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| Imagen: El País / Manuel Fraga y Angier Biddle Duke, embajador de EEUU en España, en Palomares |
Los historiadores se ven obligados a buscar en archivos extranjeros información histórica que sigue clasificada en España.
Marta Fernández | El País, 2018-03-18
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/16/actualidad/1521197683_328232.html
“Si hay que bañarse, se baña uno”, dijo el embajador norteamericano en España. “Te tomo la palabra, nos bañamos juntos”, contestó Fraga. Y tanto le tomó la palabra que hizo suya la idea y se convirtió en el protagonista del histórico chapuzón de Palomares. La escena ha quedado grabada como un icono: Fraga con el bañador Meyba, la sonrisa congelada de la alegre comitiva en las aguas heladas de marzo, las manos vivaces saludando a la selecta prensa convocada. Pero no hay en nuestro país ni un documento oficial sobre aquel episodio. Ni apenas datos disponibles sobre lo que sucedió en la costa de Almería cuando en invierno de 1966 la fuerza aérea estadounidense perdió cuatro bombas termonucleares. Los papeles o han desaparecido o están clasificados.
Lo sabe bien Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense, investigador histórico y periodista, que ha dedicado 15 años a estudiar el incidente de Palomares. Solo ha podido hacerlo gracias a la documentación de los archivos norteamericanos. En su casa tiene todavía tres cajas de papeles: información del Pentágono, del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia. Muchos, desclasificados gracias a sus peticiones. En España, se chocó contra un muro. O los documentos que solicitaba eran secretos, o habían desaparecido o era imposible localizarlos. Pero el profesor Moreno insistió. Recorrió distintos archivos, preguntó a unos y a otros y finalmente, en el Archivo General de la Administración dio con una caja.
El Archivo General de la Administración, el AGA como lo llaman los investigadores con el tono de familiaridad de quien ha pasado allí muchas horas, es un dédalo inabordable. El archivo más grande de España. El tercero del mundo. Un búnker de ocho plantas en Alcalá de Henares donde a lo largo de los años han ido llegando fondos de otros depósitos. 170 kilómetros de cajas y más cajas. “Cuando lo construyeron en los 70 nunca pensaron que se iba a llenar”, cuenta la directora del centro, Mercedes Martín Palomino. Aunque ahora está abarrotado, apenas hay 11 técnicos, superados, trabajando en los fondos. “Un tanto por ciento mínimo está digitalizado”, reconoce Martín Palomino.
En ese laberinto de legajos, Rafael Moreno Izquierdo dio finalmente con una pista. “Lo único que encontré”, recuerda, “fue una caja con la contabilidad del Proyecto Índalo, que es como llamaban a Palomares. Estaban los recibos de los pagos de las muestras, los que pasaban los investigadores cuando iban a comer, pero de lo demás... nada”. El profesor Moreno sabía que España había mandado desde el accidente hasta bien entrado el siglo XXI un detallado informe anual para justificar las reparaciones económicas de Washington. “Pero aquí no existen esos informes y si existen están desaparecidos. Y yo sin embargo los he encontrado en la documentación que Estados Unidos sí me ha enviado”.
El vía crucis de negativas que pasó Rafael Moreno Izquierdo para escribir su libro, “La Historia Secreta de las Bombas de Palomares”, es el mismo por el que sufren día a día los historiadores que quieren bucear en nuestros archivos. Uno de los casos más llamativos es el de la información del Ministerio de Defensa que Carme Chacón mandó estudiar para su desclasificación en el último mandato de Zapatero. Una comisión trabajó durante tres años y determinó en 2011 que había 10.000 documentos desde 1936 hasta 1968 que podían salir a la luz. “Era documentación anterior a la ley de Secretos Oficiales, producida en un contexto histórico muy diferente al actual, cuyo contenido por el transcurso del tiempo no parecía afectar a la seguridad del Estado”, comenta una de las personas que participó en el estudio y que siete años después prefiere no dar su nombre. Pero Carme Chacón nunca llevó el resultado al Consejo de Ministros. El PP ganó las elecciones y con Pedro Morenés en la cartera de Defensa la desclasificación quedó paralizada. Hasta hoy. El motivo que alega el Ministerio es el mismo desde entonces: no es una prioridad del ejército y no hay recursos para hacerlo –menos ahora con los presupuestos pendientes de aprobación. En 2012, Morenés fue más allá, llegó a afirmar que la desclasificación podía “perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país y dañar a terceros”.
