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| Imagen: El País / Madrid, 1981 |
Derechos, como el del divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario han marcado el camino.
María R. Sahuquillo | El País, 2015-11-20
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/29/actualidad/1446140773_345729.html
Cuatro décadas de camino en democracia han alumbrado un país que no se reconoce en el espejo con aquél que dejó a su muerte, ese 20 de noviembre de 1975, el dictador Franco. Costó un poco desprenderse de los grises y las sombras de la dictadura, pero los años de camino y de conquistas sociales han alumbrado una España más abierta, más igualitaria, más educada e infinitamente más moderna.
Realidades y patrones asumidos hace 40 años parecen hoy día imposibles. A principios de los años setenta no era posible el divorcio, las mujeres no podían comprar un piso y necesitaban el refrendo del padre o del marido para cualquier gestión –bancaria, por ejemplo--; además, el concepto de ‘dote’ se recogía en algunos convenios colectivos para las mujeres que dejaban de trabajar al casarse. Por no hablar de que los anticonceptivos estaban prohibidos. Como lo estaba, totalmente, el aborto. En aquellos años, los homosexuales y las lesbianas eran considerados peligrosos y perseguidos –y muchos encarcelados-- por la ley de vagos y maleantes.
“Afortunadamente poco queda ya de todo eso. España emprendió un camino hacia una sociedad mucho más laica y más social y eso lo ha marcado todo: los patrones de convivencia, de relación, de tolerancia”, afirma Consuelo del Val Cid, decana de Sociología de la UNED. Han cambiado los modelos de familia, de educación y bienestar social. “Las políticas sociales han evolucionado de manera espectacular”, apunta Del Val.
Sin embargo, incide Del Val, no hay que bajar la guardia. “Ya lo hemos visto. Puede haber pasos atrás. Si nos descuidamos estos logros pueden peligrar. En cuanto el activismo queda en el cajón puede haber regresiones”, dice. Los intentos de los más conservadores y de la jerarquía de la iglesia católica, que tantos años paseó de la mano del dictador, para dificultar el camino hacia las conquistas sociales no han cesado.
Tres grandes conquistas sociales han marcado, por encima de muchas otras, el camino hacia la España de hoy: la ley del divorcio, la despenalización del aborto y la ley de matrimonio igualitario. Así ha sido el camino:
El derecho a acabar un matrimonio y el camino hacia la familia diversa
El 7 de septiembre de 1981, a las diez de la mañana, el magistrado José Luis Garallo, titular del Juzgado de Primera Instancia de Santander, firmó el divorcio de Julia Ibars y Vidal Gutiérrez. La pareja, sin hijos y que llevaba tiempo sin convivir, presentó la demanda de mutuo acuerdo. La suya, radiada en todos los medios de comunicación del país, fue la primera sentencia de divorcio de España desde 1938. La primera en 43 años que volvía a disfrutar de un derecho instaurado en la República y derogado por Franco. Un derecho que costó años de agrios debate, y de dura oposición de los más conservadores, restaurar.
En aquel país que dejó el dictador a su muerte, el divorcio era un derecho legislado en la práctica totalidad de los Estados europeos, con la excepción de Irlanda, Andorra, el Estado Vaticano y Malta. En España, existía la nulidad matrimonial de la Iglesia; eso sí, previo pago, lo que contribuía aún más a la desigualdad. Pero disolver un matrimonio ante los tribunales era inviable.
En 1975, el 71% de los españoles se mostraban a favor de la posibilidad de romper contratos civiles de matrimonio, según el informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas). En 1978, cuando ya se hablaba de divorcio y el debate había anclado en la calle, el 60% de los ciudadanos era partidario de una ley que permitiera esa opción, según el CIS. En diciembre de 1980, eran ya el 83% los españoles partidarios del divorcio.
Pero entre el llamado ‘píccolo divorcio’, a imagen del existente en Italia, que tantas trabas ponía para disolver un matrimonio, y otras legislaciones la diferencia era grande. Sobre todo en los argumentos admitidos como causa de separación. “La batalla fue para tener una ley civilizada y otra difícil”, apunta Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la Complutense.
Finalmente, el 22 de junio de 1981, con el Gobierno de la UCD presidido por Leopoldo Sotelo, el Parlamento aprobaba el divorcio, de nuevo. Se hizo a través de un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil en materia matrimonial. Y para acceder a él exigía una separación previa de al menos dos años para confirmar la “situación de quiebra conyugal irremediable”. "No podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos", defendió la ley el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez.
Desde entonces, más de 1,5 millones de parejas han disuelto sus matrimonios. Aquél derecho a no estar con la misma pareja durante toda la vida, que tan polémico fue en la España del tardofranquismo –el Obispo de Siguenza-Guadalajara llegó a decir que era “una invitación a la infidelidad”--, se ha normalizado hoy en la sociedad española.
Con el enorme cambio que supuso la aprobación del divorcio, señala Consuelo del Val Cid, decana de Sociología de la UNED, se iniciaba una España diversa. La familia, aquella formada por un hombre y una mujer unidos en el contrato ‘sagrado’ del matrimonio, pasaba (y con los años cada vez más) a convertirse en las familias; en plural. Hogares monoparentales, uniones de hecho, familias reconstituidas (formadas tras las rupturas), matrimonios entre personas del mismo sexo.
En esos primeros años de aprobación del divorcio, todavía era algo tabú, mal visto, señalado. Tres décadas después, el vuelco ideológico del país ha sido inmenso y ya pocos se sorprenden de que un matrimonio termine; de hecho, las bodas han perdido fuelle –de los 5,8 matrimonios por cada mil habitantes registrados en 1981 se ha pasado a menos de 4—. La ley, además, adaptándose a los tiempos, se ha reformado un par de veces para agilizar el trámite –con los llamados divorcios rápidos, por ejemplo, que ya no exigen esa separación previa--. Ahora, los matrimonios pueden, incluso, divorciarse ante notario.
Qué lejano suena hoy esa separación entre ‘divorcistas’ y ‘no divorcistas’ que tanto sonaba en la España postfranquista. Aquella en la que el debate sobre las disoluciones matrimoniales era encendido y virulento. Porque el camino para la aprobación de la ley no fue sencillo. El mismo Fernández Ordoñez, llegó a declarar en una entrevista a la revista Interview que el proceso había sido complicado. “La recuerdo como una de las batallas más duras de mi vida. He tenido que luchar con los grupos integristas de mi propio partido”, dijo. Las tensiones dentro de la UCD, efectivamente, fueron inmensas.
Ordoñez y el resto de partidarios de la nueva regulación –sí, los llamados divorcistas—tuvieron que enfrentarse también a los duros embates de la jerarquía de la iglesia católica. La Conferencia Episcopal, que había gozado de tanto poder durante la dictadura y bajo cuyo dictado moral se había regido durante años la sociedad española, se sentía amenazada, y emprendió una agresiva campaña contra cualquier tipo de apertura.
En noviembre de 1978, el cardenal Tarancón afirmó que, con el proyecto de permitir el divorcio, había en marcha una campaña contra la estabilidad de la familia. En febrero de 1979, el episcopado fue más allá, e hizo un llamamiento a los católicos para que, en las elecciones legislativas que se celebrarían un mes más tarde, no votaran a los partidos que apoyaban el divorcio y el aborto. Es decir, partidos como el PSOE o el PCE. El creyente, dijeron, está obligado en conciencia a obrar coherentemente con su fe cuando acude a las urnas. Sin embargo, aunque ganó las elecciones la UCD de Adolfo Suarez, no obtuvo mayoría absoluta, y el PSOE obtuvo algo más del 30% de los votos.
En febrero de 1981, cuando el proyecto ya estaba sobre la mesa a falta de la luz verde del Congreso, otro documento de la Conferencia Episcopal Española afirmaba: “Si el proyecto de ley [de divorcio] llegara a promulgarse tal y como está formulado, quedaría seriamente comprometido el futuro de la familia en España y gravemente dañado el bien común de nuestra sociedad”.
