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| Imagen: El Salto / El Silencio, Badajoz |
El 19 de marzo de 2015 se aprobaba la Ley de igualdad social en Extremadura. No era algo menor: nuestra tierra, tristemente acostumbrada a ir siempre por detrás, se situaba por una vez como una referencia, una de las comunidades pioneras en el Estado español en materia de derechos LGBTI. Hace unos días, El Silencio, local comprometido con la lucha LGBTI en Badajoz, amaneció con pintadas a favor de Vox.
David Jiménez / Francis Reina Corbacho · Militantes de la Comisión 19M | El Sato, 2019-03-18
https://www.elsaltodiario.com/agresiones-homofobas/ley-lgbti-extremena-vox-pintadas-extrema-derecha
Hace cuatro años en la Asamblea de Extremadura, Paulina y Encarna lloraban. Tantas décadas después de haber tenido que huir de nuestra tierra para vivir su relación de una manera un poco más libre, se encontraban ahora con una institución que daba un paso adelante. La soberanía extremeña representada en la Asamblea reconocía su dignidad y su vida de lucha. El 19 de marzo de 2015 se aprobaba la Ley de igualdad social en Extremadura. No era algo menor: nuestra tierra, tristemente acostumbrada a ir siempre por detrás, se situaba por una vez como una referencia, una de las comunidades pioneras en el Estado español en materia de derechos LGBTI.
Sin embargo, desde entonces un chico y una chica fueron agredidos a pedradas al grito de “maricón” y “lesbiana de mierda” en Villanueva de la Serena, un chico transexual fue agredido en una discoteca de Mérida, un chico fue atacado e insultado a la salida de una discoteca en Badajoz y el coche de un vecino de Alcuéscar fue vandalizado con pintadas de “maricón”. Diversos espacios conquistados como murales, bancos y monumentos fueron atacados en Pizarro, Don Benito, Cáceres o Mérida. Hace unos días, El Silencio, local comprometido con la lucha LGBTI en Badajoz, amaneció con pintadas a favor de Vox, siendo uno de nuestros compañeros de la Comisión 19M insultado e increpado al grito de “Viva España” por llevar banderas arcoíris cuando se disponía a acudir al establecimiento.
Recordemos: son 31 delitos de odio en Extremadura en 2016 y 18 en 2017. Y mientras todo esto ocurría en nuestra tierra, aquí y allá tomaban fuerza ideologías de odio que amenazan con hacernos retroceder décadas en derechos y libertades. Los cachorros fascistas se pasean con impunidad dejando imágenes horripilantes, como la de la agresión a un chico de 18 años en León o el ataque a un centro de menores migrantes en Castelldefels.
Ante todo esto, una Junta de Extremadura comprometida con la protección de su gente debería tomar medidas y doblar esfuerzos contra las violencias. La realidad es, no obstante, distinta. No se ha movido un dedo. Desde los colectivos críticos no nos hemos cansado de denunciar la inacción y la falta de aplicación y desarrollo de la Ley LGBTI extremeña. No nos basta, sin embargo, con limitarnos a reclamar. Es la hora de crear red, de hacer un análisis político de por qué sufrimos estas agresiones e ir a la raíz del problema. Vayamos a ello.
Depositar la defensa de nuestros derechos única y exclusivamente en la norma y legislación institucional es un error. De nada sirve aprobar una ley -por pionera, ejemplar y generosa que sea- si los mismos presidentes (Vara y Monago), que se fotografiaron triunfantes a las puertas de la Asamblea, no tuvieron, ni tienen, la voluntad política de dotar presupuestariamente los artículos más trascendentes de la misma. Tardaron años en ejecutarla y a día de hoy sigue sin ser efectiva. No seamos ingenuas ni revaloricemos el sistema que nos oprime con leyes pomposas (que terminan instrumentalizadas políticamente para sus beneficios electorales) pero que no se ejecutan y por tanto, solo son estéticas, ergo ineficaces y estériles. La lucha LGBTI jamás debe perder el nexo de unión con la calle, médula de su existencia, ni debe centrarse en una regulación que seguirá siendo yerma para los sectores más vulnerables y discriminados. Aprovechemos la batalla legal para explicar el fundamento social de la opresión y no confundamos los medios (la protección legislativa) con los fines (acabar con el sistema cisheteropatriarcal).
