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| Imagen: Google Imágenes / Claibourn Hamilton y Adrian Coman |
Un matrimonio entre dos hombres desató la reacción del ‘lobby’ religioso cuando la pareja, casada en Bélgica, se fue a vivir a Rumanía. La justicia europea les dio la razón pero seis años después Rumanía se sigue resistiendo a aplicar la sentencia y la pareja vive en EEUU. Esta investigación ha logrado acceder a un correo amenazante que envió la iglesia católica al gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Esta es la tercera entrega de un trabajo que expone la actividad de presión política de los movimientos religiosos. Aquí puedes consultar la primera parte –sobre las reuniones del lobby en Bruselas– y aquí la segunda –sobre Mayor Oreja–.
Álvaro Merino / Gisella Rojas / Josefina Martí | El Diario, 2019-10-03
https://www.eldiario.es/internacional/matrimonio-abrio-Pandora-catolico-Bruselas_0_945256308.html
Se casaron hace casi diez años. Sin embargo, Adrian Coman, nacido en Rumanía, y Claibourn Hamilton, ciudadano estadounidense, han pasado gran parte de ese tiempo entre tribunales y litigios. ¿La razón? Luchar para vivir como el matrimonio que son en cualquier país de la Unión Europea.
En el 2010 la pareja celebró su boda en Bélgica, uno de los 14 Estados miembros de la Unión Europea que permite el matrimonio homosexual. En ese momento Coman no se imaginó que la idea de regresar a Rumanía junto a su pareja, en 2013, desataría una batalla legal que incluso provocó la reacción del lobby religioso ante Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y excandidato socialdemócrata a la presidencia de dicha institución.
Hamilton solicitó el permiso de residencia en Rumanía basado en la libertad de circulación que reconoce la Unión Europea, que avala el derecho de extranjeros a vivir en el territorio de la Unión si los integrantes de la familia, como "los cónyuges", son ciudadanos de algún estado miembro. Sin embargo, las autoridades rumanas rechazaron la petición ya que, al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, no podían ser considerados familia.
La pareja impugnó la negativa y el caso acabó en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), a lo que le siguió una campaña de ataque y descrédito por parte de grupos conservadores.
La propia Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (Comece, que ejerce de representación de la Iglesia católica en Bruselas) tomó cartas en el asunto y advirtió al gabinete de Timmermans de que estaba "observando cuidadosamente la evolución del proceso" y que esperaba que no se abriera "la caja de Pandora, creando más problemas que soluciones", según consta en un correo electrónico enviado el 28 de septiembre del 2017, al que ha tenido acceso esta investigación a través del Portal de Transparencia de la UE.
En el mismo correo, la Comece envía su "evaluación legal con respecto a la reforma del Registro de Transparencia" (que al final no se llevó a cabo), en el que recuerda las exenciones que tienen las iglesias y pide mantener el ‘statu quo’, ya que de lo contrario el Registro "interferiría con las relaciones Iglesia-Estado". Los privilegios que tienen las iglesias para no confesar sus contactos y reuniones políticas en el seno de la Unión Europea han sido revelados esta semana por eldiario.es.
En las instalaciones de la Comece, el pasado 9 de abril de 2019, el secretario general Olivier Poquillon mira fijamente los papeles de esta correspondencia. Al preguntarle a qué se refiere con la frase "caja de Pandora", responde tajante: "Hay cosas que son competencia nacional y otras que no lo son", en referencia a la competencia que tiene cada país de aceptar o no el matrimonio homosexual.
"Para nosotros el Estado de derecho implica que la Corte respete los tratados. El 'caso Coman' consiste claramente en el uso de una disposición de no discriminación para imponer cosas a otros. Si se intenta transformar a la Unión en una herramienta de poder y control y no en una herramienta de servicio, nuestra reacción será contundente", asegura.