Pero pese a los ataques, el proyecto se aprobó. Y no se cumplieron los vaticinios de quienes decían que se iban a producir 400.000 divorcios de golpe. “Poco a poco todo el mundo lo aceptó. Lo más chocante es que luego muchos conservadores que hicieron posible para evitar la ley se divorciaron. Ejemplo de ello es la familia de Franco. La hipocresía fue enorme”, apunta Alberdi.
Pero si la llamada ley del divorcio tuvo un simbolismo especial y supuso un gran cambio en la sociedad española, fue otra reforma legal la que inauguró esa apertura oceánica, señala Alberdi. En mayo de 1981, se reformo otro punto del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Un cambio, apunta la socióloga, que consagraba la igualdad total de hombres y mujeres –que ya dictaba la Constitución-- dentro del matrimonio y la de todos los hijos ante la ley. Esta medida acabó con la situación de predomino de y superioridad del marido y padre, y se equiparó a todos los hijos, sin importar su origen.
“Dejó de haber ‘hijos naturales’ que, además del estigma social, no tenían derecho sucesorio y no podían investigar quién era su padre. Estos cambios son los que han cocinado una transformación paulatina pero importantísima, porque han igualado la situación de las familias y construyendo nuevas fórmulas de igualdad”, sostiene.
Hoy, son ya uno de cada tres los hijos que nacen fuera del matrimonio, frente a los apenas 4.4% de 1981. La diversidad familiar es una realidad. Carmen Santos es un ejemplo de ello. Tiene 44 años y una hija de siete. Decidió tenerla sola, y el núcleo que forma junto a ella es una de las 1,7 familias monoparentales que hay en España, según la Encuesta Continua de Hogares del INE (de 2014). Como ella, este tipo de hogares está dirigido mayoritariamente por mujeres (85%). Las uniones entre hombre y mujer siguen siendo mayoritarias, pero ya no pasan tanto por el altar; y menos consagran su vínculo afectivo ante la iglesia. Si a principios de los ochenta sólo el 5,6% de las bodas eran civiles, ahora son más del 60%. Además, cada año se celebran en torno a 3.000 matrimonios entre personas del mismo sexo y las familias reconstituidas son ya casi un 7% del total de hogares.
Del aborto clandestino a la maternidad libremente decidida
Aquel vuelo de Madrid a Londres iba lleno de mujeres. Alguna, acompañada de su pareja o quizá de su hermana, pero la mayoría viajaban solas. Eran unos muy tardíos años setenta o primeros de los ochenta del siglo pasado, en España el aborto estaba prohibido y muchas de esas mujeres iban a la capital británica a interrumpir su embarazo. En ese avión, acompañando a una amiga, también volaba una jovencísima Delia Blanco. “Nos habíamos enterado de la posibilidad de abortar en el extranjero a través de una organización de mujeres, y habíamos hecho lo imposible por reunir el dinero”, cuenta Blanco. Recuerda el nerviosismo de muchas por la intervención, porque estaban solas, porque era la primera vez que salían, no ya del país, sino de su ciudad, de su casa.
Pero en la España de la época, el aborto estaba penado con hasta 12 años de cárcel y las mujeres con un embarazo no deseado se veían obligadas a recurrir a arriesgadas intervenciones clandestinas o, quienes podían pagárselo, a viajar a Londres o a Ámsterdam, donde la legislación sí las amparaba. Pero hasta allí, rememora Blanco, que en esa época empezaba a militar en los movimientos feministas y que hoy es diputada del partido socialista, sólo llegaban quienes tenían contactos y podían pagarlo. “El proceso era caro, entre el viaje y la clínica podía suponer unas 20.000 pesetas de la época; el equivalente al sueldo medio de un mes”, rememora Justa Montero, cofundadora a mediados de la década de los setenta de la comisión Pro Derecho al aborto.
“Así, muchísimas mujeres acudían a aborteras o empleaban métodos ‘caseros’, como introducirse en la vagina detergente, alcohol… agujas de coser. La ilegalidad nunca freno los abortos”, dice Montero. En esos años se practicaban alrededor de 300.000 intervenciones clandestinas al año, según cálculos de la época del Tribunal supremo. Prácticas que se saldaban con unas 3.000 muertas al año. Solo se contemplaba como eximente la interrupción de un embarazo no deseado para preservar la honra de la mujer y de la familia. Y había mujeres en la cárcel por haber abortado.
Pero desde los viajes a Londres y las agujas de coser, el cambio en la sociedad ha sido espectacular. En la España de 2015, pese a la continua oposición de los más conservadores, el derecho a una maternidad libremente decidida se ha consolidado. Desde julio de 2010, las mujeres no tienen que justificar su decisión para abortar hasta la semana 14 de gestación. Y, tras ese plazo, pueden seguir recurriendo a esta prestación sanitaria gratuita si cumplen una serie de supuestos médicos.
El camino desde la criminalización hasta la cristalización del derecho al aborto, no obstante, ha sido largo. Pese a que tras la muerte de Franco, paulatinamente, los movimientos de mujeres empezaron a reclamar la interrupción voluntaria del embarazo, tuvieron que pasar casi diez años desde la muerte del dictador para que se abriese el primer resquicio de cambio. En 1983, un año después de la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Gobierno, pese al profundo debate interno, aprobó la despenalización del aborto.
Inmediatamente, el Grupo Popular —que junto a la jerarquía católica llevaba años alertando del “desastroso” devenir de España a causa del aborto o del divorcio— presentó un recurso contra la ley ante el Constitucional, que la suspendió hasta 1985. Ese año, el Alto Tribunal dictaminó que los derechos de la mujer “no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del ‘nasciturus’”. Y que solo puede primar el derecho a la mujer a acceder a un aborto si se da alguno de los tres supuestos marcados por la ley: violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. El Gobierno se vio obligado entonces a hacer unos retoques a su ley, pero en 1985, con los mimbres marcados por el Constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo se despenalizó en España en esos tres supuestos.
“La sentencia supuso que el aborto dejaba de ser un delito, pero solo en esos supuestos que debían ser confirmados por un médico. El 90% de las mujeres alegaban problemas de salud mental y las intervenciones se hacían, pero con una inseguridad absoluta tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios”, remarca Empar Pineda, histórica feminista y durante muchos años portavoz de la clínica Isadora de Madrid. “No había ninguna libertad de elección, la ley era pésima, pero fue lo menos malo que se pudo lograr, teniendo en cuenta el lastre histórico, social y político del país”, afirma Pineda.
Pese a algunos intentos de modernizarla y sacar adelante una regulación más permisiva, la ley que despenalizaba el aborto se mantuvo sin que se tocara una coma durante 15 años. En ese tiempo, pese a los continuos embates de la derecha más conservadora, ni siquiera el Gobierno popular de José María Aznar (1996-2004) se decidió a emprender una reforma a la baja. Era complicado, España se situaba en ese entonces como uno de los países más restrictivos de la Unión Europea. Durante el Gobierno de Aznar, se realizaron en España más de 500.000 abortos; una realidad que le costó al PP durísimas críticas de la jerarquía católica.
En 2007, los signos de que la ley del aborto estaba caduca empezaron a hacerse cada vez más visibles. Ese año, esa inseguridad jurídica que resalta Pineda se hizo mucho más patente cuando la policía entró en varias clínicas de Madrid y Barcelona para requisar los expedientes de mujeres que habían interrumpido su embarazo. En algunos casos, recuerda Luisa Torres, trabajadora social y portavoz en ese tiempo de la histórica clínica Dator de Madrid, se presentaron en casa de algunas de ellas. “Vivimos una campaña de acoso contra los derechos de las mujeres brutal”, critica Torres.
El escándalo de las clínicas de aborto, y la evidencia de inseguridad y del riesgo para la privacidad de los historiales clínicos que evidenció, reactivó las movilizaciones feministas, que exigían sacar el aborto del Código Penal. Y tras el caso, y la presión de las organizaciones de mujeres y de profesionales sanitarios, el Gobierno socialista empezó a diseñar una ley más moderna, similar a las vigentes en el resto de países de la Unión Europea.
