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| Imagen: El Diario / MADO 2017 |
A pesar del consenso social, el partido de extrema derecha pretende reabrir el debate sobre el matrimonio igualitario y apunta a su idea de cambiarle "el nombre" si tiene oportunidad. El argumento de la denominación se convirtió en el eje de buena parte del discurso de la derecha, pero el Tribunal Constitucional resolvió en 2012 el recurso interpuesto por el PP y sentenció que no es inconstitucional. Al contrario de lo que afirmara Maroto este sábado en La Sexta, Aznar nunca llevó en su programa que dos hombres se pudieran casar, solo ofreció a los colectivos una ley de parejas de hecho que fue rechazada.
Marta Borraz | El Diario, 2019-01-14
https://www.eldiario.es/sociedad/matrimonio-argumento-Tribunal-Constitucional-Vox_0_857064871.html
A pesar del consenso social y de que el Tribunal Constitucional zanjara en 2012 que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, Vox ha recuperado el argumento del nombre para intentar reabrir el debate. El ya célebre "que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio", aparentemente inocuo pero que encubre una clara motivación homófoba, se convirtió durante años en el eje de buena parte del discurso de la derecha y los grupos opuestos a que las parejas del mismo sexo pudieran casarse. "El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer", ha asegurado este lunes Santiago Abascal antes de apuntar a su compromiso de cambiar "el nombre" al matrimonio igualitario si tiene oportunidad.
El mismo mantra discriminatorio fue repetido hasta la saciedad desde que en 2005 el Congreso aprobara la modificación del Código Civil para permitir que las parejas del mismo sexo se casaran y adoptaran. Sin embargo, el tiempo y los avances sociales lo han configurado como un pacto social auspiciado por el Tribunal Constitucional, que en 2012 resolvió el recurso presentado por el PP contra la ley de Zapatero. Los populares razonaban en su texto que ello "desnaturalizaba" la institución del matrimonio y, una vez más, argumentó que la convertía "en un simple nombre".
Más de 20.000 parejas casadas y siete años después, el tribunal avaló la norma y dictó su constitucionalidad. Así, el TC consagró este derecho al concebir la Constitución como un "árbol vivo" que debe acomodarse a las realidades de "la vida moderna" y justificó su decisión en que la equiparación del matrimonio entre personas del mismo y de distinto sexo se había asentado en el Derecho europeo de los Derechos Humanos y constituye una figura "perfectamente reconocible" del matrimonio para la sociedad española, que lo concibe "como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución".
Atrás quedaron las perlas que muchos dirigentes populares soltaron sin remilgos durante años. Los populares pasaron de "el matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer", decía Mariano Rajoy en 2005, y el "si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas" de Ana Botella a dejar de batallar en este campo tras el fallo del Constitucional. Por aquellos años, Albert Rivera, cabeza de lista de Ciutadans a las elecciones catalanas, también enarboló el argumento de la denominación: "Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y perfectamente evitables", dijo en una entrevista con DosManzanas.
Sin embargo, y aunque se redujo la frecuencia, las sentencias homófobas del partido conservador nunca quedaron relegadas del todo: en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió que los poderes públicos no garantizaran la misma protección a las parejas homosexuales que a las heterosexuales y apuntó a que con las primeras "la pervivencia de la especie no está garantizada". Esperanza Aguirre, por su parte, volvió en 2015 a la carga al confesar que, aunque no era partidaria del recurso ante el TC, no estaba de acuerdo con llamarlo matrimonio. De nuevo, el nombre.
Familia "natural" y derogación de leyes LGTBI
Trece años después de la legalización de las bodas entre personas del mismo sexo, Vox da una vuelta de tuerca a lo que en su día ya propuso y quiso avivar el PP. Al contrario de lo que afirmara este sábado en La Sexta Noche el secretario de Organización de los populares, Javier Maroto, el expresidente José María Aznar nunca llevó en su programa electoral "que dos hombres se pudieran casar".
Lo que sí hizo fue ofrecer en su segunda legislatura a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que entonces encabezaba la lucha por este derecho de la mano de activistas LGTBI como el socialista Pedro Zerolo, Boti G. Rodrigo, Toni Poveda o Beatriz Gimeno, una ley de parejas de hecho que la FELGTB rechazó. Su idea era aspirar al derecho al matrimonio con todas las letras y no aceptar una propuesta menor.
Vox intenta ahora dar la batalla en este mismo frente junto a otras propuestas en el ámbito de la orientación afectivo sexual e identidad de género que han motivado que el movimiento LGTBI se una al movimiento feminista para salir a la calle este martes en un frente común contra la extrema derecha. Con el lema "Ni un paso atrás en igualdad" cientos de colectivos se concentrarán en distintas comunidades autónomas para denunciar las medidas machistas, homófobas y tránsfobas que enarbola Vox.
De hecho, en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones andaluzas, la formación de Santiago Abascal incluía la exclusión de la sanidad pública de las operaciones "de cambio de sexo", es decir, de las cirugías de reasignación para personas trans y la promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural "que la reconozca como institución anterior al Estado". Además, entre las exigencias vertidas para apoyar la investidura del popular Juanma Moreno incorporó la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI en Andalucía. Finalmente, esta medida no se incluyó en el acuerdo con el PP.
El partido de extrema derecha justificaba esta propuesta en que los derechos de las personas de "orientación homosexual" ya están garantizados y España "no es un país 'homófobo' –la redacción literal del documento entrecomilla esta palabra– que necesite leyes especiales".
