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| Imagen: Catalunya Plural // |
Renta Básica Universal, la otra agenda urgente del colectivo LGBTI.
Propuestas como las de una Renta Básica Universal desde una perspectiva de redistribución de la riqueza, sin que ésta suponga recortar otros derechos y a la que todo el mundo tenga acceso es una medida con una capacidad de transformación enorme por el colectivo LGBTI.
David Jiménez | Catalunya Plural, 2021-07-26
https://catalunyaplural.cat/es/renta-basica-universal-la-otra-agenda-urgente-del-colectivo-lgbti/
El movimiento LGBTI vive secuestrado por la urgencia. No es para menos, al ver las noticias preocupantes que nos han llegado las últimas semanas: agresiones LGBTI-fóbicas de todo tipo y, incluso, un asesinato homófobo que ha sacudido nuestras sociedades y ha generado horas y horas en las tertulias sobre qué es y qué no es homofobia, mientras el activismo debatía sobre cuál era la mejor manera de hacerle frente a la LGBTI-fobia. Asimismo, vivimos la urgencia del reconocimiento de los derechos de las personas trans, materializado en el debate en torno a la aprobación de la ley trans y de derechos LGBTI, con sus aciertos y sus carencias.
Ante estas urgencias, algunos colectivos lo han confiado todo a la acción legislativa. Parece que con la aprobación de la ley trans ya no habrá sufrimiento en el colectivo trans y la autodeterminación de género será una realidad, independientemente de quien seas y de donde vengas. Esto evidentemente es tan falso como que con la ley del matrimonio igualitario se llegó a la plena igualdad LGBTI o con la ley catalana 11/2014 contra la LGBTI-fobia se erradica toda violencia hacia las personas LGBTI. Las leyes LGBTI, al igual que las leyes contra las violencias que sufren las mujeres, están pensadas desde determinados espacios, determinadas clases sociales y a menudo los legisladores y legisladoras tienen en mente una idea concreta de mujer o persona LGBTI, con una extracción socioeconómica determinada. Un claro ejemplo lo encontramos en la misma ley trans aprobada por el Consejo de Ministros, que olvida las personas migradas, en parte debido al bloqueo que supone la ley de extranjería. Por lo tanto, ¿cómo resolverá los problemas de la comunidad trans migrada y precaria del Raval el hecho de que las personas con ciudadanía española puedan modificar una casilla del DNI? Esta problemática la ha señalada recientemente la activista trans Dean Spade en una entrevista, cuando dice que «debemos evitar leyes que sean sólo simbólicas, que no ofrezcan ayudas, que sólo sirvan para personas de alto estatus o que lo tengan más fácil, que es lo que hacen la mayoría de leyes». La activista estadounidense concluye que «debemos pensar soluciones que vayan más allá de tener la palabra ‘trans'» – o LGBTI, añado yo – «escrita en ellas».
Con todo esto no quiero decir que no sea un gran paso una ley que facilite la burocracia a las personas trans y prohíba las terapias de conversión de la homosexualidad y las cirugías de reasignación bebés intersex. De hecho, es un avance enorme. Pero hay una LGBTI-fobia que no se ve, que es más cotidiana y menos tangible y que constituye la otra agenda urgente para el colectivo LGBTI. Vivimos en un país donde 1 de cada 10 mujeres trans han experimentado el sinhogarismo. Las causas son muchas, pero las principales son el rechazo familiar y la LGBTI-fobia de los arrendadores de viviendas. Junto a este dato, pienso también en todos los jóvenes LGBTI que han vivido un año y medio de pandemia obligados a pasar a convivir con padres que no los respetan, privados de espacios de socialización seguros debido a la emergencia sanitaria y las terribles consecuencias que esto haya podido tener en la salud mental de esta parte de la población. Esta es la LGBTI-fobia menos visible, la que no abre informativos, pero que tiene que ver con cuestiones estructurales. La que provoca las altas tasas de desempleo de personas trans o que el 72% de las personas LGBTI vuelvan al armario en su entorno laboral por miedo a acabar despedidos.
Por eso, desde hace un año, un sector del activismo LGBTI reclamamos otra agenda urgente para el colectivo LGBTI, en alianza con colectivos sociales, sindicatos y redes como la Red Renta Básica. Reclamamos una agenda de transformación, que garantice la supervivencia de todo el colectivo y de toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás. Es una agenda menos identitaria, pero que recoge el hilo de las primeras protestas LGBTI cuando por la Rambla un grupo de mujeres trans llevaban la pancarta «nosotras no tenemos miedo, nosotras somos». Este «ser», esta existencia, sólo es posible si garantizamos las necesidades materiales de todas las personas LGBTI y, por supuesto, de todo el resto de personas precarias de este mundo. Por eso propuestas como las de una Renta Básica Universal desde una perspectiva de redistribución de la riqueza, sin que esta suponga recortar otros derechos ya la que todo el mundo tenga acceso es una medida con una capacidad de transformación enorme por el colectivo LGBTI. El desarrollo de una Renta Básica de estas características supondría una herramienta para sacar de la precariedad a muchas personas trans, para empoderar a las personas LGBTI y que no tengan que volver a los armarios por miedo a perder el empleo y, acompañada de otras políticas de garantía de vivienda, pondría herramientas para no tener que sufrir situaciones de LGBTI-fobia dentro del hogar.
