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| Imagen: El Diario / Mónica Oltra, Ximo Puig y Pedro Sánchez en el Orgullo LGTBI de Valencia, 2016-06-18 |
El Ejecutivo central plantea una comisión bilateral para evaluar algunos aspectos de la norma, aprobada por todos los grupos salvo el PP, que considera que se extralimita de la competencia autonómica.
Laura Martínez | El Diario, 2019-03-21
https://www.eldiario.es/cv/Ley-LGTBI-recurso-Gobienro-Sanchez_0_880162237.html
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado una comisión bilateral con la Generalitat Valenciana para analizar la ley LGTBI autonómica. Este es el paso previo a presentar un recurso a una norma.
La Comisión Bilateral de Coordinación de la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana analizará varios aspectos relacionados con la legislación laboral recogidos en la norma, aprobada en noviembre por todos los grupos parlamentarios valencianos salvo el PP, que se abstuvo.
En concreto, según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, son cuestiones como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, de condiciones y oportunidades de las personas LGTBI (artículo 26 de la ley), que desde el Gobierno central, si bien no consideran que entre en contradicción con la legislación estatal, creen que va más allá de las competencias autonómicas.
El otro aspecto que genera conflicto es el de la capacidad sancionadora de la Generalitat Valenciana. Siguiendo el mismo argumento, se plantea una revisión del artículo 60 que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley LGTBI tipifica como infracción grave. Las terapias de aversión para modificar la orientación sexual o identidad de género se catalogan como infracción muy grave, con multas de 60.000 a 120.000 euros.
El Gobierno central considera que el procedimiento sancionador corresponde a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
La Comisión Bilateral de Coordinación de la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana analizará varios aspectos relacionados con la legislación laboral recogidos en la norma, aprobada en noviembre por todos los grupos parlamentarios valencianos salvo el PP, que se abstuvo.
En concreto, según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, son cuestiones como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, de condiciones y oportunidades de las personas LGTBI (artículo 26 de la ley), que desde el Gobierno central, si bien no consideran que entre en contradicción con la legislación estatal, creen que va más allá de las competencias autonómicas.
El otro aspecto que genera conflicto es el de la capacidad sancionadora de la Generalitat Valenciana. Siguiendo el mismo argumento, se plantea una revisión del artículo 60 que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley LGTBI tipifica como infracción grave. Las terapias de aversión para modificar la orientación sexual o identidad de género se catalogan como infracción muy grave, con multas de 60.000 a 120.000 euros.
El Gobierno central considera que el procedimiento sancionador corresponde a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
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