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| Imagen: El País / 25N, Madrid, 2015-11-25 |
Interior considera que 150 víctimas están en riesgo "alto" o "extremo" de ataque de su pareja o expareja.
Reyes Rincón | El País, 2015-11-26
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/25/actualidad/1448478077_894247.html
Más de 50.000 mujeres están sometidas a seguimiento policial por riesgo de ser agredidas por su pareja o expareja. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene activos 51.640, equivalentes a otras tantas denuncias de violencia machista impuestas por mujeres en las que la policía ha apreciado riesgo de poder ser agredidas de nuevo. Además, Interior tiene controlados otros 284.159 casos que, temporalmente, no se considera necesario someter a atención policial, pero que pueden reactivarse en cualquier momento.
La última estadística del Sistema VioGén, del 31 de octubre pasado, cifra en 51.640 las mujeres que tienen seguimiento de la policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales de toda España (en estas cifras no incluyen los casos que son responsabilidad de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra). El nivel de riesgo se establece en función de un protocolo aprobado en 2007 que se pone en marcha cada vez que una mujer denuncia una situación de maltrato.
La víctima es sometida a una valoración policial y, en función de su diagnóstico, se acuerda un tipo u otro de protección. El riesgo “bajo” solo implica facilitarle información y recomendaciones. En esta situación hay actualmente 13.483 víctimas. A partir del riesgo “medio” (2.866 mujeres, en la última estadística) ya hay vigilancia policial ocasional y, según las circunstancias de la mujer, se le puede ofrecer la posibilidad de ingresar en un centro de acogida. Solo en los casos en los que se aprecia riesgo elevado se impone una vigilancia permanente del agresor y de la víctima que puede llegar hasta la escolta policial. En este nivel de riesgo se encuentran 150 mujeres, 143 en “alto” y siete, en “extremo”.
El informe de Interior revela que el diagnóstico de riesgo alto y extremo se ha incrementado un 23,3% en el último año. A 31 de octubre de 2014 se encontraban en esta situación 122 mujeres, 28 menos que ahora. No obstante, la cifra de casos del año pasado ya destacó por ser llamativamente baja al haber registrado una caída superior al 30% respecto a 2013, lo que provocó una pregunta del PSOE al Gobierno en el Congreso. El Ejecutivo negó haber bajado la guardia ni los recursos destinados a proteger a las víctimas.
La valoración del riesgo policial arrastra críticas casi desde que se puso en marcha porque los expertos consideran que no es precisa y ocasiona muchos errores. El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial estudió el año pasado 15 casos de crímenes machistas de 2014 en los que existían procedimientos judiciales previos porque las mujeres habían denunciado a su agresor. El resultado fue desolador: en 14 de esos casos, la valoración policial había no había apreciado riesgo o lo había diagnosticado como “bajo”.
Uno de los reproches más extendidos es que, casi siempre, esta valoración se nutre solo de la declaración de la mujer, que, según los expertos, tiende a minimizar el peligro. Los jueces, que utilizan este diagnóstico policial para decretar medidas cautelares contra el agresor y otras medidas de protección a la víctima, piden que todos los informes policiales incluyan también el testimonio de la familia de la mujer, el agresor, psicólogos y todo el que pueda aportar información relevante.
Los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia llevan desde abril de 2014 trabajando en un cambio en el cuestionario que se hace a las mujeres y que actualmente consta de 16 apartados. El nuevo protocolo con el que ha trabajado el Gobierno tiene 39 preguntas e incluye indicadores relacionados con los celos, el control y el acoso, incluido el que se hace mediante las nuevas tecnologías. Pero este cuestionario, de momento, solo se ha usado en pruebas y de forma oficial sigue empleándose el antiguo.
En su lucha contra la violencia de género, las instituciones insisten en la necesidad de que la víctima denuncie porque es la única forma de que se activen las medidas de protección. Y, aunque las denuncias aumentaron en el último año (126.742 en 2014, un 1,4% más que el año anterior) y muestran un incremento también en 2015, la realidad demuestra que miles de mujeres siguen sufriendo en silencio los malos tratos. De las 48 víctimas mortales en lo que va de año, solo nueve habían presentado denuncia. Y de ellas, nada más que cinco habían solicitado medida de protección y esta solo se le había concedido a tres. A las otras dos no se le concedió porque la valoración policial no apreció riesgo de agresión.
Los abogados piden asistir antes de la denuncia
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) insta a los partidos a incluir en sus programas electorales el compromiso de garantizar que las víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia letrada previa a la presentación de la denuncia, de modo que lleguen preparadas para afrontar el procedimiento judicial.
Así lo explicó ayer el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, durante la presentación del Barómetro Externo de la Abogacía 2015. El máximo representante de los letrados españoles subrayó el hecho de que la mayoría de las mujeres asesinadas este año no habían llegado a denunciar a sus maltratadores.
