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| Imagen: El Diario / Dolores Delgado |
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, explica a eldiario_es los detalles de la petición que ha hecho a la Fiscalía para que investigue a algunas agencias de gestación subrogada que operan en España. "Es una investigación trasnacional. Lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos, determinados indicios que llevan a que algunas agencias podrían estar cometiendo actividades delictivas", señala. Es contundente con su oposición a esta práctica: "El negocio de la gestación subrogada de quien se lucra es del cuerpo de la mujer".
Marta Borraz | El Diario, 2019-08-12
https://www.eldiario.es/sociedad/Dolores-Delgado-contratos-suscribiendo-condiciones_0_930557503.html
El Ministerio de Justicia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la actividad que determinadas agencias de gestación subrogada que operan en España. Lo ha hecho en el marco de una investigación internacional que fundamentalmente está desarrollándose en Ucrania, uno de los destinos a los que acuden ciudadanos españoles para acceder a esta práctica, que no está permitida en nuestro país. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, no da nombres ni ofrece el número exacto de empresas intermediarias que se investigan, pero es contundente en su oposición a la gestación subrogada, a la que denomina "un negocio" que "se lucra del cuerpo de la mujer", explica a eldiario.es en una entrevista telefónica tras la decisión de su departamento.
¿Qué es exactamente lo que le ha pedido el Gobierno a la Fiscalía?
En primer lugar tenemos que decir que la gestación subrogada no está permitida en nuestro país. Es lo que hay y la legislación es clara. Los países de nuestro entorno tienen legislaciones muy parecidas a la nuestra, pero hay otros donde esta práctica no está prohibida. Es cierto que hay países con mayores garantías, Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, pero hay otros con situaciones muy complicadas especialmente para las mujeres más vulnerables, donde se puede estar dando una explotación de los vientres de las mujeres.
Lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos, determinados indicios que nos llevan a que algunas agencias de intermediación de vientres de alquiler podrían estar cometiendo actividades delictivas. Nosotros tenemos conocimiento de esto a través de la cooperación internacional. Son agencias que tienen relación con España y ya están siendo investigadas en otros países por actividades delictivas muy graves, como por ejemplo el tráfico de menores, la organización criminal o el blanqueo de capitales.
¿Es algo centrado únicamente en las agencias?
Sí. De hecho, para nada significa que se esté criminalizando a padres que van a otros países donde la práctica no está prohibida ni por supuesto a los menores. De hecho, nuestro objetivo es proteger sus derechos, que podrían estar siendo vulnerados en otros países.
¿Son agencias españolas?
Hay agencias españolas y alguna domiciliada en España. Y agencias que operan, por ejemplo, en Ucrania. Algunas están aquí afincadas.
¿Cuáles son?
No se lo puedo decir.
¿En qué países se ha iniciado ya la investigación?
Básicamente estamos hablando de Ucrania. Aunque las agencias operan en varios países. Pero yo creo que lo más destacable es que estas son actividades internacionales que no afectan solo a España. Son delitos que se cometen en distintos países. Esta investigación se hace de agencias que operan en diferentes países y es una investigación trasnacional, en la que la cooperación internacional es muy importante.
Más allá de esta investigación concreta, hay voces que piden intervenir, o al menos controlar, la actividad de todas estas empresas intermediarias... ¿No sería regularlas una forma de impedir que se den estas prácticas?
La existencia del negocio de la gestación subrogada al final a quien o de quien se lucra es del vientre y del cuerpo de una mujer. Se entiende como un objeto, un objeto que va a dar beneficio porque va a gestar a una criatura. Y al final el objeto es también la propia criatura. En este sentido, los contratos que se están suscribiendo son contratos con clausulas inhumanas, donde se establecen unas condiciones para las mujeres realmente inhumanas. No es algo que se corresponda con una sociedad del Siglo XXI. Debemos plantearnos esta cuestión desde los derechos humanos. Realmente donde se están desarrollando estos contratos de vientres de alquiler es en sitios en los que las mujeres tienen unas condiciones de mayor vulnerabilidad económica y de exclusión social.
Ni siquiera hay un registro oficial de este tipo de empresas en España...
No hay un registro oficial, no. En algunos casos ni siquiera cuando se inscriben lo hacen con el objeto social de dedicarse a la intermediación para la subrogación. No hay una transparencia.
Por eso, en ese sentido, ¿el Gobierno tiene algún margen?
La acción que se ha decidido ha sido poner este conjunto de indicios y esta información que se ha recibido por conductos internacionales en conocimiento de la Fiscalía para que a través de las diligencias de investigación determine si se han cometido hechos delictivos en España o si no, si podemos aportar prueba en otros procedimientos que ya están en funcionamiento. Esta es la acción que hemos desarrollado. Son agencias que operan fuera. De momento, esta investigación es lo que tenemos ahora.
