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Ellas conforman más del 80% de las familias en las que solo hay un adulto al cargo. Según un estudio de EAPN, las ayudas públicas para estos núcleos familiares siguen siendo poco eficaces para eliminar las situaciones de exclusión
CTXT / Observatorio Social La Caixa | ctxt, 2019-10-04
https://ctxt.es/es/20191002/Firmas/28700/observatorio-social-la-caixa-alta-cultura-EAPN-hogar-monoparental.htm%22
Cambios sociales, aumento de las separaciones y divorcios o nuevas formas de maternidad. Son muchas las razones que apuntan al aumento de los hogares monoparentales durante los últimos años. Hoy, este grupo ya representa una de cada diez familias que vive en España. Su situación, sin embargo, dista mucho de la realidad media que afrontan la población en nuestro país, ya que cuentan con las tasas de riesgo de pobreza más altas por tipo de hogar, superiores al 40%. Historias de precariedad y exclusión que, según datos recopilados por un reciente estudio de EAPN, además tienen rostro femenino: ocho de cada diez hogares monoparentales está encabezado por una mujer y, de ellas, cerca de un 43% está desempleada.
A ello hay que sumar otro 17% que aunque tiene algún tipo de ocupación, no cuenta con un contrato de trabajo. Esto significa que, en total, cerca de 6 de cada 10 mujeres al frente de un hogar monoparental está en paro o, con suerte, en una situación de informalidad laboral.
No se trata de un problema aislado. Para el conjunto de los hogares que están encabezados por un solo adulto, las cifras también son desoladoras: la tasa de pobreza para los niños y niñas que crecen en estos hogares es 15 puntos superior a la media nacional; más de la mitad de los hogares monoparentales no puede permitirse salir de vacaciones; y tres de cada cuatro familias llega a fin de mes con alguna dificultad.
Ante estas cifras, el documento de EAPN propone realizar un extenso repaso de la repercusión y eficacia de una de las ayudas públicas más generalizadas que reciben este tipo de núcleos familiares para hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión, las rentas mínimas de inserción.
Aquí, la cuestión de género se hace de nuevo latente: según recoge el Ministerio de Sanidad, el perfil habitual de las personas que reciben de este tipo de prestaciones no contributivas es el de una mujer –60% de los preceptores– de entre 35 y 44 años, con hijos a cargo y un nivel educativo bajo. En el caso concreto de los hogares con un solo adulto, el nivel de feminización es todavía más elevado: el 90% de los hogares monoparentales con renta mínima está encabezado por una mujer.
En su análisis, EAPN advierte que la aplicación de estas políticas públicas muchas veces se ve comprometida por distintas barreras burocráticas, además de ofrecer un rendimiento muy desigual al estar fragmentadas en los distintos territorios del país. A esto hay que añadir la poca eficacia que demuestran estás prestaciones para eliminar el riesgo de pobreza y los durísimos recortes económicos que han sufrido durante los últimos años: entre 2009 y 2015, la inversión en protección social en familias e infancia se redujo en España en cerca de 11.500 millones.
Para profundizar en estas circunstancias, el estudio incorpora en su parte final una encuesta a 34 mujeres preceptoras de rentas mínimas en 14 Comunidades Autónomas. Los resultados, de nuevo, revelan las dificultades que atraviesa este colectivo: la mitad de las encuestadas señala que ha tenido que abandonar los estudios y otro 50% comenta que sufre desempleo de larga duración. Además, cerca de un cuarto trabaja en la economía sumergida y nueve de cada diez tiene problemas para llegar a fin de mes.
Sobre el impacto de las ayudas públicas en su situación, la encuesta destaca varias circunstancias y conclusiones alineadas con lo anterior. Por una lado, el ingreso medio mensual de las prestaciones que han recibido la mujeres que participaron en el cuestionario se sitúa en unos 570 euros al mes, y cerca del 70% afirmó que tuvo alguna dificultad para solicitar alguna de estas prestaciones.
Por otro lado, y si bien un 44% de las encuestadas señalaron que las rentas mínimas suponían un alivio para poder cuidar a los hijos, también se advierte el limitado alcance de estos ingresos: solo un tercio considera que es suficiente para poder acceder a una vivienda, y apenas una de cada tres considera que es suficiente para tener un nivel de vida digno.
A ello hay que sumar otro 17% que aunque tiene algún tipo de ocupación, no cuenta con un contrato de trabajo. Esto significa que, en total, cerca de 6 de cada 10 mujeres al frente de un hogar monoparental está en paro o, con suerte, en una situación de informalidad laboral.
No se trata de un problema aislado. Para el conjunto de los hogares que están encabezados por un solo adulto, las cifras también son desoladoras: la tasa de pobreza para los niños y niñas que crecen en estos hogares es 15 puntos superior a la media nacional; más de la mitad de los hogares monoparentales no puede permitirse salir de vacaciones; y tres de cada cuatro familias llega a fin de mes con alguna dificultad.
Ante estas cifras, el documento de EAPN propone realizar un extenso repaso de la repercusión y eficacia de una de las ayudas públicas más generalizadas que reciben este tipo de núcleos familiares para hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión, las rentas mínimas de inserción.
Aquí, la cuestión de género se hace de nuevo latente: según recoge el Ministerio de Sanidad, el perfil habitual de las personas que reciben de este tipo de prestaciones no contributivas es el de una mujer –60% de los preceptores– de entre 35 y 44 años, con hijos a cargo y un nivel educativo bajo. En el caso concreto de los hogares con un solo adulto, el nivel de feminización es todavía más elevado: el 90% de los hogares monoparentales con renta mínima está encabezado por una mujer.
En su análisis, EAPN advierte que la aplicación de estas políticas públicas muchas veces se ve comprometida por distintas barreras burocráticas, además de ofrecer un rendimiento muy desigual al estar fragmentadas en los distintos territorios del país. A esto hay que añadir la poca eficacia que demuestran estás prestaciones para eliminar el riesgo de pobreza y los durísimos recortes económicos que han sufrido durante los últimos años: entre 2009 y 2015, la inversión en protección social en familias e infancia se redujo en España en cerca de 11.500 millones.
Para profundizar en estas circunstancias, el estudio incorpora en su parte final una encuesta a 34 mujeres preceptoras de rentas mínimas en 14 Comunidades Autónomas. Los resultados, de nuevo, revelan las dificultades que atraviesa este colectivo: la mitad de las encuestadas señala que ha tenido que abandonar los estudios y otro 50% comenta que sufre desempleo de larga duración. Además, cerca de un cuarto trabaja en la economía sumergida y nueve de cada diez tiene problemas para llegar a fin de mes.
Sobre el impacto de las ayudas públicas en su situación, la encuesta destaca varias circunstancias y conclusiones alineadas con lo anterior. Por una lado, el ingreso medio mensual de las prestaciones que han recibido la mujeres que participaron en el cuestionario se sitúa en unos 570 euros al mes, y cerca del 70% afirmó que tuvo alguna dificultad para solicitar alguna de estas prestaciones.
Por otro lado, y si bien un 44% de las encuestadas señalaron que las rentas mínimas suponían un alivio para poder cuidar a los hijos, también se advierte el limitado alcance de estos ingresos: solo un tercio considera que es suficiente para poder acceder a una vivienda, y apenas una de cada tres considera que es suficiente para tener un nivel de vida digno.
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