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| Imagen: El País |
El Gobierno se inspira en el modelo abolicionista sueco en sus planes. Los clientes son cada vez más jóvenes. El 80% de las mujeres ejercen forzadas.
Pilar Álvarez | El País, 2018-09-09
https://elpais.com/sociedad/2018/09/07/actualidad/1536339196_130672.html
En España hay al menos tres burdeles por cada hospital público. En uno de los países con más clientes de prostitución del mundo, el Gobierno quiere regular la trata y la explotación sexual con una nueva ley que proteja a las víctimas forzosas. Su inspiración es el modelo abolicionista sueco, que persigue a los clientes y presume de haber reducido la prostitución callejera a la mitad.
Hasta 40 millones de personas son prostituidas en el mundo, según informes internacionales. Tres de cada cuatro tienen entre 13 y 25 años de edad. Interior ‘censó’ a 14.000 prostitutas en España en 2017 aunque estima que son al menos el triple. Otros informes aluden a 100.000. La policía estima que el 80% de ellas son víctimas forzadas, aunque no existen cifras oficiales. Algunas, como Lucía, captadas por su propia familia.
“Nunca me he cruzado con ninguna mujer que quiera hacer esto”, dice bajito Lucía (nombre falso), obligada a prostituirse por su hermana mayor. Viajó desde su país de origen, en América Latina, a España en 2016 con la promesa del oro de Europa. Tras un mes de empleada interna en una casa, se quedó sin trabajo. La hermana le insinuó que se acostara con hombres para saldar la deuda de 3.000 euros en su país. Ella se negó. La encerró en una habitación. La puerta solo se abría para que entrara un hombre nuevo. Y otro. Y otro. “Todos eran mayores”, explica desde sus 22 años. “Ninguno me preguntó por qué estaba encerrada”. Consiguió escapar una semana después. Tuvo suerte y acabó en un piso tutelado de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP). Pasó un año oculta como víctima de trata y ahora es mediadora de la organización. Ella es la que visita los pisos clandestinos que escapan a los radares policiales y las callejuelas, como la céntrica Ballesta de Madrid, donde otras están atadas a una deuda y buscan clientes desde primera hora de la mañana.
La aprobación de un sindicato de prostitutas en el Boletín Oficial del Estado provocó la semana pasada la retractación inmediata del Gobierno y el relevo de la directora de Trabajo, Concepción Pascual. Al calor de la polémica, el presidente, Pedro Sánchez, anunció que España tendrá una ley contra la trata y la explotación sexual. El PSOE defiende sancionar “la demanda y compra de prostitución” como hace Suecia. Así lo recoge en su último programa electoral aunque el Ejecutivo no aclara aún si lo incluirán tal cual en un anteproyecto cuya elaboración acaba de arrancar.
Los países abolicionistas consideran la prostitución como un atentado contra la mujer, incompatible con la igualdad de género y los derechos humanos. Suecia ha multado a más de 7.600 hombres desde que empezó a perseguir al cliente en 1999, unos pocos hasta con penas de cárcel. Después se han sumado Noruega, Canadá o Islandia y, más recientemente, Francia o Irlanda, con multas de hasta 2.000 euros por pagar por sexo.
En el lado opuesto, están los países que la han legalizado y contemplan vender y comprar sexo como una actividad económica más. Es el modelo que siguen, entre otros, Dinamarca, Holanda o Alemania. El objetivo de la legalización era empoderar a las mujeres, terminar con la estigmatización y mejorar sus condiciones de trabajo. A falta de informes en profundidad, tanto el relator especial de Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos como el Parlamento Europeo consideran que no han cumplido su objetivo. “Hasta el momento, la investigación muestra que donde la prostitución y las actividades relacionadas son legales, hay mayores entradas de tráfico en el mercado sexual”, señala un informe del Parlamento de 2014, Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.
Alemania, que liberalizó la prostitución en 2002, es hoy el gran burdel de Europa, con gigantescos locales con colas de clientes atraídos por la tarifa plana de sexo, cerveza y salchichas por 70 euros. Como hay más oferta, se han reducido las tarifas por encima del 20% y solo entre un 1 y un 5% de mujeres se han inscrito en el registro obligatorio de prostitutas.
España está en un tercer grupo con Italia donde la prostitución es alegal, aunque con matices. La Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, incluye sanciones leves por “exhibición obscena” y graves por ofrecer o pedir servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores. En tres años, de 2015 a 2017, han tramitado 1.250 sanciones por infracción grave y 597 leves, según datos del Ministerio de Interior, que no aclara cuántas fueron multas a clientes y cuántas a prostitutas. Además hay 51 ordenanzas municipales, según la antropóloga de la Universidad de Comillas Carmen Meneses, que la prohíben en lugares públicos. La mayoría, añade esta experta, persiguen a las mujeres.
