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| Imagen: El Diario / Aniversario 4F en 2015 |
El documental ‘Ciutat Morta’ permitió romper el silencio después de años de lucha por cuestionar la versión oficial en un caso que llevó cuatro personas a la cárcel. "A nivel jurídico no hemos conseguido nada, pero sí a nivel moral", reivindica Mariana Huidobro, madre del condenado que pasó más tiempo en prisión. "La resiliencia y las experiencias de resistencia alrededor del caso 4F nos ha marcado a la gente que hemos empezado a trabajar en materia de derechos humanos durante estos años", asegura el abogado Andrés García Berrio.
João França | El Diario, 2016-02-03
http://www.eldiario.es/catalunya/Caso-lecciones-anos-lucha-impunidad_0_480502907.html
Este jueves se cumplen 10 años del caso 4F. Una fiesta en una casa okupa de la calle Sant Pere Més Baix del centro de Barcelona acababa en disturbios con la intervención de la Guardia Urbana. Una maceta lanzada desde el edificio –según la primera versión del entonces alcalde Joan Clos– impactaba contra un agente, produciéndole heridas graves que lo dejaron en estado vegetativo. Nueve personas que no estaban en el interior del edificio fueron condenadas por el caso y cuatro de ellas ingresaron en prisión.
Durante estos diez años han defendido su inocencia y hace un año el documental 'Ciutat Morta' mostraba en la televisión pública catalana la historia de un montaje judicial. Patricia Heras, que fue detenida en las urgencias del Hospital del Mar y que siempre negó haber estado en el lugar de los hechos, se suicidó tras seis meses en la cárcel de Wad-Ras. Rodrigo Lanza, uno de los condenados, no salió de la cárcel hasta el 28 de diciembre de 2012. "Después de 10 años, la gran conclusión que saco es que en este caso solo han habido víctimas", asegura Gonzalo Boye, abogado de Lanza.
"Los primeros ocho años fueron años de mucha lucha, pero muy silenciosa, y después de Ciutat Morta la cosa cambió bastante, porque el caso se dio a conocer y permitió cambiar la opinión pública, al menos generar dudas sobre la versión oficial y sobre como funcionan los poderes", asegura Mariana Huidobro, madre de Lanza. "A nivel jurídico no hemos conseguido nada, pero sí a nivel moral", apunta. En la misma línea, Boye apunta que "el gran progreso que ha habido en el caso es la divulgación del documental, porque la gente ha tomado consciencia de lo que familias, amigos y abogados venimos diciendo desde hace años".
Rodrigo Lanza vive hoy en Zaragoza, tratando de rehacer su vida fuera de Barcelona. Desde que salió de la cárcel, denuncia que sufre acoso por parte de la Guardia Urbana. "Siempre tiene problemas, como que lo para la policía para registrarlo o que no querían renovarle el NIE", cuenta su madre, que añade que el documental ha sido una experiencia dura a nivel emocional para todos los implicados.
Estructuras para fiscalizar
Jesús Rodríguez, periodista de La Directa y parte del equipo que hizo ‘Ciutat Morta’, lleva informando sobre el 4F desde 2006, cuando pocos se atrevían a salir de la versión oficial, y valora lo que se ha conseguido. "Ha cambiado la visión que se tiene de la denuncia de irregularidades o abusos por parte del poder judicial o la policía, y ahora hay una percepción más fiscalizadora, que se cuestiona más las cosas, tanto por parte de los periodistas como de la opinión pública", asegura, pero evita pecar de optimista. "No son cambios que se mantienen en el tiempo si no se crean estructuras que mantengan esta fiscalización", dice. Apunta a la creación el pasado octubre del centro de derechos humanos Irídia como una de estas estructuras que reclama, y añade que lo considera fruto del contexto creado por la emisión del documental.
Andrés García Berrio, uno de los impulsores de Iridia, asegura que el 4F "ha representado durante mucho tiempo un símbolo de la impunidad, pero a la vez ha sido símbolo de como, colectivamente y con imaginación, se puede romper esta impunidad o generar procesos de reparación social, como fue la emisión en TV3 de Ciutat Morta". "Hemos aprendido de lo bueno y lo malo que ha pasado alrededor del caso 4F en estos diez años, la resiliencia y las experiencias de resistencia nos han marcado a toda la gente que hemos empezado a trabajar en materia de derechos humanos durante estos años", reconoce.
Muchos 4F
Al otro lado, Huidobro cuenta como su experiencia la ha llevado a implicarse en la lucha contra la impunidad. "Como Mariana, estos 10 años han sido horribles, y más como madre", dice, pero también explica que contar su caso ha llevado mucha gente con experiencias similares a acercársele. "Se nos acerca la gente con cierta esperanza, y no podíamos generar expectativas, pero cuando unimos fuerzas hay algo positivo, se puede hacer una lucha práctica, concreta, para cambiar estas cosas", apunta Huidobro, que también se encuentra entre los impulsores de Irídia. "Hay mucha gente ahora presa injustamente, que está sufriendo esto, que está sufriendo el 4F, y no podemos seguir cerrando los ojos", dice.
