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| Imagen: Diario16 / Manifestación por la Liberación Homosexual en Barcelona, 1977-06-26 |
El 26 de diciembre de 1978 se eliminó los artículos de la ley de peligrosidad social, que suponían encarcelamiento y el posterior destierro al movimiento LGTBI.
Agustín Millán | Diario16, 2018-12-26
http://diario16.com/se-cumplen-40-anos-sin-delito-homosexualidad/
Se cumplen cuarenta años de la España, que encarcelaba a las persona que fuera sorprendidas intentando establecer un contacto homosexual. La ley de peligrosidad social que reprimió sistemáticamente al colectivo LGTBI, suponía duros años de encarcelamiento y el posterior destierro. El 26 de diciembre de 1978 se reformó, ya con la Constitución aprobada, y desapareció de su articulado el delito de homosexualidad.
La ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, era una ley que se encontraba dentro del ordenamiento penal español. Fue aprobada por el régimen franquista el 5 de agosto de 1970. Sustituía principalmente a la Ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados antisociales.
Esta ley junto a la de «escándalo público» fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última parte de la dictadura franquista. Tras la muerte de Franco, la amnistía de 1976 no incluyó a ninguno de los considerados “peligrosos sociales”.
La lucha de los colectivos homosexuales se centró entonces en conseguir la modificación de la ley sobre el escándalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo su derogación en 1989. La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.
Fue un martes 26 de diciembre de 1978, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la ilegalidad de la homosexualidad en España. En el debate parlamentario reformada con el apoyo de 286 diputados y seis abstenciones.
“Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, los que realicen actos de homosexualidad”. Así se podía leer en 1970, en el articulado de la ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Pretendía “corregir los defectos observados en el sistema”, entre ellos “el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social”. Así se expresaba la ‘viril’ dictadura franquista.
La norma pretendía sustituir a la ley de Vagos y Maleantes impulsada por consenso durante la II República (pero solo para “el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas”) y que el 15 de julio de 1954, se modificó para perseguir y castigar “cualquier práctica homosexual y que fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última etapa de la dictadura franquista. Se establecía penas que iban desde multas o penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su “rehabilitación”.
Los denominados “peligrosos” eran tratados en la ley como “enfermos a quienes no se debe perdonar, sino curar”. Esto hizo que las personas homosexuales no sólo fueran perseguidas y reprimidas, sino que también fueron encarceladas como “método de prevención del contagio”.
Los homosexuales y no digamos ya las lesbianas o los transexuales, no sólo eran sometidos al escarnio social en centros psiquiátricos o prisiones, sino que “no podían reintegrarse en la sociedad hasta que no se hubiera evaluado su curación”, y con ello no podían beneficiarse de indultos, amnistías, redención de penas o libertad condicional.
La dictadura Franquista española catalogaba a las personas condenadas en “invertidos sexuales” genuinos congénitos (o de nacimiento ) o en ocasionales (o viciosos). En los centros penitenciarios de Badajoz o Huelva donde eran recluidos, se pretendía “reconducir la orientación sexual de los presos mediante lo que se denominó terapia de aversión: en la que tras estímulos homosexuales se daban descargas eléctricas, que cesaban cuando había estímulos heterosexuales”.
Este marco legal que permitió durante décadas en España, marginar, discriminar, ofender, acobardar, perseguir, desterrar, torturar, condenar y encarcelar a los homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales.
El pleno del 26 de diciembre de 1978, donde se eliminó la homosexualidad como delito, aunque la ley no fue derogada completamente hasta el 23 de noviembre de 1995, fue breve porque los diputados retiraron las enmiendas a la ley después de que el Gobierno de Suárez confirmase que iba a eliminar los artículos más polémicos. En el debate no se hizo ninguna alusión a la homosexualidad.
Veintitrés años después de aquel martes de diciembre, en junio de 2005, el Congreso de los Diputados hacía posible la aprobación de la Ley 13/2005, que convirtió a España en el tercer país del mundo en dar luz verde al matrimonio homosexual, después de Holanda y Bélgica.
Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979) revelan la existencia de más de 58.000 expedientes y más de 21.000 sentencias condenatorias para todo el conjunto de tipos de peligrosos sociales. Si se extrapolan a la totalidad los datos disponibles de los Juzgados de Peligrosidad de Madrid entre 1974 y 1975, donde alrededor de un 6 por ciento de los expedientes fueron por homosexualidad y un 5 por ciento se resolvieron con condenas, estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979, y unos 1.000 condenados en este mismo periodo sin garantías y sin delito.
La ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, era una ley que se encontraba dentro del ordenamiento penal español. Fue aprobada por el régimen franquista el 5 de agosto de 1970. Sustituía principalmente a la Ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados antisociales.
Esta ley junto a la de «escándalo público» fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última parte de la dictadura franquista. Tras la muerte de Franco, la amnistía de 1976 no incluyó a ninguno de los considerados “peligrosos sociales”.
La lucha de los colectivos homosexuales se centró entonces en conseguir la modificación de la ley sobre el escándalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo su derogación en 1989. La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.
Fue un martes 26 de diciembre de 1978, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la ilegalidad de la homosexualidad en España. En el debate parlamentario reformada con el apoyo de 286 diputados y seis abstenciones.
“Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, los que realicen actos de homosexualidad”. Así se podía leer en 1970, en el articulado de la ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Pretendía “corregir los defectos observados en el sistema”, entre ellos “el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social”. Así se expresaba la ‘viril’ dictadura franquista.
La norma pretendía sustituir a la ley de Vagos y Maleantes impulsada por consenso durante la II República (pero solo para “el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas”) y que el 15 de julio de 1954, se modificó para perseguir y castigar “cualquier práctica homosexual y que fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última etapa de la dictadura franquista. Se establecía penas que iban desde multas o penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su “rehabilitación”.
Los denominados “peligrosos” eran tratados en la ley como “enfermos a quienes no se debe perdonar, sino curar”. Esto hizo que las personas homosexuales no sólo fueran perseguidas y reprimidas, sino que también fueron encarceladas como “método de prevención del contagio”.
Los homosexuales y no digamos ya las lesbianas o los transexuales, no sólo eran sometidos al escarnio social en centros psiquiátricos o prisiones, sino que “no podían reintegrarse en la sociedad hasta que no se hubiera evaluado su curación”, y con ello no podían beneficiarse de indultos, amnistías, redención de penas o libertad condicional.
La dictadura Franquista española catalogaba a las personas condenadas en “invertidos sexuales” genuinos congénitos (o de nacimiento ) o en ocasionales (o viciosos). En los centros penitenciarios de Badajoz o Huelva donde eran recluidos, se pretendía “reconducir la orientación sexual de los presos mediante lo que se denominó terapia de aversión: en la que tras estímulos homosexuales se daban descargas eléctricas, que cesaban cuando había estímulos heterosexuales”.
Este marco legal que permitió durante décadas en España, marginar, discriminar, ofender, acobardar, perseguir, desterrar, torturar, condenar y encarcelar a los homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales.
El pleno del 26 de diciembre de 1978, donde se eliminó la homosexualidad como delito, aunque la ley no fue derogada completamente hasta el 23 de noviembre de 1995, fue breve porque los diputados retiraron las enmiendas a la ley después de que el Gobierno de Suárez confirmase que iba a eliminar los artículos más polémicos. En el debate no se hizo ninguna alusión a la homosexualidad.
Veintitrés años después de aquel martes de diciembre, en junio de 2005, el Congreso de los Diputados hacía posible la aprobación de la Ley 13/2005, que convirtió a España en el tercer país del mundo en dar luz verde al matrimonio homosexual, después de Holanda y Bélgica.
Las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Supremo (1970-1979) revelan la existencia de más de 58.000 expedientes y más de 21.000 sentencias condenatorias para todo el conjunto de tipos de peligrosos sociales. Si se extrapolan a la totalidad los datos disponibles de los Juzgados de Peligrosidad de Madrid entre 1974 y 1975, donde alrededor de un 6 por ciento de los expedientes fueron por homosexualidad y un 5 por ciento se resolvieron con condenas, estaríamos hablando de unos 3.600 expedientes por homosexualidad entre 1970 y 1979, y unos 1.000 condenados en este mismo periodo sin garantías y sin delito.
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