Desde entonces un grupo de 300 historiadores reclama poder acceder a una información vital para su trabajo. Ángel Viñas, uno de esos investigadores, todavía se exalta cuando recuerda la respuesta del ministro: “Yo le pregunto a Morenés que si nos va a crear problemas con la Alemania nazi, con la Italia fascista o con la Francia de Vichy que ya han desclasificado esos papeles. Lo que pasa es que en los archivos hay serpientes venenosas. Hay esqueletos”, dice bajando un poco el tono.
¿Qué secretos se ocultan en esos archivos de defensa? Datos sobre operaciones del ejército alemán en territorio español durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sobre espías franceses y británicos. Relaciones detalladas sobre campos de prisioneros, nombres de los responsables y de los reclusos. Informes sobre la represión. Precisamente sobre la represión ha estudiado durante décadas Francisco Espinosa. “Con los 10.000 documentos de Defensa lo que se ve es una clara intención de que eso no salga a la luz, de que no se conozca la verdadera dimensión de lo que fue aquello. Yo investigué lo ocurrido en Badajoz, porque fue de las mayores matanzas de este país, y es una desesperación constante”. Cuenta Espinosa, como quien relata una historia policial, que en el archivo de Ávila encontró una carta del General Yagüe a Franco informando de la operación. “En un momento decía: en documento aparte te detallo el número de bajas nuestras, del enemigo, número de armas recogidas, de presos hechos. ¡Pues ese documento no está! Y es un informe que completo sería interesantísimo”. Espinosa llegó a interponer un recurso de alzada para solicitar la desclasificación del material de Defensa. No tuvo éxito.
El informe que lleva años buscando Espinosa puede estar clasificado como secreto o, sencillamente, puede estar sepultado en el océano de carpetas sin catalogar de los archivos españoles. Ese es el segundo problema con el que se encuentran los especialistas. La situación se agravó en 2013 cuando el Ministerio de Exteriores decidió desmantelar su fondo documental como medida de ahorro. Fue traumático. En apenas dos meses los historiadores se encontraron con las puertas cerradas, con sus trabajos a medio hacer y sin posibilidad de consultar hasta que todo fuera catalogado en los lugares de destino.
Carlos Sanz, profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Complutense, fue uno de los profesionales que se vio sorprendido por el cierre de Exteriores. “Una vez que se terminó el periodo de traslado la situación que se ha creado es que no está accesible con carácter general”, dice, “no se puede consultar en condiciones de normalidad”. Y no se puede consultar porque los fondos de Exteriores desde 1931 hasta los años 80 fueron a parar al ya atestado Archivo General de la Administración. La directora del AGA explica que de repente se vieron con 60.000 legajos que tenían que catalogar de nuevo: “El traslado de fondos lo hicieron tal y como estaba allí en el archivo central, cuando se exige que haya una preparación para hacer las trasferencias de un fondo a otro. Y nos llegó todo junto con un fichero temático que es una locura”.