En un artículo difundido ayer, Carnicer destacó la necesidad de que la justicia dé “una protección real a las víctimas”. El presidente del CGAE reconoce que “la sola presentación de la denuncia no es suficiente”, pero incide en que “es un primer paso imprescindible para proteger a las mujeres y a sus hijos”. “Si no conocemos los casos, si no sabemos lo que ocurre dentro de los domicilios de las víctimas, no podemos intervenir”, comenta en su escrito.
La última estadística del Sistema VioGén, del 31 de octubre pasado, cifra en 51.640 las mujeres que tienen seguimiento de la policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales de toda España (en estas cifras no incluyen los casos que son responsabilidad de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra). El nivel de riesgo se establece en función de un protocolo aprobado en 2007 que se pone en marcha cada vez que una mujer denuncia una situación de maltrato.
La víctima es sometida a una valoración policial y, en función de su diagnóstico, se acuerda un tipo u otro de protección. El riesgo “bajo” solo implica facilitarle información y recomendaciones. En esta situación hay actualmente 13.483 víctimas. A partir del riesgo “medio” (2.866 mujeres, en la última estadística) ya hay vigilancia policial ocasional y, según las circunstancias de la mujer, se le puede ofrecer la posibilidad de ingresar en un centro de acogida. Solo en los casos en los que se aprecia riesgo elevado se impone una vigilancia permanente del agresor y de la víctima que puede llegar hasta la escolta policial. En este nivel de riesgo se encuentran 150 mujeres, 143 en “alto” y siete, en “extremo”.
El informe de Interior revela que el diagnóstico de riesgo alto y extremo se ha incrementado un 23,3% en el último año. A 31 de octubre de 2014 se encontraban en esta situación 122 mujeres, 28 menos que ahora. No obstante, la cifra de casos del año pasado ya destacó por ser llamativamente baja al haber registrado una caída superior al 30% respecto a 2013, lo que provocó una pregunta del PSOE al Gobierno en el Congreso. El Ejecutivo negó haber bajado la guardia ni los recursos destinados a proteger a las víctimas.
La valoración del riesgo policial arrastra críticas casi desde que se puso en marcha porque los expertos consideran que no es precisa y ocasiona muchos errores. El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial estudió el año pasado 15 casos de crímenes machistas de 2014 en los que existían procedimientos judiciales previos porque las mujeres habían denunciado a su agresor. El resultado fue desolador: en 14 de esos casos, la valoración policial había no había apreciado riesgo o lo había diagnosticado como “bajo”.
Uno de los reproches más extendidos es que, casi siempre, esta valoración se nutre solo de la declaración de la mujer, que, según los expertos, tiende a minimizar el peligro. Los jueces, que utilizan este diagnóstico policial para decretar medidas cautelares contra el agresor y otras medidas de protección a la víctima, piden que todos los informes policiales incluyan también el testimonio de la familia de la mujer, el agresor, psicólogos y todo el que pueda aportar información relevante.
Los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia llevan desde abril de 2014 trabajando en un cambio en el cuestionario que se hace a las mujeres y que actualmente consta de 16 apartados. El nuevo protocolo con el que ha trabajado el Gobierno tiene 39 preguntas e incluye indicadores relacionados con los celos, el control y el acoso, incluido el que se hace mediante las nuevas tecnologías. Pero este cuestionario, de momento, solo se ha usado en pruebas y de forma oficial sigue empleándose el antiguo.
En su lucha contra la violencia de género, las instituciones insisten en la necesidad de que la víctima denuncie porque es la única forma de que se activen las medidas de protección. Y, aunque las denuncias aumentaron en el último año (126.742 en 2014, un 1,4% más que el año anterior) y muestran un incremento también en 2015, la realidad demuestra que miles de mujeres siguen sufriendo en silencio los malos tratos. De las 48 víctimas mortales en lo que va de año, solo nueve habían presentado denuncia. Y de ellas, nada más que cinco habían solicitado medida de protección y esta solo se le había concedido a tres. A las otras dos no se le concedió porque la valoración policial no apreció riesgo de agresión.
Los abogados piden asistir antes de la denuncia
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) insta a los partidos a incluir en sus programas electorales el compromiso de garantizar que las víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia letrada previa a la presentación de la denuncia, de modo que lleguen preparadas para afrontar el procedimiento judicial.
Así lo explicó ayer el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, durante la presentación del Barómetro Externo de la Abogacía 2015. El máximo representante de los letrados españoles subrayó el hecho de que la mayoría de las mujeres asesinadas este año no habían llegado a denunciar a sus maltratadores.
En un artículo difundido ayer, Carnicer destacó la necesidad de que la justicia dé “una protección real a las víctimas”. El presidente del CGAE reconoce que “la sola presentación de la denuncia no es suficiente”, pero incide en que “es un primer paso imprescindible para proteger a las mujeres y a sus hijos”. “Si no conocemos los casos, si no sabemos lo que ocurre dentro de los domicilios de las víctimas, no podemos intervenir”, comenta en su escrito.
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