el confinamiento por la covid-19 incrementaba el riesgo de sufrir violencia, aunque fuese una medida acertada para evitar la pandemia. Pensamos que la desescalada puede desencadenar en violencia de control y convertirse en violencia física y emocional. Esto no es contradictorio, sino que entra precisamente dentro de la lógica de la violencia machista. La sensación de perdida de control del maltratador, que ha tenido controlada 24 horas a su víctima, puede desencadenar otro tipo de violencias. Durante el confinamiento han bajado notablemente los homicidios, pero según los datos de Salud Pública del Ministerio y de todas las CCAA, han aumentado los partes de lesiones.
Frente a la desescalada nos hemos dirigido a varios ministerios. Es el papel de la delegación. Nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia para procurar que se tome declaración a las víctimas desde lugares amables y seguros, en oficinas de atención a las víctimas del delito o desde los servicios donde las mujeres puedan estar teniendo intervención social. Justicia es quien tiene los medios telemáticos y quien tiene que aceptarlo e implantarlo, pero nos parece importante. Aun más importante sería la actuación proactiva de otras administraciones, en concreto de los servicios sociosanitarios. Nos hemos dirigido a Servicios Sociales y a Sanidad por esas mujeres que no denuncian –menos del 28% de la violencia de género se denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y solo el 1,7% en los juzgados--. Sin embargo, más del 37% lo verbalizan ante los servicios sanitarios. Hemos pedido que pese a la covid-19, los servicios sanitarios no olviden el cribado de violencia de género porque es un servicio esencial. Estos tres focos: justicia, sanidad y servicios sociales son esenciales en la desescalada, para la detección precoz de la violencia, para no perder esas posibles denuncias.
– ¿Se sabe con certeza que ha disminuido esa detección de la violencia de género que hacen profesionales de la salud y trabajadores sociales de la violencia de género?
– Sí, lógicamente los servicios, especialmente los hospitalarios, han estado saturados. Se han detectado menos porque se han podido hacer menos labores de detección, eso lo dice la propia Sanidad. Hay que buscar las fórmulas para no dejar a estas mujeres atrás.
– Finalmente se ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno por el 8M. ¿Ha habido un interés de ciertos poderes de desprestigiar al movimiento feminista y de paso al Gobierno de coalición?
– Ha sido muy curiosa la imputación al delegado de Madrid, y solo al delegado de Madrid, por la manifestación del 8M. Fue la más numerosa, pero desde luego ni la única en España, ni en Europa, ni a nivel mundial. Cuando en esa fecha y en los días previos no había declarada una pandemia, que no se declaró hasta el 11M, por mucho que se quieran manipular los datos. Andalucía, gobernada por PP, Cs y Vox, había dicho que no pretendía suspender la Semana Santa que era en abril. Por otra parte, sabemos que se celebraron otros actos incluso en recintos cerrados que ahora sabemos que era algo mucho más peligroso. En derecho se entiende que con los datos posteriores no cabe juzgar los hechos anteriores. Pensamos que es una persecución al feminismo y al Gobierno, por parte de una oposición tanto institucional como no institucional, porque están en contra de los derechos de las mujeres, de la igualdad y los avances que representa el feminismo. Hay poderes absolutamente reaccionarios que pretenden una vuelta atrás en derecho. El 8M además no es una manifestación convocada del Gobierno ni desde ningún poder publico, sino por los colectivos feministas. Y el derecho a manifestación no esta sometido a autorización previa. Si en el 6M un delegado del gobierno, sin estar en pandemia, hubiera suspendido sin cauce legal un derecho fundamental, le habrían acusado de prevaricación, pero con muchos más visos de haber cometido un acto dudoso. Atacan los mismos que han roto las normas de distanciamiento social al manifestarse con caceroladas retrógradas. Está claro que ha habido un ataque al movimiento feminista y al Ministerio de Igualdad.
– Algún colectivo feminista como la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han criticado la Ley de Infancia, cuyo ante proyecto de ley se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, por “excluir la perspectiva de género” e “ignorar las violencias sexuales específicas que sufren las mujeres”. ¿Qué opina?