En junio de 2010, entraba en vigor la ley de salud sexual y reproductiva. Inmediatamente recurrida por el Partido Popular ante el Constitucional y virulentamente atacada por los sectores más conservadores. En 2012, meses después de la llegada de Mariano Rajoy y del PP al Gobierno, su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, empezó a esbozar una reforma de la ley del aborto que dificultaba el acceso a la prestación. La nueva norma se presentó en 2013, y, efectivamente, trasladaba a España casi 25 años antes. El proyecto de ley permitía el aborto solo en dos casos: violación y riesgo grave para la salud de la mujer, y endurecía las condiciones de alegar ese caso. El proyecto Ruiz-Gallardón no recogía, por ejemplo, la opción de abortar por anomalías fetales muy graves, incurables o mortales.
La intención del Gobierno de Rajoy encendió una movilización ciudadana sin precedentes. A las organizaciones feministas y de mujeres se sumaron otras entidades que salieron a la calle en manifestaciones masivas, como la del ‘tren de la libertad’, en febrero de 2014. Ese día, miles de personas salieron a la calle para reclamar el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, sobre su maternidad. Un derecho que ya se había consolidado en España.
Ya en 1981, el 57% de los españoles se mostraba de acuerdo con que se despenalizara el aborto, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 1985, año en el que se despenalizó finalmente es porcentaje había aumentado hasta el 65%. En 2013, en pleno debate sobre el endurecimiento de la ley planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy, los partidarios de que la mujer decida libremente son el 75% de los ciudadanos. Y un 57% de los votantes del Partido Popular, según sondeos de la consultora Metroscopia.
La movilización social y la presión en sus propias filas convirtieron la reforma de la ley del aborto en el gran fracaso de la legislatura del Partido Popular. Y el 23 de septiembre, el presidente del Mariano Rajoy anunció su intención de retirar la polémica reforma. El gran fiasco se llevaba por delante, horas más tarde, al diseñador de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón –que había iniciado la legislatura con la fama de ser uno de los más progresistas del Gabinete Rajoy-- presentó su dimisión como ministro, también dejó su escaño y todos los cargos del partido.
La reforma ha quedado en el cajón. Y el PP aún espera el dictamen del Constitucional. “Si ha habido un cambio que no podemos olvidar”, incide no obstante Luisa Torres. Desde hace unos meses, se ha recuperado la obligatoriedad del consentimiento paterno para todas las menores. Hasta entonces, con la ley socialista, las chicas de 16 y 17 años no lo necesitaban; sólo debían informar en casa de su decisión, un paso que podían saltarse si contarlo les suponía un conflicto grave.
Derecho igualitario al amor
En 1974, un año antes de la desaparición del dictador, María D. fue condenada a una pena de “reeducación” por ser lesbiana. Se había dejado ver con varias novias, y en aquellos tiempos en los que los homosexuales y las lesbianas eran considerados peligrosos y se les perseguía y represaliaba por la ley de vagos y maleantes, eso le costó caro. María tenía 17 años y se la sentenció por ser “una homosexual rebelde a su familia”, según argumentó el juez. Sus padres tenían contactos, y la chica terminó pagando la pena mínima: cuatro meses, que cumplió en una cárcel para mujeres de Alcázar de San Juan.
Como María, hasta el 31 de enero 1979 que se derogó esa ley –también llamada más adelante ley de peligrosidad social--, fueron condenadas cerca de 4.000 personas por ser homosexuales, según los cálculos de la Asociación de ex Presos Sociales. Aunque esta entidad cree que pudieron ser más: sus historiales están repartidos en instituciones policiales y penitenciarias, y no siempre se alegaba el delito de homosexualidad para condenarlos.
Una realidad que hoy, a Silvia Lorenzo y Celina Sellés les parece impensable en España. Estas dos jóvenes de 19 y 20 años son pareja desde hace tres, y aseguran que piensan casarse algún día. En la España de hoy, Lorenzo y Sellés, estudiantes de Ciencias Políticas, pueden hacerlo. La ley se lo permite desde 2005. Ese año, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante una ley que otorgaba igualdad de derechos total a las parejas del mismo sexo: igualdad para casarse, para adoptar, para amar.
Con ella, España se convirtió en el cuarto país en aprobar el matrimonio igualitario, tras Holanda, Bélgica y Canadá. Una norma que ha dado respuesta a una realidad social y que ha amparado a los nuevos modelos de familia. Modelos que hoy, en 2015, décadas después de esa ley de vagos y maleantes ya no son tan nuevos. En ese tiempo, unas 32.000 parejas formadas por personas del mismo sexo han formalizado su matrimonio.
El 30 de junio de 2005, con el respaldo de 187 diputados, el Congreso aprobó la ley que autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Una norma que solo tuvo el rechazo de diputados del Partido Popular (PP) y de Unió, y que un par de décadas antes habría sido absolutamente impensable. El cambio legal, en realidad, no era muy complejo. Se modificó el artículo 44 del Código Civil para, tras donde decía “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", añadir: “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo". Algo aparentemente sencillo, pero con un enorme trasfondo de derechos.
“El avance social con el matrimonio homosexual es un reconocimiento a todos los modelos de familia. En ese momento se dejó de ser ciudadano de segunda por amor y, con la ampliación de los derechos civiles de estas personas, se pasó también a reconocer y a amparar a los hijos de las familias homosexuales”, apunta la diputada socialista Carmen Montón, ponente de la ley. Esa, recuerda, fue su primera intervención en el Congreso de los Diputados. Las primeras palabras de Montón, que hoy es consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
Beatriz Gimeno, que estaba en la presidencia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) en ese momento, estuvo presente ese día en el Congreso, en la tribuna de invitados, compartiendo el momento junto a otra decena de activistas. “Tuvimos la sensación de que en todos aquellos años de lucha habíamos cambiado la mentalidad de la gente, y habíamos logrado que el matrimonio igualitario fuera algo de orgullo nacional. Se logró que fuese una cuestión de derechos humanos que suponía una sociedad más justa”, dice. Gimeno —que hoy es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid— cuenta que tras la votación, ya en la calle, decenas de personas se acercaban para felicitar a los activistas. “Nos besaban, nos paraban, nos pitaban con los coches. Gente de todo tipo que se sentía orgullosa de lo que había ocurrido”, dice.
Ese día, en el Congreso, el presidente Zapatero –que había acudido acompañado de diez ministros-- aseguró en su intervención que la ley suponía "un paso más en el camino de la libertad y tolerancia". "No estamos legislando para gentes remotas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros", dijo.
Pero ese “paso más”, que tantos baches había atravesado, tuvo que pasar por encima de muchos más. El mismo día de su aprobación, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy anunció –como se anticipaba—que su formación estudiaría presentar un recurso de Inconstitucionalidad. Lo hizo. El 30 de septiembre de 2005, el PP recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional. Y la oposición al matrimonio igualitario continuaba.
Las críticas más duras procedieron del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española. Desde Roma la ley fue considerada "radicalmente injusta" y "contra natura". Los obispos españoles llamaron nuevamente a "oponerse por todos los medios legítimos" a la reforma y "abstenerse de toda complicidad con la injusticia". Unos diez días antes de histórico pleno del Congreso, unas 180.000 personas se manifestaron en Madrid contra la inminente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. A la marcha, convocada por la organización ultraconservadora Foro Español de la Familia acudieron 19 obispos, encabezados por el cardenal Antonio María Rouco, y una representación del PP. Asistieron su secretario general en ese entonces, Ángel Acebes, la responsable de Política Social, Ana Pastor, el de Política Económica, Miguel Arias Cañete; también los diputados Jaime Mayor Oreja o Federico Trillo, todos tras la una pancarta que decía ‘Por el derecho a una madre y a un padre’.
Pero manifestaciones aparte, ese mismo 2005, el 11 de julio, Emilio Menéndez y Carlos Baturín hicieron historia. La pareja, que llevaba 30 años, cuatro meses y 24 días juntos, se convirtió en la primera del mismo sexo en casarse en España. Lo hicieron en Madrid, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tres cantos. Después llegarían José e Ignacio. Luisa y María, Beatriz y Cecilia.
