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| ABC / Una manifestación por los derechos LGTBI // |
Más del 70% de las agresiones al colectivo LGTBI en Andalucía no llegan a denunciarse
El Gobierno andaluz publica el borrador de la Estrategia para la Igualdad de Trato del colectivo para evitar estos casos y fomentar la diversidad. El estudio dice que la mayoría de estas situaciones no se ponen en manos de la Policía o del Juzgado ante la duda de si son lo suficientemente graves.
Mario Daza | ABC, 2023-08-15
https://sevilla.abc.es/andalucia/agresiones-colectivo-lgtbi-andalucia-llegan-denunciarse-20230815072726-nts.html
Andalucía es una región pionera en la lucha por la igualdad y el fomento de la diversidad. Sin embargo, y a pesar de los avances de los últimos años, queda mucho camino por recorrer. Por ello, el Gobierno andaluz viene trabajando desde hace más de tres años en la elaboración de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas LGTBI y sus familias de Andalucía, cuyo borrador fue sometido este lunes a información pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un documento que tiene como principal objetivo garantizar los derechos del colectivo y que parte de un estudio que muestra su grado de integración en la sociedad. En él se aportan conclusiones tan relevantes como que el 72,5 por ciento de las agresiones que sufren no llegan nunca a ser denunciadas.
El sondeo realizado a expertos, entidades, personas y familias LGTBI de Andalucía parte de un análisis de los protocolos, medidas y acciones de apoyo ante situaciones de discriminación al colectivo para asegurar que, en ocasiones, se tiene tan interiorizada la violencia que no se identifica como tal. De hecho, la causa principal por la que no llegan a ponerse en manos de la Policía es, precisamente, la duda de si la situación es lo suficientemente grave como para denunciarla, tal y como señalan uno de cada cinco encuestados. El resto achaca su silencio a no haberle dado importancia (14,6%), creer que podía resolverlo por su cuenta (13,95), miedo a las represalias (13,1%) o temor a que lo trataran mal (11,7%).
El borrador, que todavía está abierto a aportaciones y deberá ser refrendado por el Consejo de Gobierno, incide en que tanto los miembros anónimos del colectivo como las entidades más representativas creen que debe revisarse la normativa para los casos de violencia doméstica contra las personas LGTBI. De hecho, muestra una cierta sensación de hartazgo de los afectados que, aunque reconocen que las denuncias por delito de odio se han incrementado en los últimos años, se topan con la poca información que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces y magistrado a la hora de abordar este tipo de situaciones de violencia. Los datos son claros, pues más del 80% cree que su formación es poca o ninguna y en torno al 60% considera que su adaptación es inadecuada o poco adecuada.
Educación y deporte
El estudio que sostiene la estrategia también aborda la situación específica del colectivo en áreas tan diversas como la educación, la cultura y el ocio, el empleo, el deporte o la sanidad. En el caso de los centros escolares, más del 52% asegura haber sufrido acoso por su orientación sexual, especialmente en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Entre las actitudes discriminatorias más frecuentes están las bromas o chistes, seguidas de los comentarios negativos y las miradas despectivas. Insisten, además, en reclamar la necesidad de introducir contenidos relacionados con la diversidad afectivo-sexual en los distintos niveles educativos y valoran de forma adecuada, con más del 60% de los apoyos, el trato que se les da a los alumnos y a las familias por parte de los profesionales de los centros.
En el ámbito deportivo, la encuesta pone el acento en la falta de referentes positivos LGBTI que ayuden a visibilizar estas necesidades y eleva hasta el 80% el porcentaje de personas que conocen a algún famoso que ha recibido un trato discriminatorio por pertenecer al colectivo. De igual modo, se recoge que este mundo está marcado por «la tendencia heteronormativa» y lamenta que en Andalucía no hay protocolos estandarizados para erradicar la LGTBIfobia en lo deportivo. Fijan, por último, el fútbol, el baloncesto y los deportes de equipo como los menos adaptados a esta realidad.
