Imagen: El Diario |
Las siete rectoras han celebrado en Castellón una cumbre para romper el techo de cristal en la universidad y ahondar en la necesidad de incorporar medidas de discriminación positiva en los planes propios de investigación.
Laura Martínez | El Diario, 2018-11-27
https://www.eldiario.es/cv/Cumbre-rectoras_0_840266302.html
Las siete rectoras de universidades públicas españolas se reunieron el lunes en Castellón en una cumbre para trabajar contra los techos de cristal en la enseñanza. Solo son siete las dirigentes, entre cincuenta universidades públicas, de las cuales muchas -como la Universitat de València o la Jaume I de Castellón- no habían estado hasta este año dirigidas por una mujer.
La brecha de género en las universidades públicas comienza con el salto en la docencia. Las mujeres son el 54% del alumnado, el 40% del profesorado, pero solo llegan a catedráticas un 20%, condición indispensable para ser rectora. La ley de igualdad de 2007 exigía la paridad en los equipos de gobierno -vicerrectores y gerentes- lo que ha dado alas a estas profesionales para poder crecer.
A la anfitriona de la cumbre, Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, se sumaron Mavi Mestre, de la Universitat de València (UV); Pilar Aranda, de la Universidad de Granada; Margarita Arboix, de la Autònoma de Barcelona; Nekane Balluerka, de la Universidad del País Vasco; María José Figueras, de la Rovira i Virgili, y Antonia Peña, de la Universidad de Huelva, en un encuentro en el que hacer autocrítica y sacar una serie de propuestas.
Para romper el techo de cristal, todas han defendido en sus conclusiones la creación de un área de conocimiento de estudios de género y la implantación de un grado específico, a la vez que, en las etapas previas, hacer un esfuerzo por llegar al alumnado "para acabar con los estereotipos y conseguir incorporar a hombres en grados feminizados y a mujeres en grados masculinizados".
Algunas universidades como la Jaume I, la Universitat de València o la Complutense de Madrid ofrecen másters o posgrados sobre políticas de género e igualdad, mientras que la Autónoma de Barcelona y la Rey Juan Carlos de Madrid sí ofertan estudios específicos en esta materia. No obstante, no es una realidad en la mayor parte de instituciones académicas y la pretensión de las rectoras es que sea, además de común, una herramienta transversal.
En el ámbito de la investigación, las catedráticas consideran que deberían aplicarse mecanismos de discriminación positiva para visibilizar el trabajo de las investigadoras, aunque no han concretado cuales. Desde la Jaume I explican que ahora las universidades se pondrán a trabajar y desarrollar estos aspectos. En el mismo espacio, defienden que la carrera investigadora contemple periodos de maternidad y cuidado de dependientes, y que se haga un esfuerzo por visibilizar a las mujeres investigadoras, bien citando los nombres al completo -no solo las iniciales- bien mediante más reconocimientos académicos.
En las conclusiones de la primera cumbre de rectoras, las dirigentes insisten en que las universidades elaboren presupuestos con perspectiva de género y en aumentar la dotación económica para políticas de género y unidades de igualdad. Reclaman que se potencie y normalice el uso de lenguaje no sexista e inclusivo; se trabaje para que haya equilibrio y paridad en todas las composiciones organizativas de la universidad; se fomente la realización de programas de formación en liderazgo entre las mujeres y que haya una política de tolerancia cero frente a violencias machistas.
La brecha de género en las universidades públicas comienza con el salto en la docencia. Las mujeres son el 54% del alumnado, el 40% del profesorado, pero solo llegan a catedráticas un 20%, condición indispensable para ser rectora. La ley de igualdad de 2007 exigía la paridad en los equipos de gobierno -vicerrectores y gerentes- lo que ha dado alas a estas profesionales para poder crecer.
A la anfitriona de la cumbre, Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, se sumaron Mavi Mestre, de la Universitat de València (UV); Pilar Aranda, de la Universidad de Granada; Margarita Arboix, de la Autònoma de Barcelona; Nekane Balluerka, de la Universidad del País Vasco; María José Figueras, de la Rovira i Virgili, y Antonia Peña, de la Universidad de Huelva, en un encuentro en el que hacer autocrítica y sacar una serie de propuestas.
Para romper el techo de cristal, todas han defendido en sus conclusiones la creación de un área de conocimiento de estudios de género y la implantación de un grado específico, a la vez que, en las etapas previas, hacer un esfuerzo por llegar al alumnado "para acabar con los estereotipos y conseguir incorporar a hombres en grados feminizados y a mujeres en grados masculinizados".
Algunas universidades como la Jaume I, la Universitat de València o la Complutense de Madrid ofrecen másters o posgrados sobre políticas de género e igualdad, mientras que la Autónoma de Barcelona y la Rey Juan Carlos de Madrid sí ofertan estudios específicos en esta materia. No obstante, no es una realidad en la mayor parte de instituciones académicas y la pretensión de las rectoras es que sea, además de común, una herramienta transversal.
En el ámbito de la investigación, las catedráticas consideran que deberían aplicarse mecanismos de discriminación positiva para visibilizar el trabajo de las investigadoras, aunque no han concretado cuales. Desde la Jaume I explican que ahora las universidades se pondrán a trabajar y desarrollar estos aspectos. En el mismo espacio, defienden que la carrera investigadora contemple periodos de maternidad y cuidado de dependientes, y que se haga un esfuerzo por visibilizar a las mujeres investigadoras, bien citando los nombres al completo -no solo las iniciales- bien mediante más reconocimientos académicos.
En las conclusiones de la primera cumbre de rectoras, las dirigentes insisten en que las universidades elaboren presupuestos con perspectiva de género y en aumentar la dotación económica para políticas de género y unidades de igualdad. Reclaman que se potencie y normalice el uso de lenguaje no sexista e inclusivo; se trabaje para que haya equilibrio y paridad en todas las composiciones organizativas de la universidad; se fomente la realización de programas de formación en liderazgo entre las mujeres y que haya una política de tolerancia cero frente a violencias machistas.
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