El prodigioso camino de las mujeres. Ningún cambio de la sociedad española es comprensible sin tener en cuenta el impacto que supuso el reconocimiento de los derechos legales de las mujeres y su incorporación a la vida política, económica y social.
Soledad Gallego-Díaz | El País, 2015-11-20
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/29/actualidad/1446140959_900151.html
En las Cortes que aprobaron la Constitución de 1978 había bastantes más mujeres periodistas acreditadas que diputadas y senadoras. En total 27 mujeres parlamentarias (21 diputadas y seis senadoras), muy pocas, incluso, para aquella sociedad de 1977, fundamentalmente machista. Las que procedían de la izquierda sabían lo difícil que era que sus compañeros concedieran prioridad a las cuestiones de género. Las que procedían de grupos de derecha o centro tenían todavía peores experiencias. Pero inmediatamente unas y otras se dieron cuenta de que algo las unía: todas estaban convencidas de que la legislación en vigor colocaba a las mujeres en una situación de inferioridad que era, simplemente, escandalosa.
La nueva Constitución (que no tuvo ninguna “madre”, todos fueron “padres”) debería dejar claro el principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo. A partir de ahí se podría construir una nueva sociedad. Y, efectivamente, ninguna transformación de la sociedad española desde la muerte del dictador es comprensible sin tener en cuenta el enorme cambio que supuso el reconocimiento de los derechos legales de las mujeres y su vertiginosa y masiva incorporación a la vida política, económica y social del país. Las mujeres españolas arrancaron con 30 años de retraso respecto a los cambios experimentados en Europa, pero en menos de 25 consiguieron casi dejarlas atrás.
El año 1975 no solo fue el año en que murió Franco, también fue el año que la ONU declaró, por primera vez, Año Internacional de la Mujer. Y el año, en diciembre, 16 días después de la muerte del dictador, en que se celebraron en Madrid las primeras (e ilegales) Jornadas de Liberación de la Mujer, seguidas poco después por las Jornades Catalanes de la Dona, en la que participaron más de 4.000 mujeres y donde se aprobó ya un catálogo de reivindicaciones inmediatas, desde la implantación efectiva de la coeducación, hasta la revisión de los libros de texto para reflejar el papel de las mujeres. Es decir, en la sociedad española de 1975 existía ya una profunda brecha entre la situación real de las mujeres y su situación legal. Las mismas mujeres que acudieron a las Jornadas feministas ilegales, las mismas parlamentarias que tomaron asiento en la legislatura constituyente, no pudieron abrir una cuenta corriente sin permiso del marido ni participar en la patria potestad de sus hijos hasta la reforma de las leyes de familia de 1979.
Pocos recuerdan que en los Pactos de la Moncloa, de 1977, es decir, antes de que se aprobara la Constitución, se incluyeron ya tres medidas importantísimas para las mujeres: la despenalización de la difusión y publicidad de anticonceptivos; la despenalización del adulterio, que se castigaba con pena de cárcel para las mujeres y con una multa para los hombres; y la no discriminación de los hijos por razón del estado civil de la madre: los hijos habidos fuera del matrimonio católico se inscribían hasta entonces en el Registro como “ilegítimos”. La ley del Divorcio no llegaría, sin embargo, hasta 1981, al igual que la equiparación fundamental entre marido y mujer; la despenalización parcial del aborto, hasta 1985, y la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que incluía las medidas más serias contra el maltrato y el feminicidio, no se aprobaría hasta marzo de 2007.
El camino ha sido largo pero nadie pone en entredicho que la situación de las mujeres en España ha experimentado un cambio prodigioso en los últimos 40 años, en la educación, en la economía, la cultura y la vida cotidiana, tanto urbana como rural. Nadie discute que la batalla legal por la equiparación de los derechos ha logrado un cambio sustancial en la sociedad española y que sin esos cambios no se hubiera podido producir la transformación que experimentó el país en su conjunto.
