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| Imagen: El País / Lesbia Yaneth Urquía |
114 activistas ambientales han muerto violentamente en una década en el país centroamericano.
J. M. Ahrens | El País, 2017-07-08
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/07/mexico/1467917902_092949.html
Honduras es un campo de muerte para los ecologistas. A los cuatro meses del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, otra dirigente de su organización ha caído. Es Lesbia Yaneth Urquía Urquía, de 49 años, madre de tres hijos. Su cadáver fue hallado en Mata Mula, cerca de un basurero de Marcala, a 100 kilómetros de Tegucigalpa. Un machetazo en el cráneo, según las primeras versiones, puso fin a su vida.
El crimen se suma a una larga fila de cruces. En el país centroamericano, según la organización Global Witness, han sido asesinados en poco más de una década 114 activistas ambientales. En la mayoría de los casos los homicidios quedaron impunes. Y las pocas veces que se llegó al final del túnel, las conclusiones fueron abismales. Así ocurrió con el caso de Berta Cáceres. La infatigable ecologista, premio Goldman Enviromental Prize (el Nobel verde), murió el pasado 2 de marzo de dos tiros en su casa de La Esperanza. Desde un principio las sospechas se dirigieron hacia la empresa DESA, responsable de la gigantesca presa de Agua Zarca, a la que Cáceres y su organización (COPINH) se oponían por vaciar el río Gualcarque, sagrado entre los indios.
La existencia de un testigo y la presión internacional facilitaron la resolución del crimen. En mayo pasado, fueron detenidos por el asesinato el gerente de DESA, su jefe de seguridad, un mayor del Ejército y dos sicarios.
En el caso de Lesbia la autoría es aún un misterio. La mujer fue secuestrada un día antes del hallazgo del cadáver. Había salido en bicicleta a hacer ejercicio y cuando fue descubierta, presentaba signos de un ataque con machete. Al igual que Cáceres, se había enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan en Honduras. Entre ellos una obra vinculada a la presidenta de Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, y su esposo.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía la fallecida, responsabilizó de la muerte al Gobierno hondureño y apuntó directamente a la presidenta de Partido Nacional y su marido. “Ellos son fuente permanente de amenazas y conflictos por los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”, señaló en un comunicado. Este periódico trató sin éxito de recabar la versión de López.
Fuentes policiales citadas por Reuters indicaron que el crimen de Urquía, propietaria de dos hoteles y un mercadito, podría enmarcarse en una disputa familiar o una extorsión. Los compañeros de la víctima rechazaron esta hipótesis y recordaron que con Berta Cáceres la policía también quiso atribuir el asesinato a la delincuencia común. En un país donde el 90% de los crímenes queda sin resolver, otra ecologista ha muerto y aún no hay detenidos.
El crimen se suma a una larga fila de cruces. En el país centroamericano, según la organización Global Witness, han sido asesinados en poco más de una década 114 activistas ambientales. En la mayoría de los casos los homicidios quedaron impunes. Y las pocas veces que se llegó al final del túnel, las conclusiones fueron abismales. Así ocurrió con el caso de Berta Cáceres. La infatigable ecologista, premio Goldman Enviromental Prize (el Nobel verde), murió el pasado 2 de marzo de dos tiros en su casa de La Esperanza. Desde un principio las sospechas se dirigieron hacia la empresa DESA, responsable de la gigantesca presa de Agua Zarca, a la que Cáceres y su organización (COPINH) se oponían por vaciar el río Gualcarque, sagrado entre los indios.
La existencia de un testigo y la presión internacional facilitaron la resolución del crimen. En mayo pasado, fueron detenidos por el asesinato el gerente de DESA, su jefe de seguridad, un mayor del Ejército y dos sicarios.
En el caso de Lesbia la autoría es aún un misterio. La mujer fue secuestrada un día antes del hallazgo del cadáver. Había salido en bicicleta a hacer ejercicio y cuando fue descubierta, presentaba signos de un ataque con machete. Al igual que Cáceres, se había enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan en Honduras. Entre ellos una obra vinculada a la presidenta de Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, y su esposo.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía la fallecida, responsabilizó de la muerte al Gobierno hondureño y apuntó directamente a la presidenta de Partido Nacional y su marido. “Ellos son fuente permanente de amenazas y conflictos por los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”, señaló en un comunicado. Este periódico trató sin éxito de recabar la versión de López.
Fuentes policiales citadas por Reuters indicaron que el crimen de Urquía, propietaria de dos hoteles y un mercadito, podría enmarcarse en una disputa familiar o una extorsión. Los compañeros de la víctima rechazaron esta hipótesis y recordaron que con Berta Cáceres la policía también quiso atribuir el asesinato a la delincuencia común. En un país donde el 90% de los crímenes queda sin resolver, otra ecologista ha muerto y aún no hay detenidos.
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