Coman, en una entrevista para este reportaje, recuerda cómo "algunas iglesias se organizaron para tocar sus campanas al mismo tiempo, mientras tenía lugar nuestra segunda audiencia ante el Tribunal Constitucional en Bucarest". Aquellas campanas también lograron hacer eco dentro del Parlamento Europeo. El 28 de junio de 2017, la eurodiputada rumana Ramona Manescu, del Partido Popular Europeo, junto con Sophia Kuby, directora de ADF en Bruselas (una organización legal basada en la fe), organizaron un evento privado en el Parlamento bajo el título ‘Matrimonio y competencia de los Estados miembros de la UE: el caso Coman en el TJUE’. […]
A ese encuentro privado logró colarse Florin Buhuceanu, vicepresidente de Accept, fundación rumana que se encargó de defender a la pareja legalmente. En una entrevista telefónica, Buhuceanu recuerda lo que se habló a puerta cerrada: "Querían resaltar que existe una amenaza contra la libertad de religión y contra organizaciones como ellas [ADF]. Con ello buscaban decir que la Comisión Europea estaba tratando de forzar a todos los Estados miembros a aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que el caso no buscaba, ya que este se refería al reconocimiento de los derechos de residencia para aquellas parejas que ya estaban casadas".
El 5 de junio de 2018, el TJUE falló a favor de la pareja basándose en el principio de libre movimiento de la UE y en una amplia interpretación del término esposo. Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado porque Rumanía se resiste a aplicar la sentencia. "No esperábamos el largo retraso en la aplicación de la decisión a la legislación nacional en Rumanía y en todos los demás países que tuvieron que transponerla a su realidad legal", confiesa Buhuceanu.
La falta de aplicación también ha sido evidenciada en el Parlamento Europeo por la eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld (ALDE), quien el pasado 6 de noviembre indicó que "algunos Estados miembros se niegan a implementar la decisión (refiriéndose al caso Coman), incluso después de que los ciudadanos se hayan quejado de su incumplimiento".
A través de una pregunta por escrito, la eurodiputada consultó a la Comisión si emitirá "procedimientos de infracción si los Estados miembros no cumplen la jurisprudencia del TJUE". Desde la institución respondieron que no han recibido quejas por falta de aplicación de la legislación comunitaria, aunque no descartaron "tomar las medidas necesarias" en caso de que ocurriese, incluyendo "procedimientos de infracción".
Hasta el momento, Hamilton "no ha sido reconocido como esposo", por lo que sigue sin obtener la residencia en Rumanía, explica Buhuceanu. La mudanza de Coman y Hamilton lleva seis años de retraso y la pareja aún reside en Nueva York. "No es fácil, todo lleva mucho tiempo, pero preferimos recordar el inmenso apoyo que hemos recibido".
Frente a las voces en contra, Adrian Coman, reflexiona: "Las iglesias podrían haber usado sus recursos e influencia para hacer algo positivo para la vida de las personas".
Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.
En el 2010 la pareja celebró su boda en Bélgica, uno de los 14 Estados miembros de la Unión Europea que permite el matrimonio homosexual. En ese momento Coman no se imaginó que la idea de regresar a Rumanía junto a su pareja, en 2013, desataría una batalla legal que incluso provocó la reacción del lobby religioso ante Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y excandidato socialdemócrata a la presidencia de dicha institución.
Hamilton solicitó el permiso de residencia en Rumanía basado en la libertad de circulación que reconoce la Unión Europea, que avala el derecho de extranjeros a vivir en el territorio de la Unión si los integrantes de la familia, como "los cónyuges", son ciudadanos de algún estado miembro. Sin embargo, las autoridades rumanas rechazaron la petición ya que, al no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, no podían ser considerados familia.
La pareja impugnó la negativa y el caso acabó en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), a lo que le siguió una campaña de ataque y descrédito por parte de grupos conservadores.
La propia Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (Comece, que ejerce de representación de la Iglesia católica en Bruselas) tomó cartas en el asunto y advirtió al gabinete de Timmermans de que estaba "observando cuidadosamente la evolución del proceso" y que esperaba que no se abriera "la caja de Pandora, creando más problemas que soluciones", según consta en un correo electrónico enviado el 28 de septiembre del 2017, al que ha tenido acceso esta investigación a través del Portal de Transparencia de la UE.
