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| Imagen: El País / Protesta de RECAV |
Justicia elimina las facilidades anunciadas para inscribir a los niños y avisa que perseguirá a las agencias que ofrecen este servicio en España.
Pilar Álvarez | El País, 2019-02-16
https://elpais.com/sociedad/2019/02/16/actualidad/1550334196_511235.html
El Ministerio de Justicia da marcha atrás en apenas 24 horas y anuncia que dejará sin efecto la instrucción que este viernes envió la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) —que depende de ese mismo ministerio— a los registros consulares. En ella se abría la puerta a la inscripción de niños nacidos por vientres de alquiler en el extranjero mediante la presentación de una prueba de ADN que certificara la paternidad o maternidad de uno de los progenitores.
El Gobierno recuerda con esta rectificación que los vientres de alquiler están prohibidos en España. Los cambios llegan después de que esta semana se abriera una crisis en Kiev. Un grupo de parejas españolas iniciaron una protesta frente al Consulado. Les fue denegada la inscripción de los menores nacidos mediante vientres de alquiler, que supone que una mujer gesta durante nueve meses a un menor y cede la maternidad y paternidad a terceros. En Ucrania esta práctica si es legal en el caso de parejas heterosexuales casadas; y es uno de los destinos a los que más recurren las familias españolas junto con Estados Unidos, donde el coste de todo el proceso puede llegar a ser más del doble (120.000 euros frente a 60.000).
El Ministerio de Justicia da marcha atrás en apenas 24 horas y anuncia que dejará sin efecto la instrucción que este viernes envió la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) —que depende de ese mismo ministerio— a los registros consulares. En ella se abría la puerta a la inscripción de niños nacidos por vientres de alquiler en el extranjero mediante la presentación de una prueba de ADN que certificara la paternidad o maternidad de uno de los progenitores.
El Gobierno recuerda con esta rectificación que los vientres de alquiler están prohibidos en España. Los cambios llegan después de que esta semana se abriera una crisis en Kiev. Un grupo de parejas españolas iniciaron una protesta frente al Consulado. Les fue denegada la inscripción de los menores nacidos mediante vientres de alquiler, que supone que una mujer gesta durante nueve meses a un menor y cede la maternidad y paternidad a terceros. En Ucrania esta práctica si es legal en el caso de parejas heterosexuales casadas; y es uno de los destinos a los que más recurren las familias españolas junto con Estados Unidos, donde el coste de todo el proceso puede llegar a ser más del doble (120.000 euros frente a 60.000).
Este sábado, colectivos y asociaciones contrarias a los vientres de alquiler califican esta marcha atrás del Ejecutivo como "un éxito". La filósofa y portavoz de No Somos Vasijas Alicia Miyares recuerda que durante las últimas 24 horas "las mujeres contrarias a esto" han estado "muy activas": "Si lo que se dijo ayer [por el viernes] salía adelante suponía el retorno a una época arcaica donde lo único que importaba era el material genético del varón, que se ponía frente a los de las mujeres y los menores". Ahora, para Miyares falta "la contraorden a embajadas y consulados". "Que no quede en un mero maquillaje", reclama.
Marcos Jornet es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que engloba a familias que han recurrido a esta práctica, denominada también gestación subrogada. Considera que este nuevo giro supone "una contradicción y cargarse la seguridad jurídica que daba la nueva instrucción". Jornet señala el documento "lo único que hacía era regular los aspectos procedimentales para inscribir conforme a la ley de reproducción asistida, por lo que con instrucción o sin ella van a tener que inscribir a los menores".
La citada prueba de ADN, que hasta ahora no está recogida en la normativa, se admitía no obstante en la Embajada de España en Kiev hasta el pasado julio. Supone que un laboratorio español debía certificar que el menor compartía material genético de uno o los dos integrantes de la pareja española. La instrucción vigente hasta ahora, publicada en 2010, solo contempla la inscripción de los bebés tras conseguir un acta judicial de la filiación. Es un documento que se puede obtener en Estados Unidos y otros destinos como Canadá pero no en el caso de Ucrania, donde hasta ahora los funcionarios han tenido que ir buscando alternativas.
