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| Imagen: CESIDA / JUlia del Amo y Ramón Espacio |
El presidente de CESIDA reclama más implicación política para evitar el derrumbe del sistema sanitario en las prisiones.
CESIDA, 2019-03-13
https://www.cesida.org/ramon-espacio-la-sanidad-penitenciaria-es-un-barco-que-se-hunde/
CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y sida, organizó ayer la jornada “Presente y futuro de la sanidad penitenciaria” a la que asistieron cargos de la Administración Pública, entidades sociales y profesionales sanitarios. “Hace dos años, en estas mismas jornadas, pedimos la urgente transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas autonómicos de salud. Esto no ha sucedido y la sanidad es un barco que se hunde por la falta de relevo de profesionales sanitarios, entre otros motivos”, alertó Ramón Espacio, presidente de CESIDA. El personal sanitario de prisiones ha manifestado hace unos días su intención de convocar una huelga general ante las malas condiciones laborales de su sector.
La inauguración corrió a cargo de Julia del Amo, directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, que destacó que se han iniciado conversaciones entre la Dirección General de Salud Pública e Instituciones Penitenciarias para renovar el convenio de colaboración entre ambas que actualmente está paralizado. Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, reforzó la necesidad de esta colaboración: “aquella Salud Pública que no tiene en cuenta a su población reclusa no es Salud Pública”.
“En España se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas”, remarcó Javier Vilalta, de la Asociación Àmbit, dedicada a la intervención con personas privadas de libertad. Uno de cada cuatro reclusos, es decir, el 25,6% de las personas reclusas tiene una patología mental, y la cifra se eleva a casi la mitad de la población (49,6%) si se tienen en cuenta el abuso o dependencia de drogas. Vilalta explica que muchas de las personas encarceladas en realidad serían inimputables, es decir, que su enfermedad mental les exime de la pena por el delito, pero la falta de recursos de salud mental en la sanidad pública tiene como consecuencia que terminen en prisión.
José Antonio Martín, coordinador del grupo de trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó que para dar respuesta a la situación de privación de libertad de personas con enfermedad mental se creó el Programa Puente, pero denunció la falta de dotación presupuestaria para implementarlo.
La ley de cohesión de sanidad de 2003 daba un plazo de 18 meses para transferir las competencias de sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a los Servicios Autonómicos de Salud. “¿Por qué no se cumple la ley?”, pregunta Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, la única comunidad junto con el País Vasco que sí tiene transferida la sanidad penitenciaria.
La subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martinez Aznar, explicó el trabajo realizado desde su departamento para avanzar la negociación de las transferencias en 14 comunidades autónomas en el escaso tiempo que lleva en el cargo. Además, destacó su labor para progresar en la compatibilidad de los sistemas informáticos y la telemedicina entre centros penitenciarios y los sistemas autonómicos de salud como primer paso para hacer posible este logro. Alfredo Martínez, director de Asistencia Sanitaria al Paciente de Navarra, explicó que el proceso de transferencia en su comunidad estaba muy avanzado, pero dada la situación política no sabe si se podrá culminar en los próximos meses.
Carmen Hoyos, portavoz de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), puso en énfasis en la situación crítica que vive actualmente la sanidad penitenciaria, especialmente por la falta de profesionales y de relevo dada la precariedad y la desigualdad salarial existente entre los médicos de atención primaria y los de sanidad penitenciaria. “Un médico o farmacéutico cobra unos 1450€ menos mensuales, los enfermeros de prisiones cobran 300€ menos”, explicó Hoyos. La falta de profesionales en algunos centros penitenciarios es flagrante. En Ibiza, por ejemplo, han estado sin médico de octubre a enero y en Puerto 1 de junio a septiembre. Además, esta situación se agrava por la próxima jubilación de casi el 80% de la plantilla sanitaria penitenciaria.
La situación de vulneración de derechos es más grave en colectivos que sufren mayor estigma como son las personas trans. Manuel Ródenas, coordinador del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha hablado de los numerosos casos en los que una persona trans es asignada a un módulo que no se corresponde con su identidad de género, a pesar de que existe una instrucción que lo regula.