Politicemos el sexilio. 38.000 personas han abandonado Extremadura desde 2012. Entre los años 2011 y 2016, de nuestra región se han ido 12.666 habitantes de entre 20 y 39 años. Más de 200 cada mes, siete cada día. Hablemos de que una parte de esa despoblación terrible que sufre nuestra tierra tiene que ver con gente que no puede vivir plenamente su sexualidad o su género en sus pueblos y acaba emigrando a las grandes ciudades. Esto, evidentemente, se intersecciona con otros aspectos como la precariedad y falta de oportunidades para jóvenes. La pregunta es: ¿va a seguir la Junta de Extremadura permitiendo y fomentando la despoblación o va a ser valiente y va a destinar recursos para hacer vivibles los pueblos para las personas LGBTI?
Visibilicémonos dentro de la precariedad. Todos conocemos la vergonzante tasa de desempleo (la más alta del país) en nuestra región. Sabemos que rozamos el 50% de paro juvenil y que sufrimos desigualdad en la estructura salarial en relación a la media del país, entre otros muchos agravios. Además, nos indigna que las personas empleadas lo hagan de manera precaria, temporal, a tiempo parcial y a media jornada en la mayoría de los casos. Clama al cielo que las jóvenes extremeñas sean el perfil con menos posibilidades. Pero ¿qué condiciones sufren las personas LGBTI en el mercado laboral? ¿Nos informan sobre ella? ¿Está en el centro del debate público? ¿Sabemos, por ejemplo, que según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, siete de cada diez personas ocultan en algún momento su orientación sexual o identidad de género en el trabajo? ¿Somos conocedores de la brecha salarial que sufren las personas LGBTI? ¿Y de la discriminación de las personas seropositivas en la búsqueda de empleo? ¿Y que la tasa de paro de las personas trans es superior al 84 por ciento? ¿Somos conscientes de que ni el Estatuto de los Trabajadores establece medidas específicas para garantizar que no exista lgbtifobia en el trabajo? Hasta el propio desconocimiento y la incuestionable invisibilidad de nuestras opresiones constituyen, en sí mismas, otra patente discriminación. Si no existimos, no podemos exigir las herramientas para protegernos.
Apropiémonos del espacio público. Si nos insultan, apedrean e intentan expulsarnos de él, plantemos cara. Necesitamos reivindicar la calle, la noche y el ocio sin autocensurarnos. Hagámoslo junto a las compañeras feministas. Entendamos que, al igual que a las mujeres, a las personas LGBTI se nos ha negado históricamente el uso del espacio público. No permitamos que el terror patriarcal nos gane esta batalla. No permitamos ni un segundo más de abusos, insultos y agresiones. Si las instituciones quieren, tienen un amplio abanico de posibilidades para incidir y crear protocolos antimachistas y a favor de la libertad sexual en toda su amplitud. Si no nos protegen, transgredamos la heteronorma y plantemos cara.
No perdamos el norte. Ante la despolitización como estrategia de blanqueamiento de nuestro capital histórico de lucha, el oportunismo de determinadas fuerzas políticas, la trampa capitalista e imperialista del pinkwashing y frente a la concepción neoliberal de la cuestión LGBTI -marcos donde se evidencia la relación identidad-género-clase al convertir la “tolerancia” en una trampa a la que solo se accede si se tienen recursos económicos-, sigamos apostando por una liberación sexual construida sobre la heterogeneidad, las resistencias multiformes y los procesos interseccionales que comprenden que la lucha LGBTI no puede darse aisladamente del resto de opresiones.
Pongamos, con destacada prioridad, el foco en la educación. Según el Observatorio español contra la LGBTfobia, las cifras de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 45 años. “Los intentos de suicidio entre los jóvenes LGBTI son de tres a cinco veces más numerosos que entre los jóvenes en general. De media casi 50 jóvenes LGBTI se suicidan en España cada año, y otros 950 jóvenes LGBTI lo intentan“. ¿Vamos a seguir permitiéndolo? ¿Vamos a seguir cediendo ante las repugnantes presiones de los sectores más lgbtifóbicos o, por el contrario, vamos a introducir de manera innegociable la educación afectivo-sexual en las aulas de nuestras escuelas?