Los matrimonios se sucedían, también las iniciativas de los más conservadores para hacer retroceder la igualdad de derechos. En febrero de 2007, el Congreso rechazó una iniciativa popular para prohibir las bodas gais, presentada por el Foro de la Familia. Que las parejas gais se casaran, dijo entonces el portavoz del Foro, Benigno Blanco, causa “daño a la familia”.
Fueron muchos, antes y después de la aprobación de la ley los que se oponían a la palabra matrimonio. Tampoco dentro de los movimientos asociativos LGTB hubo consenso en esto. Algunas ciudades y comunidades –empezando por Vitoria-- habían aprobado leyes de uniones civiles, que amparaban también a las personas el mismo sexo, y muchos, al considerar que España no estaba preparada para un paso mayor, apostaron por este sistema. Para pelear por la máxima, nació la FELGTB. Fue la federación quien negoció con Rodríguez Zapatero cuando entonces parecía poco probable que fuese a ganar las elecciones. Y lograron que introdujera la medida en su agenda.
“Sus opositores intentaron, para descafeinar la medida, que se llamara de muchas maneras, pero para nosotros tanto el simbolismo de que se llamara matrimonio, como su nivel práctico, era fundamental”, señala Montón que junto a Miguel Ángel Fernández, David Jiménez y Pedro Zerolo –uno de los principales valedores de la ley—estuvo en el grupo que preparó la letra pequeña de la medida.
El carpetazo judicial al asunto llegó el 6 de noviembre de 2012. Ese día, un jueves, el Tribunal Constitucional blindó la Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Con ocho magistrados a favor (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) y tres en contra –todos ellos elegidos a propuesta del PP-- se resolvió que la norma es plenamente constitucional. Los jueces habían tardado siete años en resolver el recurso. En ese tiempo se habían celebrado 22.000 matrimonios entre personas del mismo sexo.
“Con mucha pedagogía, aguantamos el tirón de la manifestación a la que acudieron los obispos y el PP. En tiempo nos ha dado la razón. Ahora se ve con toda normalidad. También nos ha dado la razón con que quien se oponían están siendo protagonistas del derecho, o brindando por él”, dice Montón. El pasado 18 de septiembre, Mariano Rajoy, uno de los firmantes del recurso de anticonstitucionalidad, y otros miembros de la cúpula de la formación política asistieron como invitados a la boda del vicesecretario sectorial del partido, Javier Maroto, y su pareja, Josema Rodríguez. Un gesto para enterrar definitivamente aquel recurso fracasado.
En 2005, más de la mitad de los españoles (56%) apoyaba el matrimonio igualitario, el 21% se oponía y un 11% se mostraba en desacuerdo con el término, según un sondeo de Metroscopia. Una década después, un 68% está de acuerdo en que la unión entre parejas del mismo sexo se llame matrimonio, según otra encuesta realizada también por Metroscopia en junio.
En unos años, en sólo un poco más de una generación, los gais, lesbianas, bisexuales y transexuales han pasado de considerarse ante el Estado como vagos y maleantes, a tener igualdad de derechos legales como ciudadanos, a poder constituir una familia igual que los heterosexuales. La reforma normativa que permitía el matrimonio igualitario marcó un punto culminante en la lucha por los derechos de los homosexuales, pero no el fin de la batalla. Cada año se registran en España unos 600 delitos de odio motivados por la orientación u orientación sexual. “La igualdad legal es el suelo sobre el que te apoyas, pero nunca el techo. Esto no acaba aquí, porque para que haya igualdad social se requiere un cambio cultural profundo, y eso lleva años. Aún queda mucha homofobia, LGTB-fobia”, dice Gimeno.
Realidades y patrones asumidos hace 40 años parecen hoy día imposibles. A principios de los años setenta no era posible el divorcio, las mujeres no podían comprar un piso y necesitaban el refrendo del padre o del marido para cualquier gestión –bancaria, por ejemplo--; además, el concepto de ‘dote’ se recogía en algunos convenios colectivos para las mujeres que dejaban de trabajar al casarse. Por no hablar de que los anticonceptivos estaban prohibidos. Como lo estaba, totalmente, el aborto. En aquellos años, los homosexuales y las lesbianas eran considerados peligrosos y perseguidos –y muchos encarcelados-- por la ley de vagos y maleantes.
“Afortunadamente poco queda ya de todo eso. España emprendió un camino hacia una sociedad mucho más laica y más social y eso lo ha marcado todo: los patrones de convivencia, de relación, de tolerancia”, afirma Consuelo del Val Cid, decana de Sociología de la UNED. Han cambiado los modelos de familia, de educación y bienestar social. “Las políticas sociales han evolucionado de manera espectacular”, apunta Del Val.
Sin embargo, incide Del Val, no hay que bajar la guardia. “Ya lo hemos visto. Puede haber pasos atrás. Si nos descuidamos estos logros pueden peligrar. En cuanto el activismo queda en el cajón puede haber regresiones”, dice. Los intentos de los más conservadores y de la jerarquía de la iglesia católica, que tantos años paseó de la mano del dictador, para dificultar el camino hacia las conquistas sociales no han cesado.
Tres grandes conquistas sociales han marcado, por encima de muchas otras, el camino hacia la España de hoy: la ley del divorcio, la despenalización del aborto y la ley de matrimonio igualitario. Así ha sido el camino:
El derecho a acabar un matrimonio y el camino hacia la familia diversa
El 7 de septiembre de 1981, a las diez de la mañana, el magistrado José Luis Garallo, titular del Juzgado de Primera Instancia de Santander, firmó el divorcio de Julia Ibars y Vidal Gutiérrez. La pareja, sin hijos y que llevaba tiempo sin convivir, presentó la demanda de mutuo acuerdo. La suya, radiada en todos los medios de comunicación del país, fue la primera sentencia de divorcio de España desde 1938. La primera en 43 años que volvía a disfrutar de un derecho instaurado en la República y derogado por Franco. Un derecho que costó años de agrios debate, y de dura oposición de los más conservadores, restaurar.
En aquel país que dejó el dictador a su muerte, el divorcio era un derecho legislado en la práctica totalidad de los Estados europeos, con la excepción de Irlanda, Andorra, el Estado Vaticano y Malta. En España, existía la nulidad matrimonial de la Iglesia; eso sí, previo pago, lo que contribuía aún más a la desigualdad. Pero disolver un matrimonio ante los tribunales era inviable.
En 1975, el 71% de los españoles se mostraban a favor de la posibilidad de romper contratos civiles de matrimonio, según el informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas). En 1978, cuando ya se hablaba de divorcio y el debate había anclado en la calle, el 60% de los ciudadanos era partidario de una ley que permitiera esa opción, según el CIS. En diciembre de 1980, eran ya el 83% los españoles partidarios del divorcio.
Pero entre el llamado ‘píccolo divorcio’, a imagen del existente en Italia, que tantas trabas ponía para disolver un matrimonio, y otras legislaciones la diferencia era grande. Sobre todo en los argumentos admitidos como causa de separación. “La batalla fue para tener una ley civilizada y otra difícil”, apunta Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la Complutense.
Finalmente, el 22 de junio de 1981, con el Gobierno de la UCD presidido por Leopoldo Sotelo, el Parlamento aprobaba el divorcio, de nuevo. Se hizo a través de un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil en materia matrimonial. Y para acceder a él exigía una separación previa de al menos dos años para confirmar la “situación de quiebra conyugal irremediable”. "No podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos", defendió la ley el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordoñez.
Desde entonces, más de 1,5 millones de parejas han disuelto sus matrimonios. Aquél derecho a no estar con la misma pareja durante toda la vida, que tan polémico fue en la España del tardofranquismo –el Obispo de Siguenza-Guadalajara llegó a decir que era “una invitación a la infidelidad”--, se ha normalizado hoy en la sociedad española.