Pero el problema no es solo práctico. A las dificultades técnicas se suma otra clasificación masiva de documentos que en este caso acometió el gobierno de Zapatero con Miguel Ángel Moratinos al frente de Exteriores. Fue en el año 2010 en un acuerdo secreto del Consejo de Ministros que ni siquiera apareció publicado en el BOE. Habían salido a la luz los vuelos de la CIA y desde aquel verano Wikileaks escupía información reservada de la guerra de Afganistán. “Aquella clasificación de 2010 fue masiva, de brocha gorda, a lo bestia”, se queja Carlos Sanz, “se clasificaba un catálogo de 14 materias. Mirándolo bien solo quedaba fuera la política cultural. Pero todo lo que tenía que ver con economía –en su sentido más amplio-, política y relaciones internacionales, clasificado”. La decisión tomada por Moratinos se ocultó con tal celo, que Carlos Sanz recuerda que en los propios archivos muchos profesionales no se enteraron hasta mucho tiempo después. Cuando le empezaron a denegar el acceso a cosas que había investigado normalmente hasta entonces, pidió explicaciones y 19 meses después del cerrojazo informativo recibió una carta en la que le especificaban las materias clasificadas.
“Resulta ridículo que el argumento sea la seguridad nacional, porque otros países sí abren sus archivos y no son menos seguros. Y nos enteramos por archivos de esos países de cosas que pasaban en España. Además, es un punto humillante”. Así que cuando a Carlos Sanz le vetaron el acceso a la información sobre su campo de estudio, las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982, tuvo que irse a Alemania. “Aquí la petición me fue denegada porque estaba cubierta por ese acuerdo del año 2010 y por la Ley de Secretos Oficiales. Mientras que allí he podido ver toda la documentación hasta el año 86”. Y pone un ejemplo de información que ha consultado que aquí es totalmente inaccesible. “Hubo un caso polémico que pude comprobar, cuando el embajador alemán comunica una conversación que había tenido con el Rey después del 23F y decía que el Rey le había dicho que al fin y al cabo lo que los golpistas no querían otra cosa que más o menos lo que querían todos y que esperaba que los jueces fueran benévolos… y ese despacho está en Alemania. Es un ejemplo muy llamativo de hasta qué nivel de cosas se pueden ver”. Para Sanz es una falta de voluntad política: “Aquí hay un terror cerval por parte de las autoridades, del gobierno, a abrir los archivos. Las desclasificaciones de documentos de exteriores han venido por vía judicial”. Se refiere Sanz a las listas de colaboradores del nazismo que un investigador alemán consiguió en España gracias a los tribunales o a la resolución de la Audiencia Nacional para que se entregara documentación de Exteriores a las Asociaciones de Víctimas de la Dictadura Argentina. Pero los historiadores españoles, se queja Sanz, no tienen ni el dinero ni el tiempo para litigar por cada documento que reclaman.
Tendrán que seguir buscando en otros países para contarnos qué pasaba en España. Aquí, no podrán consultar los informes sobre el Meyba de Fraga o sobre el incipiente programa nuclear de Franco, ni sobre la represión, los espías extranjeros en la Segunda Guerra Mundial o la Transición. Por obra y gracia del secreto y de la falta de medios, las estanterías de los archivos españoles están, de momento, blindadas.
El único informe de la muerte de Lorca
En el año 2009 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tuvo noticia de una información que muchos investigadores llevaban tiempo buscando: un documento oficial sobre la muerte de Federico García Lorca. Apenas dos hojas con una grapa que habían permanecido guardadas en los Archivos Generales del Ministerio del Interior. Había sido redactado muchos años después del asesinato del poeta, en 1965 a petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, pero su valor era evidente: hasta entonces no había aparecido ningún dato oficial sobre lo que sucedió aquella noche de julio en Granada.
Cuenta el presidente de la Asociación, el sociólogo Emilio Silva, que quien se lo dio le pidió mantener el secreto hasta que pudiera revelarlo. Pasaron siete años. Y en 2011 Silva fue por fin al Ministerio del Interior para consultarlo. Tenía la clave que lo hacía posible: la signatura con la que estaba archivado. Si lo hubiera solicitado genéricamente, sin ese dato, jamás habría tenido acceso. “Allí me preguntaron que por dónde lo había conocido y yo le dije que un investigador me había dicho que viniera a recogerlo y que quería una copia”. En aquellos papeles, Silva leyó que Lorca había sido fusilado en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco”. Inmediatamente Silva se preguntó qué otros secretos guardaban las tripas del archivo del Ministerio de Interior.