El Gobierno ordenó hace unos meses dejar de inscribir automáticamente a los menores que nazcan por gestación subrogada en Ucrania. A partir de entonces, el progenitor que aporta la carga genética debe obtener una sentencia de filiación de un tribunal español y su cónyuge iniciar un proceso de coadopción. ¿Ha desincentivado este proceso a acudir a este país?
Ya no se trata de desincentivar o no. Se trata de que si se están cometiendo delitos, se investigue. Si se están cometiendo delitos a partir de traficar con el vientre de las mujeres, se tiene que investigar. Es nuestra responsabilidad y por ello le hemos dado traslado a la Fiscalía.
¿Qué es exactamente lo que le ha pedido el Gobierno a la Fiscalía?
En primer lugar tenemos que decir que la gestación subrogada no está permitida en nuestro país. Es lo que hay y la legislación es clara. Los países de nuestro entorno tienen legislaciones muy parecidas a la nuestra, pero hay otros donde esta práctica no está prohibida. Es cierto que hay países con mayores garantías, Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, pero hay otros con situaciones muy complicadas especialmente para las mujeres más vulnerables, donde se puede estar dando una explotación de los vientres de las mujeres.
Lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la Fiscalía determinados hechos, determinados indicios que nos llevan a que algunas agencias de intermediación de vientres de alquiler podrían estar cometiendo actividades delictivas. Nosotros tenemos conocimiento de esto a través de la cooperación internacional. Son agencias que tienen relación con España y ya están siendo investigadas en otros países por actividades delictivas muy graves, como por ejemplo el tráfico de menores, la organización criminal o el blanqueo de capitales.
¿Es algo centrado únicamente en las agencias?
Sí. De hecho, para nada significa que se esté criminalizando a padres que van a otros países donde la práctica no está prohibida ni por supuesto a los menores. De hecho, nuestro objetivo es proteger sus derechos, que podrían estar siendo vulnerados en otros países.
¿Son agencias españolas?
Hay agencias españolas y alguna domiciliada en España. Y agencias que operan, por ejemplo, en Ucrania. Algunas están aquí afincadas.
¿Cuáles son?
No se lo puedo decir.
¿En qué países se ha iniciado ya la investigación?
Básicamente estamos hablando de Ucrania. Aunque las agencias operan en varios países. Pero yo creo que lo más destacable es que estas son actividades internacionales que no afectan solo a España. Son delitos que se cometen en distintos países. Esta investigación se hace de agencias que operan en diferentes países y es una investigación trasnacional, en la que la cooperación internacional es muy importante.
Más allá de esta investigación concreta, hay voces que piden intervenir, o al menos controlar, la actividad de todas estas empresas intermediarias... ¿No sería regularlas una forma de impedir que se den estas prácticas?
La existencia del negocio de la gestación subrogada al final a quien o de quien se lucra es del vientre y del cuerpo de una mujer. Se entiende como un objeto, un objeto que va a dar beneficio porque va a gestar a una criatura. Y al final el objeto es también la propia criatura. En este sentido, los contratos que se están suscribiendo son contratos con clausulas inhumanas, donde se establecen unas condiciones para las mujeres realmente inhumanas. No es algo que se corresponda con una sociedad del Siglo XXI. Debemos plantearnos esta cuestión desde los derechos humanos. Realmente donde se están desarrollando estos contratos de vientres de alquiler es en sitios en los que las mujeres tienen unas condiciones de mayor vulnerabilidad económica y de exclusión social.
Ni siquiera hay un registro oficial de este tipo de empresas en España...
No hay un registro oficial, no. En algunos casos ni siquiera cuando se inscriben lo hacen con el objeto social de dedicarse a la intermediación para la subrogación. No hay una transparencia.
Por eso, en ese sentido, ¿el Gobierno tiene algún margen?
La acción que se ha decidido ha sido poner este conjunto de indicios y esta información que se ha recibido por conductos internacionales en conocimiento de la Fiscalía para que a través de las diligencias de investigación determine si se han cometido hechos delictivos en España o si no, si podemos aportar prueba en otros procedimientos que ya están en funcionamiento. Esta es la acción que hemos desarrollado. Son agencias que operan fuera. De momento, esta investigación es lo que tenemos ahora.
El Gobierno ordenó hace unos meses dejar de inscribir automáticamente a los menores que nazcan por gestación subrogada en Ucrania. A partir de entonces, el progenitor que aporta la carga genética debe obtener una sentencia de filiación de un tribunal español y su cónyuge iniciar un proceso de coadopción. ¿Ha desincentivado este proceso a acudir a este país?
Ya no se trata de desincentivar o no. Se trata de que si se están cometiendo delitos, se investigue. Si se están cometiendo delitos a partir de traficar con el vientre de las mujeres, se tiene que investigar. Es nuestra responsabilidad y por ello le hemos dado traslado a la Fiscalía.
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