Con el enorme cambio que supuso la aprobación del divorcio, señala Consuelo del Val Cid, decana de Sociología de la UNED, se iniciaba una España diversa. La familia, aquella formada por un hombre y una mujer unidos en el contrato ‘sagrado’ del matrimonio, pasaba (y con los años cada vez más) a convertirse en las familias; en plural. Hogares monoparentales, uniones de hecho, familias reconstituidas (formadas tras las rupturas), matrimonios entre personas del mismo sexo.
En esos primeros años de aprobación del divorcio, todavía era algo tabú, mal visto, señalado. Tres décadas después, el vuelco ideológico del país ha sido inmenso y ya pocos se sorprenden de que un matrimonio termine; de hecho, las bodas han perdido fuelle –de los 5,8 matrimonios por cada mil habitantes registrados en 1981 se ha pasado a menos de 4—. La ley, además, adaptándose a los tiempos, se ha reformado un par de veces para agilizar el trámite –con los llamados divorcios rápidos, por ejemplo, que ya no exigen esa separación previa--. Ahora, los matrimonios pueden, incluso, divorciarse ante notario.
Qué lejano suena hoy esa separación entre ‘divorcistas’ y ‘no divorcistas’ que tanto sonaba en la España postfranquista. Aquella en la que el debate sobre las disoluciones matrimoniales era encendido y virulento. Porque el camino para la aprobación de la ley no fue sencillo. El mismo Fernández Ordoñez, llegó a declarar en una entrevista a la revista Interview que el proceso había sido complicado. “La recuerdo como una de las batallas más duras de mi vida. He tenido que luchar con los grupos integristas de mi propio partido”, dijo. Las tensiones dentro de la UCD, efectivamente, fueron inmensas.
Ordoñez y el resto de partidarios de la nueva regulación –sí, los llamados divorcistas—tuvieron que enfrentarse también a los duros embates de la jerarquía de la iglesia católica. La Conferencia Episcopal, que había gozado de tanto poder durante la dictadura y bajo cuyo dictado moral se había regido durante años la sociedad española, se sentía amenazada, y emprendió una agresiva campaña contra cualquier tipo de apertura.
En noviembre de 1978, el cardenal Tarancón afirmó que, con el proyecto de permitir el divorcio, había en marcha una campaña contra la estabilidad de la familia. En febrero de 1979, el episcopado fue más allá, e hizo un llamamiento a los católicos para que, en las elecciones legislativas que se celebrarían un mes más tarde, no votaran a los partidos que apoyaban el divorcio y el aborto. Es decir, partidos como el PSOE o el PCE. El creyente, dijeron, está obligado en conciencia a obrar coherentemente con su fe cuando acude a las urnas. Sin embargo, aunque ganó las elecciones la UCD de Adolfo Suarez, no obtuvo mayoría absoluta, y el PSOE obtuvo algo más del 30% de los votos.
En febrero de 1981, cuando el proyecto ya estaba sobre la mesa a falta de la luz verde del Congreso, otro documento de la Conferencia Episcopal Española afirmaba: “Si el proyecto de ley [de divorcio] llegara a promulgarse tal y como está formulado, quedaría seriamente comprometido el futuro de la familia en España y gravemente dañado el bien común de nuestra sociedad”.
Pero pese a los ataques, el proyecto se aprobó. Y no se cumplieron los vaticinios de quienes decían que se iban a producir 400.000 divorcios de golpe. “Poco a poco todo el mundo lo aceptó. Lo más chocante es que luego muchos conservadores que hicieron posible para evitar la ley se divorciaron. Ejemplo de ello es la familia de Franco. La hipocresía fue enorme”, apunta Alberdi.
Pero si la llamada ley del divorcio tuvo un simbolismo especial y supuso un gran cambio en la sociedad española, fue otra reforma legal la que inauguró esa apertura oceánica, señala Alberdi. En mayo de 1981, se reformo otro punto del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Un cambio, apunta la socióloga, que consagraba la igualdad total de hombres y mujeres –que ya dictaba la Constitución-- dentro del matrimonio y la de todos los hijos ante la ley. Esta medida acabó con la situación de predomino de y superioridad del marido y padre, y se equiparó a todos los hijos, sin importar su origen.
“Dejó de haber ‘hijos naturales’ que, además del estigma social, no tenían derecho sucesorio y no podían investigar quién era su padre. Estos cambios son los que han cocinado una transformación paulatina pero importantísima, porque han igualado la situación de las familias y construyendo nuevas fórmulas de igualdad”, sostiene.
Hoy, son ya uno de cada tres los hijos que nacen fuera del matrimonio, frente a los apenas 4.4% de 1981. La diversidad familiar es una realidad. Carmen Santos es un ejemplo de ello. Tiene 44 años y una hija de siete. Decidió tenerla sola, y el núcleo que forma junto a ella es una de las 1,7 familias monoparentales que hay en España, según la Encuesta Continua de Hogares del INE (de 2014). Como ella, este tipo de hogares está dirigido mayoritariamente por mujeres (85%). Las uniones entre hombre y mujer siguen siendo mayoritarias, pero ya no pasan tanto por el altar; y menos consagran su vínculo afectivo ante la iglesia. Si a principios de los ochenta sólo el 5,6% de las bodas eran civiles, ahora son más del 60%. Además, cada año se celebran en torno a 3.000 matrimonios entre personas del mismo sexo y las familias reconstituidas son ya casi un 7% del total de hogares.
Del aborto clandestino a la maternidad libremente decidida
Aquel vuelo de Madrid a Londres iba lleno de mujeres. Alguna, acompañada de su pareja o quizá de su hermana, pero la mayoría viajaban solas. Eran unos muy tardíos años setenta o primeros de los ochenta del siglo pasado, en España el aborto estaba prohibido y muchas de esas mujeres iban a la capital británica a interrumpir su embarazo. En ese avión, acompañando a una amiga, también volaba una jovencísima Delia Blanco. “Nos habíamos enterado de la posibilidad de abortar en el extranjero a través de una organización de mujeres, y habíamos hecho lo imposible por reunir el dinero”, cuenta Blanco. Recuerda el nerviosismo de muchas por la intervención, porque estaban solas, porque era la primera vez que salían, no ya del país, sino de su ciudad, de su casa.
Pero en la España de la época, el aborto estaba penado con hasta 12 años de cárcel y las mujeres con un embarazo no deseado se veían obligadas a recurrir a arriesgadas intervenciones clandestinas o, quienes podían pagárselo, a viajar a Londres o a Ámsterdam, donde la legislación sí las amparaba. Pero hasta allí, rememora Blanco, que en esa época empezaba a militar en los movimientos feministas y que hoy es diputada del partido socialista, sólo llegaban quienes tenían contactos y podían pagarlo. “El proceso era caro, entre el viaje y la clínica podía suponer unas 20.000 pesetas de la época; el equivalente al sueldo medio de un mes”, rememora Justa Montero, cofundadora a mediados de la década de los setenta de la comisión Pro Derecho al aborto.
“Así, muchísimas mujeres acudían a aborteras o empleaban métodos ‘caseros’, como introducirse en la vagina detergente, alcohol… agujas de coser. La ilegalidad nunca freno los abortos”, dice Montero. En esos años se practicaban alrededor de 300.000 intervenciones clandestinas al año, según cálculos de la época del Tribunal supremo. Prácticas que se saldaban con unas 3.000 muertas al año. Solo se contemplaba como eximente la interrupción de un embarazo no deseado para preservar la honra de la mujer y de la familia. Y había mujeres en la cárcel por haber abortado.
Pero desde los viajes a Londres y las agujas de coser, el cambio en la sociedad ha sido espectacular. En la España de 2015, pese a la continua oposición de los más conservadores, el derecho a una maternidad libremente decidida se ha consolidado. Desde julio de 2010, las mujeres no tienen que justificar su decisión para abortar hasta la semana 14 de gestación. Y, tras ese plazo, pueden seguir recurriendo a esta prestación sanitaria gratuita si cumplen una serie de supuestos médicos.