Abanderemos la transformación social, sin ambages. Apostemos por tejer alianzas transversales frente a la maquinaria del odio. Creemos una gran red junto con otras luchas, como cuando en 1977, durante la primera manifestación del movimiento LGBTI en el Estado español, organizaciones revolucionarias, feministas, sindicatos y movimiento vecinal subían la Rambla de Barcelona junto a las disidentes sexuales convocantes de aquella histórica manifestación. Seamos, pues, miles las que exijamos el desarrollo de la Ley LGBTI. Las mismas miles que planten cara a la derecha machista y xenófoba y que, entendiendo que las luchas han de ser solidarias por compartir el mismo elemento opresivo, exijan también una conexión ferroviaria pública y social para Extremadura o un modelo energético y económico limpio y justo para nuestra tierra. Atrevámonos a superarnos y articulemos un sujeto político amplio. Pongamos en la agenda política como objetivo prioritario acabar con las estructuras lgbtifóbicas del régimen extremeño del 83 y, sobre todo, no cesemos hasta crear una Extremadura realmente libre y habitable. Nos va la vida en ello.
Sin embargo, desde entonces un chico y una chica fueron agredidos a pedradas al grito de “maricón” y “lesbiana de mierda” en Villanueva de la Serena, un chico transexual fue agredido en una discoteca de Mérida, un chico fue atacado e insultado a la salida de una discoteca en Badajoz y el coche de un vecino de Alcuéscar fue vandalizado con pintadas de “maricón”. Diversos espacios conquistados como murales, bancos y monumentos fueron atacados en Pizarro, Don Benito, Cáceres o Mérida. Hace unos días, El Silencio, local comprometido con la lucha LGBTI en Badajoz, amaneció con pintadas a favor de Vox, siendo uno de nuestros compañeros de la Comisión 19M insultado e increpado al grito de “Viva España” por llevar banderas arcoíris cuando se disponía a acudir al establecimiento.
Recordemos: son 31 delitos de odio en Extremadura en 2016 y 18 en 2017. Y mientras todo esto ocurría en nuestra tierra, aquí y allá tomaban fuerza ideologías de odio que amenazan con hacernos retroceder décadas en derechos y libertades. Los cachorros fascistas se pasean con impunidad dejando imágenes horripilantes, como la de la agresión a un chico de 18 años en León o el ataque a un centro de menores migrantes en Castelldefels.
Ante todo esto, una Junta de Extremadura comprometida con la protección de su gente debería tomar medidas y doblar esfuerzos contra las violencias. La realidad es, no obstante, distinta. No se ha movido un dedo. Desde los colectivos críticos no nos hemos cansado de denunciar la inacción y la falta de aplicación y desarrollo de la Ley LGBTI extremeña. No nos basta, sin embargo, con limitarnos a reclamar. Es la hora de crear red, de hacer un análisis político de por qué sufrimos estas agresiones e ir a la raíz del problema. Vayamos a ello.
Depositar la defensa de nuestros derechos única y exclusivamente en la norma y legislación institucional es un error. De nada sirve aprobar una ley -por pionera, ejemplar y generosa que sea- si los mismos presidentes (Vara y Monago), que se fotografiaron triunfantes a las puertas de la Asamblea, no tuvieron, ni tienen, la voluntad política de dotar presupuestariamente los artículos más trascendentes de la misma. Tardaron años en ejecutarla y a día de hoy sigue sin ser efectiva. No seamos ingenuas ni revaloricemos el sistema que nos oprime con leyes pomposas (que terminan instrumentalizadas políticamente para sus beneficios electorales) pero que no se ejecutan y por tanto, solo son estéticas, ergo ineficaces y estériles. La lucha LGBTI jamás debe perder el nexo de unión con la calle, médula de su existencia, ni debe centrarse en una regulación que seguirá siendo yerma para los sectores más vulnerables y discriminados. Aprovechemos la batalla legal para explicar el fundamento social de la opresión y no confundamos los medios (la protección legislativa) con los fines (acabar con el sistema cisheteropatriarcal).
Politicemos el sexilio. 38.000 personas han abandonado Extremadura desde 2012. Entre los años 2011 y 2016, de nuestra región se han ido 12.666 habitantes de entre 20 y 39 años. Más de 200 cada mes, siete cada día. Hablemos de que una parte de esa despoblación terrible que sufre nuestra tierra tiene que ver con gente que no puede vivir plenamente su sexualidad o su género en sus pueblos y acaba emigrando a las grandes ciudades. Esto, evidentemente, se intersecciona con otros aspectos como la precariedad y falta de oportunidades para jóvenes. La pregunta es: ¿va a seguir la Junta de Extremadura permitiendo y fomentando la despoblación o va a ser valiente y va a destinar recursos para hacer vivibles los pueblos para las personas LGBTI?