En el mismo correo, la Comece envía su "evaluación legal con respecto a la reforma del Registro de Transparencia" (que al final no se llevó a cabo), en el que recuerda las exenciones que tienen las iglesias y pide mantener el ‘statu quo’, ya que de lo contrario el Registro "interferiría con las relaciones Iglesia-Estado". Los privilegios que tienen las iglesias para no confesar sus contactos y reuniones políticas en el seno de la Unión Europea han sido revelados esta semana por eldiario.es.
En las instalaciones de la Comece, el pasado 9 de abril de 2019, el secretario general Olivier Poquillon mira fijamente los papeles de esta correspondencia. Al preguntarle a qué se refiere con la frase "caja de Pandora", responde tajante: "Hay cosas que son competencia nacional y otras que no lo son", en referencia a la competencia que tiene cada país de aceptar o no el matrimonio homosexual.
"Para nosotros el Estado de derecho implica que la Corte respete los tratados. El 'caso Coman' consiste claramente en el uso de una disposición de no discriminación para imponer cosas a otros. Si se intenta transformar a la Unión en una herramienta de poder y control y no en una herramienta de servicio, nuestra reacción será contundente", asegura.
Coman, en una entrevista para este reportaje, recuerda cómo "algunas iglesias se organizaron para tocar sus campanas al mismo tiempo, mientras tenía lugar nuestra segunda audiencia ante el Tribunal Constitucional en Bucarest". Aquellas campanas también lograron hacer eco dentro del Parlamento Europeo. El 28 de junio de 2017, la eurodiputada rumana Ramona Manescu, del Partido Popular Europeo, junto con Sophia Kuby, directora de ADF en Bruselas (una organización legal basada en la fe), organizaron un evento privado en el Parlamento bajo el título ‘Matrimonio y competencia de los Estados miembros de la UE: el caso Coman en el TJUE’. […]
A ese encuentro privado logró colarse Florin Buhuceanu, vicepresidente de Accept, fundación rumana que se encargó de defender a la pareja legalmente. En una entrevista telefónica, Buhuceanu recuerda lo que se habló a puerta cerrada: "Querían resaltar que existe una amenaza contra la libertad de religión y contra organizaciones como ellas [ADF]. Con ello buscaban decir que la Comisión Europea estaba tratando de forzar a todos los Estados miembros a aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que el caso no buscaba, ya que este se refería al reconocimiento de los derechos de residencia para aquellas parejas que ya estaban casadas".
El 5 de junio de 2018, el TJUE falló a favor de la pareja basándose en el principio de libre movimiento de la UE y en una amplia interpretación del término esposo. Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado porque Rumanía se resiste a aplicar la sentencia. "No esperábamos el largo retraso en la aplicación de la decisión a la legislación nacional en Rumanía y en todos los demás países que tuvieron que transponerla a su realidad legal", confiesa Buhuceanu.
La falta de aplicación también ha sido evidenciada en el Parlamento Europeo por la eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld (ALDE), quien el pasado 6 de noviembre indicó que "algunos Estados miembros se niegan a implementar la decisión (refiriéndose al caso Coman), incluso después de que los ciudadanos se hayan quejado de su incumplimiento".
A través de una pregunta por escrito, la eurodiputada consultó a la Comisión si emitirá "procedimientos de infracción si los Estados miembros no cumplen la jurisprudencia del TJUE". Desde la institución respondieron que no han recibido quejas por falta de aplicación de la legislación comunitaria, aunque no descartaron "tomar las medidas necesarias" en caso de que ocurriese, incluyendo "procedimientos de infracción".
Hasta el momento, Hamilton "no ha sido reconocido como esposo", por lo que sigue sin obtener la residencia en Rumanía, explica Buhuceanu. La mudanza de Coman y Hamilton lleva seis años de retraso y la pareja aún reside en Nueva York. "No es fácil, todo lleva mucho tiempo, pero preferimos recordar el inmenso apoyo que hemos recibido".
Frente a las voces en contra, Adrian Coman, reflexiona: "Las iglesias podrían haber usado sus recursos e influencia para hacer algo positivo para la vida de las personas".
Este trabajo es fruto de la investigación desarrollada durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y Unidad Editorial. Adolfo Moreno, tutor del Máster, colaboró en la edición.
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