Del resto de los ámbitos analizados se desprende un escenario común, en el que el colectivo se queja de la falta de adaptación de los profesionales y de la necesidad de apostar por más medidas que fomenten la igualdad. Hasta el 5 de septiembre, la Junta de Andalucía recibirá las aportaciones ciudadanas que se incorporarán al texto. De ahí saldrá un documento definitivo que tendrá en 2027 el horizonte temporal de ejecución. Con él, Andalucía busca que cualquier ciudadano tenga plenitud de derechos y libertades en todos los aspectos de su vida.
El sondeo realizado a expertos, entidades, personas y familias LGTBI de Andalucía parte de un análisis de los protocolos, medidas y acciones de apoyo ante situaciones de discriminación al colectivo para asegurar que, en ocasiones, se tiene tan interiorizada la violencia que no se identifica como tal. De hecho, la causa principal por la que no llegan a ponerse en manos de la Policía es, precisamente, la duda de si la situación es lo suficientemente grave como para denunciarla, tal y como señalan uno de cada cinco encuestados. El resto achaca su silencio a no haberle dado importancia (14,6%), creer que podía resolverlo por su cuenta (13,95), miedo a las represalias (13,1%) o temor a que lo trataran mal (11,7%).
El borrador, que todavía está abierto a aportaciones y deberá ser refrendado por el Consejo de Gobierno, incide en que tanto los miembros anónimos del colectivo como las entidades más representativas creen que debe revisarse la normativa para los casos de violencia doméstica contra las personas LGTBI. De hecho, muestra una cierta sensación de hartazgo de los afectados que, aunque reconocen que las denuncias por delito de odio se han incrementado en los últimos años, se topan con la poca información que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces y magistrado a la hora de abordar este tipo de situaciones de violencia. Los datos son claros, pues más del 80% cree que su formación es poca o ninguna y en torno al 60% considera que su adaptación es inadecuada o poco adecuada.
Educación y deporte
El estudio que sostiene la estrategia también aborda la situación específica del colectivo en áreas tan diversas como la educación, la cultura y el ocio, el empleo, el deporte o la sanidad. En el caso de los centros escolares, más del 52% asegura haber sufrido acoso por su orientación sexual, especialmente en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Entre las actitudes discriminatorias más frecuentes están las bromas o chistes, seguidas de los comentarios negativos y las miradas despectivas. Insisten, además, en reclamar la necesidad de introducir contenidos relacionados con la diversidad afectivo-sexual en los distintos niveles educativos y valoran de forma adecuada, con más del 60% de los apoyos, el trato que se les da a los alumnos y a las familias por parte de los profesionales de los centros.
En el ámbito deportivo, la encuesta pone el acento en la falta de referentes positivos LGBTI que ayuden a visibilizar estas necesidades y eleva hasta el 80% el porcentaje de personas que conocen a algún famoso que ha recibido un trato discriminatorio por pertenecer al colectivo. De igual modo, se recoge que este mundo está marcado por «la tendencia heteronormativa» y lamenta que en Andalucía no hay protocolos estandarizados para erradicar la LGTBIfobia en lo deportivo. Fijan, por último, el fútbol, el baloncesto y los deportes de equipo como los menos adaptados a esta realidad.
Del resto de los ámbitos analizados se desprende un escenario común, en el que el colectivo se queja de la falta de adaptación de los profesionales y de la necesidad de apostar por más medidas que fomenten la igualdad. Hasta el 5 de septiembre, la Junta de Andalucía recibirá las aportaciones ciudadanas que se incorporarán al texto. De ahí saldrá un documento definitivo que tendrá en 2027 el horizonte temporal de ejecución. Con él, Andalucía busca que cualquier ciudadano tenga plenitud de derechos y libertades en todos los aspectos de su vida.
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