Seis estudiantes son condenados a tres años de cárcel y a cinco años de destierro de la ciudad de Kairouan.
Ricard González | El País, 2015-12-15
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/15/actualidad/1450193971_770291.html
Durante los últimos meses, se ha intensificado el acoso a la comunidad gay en Túnez, según apuntan diversos activistas y organizaciones de defensa de los derechos de los homosexuales. En Túnez las prácticas homosexuales están tipificadas como delito en el código penal y se castigan con un máximo de tres años de cárcel. Uno de los últimos casos sucedió el pasado jueves, cuando seis estudiantes de Kairuán, una ciudad conservadora que está considerada el centro espiritual tunecino, fueron condenados por estos delitos a tres años de cárcel, la pena máxima permitida.
En un decisión poco habitual y muy controvertida, el juez decidió desterrar a los jóvenes de Kairuán durante cinco años. Es decir, que si cumplen su condena de cárcel de forma íntegra, durante los dos años siguientes les será prohibido poner los pies en la ciudad. Los seis estudiantes fueron denunciados a la policía por sus vecinos.
“Normalmente, los jueces imponen una pena de un año de cárcel, y la mayoría de los condenados salen a la calle unos meses después. No obstante, últimamente, ha aumentado la presión y ha habido condenas más duras”, explica Najma Kousri, una activista que se dio a conocer tras difundir en internet fotografías de besos de parejas homosexuales por primera vez en este país magrebí. Según los cálculos de las organizaciones de derechos civiles, que son más activas desde la caída de la dictadura, cada año se procesa aproximadamente a un centenar de gays y lesbianas a pesar de que Túnez es un país de tradición laica, una condición reafirmada en la nueva Constitución aprobada después de la revolución que destronó al dictador Ben Alí en 2011.
La sentencia de los jóvenes de Kairuan ha sido condenada por varios organizaciones de derechos humanos y de la defensa de los derechos homosexuales. “Es un caso muy grave de violación de la vida privada de las personas y de su integridad física”, ha declarado Amna Guelali, una responsable de la ONG Human Rights Watch, que ha calificado la pena de destierro de “rarísima” y de “medieval”, pues “no está en consonancia con la evolución de Túnez”. Por su parte, en declaraciones a la radio local Shams, el portavoz del ministerio del Interior, Walid Louguini, se ha apuntado que las fuerzas del orden “se limitan a hacer cumplir la ley”.
Sin cambios previstos en la ley
El pasado mes de septiembre, la persecución de la homosexualidad se coló en el debate público después de la condena a un año de cárcel a un joven de la localidad de Susa después de haber sido sometido a un examen anal, una práctica considerada una tortura de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos. El muchacho se presentó en una comisaria para ofrecer su declaración respecto a un asesinato ocurrido unos días antes. Aunque no estaba implicado en el homicidio, al conocer su condición de homosexual, la fiscalía decidió procesarlo.
El entonces ministro de Justicia, Mohamed Ben Aïssa, se mostró públicamente favorable a despenalizar la homosexualidad, lo que generó renovadas esperanzas entre la comunidad gay. No obstante, unos días después, durante su visita a Egipto, el veterano presidente Beji Caïd Essebsi desautorizó a Ben Aïssa. “El ministro solo habla en nombre de sí mismo, no del Estado. No habrá cambios”, zanjó el presidente Essebsi en unas declaraciones a un televisión egipcia.
Apenas dos semanas después, por motivos aún poco claros, Ben Aïsa fue defenestrado. Túnez está gobernado actualmente por una coalición entre Ennahda, el principal movimiento islamista del país, y el partido laico y conservador Nidá Tunis, al que pertenece el presidente Essebsi y que está integrado por diversas personalidades vinculadas al antiguo régimen de Ben Alí.