El Ministerio de Justicia ha anunciado en una nota que se compromete a perseguir a las agencias y establecimientos que ofrecen estos servicios y que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal. Todo ello, añaden, sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor.
El anuncio de que perseguirán a las agencias que se lucren lo recomendó el pasado noviembre en un informe un grupo de expertos en la comisión de Igualdad del PSOE. El Ejecutivo ha apurado para lanzar ese compromiso. Llega un día después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara la fecha para unas nuevas elecciones generales el próximo 28 de abril. Y ocho meses más tarde de que la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, declarara que los vientres de alquiler "son la utilización de los cuerpos de las mujeres más jóvenes".
Ante la crisis de Ucrania, con familias que llevan desde diciembre pendientes de inscribir a los menores, el Ministerio de Exteriores remitió el viernes a embajadas y consulados un documento de 20 páginas en el que se ampliaban los criterios para el registro de estos menores, firmado por el director general de los Registros y el Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Un portavoz de este ministerio aseguró el viernes que la nueva instrucción, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, era ya de obligado cumplimiento en los registros consulares y sustituía a la anterior de 2010. La vía que se abrió en 2010, tras aprobar la Dirección de Registros y Notariado una instrucción basada en el interés superior del menor y que los colectivos feministas califican como “una puerta de atrás” para legalizar de facto los vientres de alquiler en España.
El texto admitía las pruebas de ADN como preceptivas, tras la última crisis vivida en Ucrania, donde varias familias han quedado atrapadas sin poder inscribir a estos bebés y volver a España con ellos. El 13 de febrero, iniciaron una protesta porque sus solicitudes fueron rechazadas. Exteriores se habían puesto ya en contacto con cinco parejas españolas para informarles sobre cómo “revisar esos expedientes” en base a la nueva instrucción que ya no vale."En apenas unos días han cambiado cuatro veces de versión y les han dicho cuatro cosas diferentes", lamenta Ana Miramontes, abogada experta en esta práctica y asesora de Son Nuestros Hijos. "Han tenido una actitud errática y sin criterio. Espero que les den una solución urgente tras meses de espera", añade. Las familias anuncian nuevas movilizaciones.
El Gobierno recuerda con esta rectificación que los vientres de alquiler están prohibidos en España. Los cambios llegan después de que esta semana se abriera una crisis en Kiev. Un grupo de parejas españolas iniciaron una protesta frente al Consulado. Les fue denegada la inscripción de los menores nacidos mediante vientres de alquiler, que supone que una mujer gesta durante nueve meses a un menor y cede la maternidad y paternidad a terceros. En Ucrania esta práctica si es legal en el caso de parejas heterosexuales casadas; y es uno de los destinos a los que más recurren las familias españolas junto con Estados Unidos, donde el coste de todo el proceso puede llegar a ser más del doble (120.000 euros frente a 60.000).
El Ministerio de Justicia da marcha atrás en apenas 24 horas y anuncia que dejará sin efecto la instrucción que este viernes envió la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) —que depende de ese mismo ministerio— a los registros consulares. En ella se abría la puerta a la inscripción de niños nacidos por vientres de alquiler en el extranjero mediante la presentación de una prueba de ADN que certificara la paternidad o maternidad de uno de los progenitores.
El Gobierno recuerda con esta rectificación que los vientres de alquiler están prohibidos en España. Los cambios llegan después de que esta semana se abriera una crisis en Kiev. Un grupo de parejas españolas iniciaron una protesta frente al Consulado. Les fue denegada la inscripción de los menores nacidos mediante vientres de alquiler, que supone que una mujer gesta durante nueve meses a un menor y cede la maternidad y paternidad a terceros. En Ucrania esta práctica si es legal en el caso de parejas heterosexuales casadas; y es uno de los destinos a los que más recurren las familias españolas junto con Estados Unidos, donde el coste de todo el proceso puede llegar a ser más del doble (120.000 euros frente a 60.000).
