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| Imagen: El Diario / Acoso antiabortista |
El organismo está recabando información sobre los grupos que acuden a las clínicas de varias ciudades para protestar contra el aborto y hostigar a las mujeres que entran con el objetivo de que cambien de decisión. Varias entidades han formado un grupo para coordinar la respuesta contra los antiabortistas y piden a las administraciones públicas que actúen frente a esta "vulneración de derechos fundamentales".
Marta Borraz | El Diario, 2019-03-16
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensor-Pueblo-informacion-puertas-clinicas_0_877013057.html
El Defensor del Pueblo ha comenzado a interesarse por la situación que atraviesan muchas de las clínicas que practican abortos en España, que semanalmente ven cómo grupos de ultracatólicos se sitúan a las puertas e increpan a las mujeres que entran. El hostigamiento y el acoso ha llegado a manos del organismo a través de varias organizaciones que se reunieron con algunos de sus integrantes el pasado mes de enero. Después, el Defensor del Pueblo les solicitó un informe sobre el estado de la cuestión que ya está estudiando y, esta misma semana, ha pedido una ampliación de información, según confirman fuentes del mismo a eldiario.es.
Aunque aún no se ha abierto un expediente de investigación oficial, algo que dependerá del curso de las pesquisas, la actuación del defensor podría derivar en una propuesta de modificación normativa o una llamada de atención a la Administración Pública, entre otras posibilidades. "Las mujeres que acuden a interrumpir voluntariamente su embarazo están viendo vulnerados sus derechos fundamentales ante la mirada pasiva de las instituciones públicas", explica José Antonio Bosh, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).
Este es uno de los frentes abiertos que tienen las clínicas desde que el Gobierno socialista aprobara en 2010 la Ley del Aborto que estableció el sistema de plazos y derogó el de supuestos e instauró el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. En este sentido, el informe que han entregado al Defensor del Pueblo hace un resumen de la situación actual, caracterizada por la presencia de grupos ultracatólicos que abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica. El objetivo es que den marcha atrás en su decisión.
Aunque "las acciones, la ubicación y el grado de presión varía geográficamente", asume el estudio, desde ACAI han identificado varios focos en los que el hostigamiento es más intenso y recurrente, entre ellos, Madrid, Málaga, Albacete, Córdoba y Algeciras (Cádiz). En estos lugares, las acciones se recrudecen en determinadas fechas señaladas como cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. El pasado miércoles dieron comienza a los llamados 40 días por la vida, una campaña internacional que se celebra coincidiendo con la cuaresma, es decir, los 40 días anteriores a Jueves Santo.
La batería de acciones suele centrarse en "el bloqueo de los accesos a las clínicas, consignas, gritos y amenazas a las mujeres y acompañantes y a las y los profesionales de las clínicas" además de intentos de disuasión individual a las mujeres que van a abortar. Algo que hacen "parándolas y abordándolas hablando con ellas en un intento de cambiar su decisión, mostrando diversa propaganda antiaborto llegando incluso a perseguirlas hasta que se meten en sus vehículos o transporte público", especifica el informe. Este tipo de actuación, "aparentemente de tono menor y sin agresividad manifiesta", prosigue, "ejerce un efecto quizás más dañino". Por otro lado, de vez en cuando aparecen pintadas en el suelo y fachada de algunas clínicas con frases como "aborto asesinato" o "matan niños. Asesinos".
Una respuesta conjunta
Para enfrentarse al "recrudecimiento de las acciones del movimiento anti-elección" y "de las acciones intimidatorias contra los/as profesionales que facilitan la prestación del aborto", unas 59 entidades, entre ellas ACAI, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, o la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), se han unido para coordinar la respuesta. En este momento, y aunque su enfoque es general, se están centrando en el acoso que sufren las mujeres que acuden a las clínicas y con esta intención se dirigieron al Defensor del Pueblo y a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, con quien se reunieron la semana pasada.
"Se requiere que sea la mujer individualmente la que denuncie y eso es muy difícil. Las denuncias son prácticamente inexistentes", explica Gema González Díaz, directora ejecutiva de la FPFE, que hace hincapié en que la difícil situación que ya de por sí atraviesan estas mujeres se une a que la mayoría lo único que desea en ese momento es seguir con su vida. "Los poderes públicos tendrían que regular la situación en vez de empujar a las víctimas a iniciar un periplo judicial por sí mismas".
Antes de acudir al Defensor del Pueblo han sido varias las interacciones que ACAI ha mantenido con diversas administraciones públicas para denunciar la situación: reuniones con Consejerías de Salud de diferentes comunidades autónomas, con subdelegados del Gobierno y con diversos concejales, además del requerimiento en muchas ocasiones de la Policía Local o Nacional. El resultado, explica Bosch, es que "nada ha cambiado" y "los fundamentalistas siguen coaccionando, acosando e insultando a las usuarias" de una prestación recogida en la ley y, en una inmensa mayoría de los casos, derivadas por la sanidad pública a los centros.