Visibilicémonos dentro de la precariedad. Todos conocemos la vergonzante tasa de desempleo (la más alta del país) en nuestra región. Sabemos que rozamos el 50% de paro juvenil y que sufrimos desigualdad en la estructura salarial en relación a la media del país, entre otros muchos agravios. Además, nos indigna que las personas empleadas lo hagan de manera precaria, temporal, a tiempo parcial y a media jornada en la mayoría de los casos. Clama al cielo que las jóvenes extremeñas sean el perfil con menos posibilidades. Pero ¿qué condiciones sufren las personas LGBTI en el mercado laboral? ¿Nos informan sobre ella? ¿Está en el centro del debate público? ¿Sabemos, por ejemplo, que según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, siete de cada diez personas ocultan en algún momento su orientación sexual o identidad de género en el trabajo? ¿Somos conocedores de la brecha salarial que sufren las personas LGBTI? ¿Y de la discriminación de las personas seropositivas en la búsqueda de empleo? ¿Y que la tasa de paro de las personas trans es superior al 84 por ciento? ¿Somos conscientes de que ni el Estatuto de los Trabajadores establece medidas específicas para garantizar que no exista lgbtifobia en el trabajo? Hasta el propio desconocimiento y la incuestionable invisibilidad de nuestras opresiones constituyen, en sí mismas, otra patente discriminación. Si no existimos, no podemos exigir las herramientas para protegernos.
Apropiémonos del espacio público. Si nos insultan, apedrean e intentan expulsarnos de él, plantemos cara. Necesitamos reivindicar la calle, la noche y el ocio sin autocensurarnos. Hagámoslo junto a las compañeras feministas. Entendamos que, al igual que a las mujeres, a las personas LGBTI se nos ha negado históricamente el uso del espacio público. No permitamos que el terror patriarcal nos gane esta batalla. No permitamos ni un segundo más de abusos, insultos y agresiones. Si las instituciones quieren, tienen un amplio abanico de posibilidades para incidir y crear protocolos antimachistas y a favor de la libertad sexual en toda su amplitud. Si no nos protegen, transgredamos la heteronorma y plantemos cara.
No perdamos el norte. Ante la despolitización como estrategia de blanqueamiento de nuestro capital histórico de lucha, el oportunismo de determinadas fuerzas políticas, la trampa capitalista e imperialista del pinkwashing y frente a la concepción neoliberal de la cuestión LGBTI -marcos donde se evidencia la relación identidad-género-clase al convertir la “tolerancia” en una trampa a la que solo se accede si se tienen recursos económicos-, sigamos apostando por una liberación sexual construida sobre la heterogeneidad, las resistencias multiformes y los procesos interseccionales que comprenden que la lucha LGBTI no puede darse aisladamente del resto de opresiones.
Pongamos, con destacada prioridad, el foco en la educación. Según el Observatorio español contra la LGBTfobia, las cifras de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 45 años. “Los intentos de suicidio entre los jóvenes LGBTI son de tres a cinco veces más numerosos que entre los jóvenes en general. De media casi 50 jóvenes LGBTI se suicidan en España cada año, y otros 950 jóvenes LGBTI lo intentan“. ¿Vamos a seguir permitiéndolo? ¿Vamos a seguir cediendo ante las repugnantes presiones de los sectores más lgbtifóbicos o, por el contrario, vamos a introducir de manera innegociable la educación afectivo-sexual en las aulas de nuestras escuelas?
Abanderemos la transformación social, sin ambages. Apostemos por tejer alianzas transversales frente a la maquinaria del odio. Creemos una gran red junto con otras luchas, como cuando en 1977, durante la primera manifestación del movimiento LGBTI en el Estado español, organizaciones revolucionarias, feministas, sindicatos y movimiento vecinal subían la Rambla de Barcelona junto a las disidentes sexuales convocantes de aquella histórica manifestación. Seamos, pues, miles las que exijamos el desarrollo de la Ley LGBTI. Las mismas miles que planten cara a la derecha machista y xenófoba y que, entendiendo que las luchas han de ser solidarias por compartir el mismo elemento opresivo, exijan también una conexión ferroviaria pública y social para Extremadura o un modelo energético y económico limpio y justo para nuestra tierra. Atrevámonos a superarnos y articulemos un sujeto político amplio. Pongamos en la agenda política como objetivo prioritario acabar con las estructuras lgbtifóbicas del régimen extremeño del 83 y, sobre todo, no cesemos hasta crear una Extremadura realmente libre y habitable. Nos va la vida en ello.
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