Hay una documentación que lleva años persiguiendo y de la que no ha conseguido ni una pista: los informes sobre enterramientos que en los años 50 los gobernadores civiles pidieron a los alcaldes de toda España para la operación Valle de los Caídos. “Hubo un censo de todas las fosas que mandaron los ayuntamientos”, reclama Emilio Silva, “y para nosotros esa información sería muy importante”.
Lo sabe bien Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense, investigador histórico y periodista, que ha dedicado 15 años a estudiar el incidente de Palomares. Solo ha podido hacerlo gracias a la documentación de los archivos norteamericanos. En su casa tiene todavía tres cajas de papeles: información del Pentágono, del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia. Muchos, desclasificados gracias a sus peticiones. En España, se chocó contra un muro. O los documentos que solicitaba eran secretos, o habían desaparecido o era imposible localizarlos. Pero el profesor Moreno insistió. Recorrió distintos archivos, preguntó a unos y a otros y finalmente, en el Archivo General de la Administración dio con una caja.
El Archivo General de la Administración, el AGA como lo llaman los investigadores con el tono de familiaridad de quien ha pasado allí muchas horas, es un dédalo inabordable. El archivo más grande de España. El tercero del mundo. Un búnker de ocho plantas en Alcalá de Henares donde a lo largo de los años han ido llegando fondos de otros depósitos. 170 kilómetros de cajas y más cajas. “Cuando lo construyeron en los 70 nunca pensaron que se iba a llenar”, cuenta la directora del centro, Mercedes Martín Palomino. Aunque ahora está abarrotado, apenas hay 11 técnicos, superados, trabajando en los fondos. “Un tanto por ciento mínimo está digitalizado”, reconoce Martín Palomino.
En ese laberinto de legajos, Rafael Moreno Izquierdo dio finalmente con una pista. “Lo único que encontré”, recuerda, “fue una caja con la contabilidad del Proyecto Índalo, que es como llamaban a Palomares. Estaban los recibos de los pagos de las muestras, los que pasaban los investigadores cuando iban a comer, pero de lo demás... nada”. El profesor Moreno sabía que España había mandado desde el accidente hasta bien entrado el siglo XXI un detallado informe anual para justificar las reparaciones económicas de Washington. “Pero aquí no existen esos informes y si existen están desaparecidos. Y yo sin embargo los he encontrado en la documentación que Estados Unidos sí me ha enviado”.
El vía crucis de negativas que pasó Rafael Moreno Izquierdo para escribir su libro, “La Historia Secreta de las Bombas de Palomares”, es el mismo por el que sufren día a día los historiadores que quieren bucear en nuestros archivos. Uno de los casos más llamativos es el de la información del Ministerio de Defensa que Carme Chacón mandó estudiar para su desclasificación en el último mandato de Zapatero. Una comisión trabajó durante tres años y determinó en 2011 que había 10.000 documentos desde 1936 hasta 1968 que podían salir a la luz. “Era documentación anterior a la ley de Secretos Oficiales, producida en un contexto histórico muy diferente al actual, cuyo contenido por el transcurso del tiempo no parecía afectar a la seguridad del Estado”, comenta una de las personas que participó en el estudio y que siete años después prefiere no dar su nombre. Pero Carme Chacón nunca llevó el resultado al Consejo de Ministros. El PP ganó las elecciones y con Pedro Morenés en la cartera de Defensa la desclasificación quedó paralizada. Hasta hoy. El motivo que alega el Ministerio es el mismo desde entonces: no es una prioridad del ejército y no hay recursos para hacerlo –menos ahora con los presupuestos pendientes de aprobación. En 2012, Morenés fue más allá, llegó a afirmar que la desclasificación podía “perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país y dañar a terceros”.