El camino desde la criminalización hasta la cristalización del derecho al aborto, no obstante, ha sido largo. Pese a que tras la muerte de Franco, paulatinamente, los movimientos de mujeres empezaron a reclamar la interrupción voluntaria del embarazo, tuvieron que pasar casi diez años desde la muerte del dictador para que se abriese el primer resquicio de cambio. En 1983, un año después de la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Gobierno, pese al profundo debate interno, aprobó la despenalización del aborto.
Inmediatamente, el Grupo Popular —que junto a la jerarquía católica llevaba años alertando del “desastroso” devenir de España a causa del aborto o del divorcio— presentó un recurso contra la ley ante el Constitucional, que la suspendió hasta 1985. Ese año, el Alto Tribunal dictaminó que los derechos de la mujer “no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del ‘nasciturus’”. Y que solo puede primar el derecho a la mujer a acceder a un aborto si se da alguno de los tres supuestos marcados por la ley: violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. El Gobierno se vio obligado entonces a hacer unos retoques a su ley, pero en 1985, con los mimbres marcados por el Constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo se despenalizó en España en esos tres supuestos.
“La sentencia supuso que el aborto dejaba de ser un delito, pero solo en esos supuestos que debían ser confirmados por un médico. El 90% de las mujeres alegaban problemas de salud mental y las intervenciones se hacían, pero con una inseguridad absoluta tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios”, remarca Empar Pineda, histórica feminista y durante muchos años portavoz de la clínica Isadora de Madrid. “No había ninguna libertad de elección, la ley era pésima, pero fue lo menos malo que se pudo lograr, teniendo en cuenta el lastre histórico, social y político del país”, afirma Pineda.
Pese a algunos intentos de modernizarla y sacar adelante una regulación más permisiva, la ley que despenalizaba el aborto se mantuvo sin que se tocara una coma durante 15 años. En ese tiempo, pese a los continuos embates de la derecha más conservadora, ni siquiera el Gobierno popular de José María Aznar (1996-2004) se decidió a emprender una reforma a la baja. Era complicado, España se situaba en ese entonces como uno de los países más restrictivos de la Unión Europea. Durante el Gobierno de Aznar, se realizaron en España más de 500.000 abortos; una realidad que le costó al PP durísimas críticas de la jerarquía católica.
En 2007, los signos de que la ley del aborto estaba caduca empezaron a hacerse cada vez más visibles. Ese año, esa inseguridad jurídica que resalta Pineda se hizo mucho más patente cuando la policía entró en varias clínicas de Madrid y Barcelona para requisar los expedientes de mujeres que habían interrumpido su embarazo. En algunos casos, recuerda Luisa Torres, trabajadora social y portavoz en ese tiempo de la histórica clínica Dator de Madrid, se presentaron en casa de algunas de ellas. “Vivimos una campaña de acoso contra los derechos de las mujeres brutal”, critica Torres.
El escándalo de las clínicas de aborto, y la evidencia de inseguridad y del riesgo para la privacidad de los historiales clínicos que evidenció, reactivó las movilizaciones feministas, que exigían sacar el aborto del Código Penal. Y tras el caso, y la presión de las organizaciones de mujeres y de profesionales sanitarios, el Gobierno socialista empezó a diseñar una ley más moderna, similar a las vigentes en el resto de países de la Unión Europea.
En junio de 2010, entraba en vigor la ley de salud sexual y reproductiva. Inmediatamente recurrida por el Partido Popular ante el Constitucional y virulentamente atacada por los sectores más conservadores. En 2012, meses después de la llegada de Mariano Rajoy y del PP al Gobierno, su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, empezó a esbozar una reforma de la ley del aborto que dificultaba el acceso a la prestación. La nueva norma se presentó en 2013, y, efectivamente, trasladaba a España casi 25 años antes. El proyecto de ley permitía el aborto solo en dos casos: violación y riesgo grave para la salud de la mujer, y endurecía las condiciones de alegar ese caso. El proyecto Ruiz-Gallardón no recogía, por ejemplo, la opción de abortar por anomalías fetales muy graves, incurables o mortales.
La intención del Gobierno de Rajoy encendió una movilización ciudadana sin precedentes. A las organizaciones feministas y de mujeres se sumaron otras entidades que salieron a la calle en manifestaciones masivas, como la del ‘tren de la libertad’, en febrero de 2014. Ese día, miles de personas salieron a la calle para reclamar el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, sobre su maternidad. Un derecho que ya se había consolidado en España.
Ya en 1981, el 57% de los españoles se mostraba de acuerdo con que se despenalizara el aborto, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 1985, año en el que se despenalizó finalmente es porcentaje había aumentado hasta el 65%. En 2013, en pleno debate sobre el endurecimiento de la ley planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy, los partidarios de que la mujer decida libremente son el 75% de los ciudadanos. Y un 57% de los votantes del Partido Popular, según sondeos de la consultora Metroscopia.
La movilización social y la presión en sus propias filas convirtieron la reforma de la ley del aborto en el gran fracaso de la legislatura del Partido Popular. Y el 23 de septiembre, el presidente del Mariano Rajoy anunció su intención de retirar la polémica reforma. El gran fiasco se llevaba por delante, horas más tarde, al diseñador de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón –que había iniciado la legislatura con la fama de ser uno de los más progresistas del Gabinete Rajoy-- presentó su dimisión como ministro, también dejó su escaño y todos los cargos del partido.
La reforma ha quedado en el cajón. Y el PP aún espera el dictamen del Constitucional. “Si ha habido un cambio que no podemos olvidar”, incide no obstante Luisa Torres. Desde hace unos meses, se ha recuperado la obligatoriedad del consentimiento paterno para todas las menores. Hasta entonces, con la ley socialista, las chicas de 16 y 17 años no lo necesitaban; sólo debían informar en casa de su decisión, un paso que podían saltarse si contarlo les suponía un conflicto grave.
Derecho igualitario al amor
En 1974, un año antes de la desaparición del dictador, María D. fue condenada a una pena de “reeducación” por ser lesbiana. Se había dejado ver con varias novias, y en aquellos tiempos en los que los homosexuales y las lesbianas eran considerados peligrosos y se les perseguía y represaliaba por la ley de vagos y maleantes, eso le costó caro. María tenía 17 años y se la sentenció por ser “una homosexual rebelde a su familia”, según argumentó el juez. Sus padres tenían contactos, y la chica terminó pagando la pena mínima: cuatro meses, que cumplió en una cárcel para mujeres de Alcázar de San Juan.
Como María, hasta el 31 de enero 1979 que se derogó esa ley –también llamada más adelante ley de peligrosidad social--, fueron condenadas cerca de 4.000 personas por ser homosexuales, según los cálculos de la Asociación de ex Presos Sociales. Aunque esta entidad cree que pudieron ser más: sus historiales están repartidos en instituciones policiales y penitenciarias, y no siempre se alegaba el delito de homosexualidad para condenarlos.
Una realidad que hoy, a Silvia Lorenzo y Celina Sellés les parece impensable en España. Estas dos jóvenes de 19 y 20 años son pareja desde hace tres, y aseguran que piensan casarse algún día. En la España de hoy, Lorenzo y Sellés, estudiantes de Ciencias Políticas, pueden hacerlo. La ley se lo permite desde 2005. Ese año, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante una ley que otorgaba igualdad de derechos total a las parejas del mismo sexo: igualdad para casarse, para adoptar, para amar.
Con ella, España se convirtió en el cuarto país en aprobar el matrimonio igualitario, tras Holanda, Bélgica y Canadá. Una norma que ha dado respuesta a una realidad social y que ha amparado a los nuevos modelos de familia. Modelos que hoy, en 2015, décadas después de esa ley de vagos y maleantes ya no son tan nuevos. En ese tiempo, unas 32.000 parejas formadas por personas del mismo sexo han formalizado su matrimonio.