¿Por qué, entonces, varios centenares de miles de personas se manifestaron el pasado 7 de noviembre en Madrid, convocados por 300 asociaciones feministas bajo el lema “Contra las violencias machistas”? ¿En qué consiste esta nueva batalla feminista, si ya todo el mundo cree que la sociedad funciona de manera mejor, más eficiente y más justa sin desigualdades de género? La batalla consiste en saber por qué, pese a todo, en realidad, no ha habido manera de acabar con esa desigualdad, como queda en evidencia en cada uno de los nuevos estudios y análisis que se realizan.
No se trata solo de que cien millones de mujeres desaparezcan en el mundo cada año por muertes prematuras respecto a los hombres de su mismo entorno, es que cien mil niñas chinas son secuestradas al año para ser instaladas en burdeles, sin que se produzca la menor reacción internacional. Claro que la ONU no se decidió a calificar la violación como crimen de guerra hasta 2008, pese a que existía constancia desde hacía siglos del uso de las violaciones masivas como un arma de guerra equiparable al bombardeo masivo de poblaciones civiles, condenados, esos sí, desde su mismo inicio. Es la misma ONU que sigue permitiendo que Arabia Saudí forme parte de organismos de defensa de los derechos humanos, cuando mantiene a la mitad de su población, las mujeres, en un régimen, no solo de discriminación, sino, directamente, de esclavitud.
No se trata, afectivamente, solo de que la condición de la mujer sigue siendo intolerable en muchas partes del mundo, con el consentimiento de la comunidad internacional. Se trata de que incluso en las sociedades occidentales en las que esos abusos están completamente desterrados, sigue existiendo un alto índice de violencia machista, de malos tratos e incluso de feminicidios y de que la igualdad efectiva pregonada por la ley no se traduce en una realidad palpable cuando se trata de igualdad salarial, acceso a puestos directivos empresariales o de reparto en los cuidados familiares.
La satisfacción que siente la sociedad española por los cambios sociales, económicos y políticos experimentados desde 1975 y, concretamente, por el cambio radical en la condición de la mujer, es muy justa. Si se compara lo que tenían que sufrir las mujeres españolas en 1975 y la terrible desprotección legal a la que estaban sometidas, a la que estábamos sometidas, todas las mujeres hasta mediados de los años ochenta, nadie puede denegar que ha sido un trayecto magnífico. Pero todos los trayectos tienen peligrosas marchas atrás y todas las transformaciones sociales exigen una voluntad de proseguir avanzando. Si no se consigue erradicar la violencia de las relaciones de los hombres con las mujeres, habrá quedado sin cumplir una de las más importantes.
La nueva Constitución (que no tuvo ninguna “madre”, todos fueron “padres”) debería dejar claro el principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo. A partir de ahí se podría construir una nueva sociedad. Y, efectivamente, ninguna transformación de la sociedad española desde la muerte del dictador es comprensible sin tener en cuenta el enorme cambio que supuso el reconocimiento de los derechos legales de las mujeres y su vertiginosa y masiva incorporación a la vida política, económica y social del país. Las mujeres españolas arrancaron con 30 años de retraso respecto a los cambios experimentados en Europa, pero en menos de 25 consiguieron casi dejarlas atrás.
El año 1975 no solo fue el año en que murió Franco, también fue el año que la ONU declaró, por primera vez, Año Internacional de la Mujer. Y el año, en diciembre, 16 días después de la muerte del dictador, en que se celebraron en Madrid las primeras (e ilegales) Jornadas de Liberación de la Mujer, seguidas poco después por las Jornades Catalanes de la Dona, en la que participaron más de 4.000 mujeres y donde se aprobó ya un catálogo de reivindicaciones inmediatas, desde la implantación efectiva de la coeducación, hasta la revisión de los libros de texto para reflejar el papel de las mujeres. Es decir, en la sociedad española de 1975 existía ya una profunda brecha entre la situación real de las mujeres y su situación legal. Las mismas mujeres que acudieron a las Jornadas feministas ilegales, las mismas parlamentarias que tomaron asiento en la legislatura constituyente, no pudieron abrir una cuenta corriente sin permiso del marido ni participar en la patria potestad de sus hijos hasta la reforma de las leyes de familia de 1979.