Desde entonces un grupo de 300 historiadores reclama poder acceder a una información vital para su trabajo. Ángel Viñas, uno de esos investigadores, todavía se exalta cuando recuerda la respuesta del ministro: “Yo le pregunto a Morenés que si nos va a crear problemas con la Alemania nazi, con la Italia fascista o con la Francia de Vichy que ya han desclasificado esos papeles. Lo que pasa es que en los archivos hay serpientes venenosas. Hay esqueletos”, dice bajando un poco el tono.
¿Qué secretos se ocultan en esos archivos de defensa? Datos sobre operaciones del ejército alemán en territorio español durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sobre espías franceses y británicos. Relaciones detalladas sobre campos de prisioneros, nombres de los responsables y de los reclusos. Informes sobre la represión. Precisamente sobre la represión ha estudiado durante décadas Francisco Espinosa. “Con los 10.000 documentos de Defensa lo que se ve es una clara intención de que eso no salga a la luz, de que no se conozca la verdadera dimensión de lo que fue aquello. Yo investigué lo ocurrido en Badajoz, porque fue de las mayores matanzas de este país, y es una desesperación constante”. Cuenta Espinosa, como quien relata una historia policial, que en el archivo de Ávila encontró una carta del General Yagüe a Franco informando de la operación. “En un momento decía: en documento aparte te detallo el número de bajas nuestras, del enemigo, número de armas recogidas, de presos hechos. ¡Pues ese documento no está! Y es un informe que completo sería interesantísimo”. Espinosa llegó a interponer un recurso de alzada para solicitar la desclasificación del material de Defensa. No tuvo éxito.
El informe que lleva años buscando Espinosa puede estar clasificado como secreto o, sencillamente, puede estar sepultado en el océano de carpetas sin catalogar de los archivos españoles. Ese es el segundo problema con el que se encuentran los especialistas. La situación se agravó en 2013 cuando el Ministerio de Exteriores decidió desmantelar su fondo documental como medida de ahorro. Fue traumático. En apenas dos meses los historiadores se encontraron con las puertas cerradas, con sus trabajos a medio hacer y sin posibilidad de consultar hasta que todo fuera catalogado en los lugares de destino.
Carlos Sanz, profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Complutense, fue uno de los profesionales que se vio sorprendido por el cierre de Exteriores. “Una vez que se terminó el periodo de traslado la situación que se ha creado es que no está accesible con carácter general”, dice, “no se puede consultar en condiciones de normalidad”. Y no se puede consultar porque los fondos de Exteriores desde 1931 hasta los años 80 fueron a parar al ya atestado Archivo General de la Administración. La directora del AGA explica que de repente se vieron con 60.000 legajos que tenían que catalogar de nuevo: “El traslado de fondos lo hicieron tal y como estaba allí en el archivo central, cuando se exige que haya una preparación para hacer las trasferencias de un fondo a otro. Y nos llegó todo junto con un fichero temático que es una locura”.
Pero el problema no es solo práctico. A las dificultades técnicas se suma otra clasificación masiva de documentos que en este caso acometió el gobierno de Zapatero con Miguel Ángel Moratinos al frente de Exteriores. Fue en el año 2010 en un acuerdo secreto del Consejo de Ministros que ni siquiera apareció publicado en el BOE. Habían salido a la luz los vuelos de la CIA y desde aquel verano Wikileaks escupía información reservada de la guerra de Afganistán. “Aquella clasificación de 2010 fue masiva, de brocha gorda, a lo bestia”, se queja Carlos Sanz, “se clasificaba un catálogo de 14 materias. Mirándolo bien solo quedaba fuera la política cultural. Pero todo lo que tenía que ver con economía –en su sentido más amplio-, política y relaciones internacionales, clasificado”. La decisión tomada por Moratinos se ocultó con tal celo, que Carlos Sanz recuerda que en los propios archivos muchos profesionales no se enteraron hasta mucho tiempo después. Cuando le empezaron a denegar el acceso a cosas que había investigado normalmente hasta entonces, pidió explicaciones y 19 meses después del cerrojazo informativo recibió una carta en la que le especificaban las materias clasificadas.