El 30 de junio de 2005, con el respaldo de 187 diputados, el Congreso aprobó la ley que autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Una norma que solo tuvo el rechazo de diputados del Partido Popular (PP) y de Unió, y que un par de décadas antes habría sido absolutamente impensable. El cambio legal, en realidad, no era muy complejo. Se modificó el artículo 44 del Código Civil para, tras donde decía “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", añadir: “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo". Algo aparentemente sencillo, pero con un enorme trasfondo de derechos.
“El avance social con el matrimonio homosexual es un reconocimiento a todos los modelos de familia. En ese momento se dejó de ser ciudadano de segunda por amor y, con la ampliación de los derechos civiles de estas personas, se pasó también a reconocer y a amparar a los hijos de las familias homosexuales”, apunta la diputada socialista Carmen Montón, ponente de la ley. Esa, recuerda, fue su primera intervención en el Congreso de los Diputados. Las primeras palabras de Montón, que hoy es consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
Beatriz Gimeno, que estaba en la presidencia de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) en ese momento, estuvo presente ese día en el Congreso, en la tribuna de invitados, compartiendo el momento junto a otra decena de activistas. “Tuvimos la sensación de que en todos aquellos años de lucha habíamos cambiado la mentalidad de la gente, y habíamos logrado que el matrimonio igualitario fuera algo de orgullo nacional. Se logró que fuese una cuestión de derechos humanos que suponía una sociedad más justa”, dice. Gimeno —que hoy es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid— cuenta que tras la votación, ya en la calle, decenas de personas se acercaban para felicitar a los activistas. “Nos besaban, nos paraban, nos pitaban con los coches. Gente de todo tipo que se sentía orgullosa de lo que había ocurrido”, dice.
Ese día, en el Congreso, el presidente Zapatero –que había acudido acompañado de diez ministros-- aseguró en su intervención que la ley suponía "un paso más en el camino de la libertad y tolerancia". "No estamos legislando para gentes remotas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente. Porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros", dijo.
Pero ese “paso más”, que tantos baches había atravesado, tuvo que pasar por encima de muchos más. El mismo día de su aprobación, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy anunció –como se anticipaba—que su formación estudiaría presentar un recurso de Inconstitucionalidad. Lo hizo. El 30 de septiembre de 2005, el PP recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional. Y la oposición al matrimonio igualitario continuaba.
Las críticas más duras procedieron del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española. Desde Roma la ley fue considerada "radicalmente injusta" y "contra natura". Los obispos españoles llamaron nuevamente a "oponerse por todos los medios legítimos" a la reforma y "abstenerse de toda complicidad con la injusticia". Unos diez días antes de histórico pleno del Congreso, unas 180.000 personas se manifestaron en Madrid contra la inminente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. A la marcha, convocada por la organización ultraconservadora Foro Español de la Familia acudieron 19 obispos, encabezados por el cardenal Antonio María Rouco, y una representación del PP. Asistieron su secretario general en ese entonces, Ángel Acebes, la responsable de Política Social, Ana Pastor, el de Política Económica, Miguel Arias Cañete; también los diputados Jaime Mayor Oreja o Federico Trillo, todos tras la una pancarta que decía ‘Por el derecho a una madre y a un padre’.
Pero manifestaciones aparte, ese mismo 2005, el 11 de julio, Emilio Menéndez y Carlos Baturín hicieron historia. La pareja, que llevaba 30 años, cuatro meses y 24 días juntos, se convirtió en la primera del mismo sexo en casarse en España. Lo hicieron en Madrid, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tres cantos. Después llegarían José e Ignacio. Luisa y María, Beatriz y Cecilia.
Los matrimonios se sucedían, también las iniciativas de los más conservadores para hacer retroceder la igualdad de derechos. En febrero de 2007, el Congreso rechazó una iniciativa popular para prohibir las bodas gais, presentada por el Foro de la Familia. Que las parejas gais se casaran, dijo entonces el portavoz del Foro, Benigno Blanco, causa “daño a la familia”.
Fueron muchos, antes y después de la aprobación de la ley los que se oponían a la palabra matrimonio. Tampoco dentro de los movimientos asociativos LGTB hubo consenso en esto. Algunas ciudades y comunidades –empezando por Vitoria-- habían aprobado leyes de uniones civiles, que amparaban también a las personas el mismo sexo, y muchos, al considerar que España no estaba preparada para un paso mayor, apostaron por este sistema. Para pelear por la máxima, nació la FELGTB. Fue la federación quien negoció con Rodríguez Zapatero cuando entonces parecía poco probable que fuese a ganar las elecciones. Y lograron que introdujera la medida en su agenda.
“Sus opositores intentaron, para descafeinar la medida, que se llamara de muchas maneras, pero para nosotros tanto el simbolismo de que se llamara matrimonio, como su nivel práctico, era fundamental”, señala Montón que junto a Miguel Ángel Fernández, David Jiménez y Pedro Zerolo –uno de los principales valedores de la ley—estuvo en el grupo que preparó la letra pequeña de la medida.
El carpetazo judicial al asunto llegó el 6 de noviembre de 2012. Ese día, un jueves, el Tribunal Constitucional blindó la Ley aprobada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Con ocho magistrados a favor (siete progresistas y un conservador, Francisco Pérez de los Cobos) y tres en contra –todos ellos elegidos a propuesta del PP-- se resolvió que la norma es plenamente constitucional. Los jueces habían tardado siete años en resolver el recurso. En ese tiempo se habían celebrado 22.000 matrimonios entre personas del mismo sexo.
“Con mucha pedagogía, aguantamos el tirón de la manifestación a la que acudieron los obispos y el PP. En tiempo nos ha dado la razón. Ahora se ve con toda normalidad. También nos ha dado la razón con que quien se oponían están siendo protagonistas del derecho, o brindando por él”, dice Montón. El pasado 18 de septiembre, Mariano Rajoy, uno de los firmantes del recurso de anticonstitucionalidad, y otros miembros de la cúpula de la formación política asistieron como invitados a la boda del vicesecretario sectorial del partido, Javier Maroto, y su pareja, Josema Rodríguez. Un gesto para enterrar definitivamente aquel recurso fracasado.
En 2005, más de la mitad de los españoles (56%) apoyaba el matrimonio igualitario, el 21% se oponía y un 11% se mostraba en desacuerdo con el término, según un sondeo de Metroscopia. Una década después, un 68% está de acuerdo en que la unión entre parejas del mismo sexo se llame matrimonio, según otra encuesta realizada también por Metroscopia en junio.
En unos años, en sólo un poco más de una generación, los gais, lesbianas, bisexuales y transexuales han pasado de considerarse ante el Estado como vagos y maleantes, a tener igualdad de derechos legales como ciudadanos, a poder constituir una familia igual que los heterosexuales. La reforma normativa que permitía el matrimonio igualitario marcó un punto culminante en la lucha por los derechos de los homosexuales, pero no el fin de la batalla. Cada año se registran en España unos 600 delitos de odio motivados por la orientación u orientación sexual. “La igualdad legal es el suelo sobre el que te apoyas, pero nunca el techo. Esto no acaba aquí, porque para que haya igualdad social se requiere un cambio cultural profundo, y eso lleva años. Aún queda mucha homofobia, LGTB-fobia”, dice Gimeno.
Servicios sociales por derecho
Del sistema de beneficencia del nacionalcatolicismo, España pasó, con la Constitución de 1978, al concepto de asistencia social. Un cambio muy significativo que dio lugar a la creación de un sistema público de servicios sociales, que se ha convertido en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, explica Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. “La concepción de los servicios sociales como un derecho transformó las grandes instituciones de la caridad y la beneficencia y generó la creación de la red básica de servicios sociales actual”, cuenta. Así, en la década de los ochenta, los asilos se convirtieron en residencias de mayores, los orfanatos pasaron a ser centros de infancia… Una España cada vez más social.
Uno de los hitos de ese cuarto pilar del Estado de bienestar fue la ley de Dependencia, que abrió camino hacia la universalización de una parte fundamental de los servicios sociales. En noviembre de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una norma que reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez.