ACAI intentó arrojar luz sobre esta situación el pasado mes de septiembre, cuando coincidiendo con el Día en defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos hizo pública una investigación pionera basada en 300 entrevistas a mujeres que acudieron a abortar y fueron abordadas por los manifestantes ultras. A la pregunta de si se han sentido acosadas y amenazadas, un 89% y un 66%, respectivamente, responde afirmativamente, y la gran mayoría, un 73%, se sintió "muy molesta". "Abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso (...) He querido llorar y marcharme a mi casa", contaba una de ellas. "Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal", decía otra de las entrevistadas.
Aunque aún no se ha abierto un expediente de investigación oficial, algo que dependerá del curso de las pesquisas, la actuación del defensor podría derivar en una propuesta de modificación normativa o una llamada de atención a la Administración Pública, entre otras posibilidades. "Las mujeres que acuden a interrumpir voluntariamente su embarazo están viendo vulnerados sus derechos fundamentales ante la mirada pasiva de las instituciones públicas", explica José Antonio Bosh, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).
Este es uno de los frentes abiertos que tienen las clínicas desde que el Gobierno socialista aprobara en 2010 la Ley del Aborto que estableció el sistema de plazos y derogó el de supuestos e instauró el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. En este sentido, el informe que han entregado al Defensor del Pueblo hace un resumen de la situación actual, caracterizada por la presencia de grupos ultracatólicos que abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica. El objetivo es que den marcha atrás en su decisión.
Aunque "las acciones, la ubicación y el grado de presión varía geográficamente", asume el estudio, desde ACAI han identificado varios focos en los que el hostigamiento es más intenso y recurrente, entre ellos, Madrid, Málaga, Albacete, Córdoba y Algeciras (Cádiz). En estos lugares, las acciones se recrudecen en determinadas fechas señaladas como cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. El pasado miércoles dieron comienza a los llamados 40 días por la vida, una campaña internacional que se celebra coincidiendo con la cuaresma, es decir, los 40 días anteriores a Jueves Santo.
La batería de acciones suele centrarse en "el bloqueo de los accesos a las clínicas, consignas, gritos y amenazas a las mujeres y acompañantes y a las y los profesionales de las clínicas" además de intentos de disuasión individual a las mujeres que van a abortar. Algo que hacen "parándolas y abordándolas hablando con ellas en un intento de cambiar su decisión, mostrando diversa propaganda antiaborto llegando incluso a perseguirlas hasta que se meten en sus vehículos o transporte público", especifica el informe. Este tipo de actuación, "aparentemente de tono menor y sin agresividad manifiesta", prosigue, "ejerce un efecto quizás más dañino". Por otro lado, de vez en cuando aparecen pintadas en el suelo y fachada de algunas clínicas con frases como "aborto asesinato" o "matan niños. Asesinos".
Una respuesta conjunta
Para enfrentarse al "recrudecimiento de las acciones del movimiento anti-elección" y "de las acciones intimidatorias contra los/as profesionales que facilitan la prestación del aborto", unas 59 entidades, entre ellas ACAI, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, o la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), se han unido para coordinar la respuesta. En este momento, y aunque su enfoque es general, se están centrando en el acoso que sufren las mujeres que acuden a las clínicas y con esta intención se dirigieron al Defensor del Pueblo y a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, con quien se reunieron la semana pasada.
"Se requiere que sea la mujer individualmente la que denuncie y eso es muy difícil. Las denuncias son prácticamente inexistentes", explica Gema González Díaz, directora ejecutiva de la FPFE, que hace hincapié en que la difícil situación que ya de por sí atraviesan estas mujeres se une a que la mayoría lo único que desea en ese momento es seguir con su vida. "Los poderes públicos tendrían que regular la situación en vez de empujar a las víctimas a iniciar un periplo judicial por sí mismas".
Antes de acudir al Defensor del Pueblo han sido varias las interacciones que ACAI ha mantenido con diversas administraciones públicas para denunciar la situación: reuniones con Consejerías de Salud de diferentes comunidades autónomas, con subdelegados del Gobierno y con diversos concejales, además del requerimiento en muchas ocasiones de la Policía Local o Nacional. El resultado, explica Bosch, es que "nada ha cambiado" y "los fundamentalistas siguen coaccionando, acosando e insultando a las usuarias" de una prestación recogida en la ley y, en una inmensa mayoría de los casos, derivadas por la sanidad pública a los centros.
ACAI intentó arrojar luz sobre esta situación el pasado mes de septiembre, cuando coincidiendo con el Día en defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos hizo pública una investigación pionera basada en 300 entrevistas a mujeres que acudieron a abortar y fueron abordadas por los manifestantes ultras. A la pregunta de si se han sentido acosadas y amenazadas, un 89% y un 66%, respectivamente, responde afirmativamente, y la gran mayoría, un 73%, se sintió "muy molesta". "Abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso (...) He querido llorar y marcharme a mi casa", contaba una de ellas. "Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal", decía otra de las entrevistadas.
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