Este sábado, colectivos y asociaciones contrarias a los vientres de alquiler califican esta marcha atrás del Ejecutivo como "un éxito". La filósofa y portavoz de No Somos Vasijas Alicia Miyares recuerda que durante las últimas 24 horas "las mujeres contrarias a esto" han estado "muy activas": "Si lo que se dijo ayer [por el viernes] salía adelante suponía el retorno a una época arcaica donde lo único que importaba era el material genético del varón, que se ponía frente a los de las mujeres y los menores". Ahora, para Miyares falta "la contraorden a embajadas y consulados". "Que no quede en un mero maquillaje", reclama.
Marcos Jornet es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que engloba a familias que han recurrido a esta práctica, denominada también gestación subrogada. Considera que este nuevo giro supone "una contradicción y cargarse la seguridad jurídica que daba la nueva instrucción". Jornet señala el documento "lo único que hacía era regular los aspectos procedimentales para inscribir conforme a la ley de reproducción asistida, por lo que con instrucción o sin ella van a tener que inscribir a los menores".
La citada prueba de ADN, que hasta ahora no está recogida en la normativa, se admitía no obstante en la Embajada de España en Kiev hasta el pasado julio. Supone que un laboratorio español debía certificar que el menor compartía material genético de uno o los dos integrantes de la pareja española. La instrucción vigente hasta ahora, publicada en 2010, solo contempla la inscripción de los bebés tras conseguir un acta judicial de la filiación. Es un documento que se puede obtener en Estados Unidos y otros destinos como Canadá pero no en el caso de Ucrania, donde hasta ahora los funcionarios han tenido que ir buscando alternativas.
El Ministerio de Justicia ha anunciado en una nota que se compromete a perseguir a las agencias y establecimientos que ofrecen estos servicios y que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal. Todo ello, añaden, sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor.
El anuncio de que perseguirán a las agencias que se lucren lo recomendó el pasado noviembre en un informe un grupo de expertos en la comisión de Igualdad del PSOE. El Ejecutivo ha apurado para lanzar ese compromiso. Llega un día después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara la fecha para unas nuevas elecciones generales el próximo 28 de abril. Y ocho meses más tarde de que la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, declarara que los vientres de alquiler "son la utilización de los cuerpos de las mujeres más jóvenes".
Ante la crisis de Ucrania, con familias que llevan desde diciembre pendientes de inscribir a los menores, el Ministerio de Exteriores remitió el viernes a embajadas y consulados un documento de 20 páginas en el que se ampliaban los criterios para el registro de estos menores, firmado por el director general de los Registros y el Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Un portavoz de este ministerio aseguró el viernes que la nueva instrucción, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, era ya de obligado cumplimiento en los registros consulares y sustituía a la anterior de 2010. La vía que se abrió en 2010, tras aprobar la Dirección de Registros y Notariado una instrucción basada en el interés superior del menor y que los colectivos feministas califican como “una puerta de atrás” para legalizar de facto los vientres de alquiler en España.
El texto admitía las pruebas de ADN como preceptivas, tras la última crisis vivida en Ucrania, donde varias familias han quedado atrapadas sin poder inscribir a estos bebés y volver a España con ellos. El 13 de febrero, iniciaron una protesta porque sus solicitudes fueron rechazadas. Exteriores se habían puesto ya en contacto con cinco parejas españolas para informarles sobre cómo “revisar esos expedientes” en base a la nueva instrucción que ya no vale."En apenas unos días han cambiado cuatro veces de versión y les han dicho cuatro cosas diferentes", lamenta Ana Miramontes, abogada experta en esta práctica y asesora de Son Nuestros Hijos. "Han tenido una actitud errática y sin criterio. Espero que les den una solución urgente tras meses de espera", añade. Las familias anuncian nuevas movilizaciones.
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