"Hoy en día se producen casos 4F continuamente, pero la cuestión es si se tiene capacidad de sacarlos de la invisibilidad", remarca Jesús Rodríguez. "Hay víctimas de injusticias y abusos fuera de los movimientos sociales, en ámbitos de invisibilización o marginación, gente que tiene dificultades para acceder a medios de comunicación o a herramientas que permitan acceder a la denuncia, pasa con mucha más regularidad de la que creemos", denuncia.
García Berrio asegura que este "romper el silencio" de ‘Ciutat Morta’ ha servido para producir "pequeños cambios en los operadores jurídicos si llegan casos como estos". Sin embargo, asegura que "hace falta voluntad política para hacer cambios estructurales en el modelo de control de los cuerpos policiales". "Todavía son los cuerpos policiales los que se controlan a sí mismos e investigan si hay una investigación judicial, y este control debería ser efectivo a cualquier cuerpo funcionarial que tenga el monopolio de la fuerza", reivindica. El abogado defiende que debería depender directamente de Presidencia en el caso de los Mossos d'Esquadra y de Alcaldía en el caso de la Guardia Urbana y ser llevado a cabo por personas especializadas en derechos humanos.
Cuestionar la versión oficial
"Este caso abre los ojos a la sociedad sobre cosas que pasan más de una vez en el ámbito judicial, que es la comisión de errores", asegura Boye. El abogado lamenta que "como sociedad tenemos muy asumido que la versión policial siempre es cierta". También desde los medios, apunta Rodríguez. "En relación a los grandes medios no ha cambiado mucho en este tiempo, sobre todo porque hay unas dinámicas y rutinas de producción que mantienen esta manera de hacer en que las fuentes oficiales acaban controlando gran parte de los contenidos de las secciones de sucesos, judicial o policial", asegura el periodista.
Rodríguez asegura que el día siguiente a la emisión de ‘Ciutat Morta’ en la televisión pública catalana tuvo "una extraña sensación". "Se ha convertido en un tópico en los últimos años que hoy la gente se informa a través de las redes, pero a pesar de que centenas de miles de personas habían sabido de la existencia de este caso, solo hubo una reacción cuando apareció en televisión, y me impresionó ver el impacto que todavía tiene la televisión en marcar la agenda de lo que es y de lo que no es importante", cuenta.
Mariana Huidobro cree poco en la justicia. "La legalidad ya hace tiempo que no existe como tal si uno no está corrupto, no tiene poder o no tiene dinero, y yo no soy nada de esto, y menos mal", asegura. El abogado de su hijo, sin embargo, no desiste. "Vamos a ir hasta donde haga falta para demostrar que estos chicos son inocentes", dice Boye. García Berrio confía en aprovechar toda la experiencia de estos diez años para crear estructuras que eviten que se repitan casos como este. Y Jesús Rodríguez tiene claro que el mejor antídoto para nuevos 4F es acabar con la pasividad ante la impunidad. "Los implicados en el caso 4F pasaron por centenares de personas que no actuaron ante los abusos judiciales o policiales", concluye.
Durante estos diez años han defendido su inocencia y hace un año el documental 'Ciutat Morta' mostraba en la televisión pública catalana la historia de un montaje judicial. Patricia Heras, que fue detenida en las urgencias del Hospital del Mar y que siempre negó haber estado en el lugar de los hechos, se suicidó tras seis meses en la cárcel de Wad-Ras. Rodrigo Lanza, uno de los condenados, no salió de la cárcel hasta el 28 de diciembre de 2012. "Después de 10 años, la gran conclusión que saco es que en este caso solo han habido víctimas", asegura Gonzalo Boye, abogado de Lanza.
"Los primeros ocho años fueron años de mucha lucha, pero muy silenciosa, y después de Ciutat Morta la cosa cambió bastante, porque el caso se dio a conocer y permitió cambiar la opinión pública, al menos generar dudas sobre la versión oficial y sobre como funcionan los poderes", asegura Mariana Huidobro, madre de Lanza. "A nivel jurídico no hemos conseguido nada, pero sí a nivel moral", apunta. En la misma línea, Boye apunta que "el gran progreso que ha habido en el caso es la divulgación del documental, porque la gente ha tomado consciencia de lo que familias, amigos y abogados venimos diciendo desde hace años".
Rodrigo Lanza vive hoy en Zaragoza, tratando de rehacer su vida fuera de Barcelona. Desde que salió de la cárcel, denuncia que sufre acoso por parte de la Guardia Urbana. "Siempre tiene problemas, como que lo para la policía para registrarlo o que no querían renovarle el NIE", cuenta su madre, que añade que el documental ha sido una experiencia dura a nivel emocional para todos los implicados.
