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| Imagen: El País / Alejandro Hernández, portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía |
En el paquete de revisión incluyen también a los sindicatos, a los que en la legislación se les concede un papel de interlocución cuando "su representación es inferior al 10%".
Lourdes Lucio | El País, 2019-07-10
https://elpais.com/politica/2019/07/10/actualidad/1562762176_432646.html
El grupo parlamentario de Vox cree que ha llegado "el momento" de que el Gobierno de la Junta de Andalucía se plantee si debe seguir concediendo subvenciones y ayudas a colectivos del movimiento LGTBI que plantean "una visión sectaria y frentista de la realidad" y que no tienen "utilidad social", a raíz de los incidentes registrados en la manifestación del Orgullo celebrada en Madrid el pasado domingo. En el paquete de revisión incluyen también a los sindicatos, a los que en la legislación se les concede un papel de interlocución cuando "su representación es inferior al 10%".
La revisión de las subvenciones públicas de la Junta figura en el acuerdo firmado a tres manos por el Gobierno bipartito de PP-Ciudadanos y Vox para garantizar los presupuestos andaluces para 2019, ahora en la recta final de su tramitación, y para 2020, que deberán entrar en la Cámara, a finales del mes de octubre. El pacto propone "evitar que diferentes grupos de beneficiarios y agentes, sin aportar de manera objetiva y transparente un valor añadido real, persigan solamente su continuidad para poder seguir manteniendo el soporte financiero de sus actividades, sin que éstas sean realmente válidas e importantes para el objetivo final de la utilidad pública y social de la subvención".
Ese acuerdo introduce injertos ideológicos de la extrema derecha sobre memoria democrática, inmigración o "violencia intrafamiliar", expresión que contraponen a la de violencia machista. Pero los 14 folios del pacto firmado el pasado 13 de junio, en el que por primera vez figuran los logros de los tres partidos de derechas, mira sobre todo a la reducción del sector público andaluz y a la política de subvenciones, diseñadas durante casi 37 años por los gobiernos socialistas.
En las enmiendas planteadas y aceptadas al Presupuesto andaluz para 2019 figura la de detraer 600.000 euros a "para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes" que irán destinados ahora a "edificios y otras construcciones judiciales" o el incremento en 1,5 millones de la partida para reforzar la seguridad de los centros que acogen a menores inmigrantes.
Vox deja para las cuentas del 2020 la revisión de las subvenciones a los colectivos LGTBI y los sindicatos. "Es el momento de plantearse si debemos seguir manteniendo subvenciones o ayudas a estos colectivos que plantean una visión sectaria y frentista de la realidad" y "en la utilidad social de las asociaciones que reciben ayudas", afirmó su portavoz, Alejandro Hernández. Este dirigente negó que Vox promueva la merma de derechos del colectivo LGTBI, pero rechazó que se subvencione a "colectivos que no defienden esos derechos".
Los partidos que sustentan al Gobierno de coalición no le quitaron la razón a Vox. "No vamos a dar ni un paso atrás con lo que tenga que ver con la defensa de derechos, otra cosa es que hasta ahora haya habido un gobierno que haya tenido afinidad con colectivos por intereses ideológicos o partidistas", aseguró el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero.
El portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, aseguró que en ninguno de los dos presupuestos habrá exclusiones de asociaciones dedicadas a proteger derechos, lo que no choca con que estas tengan que justifica el uso de los recursos públicos.
La revisión de las subvenciones públicas de la Junta figura en el acuerdo firmado a tres manos por el Gobierno bipartito de PP-Ciudadanos y Vox para garantizar los presupuestos andaluces para 2019, ahora en la recta final de su tramitación, y para 2020, que deberán entrar en la Cámara, a finales del mes de octubre. El pacto propone "evitar que diferentes grupos de beneficiarios y agentes, sin aportar de manera objetiva y transparente un valor añadido real, persigan solamente su continuidad para poder seguir manteniendo el soporte financiero de sus actividades, sin que éstas sean realmente válidas e importantes para el objetivo final de la utilidad pública y social de la subvención".
Ese acuerdo introduce injertos ideológicos de la extrema derecha sobre memoria democrática, inmigración o "violencia intrafamiliar", expresión que contraponen a la de violencia machista. Pero los 14 folios del pacto firmado el pasado 13 de junio, en el que por primera vez figuran los logros de los tres partidos de derechas, mira sobre todo a la reducción del sector público andaluz y a la política de subvenciones, diseñadas durante casi 37 años por los gobiernos socialistas.
En las enmiendas planteadas y aceptadas al Presupuesto andaluz para 2019 figura la de detraer 600.000 euros a "para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes" que irán destinados ahora a "edificios y otras construcciones judiciales" o el incremento en 1,5 millones de la partida para reforzar la seguridad de los centros que acogen a menores inmigrantes.
Vox deja para las cuentas del 2020 la revisión de las subvenciones a los colectivos LGTBI y los sindicatos. "Es el momento de plantearse si debemos seguir manteniendo subvenciones o ayudas a estos colectivos que plantean una visión sectaria y frentista de la realidad" y "en la utilidad social de las asociaciones que reciben ayudas", afirmó su portavoz, Alejandro Hernández. Este dirigente negó que Vox promueva la merma de derechos del colectivo LGTBI, pero rechazó que se subvencione a "colectivos que no defienden esos derechos".
Los partidos que sustentan al Gobierno de coalición no le quitaron la razón a Vox. "No vamos a dar ni un paso atrás con lo que tenga que ver con la defensa de derechos, otra cosa es que hasta ahora haya habido un gobierno que haya tenido afinidad con colectivos por intereses ideológicos o partidistas", aseguró el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero.
El portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, aseguró que en ninguno de los dos presupuestos habrá exclusiones de asociaciones dedicadas a proteger derechos, lo que no choca con que estas tengan que justifica el uso de los recursos públicos.
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