“La demanda es de carne fresca, las que vienen ahora son niñas de 14 a 17 años que llegan a Europa buscando un sueño que no existe”, explica Rocío Nieto, una de las responsables de APRAMP. Lleva 35 años en la asociación y asegura que en este tiempo ha visto como los clientes son cada vez más jóvenes y las peticiones “cada vez más perversas”. Crecen los servicios en los que ellos piden que les laman el ano o mantener relaciones sin preservativo. Y “si tú no lo haces, lo hará otra”. Nieto defiende una ley abolicionista, pero con suficiente presupuesto y alternativas de trabajo para que las prostitutas puedan salir de un mercado en el que el volumen de dinero negro llega a cifras mareantes.
La prostitución mueve hasta 160.000 millones de euros a nivel mundial, según datos de la web sobre el mercado negro Havocscope que cita el Parlamento Europeo en sus informes, un montante que supera el Producto Interior Bruto de Marruecos. En España son 22.800 millones anuales, la mitad del gasto educativo patrio.
Colectivos como Aprosex o Hetaira, que piden dar derechos a las prostitutas que ejercen por voluntad propia, han declinado hacer declaraciones en estos días tras la polémica por la aprobación del sindicato. Desde Hetaira advierten de que perseguir al cliente o multar a las mujeres con normativas municipales las destierran a lugares más peligrosos donde están más desprotegidas. La antropóloga Carmen Meneses, experta en el estudio académico de la prostitución, cree que el mejor camino para abordar este tema es crear cooperativas de mujeres y garantizarles derechos. Pide un debate social y político sosegado y “no criminalizar” a las mujeres. No cree que sea posible abolir la prostitución.
“Para que no haya oferta hay que acabar con la demanda”, resume José Nieto, inspector jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF Central). Los agentes no persiguen a las que ejercen libremente pero, añade, “esas son minoría”. “He visto muchísimas esclavas, nosotros sí las vemos”, asegura. Pide la colaboración de los clientes -“yo prefiero llamarlos puteros”, dice- para acabar con las redes de trata. “Si tan seguros están de que las chicas están ahí porque quieren, que las inviten a tomar un café fuera o a ir al cine, a ver si pueden. Si permanecen hasta las cinco de la mañana encima de un tacón, ¿de verdad lo hacen porque quieren? ¿Es eso un trabajo?”.
Hasta 40 millones de personas son prostituidas en el mundo, según informes internacionales. Tres de cada cuatro tienen entre 13 y 25 años de edad. Interior ‘censó’ a 14.000 prostitutas en España en 2017 aunque estima que son al menos el triple. Otros informes aluden a 100.000. La policía estima que el 80% de ellas son víctimas forzadas, aunque no existen cifras oficiales. Algunas, como Lucía, captadas por su propia familia.
“Nunca me he cruzado con ninguna mujer que quiera hacer esto”, dice bajito Lucía (nombre falso), obligada a prostituirse por su hermana mayor. Viajó desde su país de origen, en América Latina, a España en 2016 con la promesa del oro de Europa. Tras un mes de empleada interna en una casa, se quedó sin trabajo. La hermana le insinuó que se acostara con hombres para saldar la deuda de 3.000 euros en su país. Ella se negó. La encerró en una habitación. La puerta solo se abría para que entrara un hombre nuevo. Y otro. Y otro. “Todos eran mayores”, explica desde sus 22 años. “Ninguno me preguntó por qué estaba encerrada”. Consiguió escapar una semana después. Tuvo suerte y acabó en un piso tutelado de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP). Pasó un año oculta como víctima de trata y ahora es mediadora de la organización. Ella es la que visita los pisos clandestinos que escapan a los radares policiales y las callejuelas, como la céntrica Ballesta de Madrid, donde otras están atadas a una deuda y buscan clientes desde primera hora de la mañana.
La aprobación de un sindicato de prostitutas en el Boletín Oficial del Estado provocó la semana pasada la retractación inmediata del Gobierno y el relevo de la directora de Trabajo, Concepción Pascual. Al calor de la polémica, el presidente, Pedro Sánchez, anunció que España tendrá una ley contra la trata y la explotación sexual. El PSOE defiende sancionar “la demanda y compra de prostitución” como hace Suecia. Así lo recoge en su último programa electoral aunque el Ejecutivo no aclara aún si lo incluirán tal cual en un anteproyecto cuya elaboración acaba de arrancar.