– Las violencias sexuales específicas que sufren las mujeres se ha regulado de manera absolutamente novedosa y por fin de acuerdo al Convenio de Estambul en la Ley orgánica de garantía a la libertad sexual. Es la más avanzada que hemos tenido nunca porque ofrece a las mujeres una protección integral contra las violencias sexuales: social, educativa, sanitaria y además una protección jurídica con una mejora de los tipos penales. No podemos juzgar esta ley como si el resto del ordenamiento jurídico hubiera desaparecido del panorama. Si hay falta de perspectiva de género, hay un tramite de audiencia publica y otro parlamentario donde, sin duda, se pueden pactar mejoras. Es una ley cuyo camino se inicio en 2016, con el Gobierno del PP, siguió con el PSOE y ha culminado en este Gobierno de coalición. Es una ley que protege mucho más a la infancia de lo que estaba protegida hasta ahora. Con un 90% de los casos sin denunciar, es un hito en la legislación española.
– La 'ley de libertad sexual' abarca a las menores...
– La ley tenía como campo legislativo precisamente a partir de 16 años, porque la Ley de Infancia regulaba los delitos contra los y las menores de edad partiendo hasta los 16, que es el consenso científico en el derecho penal y lo que está en nuestras leyes.
– ¿Hay controversia en el Gobierno de coalición respecto a la perspectiva de género en la Ley de Infancia?
– Se aprobó en el Consejo de Ministro del martes. También con la 'ley de libertad sexual' intentaron destacar las críticas, algunas inexistentes. Se llegó a decir que el Ministerio de Justicia tachaba la ley por su falta de conocimientos jurídicos o errores ortográficos, cuando era una propuesta conjunta. Esto no vino del Ministerio de Justicia, sino que fueron las fuerzas contrarias al feminismo. Con la Ley de Infancia ha sucedido lo mismo, quizás es más llamativo porque es una ley que proviene de 2016 y no acababa de darse el impulso que necesitaba.
– Hay voces que vuelven a arremeter contra la Ley de la Infancia, por reconocer la identidad de género de los más pequeños. Estos días se ha difundido un argumentario del PSOE también contra el reconocimiento de la identidad de género. ¿Qué opina de la polémica?
– La igualdad es una política inclusiva que ya tiene suficientes enemigos enfrente, en la derecha, en el machismo más recalcitrante, y en el neoliberalismo. En el feminismo no he escuchado jamás a nadie que excluya la palabra mujer o se sienta agredida por la palabra mujer, pero sí he escuchado a personas que quieren ser incluidas en la palabra mujer como las personas trans. Hay un consenso de hace ya años donde no es que esté el PSOE, sino que en su día lo lideró el PSOE con personas como Pedro Zerolo o Carla Antonelli. Hay una resistencia a incluir a las mujeres trans que no se hayan operado y hay que tener mucho cuidado con esto porque se acercan peligrosamente en la visión genital del género humano a la política contraria. Hay mensajes que se acercan a Hazte Oír. No es mi opinión ni la historia del feminismo del PSOE. Incluir a las mujeres y menores trans no borra o desdibuja a las mujeres.
– La última sentencia de La Manada por el caso Pozoblanco considera de nuevo que fue abuso sexual y no agresión sexual porque la víctima no pudo decir que "no". ¿Le parece una sentencia justa?
– Precisamente la Ley de libertad sexual dice que solo es sí es sí y propone -aún es un anteproyecto- que son todas agresiones sexuales, ya sea a una mujer sin conocimiento por sustancias, por alcohol, suministradas o no por los agresores. El feminismo no reclama ni la prisión permanente revisable, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, porque el feminismo es netamente constitucionalista. Las penas incluso son mucho más proporcionales porque hay más recorrido de pena en función de la gravedad. Con la nueva ley, lo de la Manada de Pozoblanco sería agresión sexual y no abuso. Este es el caso paradigmático entre diferenciar entre “no es no” y “sí es sí” porque ella no dijo “no”, pero no consintió.
Además a muchas juristas feministas la palabra abuso nos sugiere que hay un uso lícito y las mujeres no son objetos de uso sino sujetos de derecho. Es legalmente importante pero también simbólico acabar con la palabra abuso.