Pocos recuerdan que en los Pactos de la Moncloa, de 1977, es decir, antes de que se aprobara la Constitución, se incluyeron ya tres medidas importantísimas para las mujeres: la despenalización de la difusión y publicidad de anticonceptivos; la despenalización del adulterio, que se castigaba con pena de cárcel para las mujeres y con una multa para los hombres; y la no discriminación de los hijos por razón del estado civil de la madre: los hijos habidos fuera del matrimonio católico se inscribían hasta entonces en el Registro como “ilegítimos”. La ley del Divorcio no llegaría, sin embargo, hasta 1981, al igual que la equiparación fundamental entre marido y mujer; la despenalización parcial del aborto, hasta 1985, y la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que incluía las medidas más serias contra el maltrato y el feminicidio, no se aprobaría hasta marzo de 2007.
El camino ha sido largo pero nadie pone en entredicho que la situación de las mujeres en España ha experimentado un cambio prodigioso en los últimos 40 años, en la educación, en la economía, la cultura y la vida cotidiana, tanto urbana como rural. Nadie discute que la batalla legal por la equiparación de los derechos ha logrado un cambio sustancial en la sociedad española y que sin esos cambios no se hubiera podido producir la transformación que experimentó el país en su conjunto.
¿Por qué, entonces, varios centenares de miles de personas se manifestaron el pasado 7 de noviembre en Madrid, convocados por 300 asociaciones feministas bajo el lema “Contra las violencias machistas”? ¿En qué consiste esta nueva batalla feminista, si ya todo el mundo cree que la sociedad funciona de manera mejor, más eficiente y más justa sin desigualdades de género? La batalla consiste en saber por qué, pese a todo, en realidad, no ha habido manera de acabar con esa desigualdad, como queda en evidencia en cada uno de los nuevos estudios y análisis que se realizan.
No se trata solo de que cien millones de mujeres desaparezcan en el mundo cada año por muertes prematuras respecto a los hombres de su mismo entorno, es que cien mil niñas chinas son secuestradas al año para ser instaladas en burdeles, sin que se produzca la menor reacción internacional. Claro que la ONU no se decidió a calificar la violación como crimen de guerra hasta 2008, pese a que existía constancia desde hacía siglos del uso de las violaciones masivas como un arma de guerra equiparable al bombardeo masivo de poblaciones civiles, condenados, esos sí, desde su mismo inicio. Es la misma ONU que sigue permitiendo que Arabia Saudí forme parte de organismos de defensa de los derechos humanos, cuando mantiene a la mitad de su población, las mujeres, en un régimen, no solo de discriminación, sino, directamente, de esclavitud.
No se trata, afectivamente, solo de que la condición de la mujer sigue siendo intolerable en muchas partes del mundo, con el consentimiento de la comunidad internacional. Se trata de que incluso en las sociedades occidentales en las que esos abusos están completamente desterrados, sigue existiendo un alto índice de violencia machista, de malos tratos e incluso de feminicidios y de que la igualdad efectiva pregonada por la ley no se traduce en una realidad palpable cuando se trata de igualdad salarial, acceso a puestos directivos empresariales o de reparto en los cuidados familiares.
La satisfacción que siente la sociedad española por los cambios sociales, económicos y políticos experimentados desde 1975 y, concretamente, por el cambio radical en la condición de la mujer, es muy justa. Si se compara lo que tenían que sufrir las mujeres españolas en 1975 y la terrible desprotección legal a la que estaban sometidas, a la que estábamos sometidas, todas las mujeres hasta mediados de los años ochenta, nadie puede denegar que ha sido un trayecto magnífico. Pero todos los trayectos tienen peligrosas marchas atrás y todas las transformaciones sociales exigen una voluntad de proseguir avanzando. Si no se consigue erradicar la violencia de las relaciones de los hombres con las mujeres, habrá quedado sin cumplir una de las más importantes.
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