Al decir que en nuestro país no hay homofobia, Vox obvia, entre otras cosas, el acoso homófobo y tránsfobo al que se enfrentan muchos niños y niñas en las aulas. Según un informe publicado por el Consejo de Europa a finales de 2018, el 60% de los estudiantes madrileños ha presenciado este tipo de acoso en la escuela. Junto a ello, los datos sobre los incidentes de odio sufridos por personas LGTBI, que solo constituyen la punta del iceberg, dibujan un escenario en el que las entidades reciben más de 50 denuncias de agresiones al mes. Esta, la cara más visible de la homofobia, esconde muchas veces otra más sutil y cotidiana, una violencia oculta que todavía pervive.
El mismo mantra discriminatorio fue repetido hasta la saciedad desde que en 2005 el Congreso aprobara la modificación del Código Civil para permitir que las parejas del mismo sexo se casaran y adoptaran. Sin embargo, el tiempo y los avances sociales lo han configurado como un pacto social auspiciado por el Tribunal Constitucional, que en 2012 resolvió el recurso presentado por el PP contra la ley de Zapatero. Los populares razonaban en su texto que ello "desnaturalizaba" la institución del matrimonio y, una vez más, argumentó que la convertía "en un simple nombre".
Más de 20.000 parejas casadas y siete años después, el tribunal avaló la norma y dictó su constitucionalidad. Así, el TC consagró este derecho al concebir la Constitución como un "árbol vivo" que debe acomodarse a las realidades de "la vida moderna" y justificó su decisión en que la equiparación del matrimonio entre personas del mismo y de distinto sexo se había asentado en el Derecho europeo de los Derechos Humanos y constituye una figura "perfectamente reconocible" del matrimonio para la sociedad española, que lo concibe "como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución".
Atrás quedaron las perlas que muchos dirigentes populares soltaron sin remilgos durante años. Los populares pasaron de "el matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer", decía Mariano Rajoy en 2005, y el "si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas" de Ana Botella a dejar de batallar en este campo tras el fallo del Constitucional. Por aquellos años, Albert Rivera, cabeza de lista de Ciutadans a las elecciones catalanas, también enarboló el argumento de la denominación: "Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y perfectamente evitables", dijo en una entrevista con DosManzanas.
Sin embargo, y aunque se redujo la frecuencia, las sentencias homófobas del partido conservador nunca quedaron relegadas del todo: en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió que los poderes públicos no garantizaran la misma protección a las parejas homosexuales que a las heterosexuales y apuntó a que con las primeras "la pervivencia de la especie no está garantizada". Esperanza Aguirre, por su parte, volvió en 2015 a la carga al confesar que, aunque no era partidaria del recurso ante el TC, no estaba de acuerdo con llamarlo matrimonio. De nuevo, el nombre.
Familia "natural" y derogación de leyes LGTBI
Trece años después de la legalización de las bodas entre personas del mismo sexo, Vox da una vuelta de tuerca a lo que en su día ya propuso y quiso avivar el PP. Al contrario de lo que afirmara este sábado en La Sexta Noche el secretario de Organización de los populares, Javier Maroto, el expresidente José María Aznar nunca llevó en su programa electoral "que dos hombres se pudieran casar".
Lo que sí hizo fue ofrecer en su segunda legislatura a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que entonces encabezaba la lucha por este derecho de la mano de activistas LGTBI como el socialista Pedro Zerolo, Boti G. Rodrigo, Toni Poveda o Beatriz Gimeno, una ley de parejas de hecho que la FELGTB rechazó. Su idea era aspirar al derecho al matrimonio con todas las letras y no aceptar una propuesta menor.
Vox intenta ahora dar la batalla en este mismo frente junto a otras propuestas en el ámbito de la orientación afectivo sexual e identidad de género que han motivado que el movimiento LGTBI se una al movimiento feminista para salir a la calle este martes en un frente común contra la extrema derecha. Con el lema "Ni un paso atrás en igualdad" cientos de colectivos se concentrarán en distintas comunidades autónomas para denunciar las medidas machistas, homófobas y tránsfobas que enarbola Vox.
De hecho, en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones andaluzas, la formación de Santiago Abascal incluía la exclusión de la sanidad pública de las operaciones "de cambio de sexo", es decir, de las cirugías de reasignación para personas trans y la promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural "que la reconozca como institución anterior al Estado". Además, entre las exigencias vertidas para apoyar la investidura del popular Juanma Moreno incorporó la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI en Andalucía. Finalmente, esta medida no se incluyó en el acuerdo con el PP.
El partido de extrema derecha justificaba esta propuesta en que los derechos de las personas de "orientación homosexual" ya están garantizados y España "no es un país 'homófobo' –la redacción literal del documento entrecomilla esta palabra– que necesite leyes especiales".
Al decir que en nuestro país no hay homofobia, Vox obvia, entre otras cosas, el acoso homófobo y tránsfobo al que se enfrentan muchos niños y niñas en las aulas. Según un informe publicado por el Consejo de Europa a finales de 2018, el 60% de los estudiantes madrileños ha presenciado este tipo de acoso en la escuela. Junto a ello, los datos sobre los incidentes de odio sufridos por personas LGTBI, que solo constituyen la punta del iceberg, dibujan un escenario en el que las entidades reciben más de 50 denuncias de agresiones al mes. Esta, la cara más visible de la homofobia, esconde muchas veces otra más sutil y cotidiana, una violencia oculta que todavía pervive.
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