– ¿La judicatura está preparada para aplicar la Ley de Libertades sexuales, para juzgar la violencia de género o las violencias sexuales?
– La judicatura no ha tenido hasta ahora una formación específica en enfoque de género y se está comenzando ahora con los primeros cursos de formación. Esto se demuestra en casos que tenemos en mente, como la propia Manada de Pamplona. Recordemos que el Tribunal Supremo se penó por agresión sexual, por intimidación ambiental, pero un paso más abajo en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra hubo dos votos a favor de la agresión sexual, pero perdieron en pro de tres votos por el abuso sexual. Y previamente en la Audiencia Provincial de Pamplona hubo dos votos de abuso sexual y uno por la absolución. Aquel que hablaba del jolgorio. Afortunadamente el Supremo si aplicó esta visión de género. Pero insisto mucho en que el primer eje del Pacto de Estado contra la violencia machista es la formación a toda la sociedad. Tenemos que tener formación de género todos los profesionales, las comunicadoras que hacen las noticias de violencia de género, también en la Policía y en el ámbito de la salud. Si estamos aplaudiendo a las 8 al personal sanitario porque salva vidas, todos podemos salvar vidas. Si llamamos al 016 al 112 para las situaciones de violencia salvamos vidas de las mujeres que no van a denunciar la violencia que sufren.
– Mencionaba el Pacto de Estado contra la violencia de género. Se ha criticado la lentitud de su implementación. ¿Terminará de despegar con el Gobierno de coalición?
– El pacto de Estado contra la violencia de género es un pacto muy ambicioso con un gran número de medidas aprobadas, que alude a luchar contra la violencia desde todas las instituciones y de la sociedad civil. Se quedó durmiendo en un cajón durante todo el gobierno PP que debía impulsarlo. Solo obtuvo un impulso y unas medidas legislativas reales con el gobierno del PSOE que surgió tras la moción de censura y, por supuesto, con este gobierno de coalición. Era un pacto a cinco años muy ambicioso y no se puede cumplir de un día para otro, pero ya consideramos cumplido un 25% del pacto y un 50% implementándose. Tiene que formalizarse la lucha contra la violencia machista. Cuantas más políticas se institucionalicen contra la violencia de género, más se cumplirá. Necesitamos que sea una política transversal y que cada uno de los ministerios y de las comunidades autónomas adopten medidas.
– ¿Cómo se abarcará la futura ley integral contra la trata que ha anunciado Igualdad desde el punto de vista de la violencia de género?
-- La Delegación del Gobierno contra la violencia de género, tiene ceñidas sus competencias a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, aunque somos muy conscientes de existen otras tratas. Por primera vez en un plan de contingencia o de supervivencia de víctimas de violencia de genero se ha incluido a las victimas de trata, que son las grandes olvidadas. Son mujeres invisibles para el sistema, pero devastadas. Se han aprobado medidas que son una auténtica brecha por donde pasan sus derechos, como ha sido la certificación por parte de las entidades especializadas de su condición de victimas de trata a efectos socio-asistenciales (no a efectos policiales) y que esto permita que se les abra las puertas de la ruta asistencial. Es una puerta hacia sus derechos y a recuperar la dignidad como nunca han tenido estas mujeres en el derecho español. Luchar contra la trata es una obligación también del Pacto de Estado contra la violencia de género, pero hay que tener la voluntad política de cumplirlo que el PP nunca tuvo.
– Desde el Ministerio de Igualdad se han estado recabando nuevos datos sobre la violencia de género.
– Hemos recibido todos los datos de la macroencuesta de violencia de género desde 2019 hasta el 15 de febrero de 2020, un mes escaso antes del estado de alarma, con todos los datos recabados por el CIS y los datos recogidos por la Delegación. Va a ser un hito estadístico de máximo interés y máximo rigor. Se abarca la violencia sexual dentro de la pareja y fuera de la pareja, la violencia de todo tipo dentro de la pareja, la prevalencia a lo largo de toda la vida... De los más de 5,1 millones de mujeres que se declaran víctimas de violencia, solo de su pareja y expareja y mayores de 16 años, 3 millones no han denunciado. Hay datos que apoyan las políticas del Ministerio de Igualdad y servirán para hacer buenas políticas al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.