Por último, Oscar Alfaro, de la asociación alicantina ACAVIH, presentó los resultados del programa Think Tank que se realiza en 10 centros penitenciarios a cargo de nueve entidades de CESIDA y que trabaja la prevención del VIH y otras ITS, así como la lucha contra el estigma.
La jornada “Presente y futuro de la sanidad penitenciaria” ha sido posible gracias a la subvención del Plan Nacional sobre el Sida.
La inauguración corrió a cargo de Julia del Amo, directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, que destacó que se han iniciado conversaciones entre la Dirección General de Salud Pública e Instituciones Penitenciarias para renovar el convenio de colaboración entre ambas que actualmente está paralizado. Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, reforzó la necesidad de esta colaboración: “aquella Salud Pública que no tiene en cuenta a su población reclusa no es Salud Pública”.
“En España se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas”, remarcó Javier Vilalta, de la Asociación Àmbit, dedicada a la intervención con personas privadas de libertad. Uno de cada cuatro reclusos, es decir, el 25,6% de las personas reclusas tiene una patología mental, y la cifra se eleva a casi la mitad de la población (49,6%) si se tienen en cuenta el abuso o dependencia de drogas. Vilalta explica que muchas de las personas encarceladas en realidad serían inimputables, es decir, que su enfermedad mental les exime de la pena por el delito, pero la falta de recursos de salud mental en la sanidad pública tiene como consecuencia que terminen en prisión.
José Antonio Martín, coordinador del grupo de trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó que para dar respuesta a la situación de privación de libertad de personas con enfermedad mental se creó el Programa Puente, pero denunció la falta de dotación presupuestaria para implementarlo.
La ley de cohesión de sanidad de 2003 daba un plazo de 18 meses para transferir las competencias de sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a los Servicios Autonómicos de Salud. “¿Por qué no se cumple la ley?”, pregunta Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, la única comunidad junto con el País Vasco que sí tiene transferida la sanidad penitenciaria.
La subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martinez Aznar, explicó el trabajo realizado desde su departamento para avanzar la negociación de las transferencias en 14 comunidades autónomas en el escaso tiempo que lleva en el cargo. Además, destacó su labor para progresar en la compatibilidad de los sistemas informáticos y la telemedicina entre centros penitenciarios y los sistemas autonómicos de salud como primer paso para hacer posible este logro. Alfredo Martínez, director de Asistencia Sanitaria al Paciente de Navarra, explicó que el proceso de transferencia en su comunidad estaba muy avanzado, pero dada la situación política no sabe si se podrá culminar en los próximos meses.
Carmen Hoyos, portavoz de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), puso en énfasis en la situación crítica que vive actualmente la sanidad penitenciaria, especialmente por la falta de profesionales y de relevo dada la precariedad y la desigualdad salarial existente entre los médicos de atención primaria y los de sanidad penitenciaria. “Un médico o farmacéutico cobra unos 1450€ menos mensuales, los enfermeros de prisiones cobran 300€ menos”, explicó Hoyos. La falta de profesionales en algunos centros penitenciarios es flagrante. En Ibiza, por ejemplo, han estado sin médico de octubre a enero y en Puerto 1 de junio a septiembre. Además, esta situación se agrava por la próxima jubilación de casi el 80% de la plantilla sanitaria penitenciaria.
La situación de vulneración de derechos es más grave en colectivos que sufren mayor estigma como son las personas trans. Manuel Ródenas, coordinador del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha hablado de los numerosos casos en los que una persona trans es asignada a un módulo que no se corresponde con su identidad de género, a pesar de que existe una instrucción que lo regula.
Por último, Oscar Alfaro, de la asociación alicantina ACAVIH, presentó los resultados del programa Think Tank que se realiza en 10 centros penitenciarios a cargo de nueve entidades de CESIDA y que trabaja la prevención del VIH y otras ITS, así como la lucha contra el estigma.
La jornada “Presente y futuro de la sanidad penitenciaria” ha sido posible gracias a la subvención del Plan Nacional sobre el Sida.
Y TAMBIÉN…
CESIDA alerta de que sanidad penitenciaria es un "barco que se hunde" y reclama implicación política para evitarlo.
Europa Press | Infosalus, 2019-03-13
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-cesida-alerta-sanidad-penitenciaria-barco-hunde-reclama-implicacion-politica-evitarlo-20190313134233.html
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