A pesar de contar con una Constitución laica prácticamente desde su independencia, en 1956, la sociedad tunecina continúa siendo muy conservadora. Después de la revolución, las organizaciones para la defensa de los derechos de los homosexuales se han hecho mucho más visibles gracias a sus audaces campañas, lo que ha suscitado una reacción virulenta por parte de algunos sectores ultraconservadores. De hecho, el activista gay Hedi Sahly, el presidente de la asociación Shems, una de las más potentes del país, decidió abandonar Túnez la semana pasada tras haber recibido amenazas de muerte.
En un decisión poco habitual y muy controvertida, el juez decidió desterrar a los jóvenes de Kairuán durante cinco años. Es decir, que si cumplen su condena de cárcel de forma íntegra, durante los dos años siguientes les será prohibido poner los pies en la ciudad. Los seis estudiantes fueron denunciados a la policía por sus vecinos.
“Normalmente, los jueces imponen una pena de un año de cárcel, y la mayoría de los condenados salen a la calle unos meses después. No obstante, últimamente, ha aumentado la presión y ha habido condenas más duras”, explica Najma Kousri, una activista que se dio a conocer tras difundir en internet fotografías de besos de parejas homosexuales por primera vez en este país magrebí. Según los cálculos de las organizaciones de derechos civiles, que son más activas desde la caída de la dictadura, cada año se procesa aproximadamente a un centenar de gays y lesbianas a pesar de que Túnez es un país de tradición laica, una condición reafirmada en la nueva Constitución aprobada después de la revolución que destronó al dictador Ben Alí en 2011.
La sentencia de los jóvenes de Kairuan ha sido condenada por varios organizaciones de derechos humanos y de la defensa de los derechos homosexuales. “Es un caso muy grave de violación de la vida privada de las personas y de su integridad física”, ha declarado Amna Guelali, una responsable de la ONG Human Rights Watch, que ha calificado la pena de destierro de “rarísima” y de “medieval”, pues “no está en consonancia con la evolución de Túnez”. Por su parte, en declaraciones a la radio local Shams, el portavoz del ministerio del Interior, Walid Louguini, se ha apuntado que las fuerzas del orden “se limitan a hacer cumplir la ley”.
Sin cambios previstos en la ley
El pasado mes de septiembre, la persecución de la homosexualidad se coló en el debate público después de la condena a un año de cárcel a un joven de la localidad de Susa después de haber sido sometido a un examen anal, una práctica considerada una tortura de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos. El muchacho se presentó en una comisaria para ofrecer su declaración respecto a un asesinato ocurrido unos días antes. Aunque no estaba implicado en el homicidio, al conocer su condición de homosexual, la fiscalía decidió procesarlo.
El entonces ministro de Justicia, Mohamed Ben Aïssa, se mostró públicamente favorable a despenalizar la homosexualidad, lo que generó renovadas esperanzas entre la comunidad gay. No obstante, unos días después, durante su visita a Egipto, el veterano presidente Beji Caïd Essebsi desautorizó a Ben Aïssa. “El ministro solo habla en nombre de sí mismo, no del Estado. No habrá cambios”, zanjó el presidente Essebsi en unas declaraciones a un televisión egipcia.
Apenas dos semanas después, por motivos aún poco claros, Ben Aïsa fue defenestrado. Túnez está gobernado actualmente por una coalición entre Ennahda, el principal movimiento islamista del país, y el partido laico y conservador Nidá Tunis, al que pertenece el presidente Essebsi y que está integrado por diversas personalidades vinculadas al antiguo régimen de Ben Alí.
A pesar de contar con una Constitución laica prácticamente desde su independencia, en 1956, la sociedad tunecina continúa siendo muy conservadora. Después de la revolución, las organizaciones para la defensa de los derechos de los homosexuales se han hecho mucho más visibles gracias a sus audaces campañas, lo que ha suscitado una reacción virulenta por parte de algunos sectores ultraconservadores. De hecho, el activista gay Hedi Sahly, el presidente de la asociación Shems, una de las más potentes del país, decidió abandonar Túnez la semana pasada tras haber recibido amenazas de muerte.
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