“Resulta ridículo que el argumento sea la seguridad nacional, porque otros países sí abren sus archivos y no son menos seguros. Y nos enteramos por archivos de esos países de cosas que pasaban en España. Además, es un punto humillante”. Así que cuando a Carlos Sanz le vetaron el acceso a la información sobre su campo de estudio, las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982, tuvo que irse a Alemania. “Aquí la petición me fue denegada porque estaba cubierta por ese acuerdo del año 2010 y por la Ley de Secretos Oficiales. Mientras que allí he podido ver toda la documentación hasta el año 86”. Y pone un ejemplo de información que ha consultado que aquí es totalmente inaccesible. “Hubo un caso polémico que pude comprobar, cuando el embajador alemán comunica una conversación que había tenido con el Rey después del 23F y decía que el Rey le había dicho que al fin y al cabo lo que los golpistas no querían otra cosa que más o menos lo que querían todos y que esperaba que los jueces fueran benévolos… y ese despacho está en Alemania. Es un ejemplo muy llamativo de hasta qué nivel de cosas se pueden ver”. Para Sanz es una falta de voluntad política: “Aquí hay un terror cerval por parte de las autoridades, del gobierno, a abrir los archivos. Las desclasificaciones de documentos de exteriores han venido por vía judicial”. Se refiere Sanz a las listas de colaboradores del nazismo que un investigador alemán consiguió en España gracias a los tribunales o a la resolución de la Audiencia Nacional para que se entregara documentación de Exteriores a las Asociaciones de Víctimas de la Dictadura Argentina. Pero los historiadores españoles, se queja Sanz, no tienen ni el dinero ni el tiempo para litigar por cada documento que reclaman.
Tendrán que seguir buscando en otros países para contarnos qué pasaba en España. Aquí, no podrán consultar los informes sobre el Meyba de Fraga o sobre el incipiente programa nuclear de Franco, ni sobre la represión, los espías extranjeros en la Segunda Guerra Mundial o la Transición. Por obra y gracia del secreto y de la falta de medios, las estanterías de los archivos españoles están, de momento, blindadas.
El único informe de la muerte de Lorca
En el año 2009 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tuvo noticia de una información que muchos investigadores llevaban tiempo buscando: un documento oficial sobre la muerte de Federico García Lorca. Apenas dos hojas con una grapa que habían permanecido guardadas en los Archivos Generales del Ministerio del Interior. Había sido redactado muchos años después del asesinato del poeta, en 1965 a petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, pero su valor era evidente: hasta entonces no había aparecido ningún dato oficial sobre lo que sucedió aquella noche de julio en Granada.
Cuenta el presidente de la Asociación, el sociólogo Emilio Silva, que quien se lo dio le pidió mantener el secreto hasta que pudiera revelarlo. Pasaron siete años. Y en 2011 Silva fue por fin al Ministerio del Interior para consultarlo. Tenía la clave que lo hacía posible: la signatura con la que estaba archivado. Si lo hubiera solicitado genéricamente, sin ese dato, jamás habría tenido acceso. “Allí me preguntaron que por dónde lo había conocido y yo le dije que un investigador me había dicho que viniera a recogerlo y que quería una copia”. En aquellos papeles, Silva leyó que Lorca había sido fusilado en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco”. Inmediatamente Silva se preguntó qué otros secretos guardaban las tripas del archivo del Ministerio de Interior.
Hay una documentación que lleva años persiguiendo y de la que no ha conseguido ni una pista: los informes sobre enterramientos que en los años 50 los gobernadores civiles pidieron a los alcaldes de toda España para la operación Valle de los Caídos. “Hubo un censo de todas las fosas que mandaron los ayuntamientos”, reclama Emilio Silva, “y para nosotros esa información sería muy importante”.
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