lunes, 26 de noviembre de 2018

#hemeroteca #transfobia | Varias personas denuncian trato tránsfobo en el Registro de la Ciutat de la Justícia de València

Imagen: El Salto / Adnaloi y Pau
Varias personas denuncian trato tránsfobo en el Registro de la Ciutat de la Justícia de València.
Pau, Adnaloi y Adela denuncian haber sido víctimas de trato patologizador y tránsfobo en un registro de Valencia, donde una magistrada les pide un diagnóstico de disforia de género pese a la instrucción del BOE que establece que no es necesario este documento.
Patricia Reguero | El Salto, 2018-11-26
https://www.elsaltodiario.com/transexualidad/personas-denuncian-trato-transfobo-registro-de-la-ciutat-de-la-justicia-de-valencia-instruccion-boe

“Nos preguntó si nos estábamos hormonando, que cuánto tiempo llevábamos haciéndolo, que si pensábamos continuar; también hizo preguntas sobre operaciones quirúrgicas, todo en un tono de superioridad”, cuentan Pau y Adnaloi sobre su paso por el Registro de la Ciutat de la Justícia de València el pasado 21 de noviembre.

Pese a que el 24 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicó una instrucción por la que da orden a los registros para que las personas trans puedan cambiar su nombre sin presentar un diagnóstico de disforia de género, como establecía hasta ahora la Ley de Identidad de Género de 2007, al menos tres personas denuncian haber tenido que enfrentar preguntas sobre su intimidad y la existencia o no de tratamiento médico y trato tránsfobo.

La instrucción establece en concreto que la solicitud de cambio de nombre será atendida cuando “el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos del art. 4 de la Ley 3/2007”. La misma instrucción permite el cambio del nombre en el registro de las personas menores de edad.

Audiencia tránsfoba
Adnaloi y Pau habían acudido al registro el 8 de noviembre con los documentos que exige esta instrucción —DNI y acta literal de nacimiento y certificado de empadronamiento— para cambiar su nombre de nacimiento por su nombre sentido, con el que se identifican actualmente. “Allí, una empleada del Registro nos pide, además de esta documentación, el diagnóstico de disforia de género”, explican. Adnaloi lo lleva encima y lo presenta, “a pesar de no ser necesario con la ley en la mano”, insisten. Pau, pese a tener este documento en casa, había decidido no llevarlo. “La empleada del Registro rellena los formularios necesarios y nos los hace firmar, constando así por escrito que Adnaloi quiere llamarse Adnaloi porque se siente mujer y Pau quiere llamarse Pau porque se siente hombre, ya que es esto lo único que demanda la citada instrucción”, justifican.

El día 16 de noviembre ambos son citados para una Audiencia el día 21 de noviembre. “Ilusionades y bastante nervioses, acudimos a la Ciutat de la Justícia”, explican. Además, aseguran que incluso deciden acentuar su “versión más binaria” para presentarse ante la jueza. Pese a ello, lo que se encuentran es una serie de “preguntas con las que quiere patologizarnos y que son de corte claramente tránsfobo”, lamentan.

“Las preguntas de la Magistrada en ningún momento se ciñeron al carácter de la instrucción, sino que nos interrogó con preguntas médicas del todo patologizantes del hecho trans”, coinciden. “A les dos nos solicitó el informe que acreditase la disforia de género, que hasta 2017 se consideraba un trastorno de la personalidad y del comportamiento y actualmente se considera una condición relativa a la salud sexual: un diagnóstico que nos trata a las personas trans como enfermas mentales solamente por el hecho de ser trans”, dicen a ‘El Salto’.

“En mi caso, las tres personas que estaban presentes en mi audiencia ni siquiera prestaron atención a mi solicitud ni a los documentos ya presentados, como demuestra el hecho de que en el documento que se me dio a firmar acabada la audiencia mi nombre estaba mal escrito”, dice Adnaloi. “Tampoco se me dio copia, a pesar de haberla pedido”. Pau, por su parte, tras conocer el trato que se había dado a Adnaloi, señaló a la magistrada “sus preguntas tránsfobas y patologizadoras”. La magistrada respondió argumentando que daba cumplimiento a la ley de 2007. “Sentí tanta impotencia que ni siquiera tuve fuerzas para leer el documento que se me hizo firmar y ni pedí copia”, cuenta a ‘El Salto’. Ambos compartieron esta experiencia en un vídeo de Facebook.

Adela, que también acudió al registro ese día, corrobora el trato patologizante por el que tuvo que pasar en el mismo registro. “La magistrada que me atendió no hacía más que pedir el papel del médico, que ya no es necesario, y cuestionaba todo el rato mis actitudes en torno a estereotipos”, cuenta en una entrevista telefónica. A Adela, además, se le había solicitado en una visita anterior al registro acudir a la audiencia con testigos de que su nombre es Adela. Por este motivo, ella acudió en el día de la cita acompañada por siete personas. Y no solo eso. “Llevé 20 vídeos de personas diferentes que decían que mi nombre es Adela, pero no me los quería coger; mientras, a las personas que me acompañaban les hizo preguntas ridículas”, explica.

“Me dijo que quería un certificado del forense diciendo si yo tenía disforia de género”, dice, indignada, y añade: “Cuando me llame el forense le voy a exigir que certifique que me he negado a hacer el test”. Adela aclara que su expresión de género no encaja en los estereotipos binarios –de hecho, durante la conversación habla de sí misma en femenino o masculino indistintamente–. “Se basan en un concepto arcaico del sistema sexo-género que me parece estúpido, llevo 12 años llamándome Adela, y la mención de género me da igual, lo que quiero es no tener que usar mi nombre antiguo cada vez que voy a Correos o al banco”.

Una instrucción que sí se cumple en otros juzgados
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) advierte de que la instrucción del 24 de octubre es de inmediato y obligado cumplimiento, y que la mayoría de los registros sí están dando cumplimiento a la instrucción. Ante la pregunta de si han recibido quejas por algún registro o persona en concreto, indican que sí ha habido un registro gallego donde se han detectado problemas sobre el cumplimiento de esta instrucción. “No se pueden negar a dar cumplimiento a la instrucción poniendo como excusa la ley del 2007 o cualquier otra excusa”, explican desde la FELGTB, que cree que con esta forma de actuar podríamos generar una situación de inseguridad jurídica. “Eso se solucionará cuando tengan a bien legislar de una vez por todas en el Parlamento”, remarcan.

Por su parte, la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, que en repetidas ocasiones ha llamado la atención sobre la vulneración de derechos que puede suponer para un menor trans el no poder cambiar su nombre en sus documentos, indica que hasta donde tienen conocimiento esta instrucción se está cumpliendo con normalidad y que algunas personas han podido cambiarse el nombre sin ningún problema.

Como informan en su página web, los registros no deberían denegar la solicitud, pero si la deniegan hay que recurrir ante la Dirección General de Registros y Notariado que es quien ha ordenado la instrucción y por ello ese recurso será favorable.

La Instrucción de 23 de octubre de 2018 sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales es una medida transitoria que recoge la demandas de los colectivos de personas transexuales para poder realizar el cambio de nombre mientras se tramita la reforma de la vigente Ley de Identidad de Género. La iniciativa de reformar esta ley fue registrada por el PSOE en febrero de 2017 y, de momento, sigue en los pasillo del Congreso. La proposición socialista eliminaría la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilitaría el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores sin necesidad de intervención judicial. Por otra parte, siguen en suspenso en el Congreso la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley Trans, además de varias leyes autonómicas.

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