Evidentemente, la RBU no es una varita mágica que acabe con todos los problemas, pero sí una parte de una agenda emancipatoria más amplia para acabar con toda esta LGBTI-fobia que no se ve. Otra agenda urgente, que incluye también la regularización de todas las personas migradas y el fin de la ley de extranjería, políticas que hagan de la vivienda un derecho real, la reducción de la jornada laboral y la garantía del derecho a cuidar y ser cuidado en condiciones de dignidad. Sólo así podremos construir sociedades más libres para todos.
David Jiménez. Activista LGBTI a favor de la Renda Bàsica Universal. Filòleg, comunicador i militant de Crida LGBTI.
Ante estas urgencias, algunos colectivos lo han confiado todo a la acción legislativa. Parece que con la aprobación de la ley trans ya no habrá sufrimiento en el colectivo trans y la autodeterminación de género será una realidad, independientemente de quien seas y de donde vengas. Esto evidentemente es tan falso como que con la ley del matrimonio igualitario se llegó a la plena igualdad LGBTI o con la ley catalana 11/2014 contra la LGBTI-fobia se erradica toda violencia hacia las personas LGBTI. Las leyes LGBTI, al igual que las leyes contra las violencias que sufren las mujeres, están pensadas desde determinados espacios, determinadas clases sociales y a menudo los legisladores y legisladoras tienen en mente una idea concreta de mujer o persona LGBTI, con una extracción socioeconómica determinada. Un claro ejemplo lo encontramos en la misma ley trans aprobada por el Consejo de Ministros, que olvida las personas migradas, en parte debido al bloqueo que supone la ley de extranjería. Por lo tanto, ¿cómo resolverá los problemas de la comunidad trans migrada y precaria del Raval el hecho de que las personas con ciudadanía española puedan modificar una casilla del DNI? Esta problemática la ha señalada recientemente la activista trans Dean Spade en una entrevista, cuando dice que «debemos evitar leyes que sean sólo simbólicas, que no ofrezcan ayudas, que sólo sirvan para personas de alto estatus o que lo tengan más fácil, que es lo que hacen la mayoría de leyes». La activista estadounidense concluye que «debemos pensar soluciones que vayan más allá de tener la palabra ‘trans'» – o LGBTI, añado yo – «escrita en ellas».
Con todo esto no quiero decir que no sea un gran paso una ley que facilite la burocracia a las personas trans y prohíba las terapias de conversión de la homosexualidad y las cirugías de reasignación bebés intersex. De hecho, es un avance enorme. Pero hay una LGBTI-fobia que no se ve, que es más cotidiana y menos tangible y que constituye la otra agenda urgente para el colectivo LGBTI. Vivimos en un país donde 1 de cada 10 mujeres trans han experimentado el sinhogarismo. Las causas son muchas, pero las principales son el rechazo familiar y la LGBTI-fobia de los arrendadores de viviendas. Junto a este dato, pienso también en todos los jóvenes LGBTI que han vivido un año y medio de pandemia obligados a pasar a convivir con padres que no los respetan, privados de espacios de socialización seguros debido a la emergencia sanitaria y las terribles consecuencias que esto haya podido tener en la salud mental de esta parte de la población. Esta es la LGBTI-fobia menos visible, la que no abre informativos, pero que tiene que ver con cuestiones estructurales. La que provoca las altas tasas de desempleo de personas trans o que el 72% de las personas LGBTI vuelvan al armario en su entorno laboral por miedo a acabar despedidos.
Por eso, desde hace un año, un sector del activismo LGBTI reclamamos otra agenda urgente para el colectivo LGBTI, en alianza con colectivos sociales, sindicatos y redes como la Red Renta Básica. Reclamamos una agenda de transformación, que garantice la supervivencia de todo el colectivo y de toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás. Es una agenda menos identitaria, pero que recoge el hilo de las primeras protestas LGBTI cuando por la Rambla un grupo de mujeres trans llevaban la pancarta «nosotras no tenemos miedo, nosotras somos». Este «ser», esta existencia, sólo es posible si garantizamos las necesidades materiales de todas las personas LGBTI y, por supuesto, de todo el resto de personas precarias de este mundo. Por eso propuestas como las de una Renta Básica Universal desde una perspectiva de redistribución de la riqueza, sin que esta suponga recortar otros derechos ya la que todo el mundo tenga acceso es una medida con una capacidad de transformación enorme por el colectivo LGBTI. El desarrollo de una Renta Básica de estas características supondría una herramienta para sacar de la precariedad a muchas personas trans, para empoderar a las personas LGBTI y que no tengan que volver a los armarios por miedo a perder el empleo y, acompañada de otras políticas de garantía de vivienda, pondría herramientas para no tener que sufrir situaciones de LGBTI-fobia dentro del hogar.
Evidentemente, la RBU no es una varita mágica que acabe con todos los problemas, pero sí una parte de una agenda emancipatoria más amplia para acabar con toda esta LGBTI-fobia que no se ve. Otra agenda urgente, que incluye también la regularización de todas las personas migradas y el fin de la ley de extranjería, políticas que hagan de la vivienda un derecho real, la reducción de la jornada laboral y la garantía del derecho a cuidar y ser cuidado en condiciones de dignidad. Sólo así podremos construir sociedades más libres para todos.
David Jiménez. Activista LGBTI a favor de la Renda Bàsica Universal. Filòleg, comunicador i militant de Crida LGBTI.
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