Estructuras para fiscalizar
Jesús Rodríguez, periodista de La Directa y parte del equipo que hizo ‘Ciutat Morta’, lleva informando sobre el 4F desde 2006, cuando pocos se atrevían a salir de la versión oficial, y valora lo que se ha conseguido. "Ha cambiado la visión que se tiene de la denuncia de irregularidades o abusos por parte del poder judicial o la policía, y ahora hay una percepción más fiscalizadora, que se cuestiona más las cosas, tanto por parte de los periodistas como de la opinión pública", asegura, pero evita pecar de optimista. "No son cambios que se mantienen en el tiempo si no se crean estructuras que mantengan esta fiscalización", dice. Apunta a la creación el pasado octubre del centro de derechos humanos Irídia como una de estas estructuras que reclama, y añade que lo considera fruto del contexto creado por la emisión del documental.
Andrés García Berrio, uno de los impulsores de Iridia, asegura que el 4F "ha representado durante mucho tiempo un símbolo de la impunidad, pero a la vez ha sido símbolo de como, colectivamente y con imaginación, se puede romper esta impunidad o generar procesos de reparación social, como fue la emisión en TV3 de Ciutat Morta". "Hemos aprendido de lo bueno y lo malo que ha pasado alrededor del caso 4F en estos diez años, la resiliencia y las experiencias de resistencia nos han marcado a toda la gente que hemos empezado a trabajar en materia de derechos humanos durante estos años", reconoce.
Muchos 4F
Al otro lado, Huidobro cuenta como su experiencia la ha llevado a implicarse en la lucha contra la impunidad. "Como Mariana, estos 10 años han sido horribles, y más como madre", dice, pero también explica que contar su caso ha llevado mucha gente con experiencias similares a acercársele. "Se nos acerca la gente con cierta esperanza, y no podíamos generar expectativas, pero cuando unimos fuerzas hay algo positivo, se puede hacer una lucha práctica, concreta, para cambiar estas cosas", apunta Huidobro, que también se encuentra entre los impulsores de Irídia. "Hay mucha gente ahora presa injustamente, que está sufriendo esto, que está sufriendo el 4F, y no podemos seguir cerrando los ojos", dice.
"Hoy en día se producen casos 4F continuamente, pero la cuestión es si se tiene capacidad de sacarlos de la invisibilidad", remarca Jesús Rodríguez. "Hay víctimas de injusticias y abusos fuera de los movimientos sociales, en ámbitos de invisibilización o marginación, gente que tiene dificultades para acceder a medios de comunicación o a herramientas que permitan acceder a la denuncia, pasa con mucha más regularidad de la que creemos", denuncia.
García Berrio asegura que este "romper el silencio" de ‘Ciutat Morta’ ha servido para producir "pequeños cambios en los operadores jurídicos si llegan casos como estos". Sin embargo, asegura que "hace falta voluntad política para hacer cambios estructurales en el modelo de control de los cuerpos policiales". "Todavía son los cuerpos policiales los que se controlan a sí mismos e investigan si hay una investigación judicial, y este control debería ser efectivo a cualquier cuerpo funcionarial que tenga el monopolio de la fuerza", reivindica. El abogado defiende que debería depender directamente de Presidencia en el caso de los Mossos d'Esquadra y de Alcaldía en el caso de la Guardia Urbana y ser llevado a cabo por personas especializadas en derechos humanos.
Cuestionar la versión oficial
"Este caso abre los ojos a la sociedad sobre cosas que pasan más de una vez en el ámbito judicial, que es la comisión de errores", asegura Boye. El abogado lamenta que "como sociedad tenemos muy asumido que la versión policial siempre es cierta". También desde los medios, apunta Rodríguez. "En relación a los grandes medios no ha cambiado mucho en este tiempo, sobre todo porque hay unas dinámicas y rutinas de producción que mantienen esta manera de hacer en que las fuentes oficiales acaban controlando gran parte de los contenidos de las secciones de sucesos, judicial o policial", asegura el periodista.
Rodríguez asegura que el día siguiente a la emisión de ‘Ciutat Morta’ en la televisión pública catalana tuvo "una extraña sensación". "Se ha convertido en un tópico en los últimos años que hoy la gente se informa a través de las redes, pero a pesar de que centenas de miles de personas habían sabido de la existencia de este caso, solo hubo una reacción cuando apareció en televisión, y me impresionó ver el impacto que todavía tiene la televisión en marcar la agenda de lo que es y de lo que no es importante", cuenta.
Mariana Huidobro cree poco en la justicia. "La legalidad ya hace tiempo que no existe como tal si uno no está corrupto, no tiene poder o no tiene dinero, y yo no soy nada de esto, y menos mal", asegura. El abogado de su hijo, sin embargo, no desiste. "Vamos a ir hasta donde haga falta para demostrar que estos chicos son inocentes", dice Boye. García Berrio confía en aprovechar toda la experiencia de estos diez años para crear estructuras que eviten que se repitan casos como este. Y Jesús Rodríguez tiene claro que el mejor antídoto para nuevos 4F es acabar con la pasividad ante la impunidad. "Los implicados en el caso 4F pasaron por centenares de personas que no actuaron ante los abusos judiciales o policiales", concluye.
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