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| Marcos delante de la basílica de Chiquinquirá // |
Sonia Maldonado | Corresponsales Clave, 2024-02-10
https://corresponsalesclave.org/17538-2/
Una nueva vulneración de derechos humanos por expresión de género se produjo el pasado viernes 2 de febrero contra el modelo y creador de contenidos Marcos Caraballo, (Papá Unicornio), integrante de la comunidad LGTBIQ+, quien fue detenido de manera arbitraria por posar vestido de ángel frente a la Basílica de Chiquinquirá, en Maracaibo, estado Zulia.
Aunque Caraballo fue excarcelado la tarde del domingo 4 de febrero, en la audiencia de presentación se le imputó ultraje al pudor, se le prohibió salir del país por 8 meses y su libertad fue condicionada a un régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales.
La medida afectó al modelo zuliano y al equipo que lo acompañaba en la sesión de fotos, Nerio Antonio Bello Negrón, de 58 años, quien supuestamente fue “el proveedor” de la vestimenta de ángel usada por el influencer, y Gueisbel Alejandra Núñez Urdaneta, encargada de filmar el material y tomar las fotografías de esta sesión, quien no fue localizada y por consiguiente no se pudo hacer efectiva su detención.
La actuación por parte de la Policía Bolivariana del estado Zulia (SIPEZ-CPBEZ) se produjo luego del reclamo hecho por el párroco de la basílica Nedward Andrade, quien manifestó su malestar por “este tipo de actividad que afectan el decoro y la buena moral para todos”, así como por comentarios homofóbicos expuestos en redes sociales, luego de la difusión del material el 30 de enero de 2024.
Esta acción deja en evidencia una vez más la política de criminalización y homofobia que mantiene el Estado venezolano hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el país.
Por su parte, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de la población LGTBIQ+ manifestaron su rechazo y repudio a la actuación de las autoridades policiales, calificándola de discriminatoria y homofóbica, además de violatoria de los derechos humanos.
Yendri Velásquez, defensor de DDHH y coordinador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+ – @ovlgbtiq-, señaló durante la emisión del podcast “Hablemos D” de la ONG FundaRedes (@fundaredes_) que la homofobia y transfobia de Estado se representan “en la acción directa de los funcionarios del Estado al violentar los derechos de esta población y la omisión de las demandas y exigencias de las organizaciones y activistas”.
Aseguró que, por otro lado, la omisión de las otras instancias del Estado ante los abusos y criminalización de las personas LGBTIQ+ demuestra la complicidad con quienes hoy están ejecutando esas formas de violencia y discriminación.
“Nos preocupa profundamente que estos ‘delitos contra la moral’ se estén aplicando solamente por prejuicios homofóbicos, como en el caso de Marcos Caraballo y que esto pueda ser otra muestra del escalamiento de la persecución en contra de las personas homosexuales en Venezuela, lo vimos en el 2023 con el caso de los 33 y lo seguimos viendo con el allanamiento de locales de entretenimiento LGBTIQ y la invisibilización que le ha querido dar el Estado a estos casos de homofobia”, dijo el activista en las redes sociales del observatorio.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de proteger a todas personas contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.
Aunque Caraballo fue excarcelado la tarde del domingo 4 de febrero, en la audiencia de presentación se le imputó ultraje al pudor, se le prohibió salir del país por 8 meses y su libertad fue condicionada a un régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales.
La medida afectó al modelo zuliano y al equipo que lo acompañaba en la sesión de fotos, Nerio Antonio Bello Negrón, de 58 años, quien supuestamente fue “el proveedor” de la vestimenta de ángel usada por el influencer, y Gueisbel Alejandra Núñez Urdaneta, encargada de filmar el material y tomar las fotografías de esta sesión, quien no fue localizada y por consiguiente no se pudo hacer efectiva su detención.
La actuación por parte de la Policía Bolivariana del estado Zulia (SIPEZ-CPBEZ) se produjo luego del reclamo hecho por el párroco de la basílica Nedward Andrade, quien manifestó su malestar por “este tipo de actividad que afectan el decoro y la buena moral para todos”, así como por comentarios homofóbicos expuestos en redes sociales, luego de la difusión del material el 30 de enero de 2024.
Esta acción deja en evidencia una vez más la política de criminalización y homofobia que mantiene el Estado venezolano hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el país.
Por su parte, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de la población LGTBIQ+ manifestaron su rechazo y repudio a la actuación de las autoridades policiales, calificándola de discriminatoria y homofóbica, además de violatoria de los derechos humanos.
Yendri Velásquez, defensor de DDHH y coordinador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+ – @ovlgbtiq-, señaló durante la emisión del podcast “Hablemos D” de la ONG FundaRedes (@fundaredes_) que la homofobia y transfobia de Estado se representan “en la acción directa de los funcionarios del Estado al violentar los derechos de esta población y la omisión de las demandas y exigencias de las organizaciones y activistas”.
Aseguró que, por otro lado, la omisión de las otras instancias del Estado ante los abusos y criminalización de las personas LGBTIQ+ demuestra la complicidad con quienes hoy están ejecutando esas formas de violencia y discriminación.
“Nos preocupa profundamente que estos ‘delitos contra la moral’ se estén aplicando solamente por prejuicios homofóbicos, como en el caso de Marcos Caraballo y que esto pueda ser otra muestra del escalamiento de la persecución en contra de las personas homosexuales en Venezuela, lo vimos en el 2023 con el caso de los 33 y lo seguimos viendo con el allanamiento de locales de entretenimiento LGBTIQ y la invisibilización que le ha querido dar el Estado a estos casos de homofobia”, dijo el activista en las redes sociales del observatorio.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de proteger a todas personas contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.
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