Con la ley de Depencia, explica Lima, se inicia un proceso de aprobación de leyes autonómicas que se dirigen hacia la universalización de un sistema de protección social, fundamental para el país. La ley, sin embargo, no ha funcionado como se esperaba. El proyecto estuvo infradotado económicamente y su encaje por autonomías ha provocado una España desigual. Además, el paquete para Dependencia se ha visto afectado gravemente por la tijera de la recesión.
Lima alerta de que ese pilar de servicios sociales se ha visto gravemente afectado por los recortes presupuestarios de los últimos años. Pide una reforma Constitucional para que se reconozcan los servicios sociales como derecho fundamental.
La paciencia. Del sistema de beneficencia del nacionalcatolicismo, España pasó, con la Constitución de 1978, al concepto de asistencia social. Un cambio muy significativo que dio lugar a la creación de un sistema público de servicios sociales, que se ha convertido en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, explica Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. “La concepción de los servicios sociales como un derecho transformó las grandes instituciones de la caridad y la beneficencia y generó la creación de la red básica de servicios sociales actual”, cuenta. Así, en la década de los ochenta, los asilos se convirtieron en residencias de mayores, los orfanatos pasaron a ser centros de infancia… Una España cada vez más social.
Uno de los hitos de ese cuarto pilar del Estado de bienestar fue la ley de Dependencia, que abrió camino hacia la universalización de una parte fundamental de los servicios sociales. En noviembre de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una norma que reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez.
Con la ley de Depencia, explica Lima, se inicia un proceso de aprobación de leyes autonómicas que se dirigen hacia la universalización de un sistema de protección social, fundamental para el país. La ley, sin embargo, no ha funcionado como se esperaba. El proyecto estuvo infradotado económicamente y su encaje por autonomías ha provocado una España desigual. Además, el paquete para Dependencia se ha visto afectado gravemente por la tijera de la recesión.
Lima alerta de que ese pilar de servicios sociales se ha visto gravemente afectado por los recortes presupuestarios de los últimos años. Pide una reforma Constitucional para que se reconozcan los servicios sociales como derecho fundamental.
Laura Nuño
Cuatro décadas han transcurrido desde que Naciones Unidas declarara el año 1975 “Año Internacional de la Mujer”. Un hito histórico que propició la convocatoria, ese mismo año, de dos encuentros internacionales. Al primero, la Conferencia Mundial de Mujeres de México, asistieron las delegaciones oficiales y, en el caso español, la interlocución recayó en la Sección Femenina. El segundo, celebrado en Berlín y promovido por asociaciones no gubernamentales, contó con la participación de feministas españolas antifranquistas opuestas al mandato de sumisión, dependencia y maternidad obligada.
A finales de año, dos semanas después de la muerte del dictador, se celebraron en Madrid las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer; encuentro que evidenció la capacidad de respuesta y la nutrida composición del movimiento feminista. A pesar de ello, la Ponencia responsable de la elaboración del anteproyecto de Constitución no contó con ninguna mujer y el texto constitucional, si bien reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, ignoró las demandas del movimiento feminista (como la despenalización del aborto, el divorcio, la coeducación o la eliminación de la corona agnaticia). Se nos pidió paciencia.
Sin duda, en estas cuatro décadas hemos dejado atrás los mandatos de la Sección Femenina y ha cambiado sustancialmente el status jurídico y social de las mujeres españolas. Un cambio que, pese a su enorme trascendencia, no responde todavía a la transformación identitaria que éstas han experimentado, ni al mandato constitucional de igualdad material.
Precisamente porque salíamos de las catacumbas y había mucho por hacer, la evolución en materia de igualdad ha sido un proceso más veloz que el observado en nuestro entorno más inmediato. Como el avance ha sido más rápido, la reacción ante la supuesta ruptura del orden natural de la jerarquía sexual o, simplemente, ante la pérdida de privilegios ha sido también más intensa. Una reacción que ha contado con el respaldo del imaginario cultural de lo latino-mediterráneo y con la arenga del discurso apocalíptico de una poderosa jerarquía católica local con pretensiones legislativas. Se nos pide paciencia.
Muchos han sido los avances, pero también ha habido retrocesos. Este mismo verano, tanto el Comité de la CEDAW como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación ante el “riesgo de regresión” de los derechos y libertades de las mujeres. No en vano, desde el año 2010, según el Foro Económico Mundial, hemos retrocedido 18 puestos en el ranking mundial relativo a la brecha de género. Ante semejante retroceso y mientras las políticas de igualdad se deslegitiman sin pudor, se nos sigue pidiendo paciencia.
Mucho se ha avanzado, pero hay muchas promesas incumplidas y demandas ignoradas. El cuidado descuidado por las instituciones se sigue endosando a las mujeres. La perspectiva de género y el impacto de género de las políticas públicas tienen una presencia cosmética. La brecha salarial y la precarización del trabajo femenino persisten.
Rara es la semana que no se produce un asesinato por violencia de género mientras se extiende el mito de las denuncias falsas. Quizás sea conveniente recordar que éstas representan, en la estimación más elevada, el 0,01% de las denuncias; idéntica proporción que la inversión que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 destinarán a políticas de igualdad y violencia de género. El 7 de noviembre el movimiento feminista estatal exigió en una manifestación multitudinaria que la violencia machista sea considerada, por fin, una cuestión de estado. ¿Se atreverán a pedirnos más paciencia?
Laura Nuño dirige el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
A finales de año, dos semanas después de la muerte del dictador, se celebraron en Madrid las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer; encuentro que evidenció la capacidad de respuesta y la nutrida composición del movimiento feminista. A pesar de ello, la Ponencia responsable de la elaboración del anteproyecto de Constitución no contó con ninguna mujer y el texto constitucional, si bien reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, ignoró las demandas del movimiento feminista (como la despenalización del aborto, el divorcio, la coeducación o la eliminación de la corona agnaticia). Se nos pidió paciencia.
Sin duda, en estas cuatro décadas hemos dejado atrás los mandatos de la Sección Femenina y ha cambiado sustancialmente el status jurídico y social de las mujeres españolas. Un cambio que, pese a su enorme trascendencia, no responde todavía a la transformación identitaria que éstas han experimentado, ni al mandato constitucional de igualdad material.
Precisamente porque salíamos de las catacumbas y había mucho por hacer, la evolución en materia de igualdad ha sido un proceso más veloz que el observado en nuestro entorno más inmediato. Como el avance ha sido más rápido, la reacción ante la supuesta ruptura del orden natural de la jerarquía sexual o, simplemente, ante la pérdida de privilegios ha sido también más intensa. Una reacción que ha contado con el respaldo del imaginario cultural de lo latino-mediterráneo y con la arenga del discurso apocalíptico de una poderosa jerarquía católica local con pretensiones legislativas. Se nos pide paciencia.
Muchos han sido los avances, pero también ha habido retrocesos. Este mismo verano, tanto el Comité de la CEDAW como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación ante el “riesgo de regresión” de los derechos y libertades de las mujeres. No en vano, desde el año 2010, según el Foro Económico Mundial, hemos retrocedido 18 puestos en el ranking mundial relativo a la brecha de género. Ante semejante retroceso y mientras las políticas de igualdad se deslegitiman sin pudor, se nos sigue pidiendo paciencia.
Mucho se ha avanzado, pero hay muchas promesas incumplidas y demandas ignoradas. El cuidado descuidado por las instituciones se sigue endosando a las mujeres. La perspectiva de género y el impacto de género de las políticas públicas tienen una presencia cosmética. La brecha salarial y la precarización del trabajo femenino persisten.
Rara es la semana que no se produce un asesinato por violencia de género mientras se extiende el mito de las denuncias falsas. Quizás sea conveniente recordar que éstas representan, en la estimación más elevada, el 0,01% de las denuncias; idéntica proporción que la inversión que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 destinarán a políticas de igualdad y violencia de género. El 7 de noviembre el movimiento feminista estatal exigió en una manifestación multitudinaria que la violencia machista sea considerada, por fin, una cuestión de estado. ¿Se atreverán a pedirnos más paciencia?
Laura Nuño dirige el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
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