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| Vozpópuli / Comisión de Igualdad en el Congreso // |
Igualdad de Trato: el PSOE equipara al colectivo LGTBI con personas discapacitadas y terminales.
Los socialistas defienden en la Comisión de Igualdad una ley que pide a los sanitarios tener en cuenta las necesidades del colectivo LGTBI al mismo nivel que las de las personas con discapacidad o enfermedades crónicas.
Borja Negrete | Vozpópuli, 2022-04-27
https://www.vozpopuli.com/espana/igualdad-psoe-lgtbi-discapacitadas.html
El Partido Socialista defiende este miércoles en la Comisión de Igualdad la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de trato y la No Discriminación. Se trata de un proyecto legislativo que, como afirma el propio informe de Moncloa, no pretende aportar nuevos derechos, sino defender los ya instituidos. De hecho, la no discriminación por cualquier motivo ya queda recogida en el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad.
No obstante, en un intento por ahondar en la protección de los derechos de las minorías sociales, el PSOE llega a equiparar al colectivo LGTBI con las personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Lo hace en el artículo 13.3, Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la atención sanitaria. A continuación, se reproduce el artículo tal cual está insertado en la norma que el PSOE quiere aprobar:
"Las administraciones sanitarias promoverán acciones destinadas a aquellos grupos de población que presenten necesidades sanitarias específicas, tales como, las personas mayores, menores de edad, con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGTBI, que padezcan enfermedades mentales, crónicas, raras, degenerativas o en fase terminal, síndromes incapacitantes, portadoras de virus, víctimas de maltrato, personas en situación de sinhogarismo, con problemas de drogodependencia, minorías étnicas, entre otros, y, en general, personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión, con el fin de asegurar un efectivo acceso y disfrute de los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades".
Por un lado, llama la atención que se defienda ahora la atención sanitaria personalizada y la no discriminación cuando es algo que, aparte de la Constitución, protege con creces la Ley General de Sanidad. En su artículo 10.1 establece: "Todos los usuarios tiene derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social".
Más allá de la reiteración de los derechos protegidos, la redacción de la norma implica que se estigmatice al colectivo LGTBI como si fuese más propenso a desarrollar determinadas patologías. Se supone que una norma que fomenta la igualdad no puede dar por hecho que la orientación sexual es germen de enfermedades concretas. Además, en cualquier caso, al profesional sanitario le interesa atender a la persona más allá de su orientación sexual o etnia, que es algo que en Medicina resulta secundario.
Polémica entre Igualdad y los médicos
No es la primera vez que los médicos se revuelven contra una iniciativa gubernamental. El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ya se mostró contrario a la campaña de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la "violencia osbtétrica" por considerar que se "criminalizaba a la profesión".
En 2021, el CGCOM emitió un comunicado donde criticaba la creación de "innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza médico-paciente, al criminalizar las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y de la ética médica".
No obstante, en un intento por ahondar en la protección de los derechos de las minorías sociales, el PSOE llega a equiparar al colectivo LGTBI con las personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Lo hace en el artículo 13.3, Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la atención sanitaria. A continuación, se reproduce el artículo tal cual está insertado en la norma que el PSOE quiere aprobar:
"Las administraciones sanitarias promoverán acciones destinadas a aquellos grupos de población que presenten necesidades sanitarias específicas, tales como, las personas mayores, menores de edad, con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGTBI, que padezcan enfermedades mentales, crónicas, raras, degenerativas o en fase terminal, síndromes incapacitantes, portadoras de virus, víctimas de maltrato, personas en situación de sinhogarismo, con problemas de drogodependencia, minorías étnicas, entre otros, y, en general, personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión, con el fin de asegurar un efectivo acceso y disfrute de los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades".
Por un lado, llama la atención que se defienda ahora la atención sanitaria personalizada y la no discriminación cuando es algo que, aparte de la Constitución, protege con creces la Ley General de Sanidad. En su artículo 10.1 establece: "Todos los usuarios tiene derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social".
Más allá de la reiteración de los derechos protegidos, la redacción de la norma implica que se estigmatice al colectivo LGTBI como si fuese más propenso a desarrollar determinadas patologías. Se supone que una norma que fomenta la igualdad no puede dar por hecho que la orientación sexual es germen de enfermedades concretas. Además, en cualquier caso, al profesional sanitario le interesa atender a la persona más allá de su orientación sexual o etnia, que es algo que en Medicina resulta secundario.
Polémica entre Igualdad y los médicos
No es la primera vez que los médicos se revuelven contra una iniciativa gubernamental. El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ya se mostró contrario a la campaña de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre la "violencia osbtétrica" por considerar que se "criminalizaba a la profesión".
En 2021, el CGCOM emitió un comunicado donde criticaba la creación de "innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza médico-paciente, al criminalizar las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y de la ética médica".
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