Los países abolicionistas consideran la prostitución como un atentado contra la mujer, incompatible con la igualdad de género y los derechos humanos. Suecia ha multado a más de 7.600 hombres desde que empezó a perseguir al cliente en 1999, unos pocos hasta con penas de cárcel. Después se han sumado Noruega, Canadá o Islandia y, más recientemente, Francia o Irlanda, con multas de hasta 2.000 euros por pagar por sexo.
En el lado opuesto, están los países que la han legalizado y contemplan vender y comprar sexo como una actividad económica más. Es el modelo que siguen, entre otros, Dinamarca, Holanda o Alemania. El objetivo de la legalización era empoderar a las mujeres, terminar con la estigmatización y mejorar sus condiciones de trabajo. A falta de informes en profundidad, tanto el relator especial de Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos como el Parlamento Europeo consideran que no han cumplido su objetivo. “Hasta el momento, la investigación muestra que donde la prostitución y las actividades relacionadas son legales, hay mayores entradas de tráfico en el mercado sexual”, señala un informe del Parlamento de 2014, Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.
Alemania, que liberalizó la prostitución en 2002, es hoy el gran burdel de Europa, con gigantescos locales con colas de clientes atraídos por la tarifa plana de sexo, cerveza y salchichas por 70 euros. Como hay más oferta, se han reducido las tarifas por encima del 20% y solo entre un 1 y un 5% de mujeres se han inscrito en el registro obligatorio de prostitutas.
España está en un tercer grupo con Italia donde la prostitución es alegal, aunque con matices. La Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, incluye sanciones leves por “exhibición obscena” y graves por ofrecer o pedir servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores. En tres años, de 2015 a 2017, han tramitado 1.250 sanciones por infracción grave y 597 leves, según datos del Ministerio de Interior, que no aclara cuántas fueron multas a clientes y cuántas a prostitutas. Además hay 51 ordenanzas municipales, según la antropóloga de la Universidad de Comillas Carmen Meneses, que la prohíben en lugares públicos. La mayoría, añade esta experta, persiguen a las mujeres.
“La demanda es de carne fresca, las que vienen ahora son niñas de 14 a 17 años que llegan a Europa buscando un sueño que no existe”, explica Rocío Nieto, una de las responsables de APRAMP. Lleva 35 años en la asociación y asegura que en este tiempo ha visto como los clientes son cada vez más jóvenes y las peticiones “cada vez más perversas”. Crecen los servicios en los que ellos piden que les laman el ano o mantener relaciones sin preservativo. Y “si tú no lo haces, lo hará otra”. Nieto defiende una ley abolicionista, pero con suficiente presupuesto y alternativas de trabajo para que las prostitutas puedan salir de un mercado en el que el volumen de dinero negro llega a cifras mareantes.
La prostitución mueve hasta 160.000 millones de euros a nivel mundial, según datos de la web sobre el mercado negro Havocscope que cita el Parlamento Europeo en sus informes, un montante que supera el Producto Interior Bruto de Marruecos. En España son 22.800 millones anuales, la mitad del gasto educativo patrio.
Colectivos como Aprosex o Hetaira, que piden dar derechos a las prostitutas que ejercen por voluntad propia, han declinado hacer declaraciones en estos días tras la polémica por la aprobación del sindicato. Desde Hetaira advierten de que perseguir al cliente o multar a las mujeres con normativas municipales las destierran a lugares más peligrosos donde están más desprotegidas. La antropóloga Carmen Meneses, experta en el estudio académico de la prostitución, cree que el mejor camino para abordar este tema es crear cooperativas de mujeres y garantizarles derechos. Pide un debate social y político sosegado y “no criminalizar” a las mujeres. No cree que sea posible abolir la prostitución.
“Para que no haya oferta hay que acabar con la demanda”, resume José Nieto, inspector jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF Central). Los agentes no persiguen a las que ejercen libremente pero, añade, “esas son minoría”. “He visto muchísimas esclavas, nosotros sí las vemos”, asegura. Pide la colaboración de los clientes -“yo prefiero llamarlos puteros”, dice- para acabar con las redes de trata. “Si tan seguros están de que las chicas están ahí porque quieren, que las inviten a tomar un café fuera o a ir al cine, a ver si pueden. Si permanecen hasta las cinco de la mañana encima de un tacón, ¿de verdad lo hacen porque quieren? ¿Es eso un trabajo?”.
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