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| Imagen: El País / Dolores Delgado |
El Ejecutivo no ha solicitado a la Conferencia Episcopal datos sobre denuncias o quejas conocidas o instruidas.
Julio Núñez | El País, 2019-02-05
https://elpais.com/sociedad/2019/02/05/actualidad/1549365458_252678.html
El Gobierno ha solicitado este martes a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia, tanto en las parroquias que dependen de las diócesis como en los colegios de las congregaciones religiosas. La información que remite la Fiscalía nunca será el grueso de estos delitos, porque la mayoría de ellos no llegan a la justicia civil sino que se instruyen en procesos eclesiásticos. Son los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de encubrir lo ocurrido.
Por el momento, la cúpula eclesial se ha negado, escudada en el secreto pontificio, a hacer público el número de abusos que conoce. El Ejecutivo no ha propuesto elaborar un informe independiente, como ya hicieron Irlanda o Australia, para investigar, con la colaboración o no de la Iglesia, los posibles casos silenciados en el pasado, ni va a solicitar a las autoridades datos sobre los archivos de los tribunales canónicos.
La petición, un escrito firmado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cita que los relatos publicados en la prensa han generado “una importante alarma social” y “una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno”. Desde el pasado octubre, El País investiga y cuenta el silencio con que la Iglesia ha cubierto la pederastia en el pasado. En las tres últimas décadas, la justicia solo ha dictado una treintena de sentencias condenatorias a clérigos por agresiones sexuales a menores. Este diario ha sacado a la luz el calvario de más de una veintena de víctimas, cuyos casos la Iglesia ocultó, intentó silenciar o en los que actuó en contra de la ley vigente o el derecho canónico.
Poco después de publicar esas noticias, la Conferencia Episcopal Española decidió crear una comisión reservada antipederastia para actualizar sus protocolos contra los abusos, que en la actualidad no obligan a los obispos a denunciar ante la Fiscalía de Menores. De momento, la cúpula eclesial se niega a revisar los episodios del pasado con una comisión independiente como ya se ha hecho en otros países. Este mes de febrero, el papa Francisco ha convocado a los presidentes de las Conferencias de todo el mundo para tratar el problema de los abusos.
La ministra también ha recordado en el texto que el Consejo de Ministros ya aprobó en primera vuelta el pasado 28 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. En la ley actual el periodo legal para denunciar espira 15 años después de que que el abusado cumpla la mayoría de edad. Con este anteproyecto, las víctimas podrán denunciar hasta cumplidos los 45 años.
La asociación de víctimas pide que se investiguen los casos prescritos
Iñigo Domínguez
La Asociación Nacional de Infancias Robadas (ANIR), primera entidad nacional en la que están reunidas las víctimas de abusos de la Iglesia, ha tildado la iniciativa del Gobierno de "insuficiente". La agrupación pide que el plazo de prescripción comience a contar a partir de los 50 años. De hecho, crearon una campaña en Change donde ya han recogido unas 500.000 firmas. "Lo que pedimos es que la Fiscalía investigue todos los casos sin fijarse en si han prescrito. Porque investigando casos antiguos pueden salir a la luz casos recientes que no han prescrito", ha destacado este martes la supuesta víctima y uno de los portavoces de la asociación, Miguel Hurtado.
Por el momento, la cúpula eclesial se ha negado, escudada en el secreto pontificio, a hacer público el número de abusos que conoce. El Ejecutivo no ha propuesto elaborar un informe independiente, como ya hicieron Irlanda o Australia, para investigar, con la colaboración o no de la Iglesia, los posibles casos silenciados en el pasado, ni va a solicitar a las autoridades datos sobre los archivos de los tribunales canónicos.
La petición, un escrito firmado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cita que los relatos publicados en la prensa han generado “una importante alarma social” y “una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno”. Desde el pasado octubre, El País investiga y cuenta el silencio con que la Iglesia ha cubierto la pederastia en el pasado. En las tres últimas décadas, la justicia solo ha dictado una treintena de sentencias condenatorias a clérigos por agresiones sexuales a menores. Este diario ha sacado a la luz el calvario de más de una veintena de víctimas, cuyos casos la Iglesia ocultó, intentó silenciar o en los que actuó en contra de la ley vigente o el derecho canónico.
Poco después de publicar esas noticias, la Conferencia Episcopal Española decidió crear una comisión reservada antipederastia para actualizar sus protocolos contra los abusos, que en la actualidad no obligan a los obispos a denunciar ante la Fiscalía de Menores. De momento, la cúpula eclesial se niega a revisar los episodios del pasado con una comisión independiente como ya se ha hecho en otros países. Este mes de febrero, el papa Francisco ha convocado a los presidentes de las Conferencias de todo el mundo para tratar el problema de los abusos.
La ministra también ha recordado en el texto que el Consejo de Ministros ya aprobó en primera vuelta el pasado 28 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. En la ley actual el periodo legal para denunciar espira 15 años después de que que el abusado cumpla la mayoría de edad. Con este anteproyecto, las víctimas podrán denunciar hasta cumplidos los 45 años.
La asociación de víctimas pide que se investiguen los casos prescritos
Iñigo Domínguez
La Asociación Nacional de Infancias Robadas (ANIR), primera entidad nacional en la que están reunidas las víctimas de abusos de la Iglesia, ha tildado la iniciativa del Gobierno de "insuficiente". La agrupación pide que el plazo de prescripción comience a contar a partir de los 50 años. De hecho, crearon una campaña en Change donde ya han recogido unas 500.000 firmas. "Lo que pedimos es que la Fiscalía investigue todos los casos sin fijarse en si han prescrito. Porque investigando casos antiguos pueden salir a la luz casos recientes que no han prescrito", ha destacado este martes la supuesta víctima y uno de los portavoces de la asociación, Miguel Hurtado.
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