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| Imagen: El Diario / Beatriz Gimeno, Sol Sánchez e Isa Serra, de Unidas Podemos |
El grupo parlamentario, liderado por Isabel Serra, pone en conocimiento del Ministerio Público la solicitud del partido de extrema derecha de identificar a los ponentes de los talleres de diversidad afectivo-sexual impartidos en colegios. "La pretensión de una organización que es notoria y públicamente contraria al reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI+ de tener un listado supone una clarísima intimidación para el colectivo", dice el escrito. Unidas Podemos considera que estos hechos pueden encuadrarse en los artículos 510 y 511 del Código Penal, que castigan los delitos de odio.
Sofía Pérez Mendoza | El Diario, 2019-07-15
https://www.eldiario.es/madrid/Unidas-Podemos-Fiscalia-LGTBI-Madrid_0_920757974.html
Unidas Podemos ha denunciado este lunes ante la Fiscalía la petición de Vox de identificar a las personas que imparten talleres de diversidad afectivo-sexual y contra el acoso a alumnado LGTBI en los colegios e institutos madrileños. En el escrito, el grupo parlamentario liderado por Isabel Serra argumenta que "la pretensión de una organización que es notoria y públicamente contraria al reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI+" de tener un listado de centros, cursos y ponentes, "supone una clarísima intimidación para el colectivo".
Según Unidas Podemos, estos hechos se encuadrarían en el artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos de odio y a quienes los cometen por "fomentar, promover o incitar directa o indirectamente la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel". El escrito también hace referencia al artículo 511, que señala que "las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación por razón de su ideología, religión, creencias, sexo, orientación sexual, razones de género [...]".
Todas las personas que imparten las charlas en colegios e institutos madrileños, cuyo objetivo es, entre otras cosas, la prevención del acoso escolar al alumnado LGTBI, son voluntarios de la organización COGAM. La asociación, que lleva décadas trabajando por los derechos LGTBI, también ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio por la "persecución política" al colectivo.
En un comunicado enviado el pasado viernes, COGAM subrayó que los contenidos de diversidad afectivo-sexual que llevan a los centros escolares son "obligatorios y están establecidos como contenido transversal en la LOMCE" y que estos talleres "cubren una necesidad" del alumnado "no satisfecha" por la Administración. En 2018, estos cursos llegaron a 10.798 personas, según datos de la organización.
No es la primera vez que el partido de extrema derecha es denunciado ante la Fiscalía por pedir estos datos. Vox hizo una petición similar al Parlamento valenciano hace dos semanas. Les Corts confirmaron que no tramitarían la solicitud y la trasladaron a la Fiscalía para que determine si requerir un listado de nombres y apellidos de los ponentes de los talleres LGTBI en colegios entraña un delito de odio. El escrito de Unidas Podemos hace referencia a este precedente.
Vox respondió la semana pasada a la ola de críticas por su iniciativa, recogidas en las redes sociales bajo el hashtag #ApuntaMiNombreVox. "¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando Vox pide conocer los detalles de los talleres a menores y de quiénes los imparten? A ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos. ¡Abajo los chiringuitos!", escribió el partido a través de su cuenta de Twitter.
En cualquier caso, la Consejería de Educación ya ha confirmado que la petición de Vox no tendrá ningún recorrido. El Gobierno regional no aportará los datos solicitados porque hacerlo vulnera la ley de protección de datos y porque, según fuentes de Educación, la administración no dispone de un listado de estos talleres y sus ponentes porque su organización depende de la "autonomía" de cada centro escolar.
La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que trata de recabar el apoyo de Vox para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid en las próximas semanas justificó que hay "padres preocupados porque se rumorea que en algunos colegios hay colectivos que hablan a sus hijos de temas que ellos no quieren" y aboga, según explicó el día que firmó su acuerdo con Ciudadanos, a revisar uno a uno los talleres que se están dando en los centros. Aunque defiende, a priori, que no se está "impartiendo información en los colegios que los padres no quieren". Ciudadanos considera, por su parte, que Vox tiene "derecho a pedir la información que considere oportuna".
Según Unidas Podemos, estos hechos se encuadrarían en el artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos de odio y a quienes los cometen por "fomentar, promover o incitar directa o indirectamente la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel". El escrito también hace referencia al artículo 511, que señala que "las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación por razón de su ideología, religión, creencias, sexo, orientación sexual, razones de género [...]".
Todas las personas que imparten las charlas en colegios e institutos madrileños, cuyo objetivo es, entre otras cosas, la prevención del acoso escolar al alumnado LGTBI, son voluntarios de la organización COGAM. La asociación, que lleva décadas trabajando por los derechos LGTBI, también ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio por la "persecución política" al colectivo.
En un comunicado enviado el pasado viernes, COGAM subrayó que los contenidos de diversidad afectivo-sexual que llevan a los centros escolares son "obligatorios y están establecidos como contenido transversal en la LOMCE" y que estos talleres "cubren una necesidad" del alumnado "no satisfecha" por la Administración. En 2018, estos cursos llegaron a 10.798 personas, según datos de la organización.
No es la primera vez que el partido de extrema derecha es denunciado ante la Fiscalía por pedir estos datos. Vox hizo una petición similar al Parlamento valenciano hace dos semanas. Les Corts confirmaron que no tramitarían la solicitud y la trasladaron a la Fiscalía para que determine si requerir un listado de nombres y apellidos de los ponentes de los talleres LGTBI en colegios entraña un delito de odio. El escrito de Unidas Podemos hace referencia a este precedente.
Vox respondió la semana pasada a la ola de críticas por su iniciativa, recogidas en las redes sociales bajo el hashtag #ApuntaMiNombreVox. "¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando Vox pide conocer los detalles de los talleres a menores y de quiénes los imparten? A ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos. ¡Abajo los chiringuitos!", escribió el partido a través de su cuenta de Twitter.
En cualquier caso, la Consejería de Educación ya ha confirmado que la petición de Vox no tendrá ningún recorrido. El Gobierno regional no aportará los datos solicitados porque hacerlo vulnera la ley de protección de datos y porque, según fuentes de Educación, la administración no dispone de un listado de estos talleres y sus ponentes porque su organización depende de la "autonomía" de cada centro escolar.
La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que trata de recabar el apoyo de Vox para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid en las próximas semanas justificó que hay "padres preocupados porque se rumorea que en algunos colegios hay colectivos que hablan a sus hijos de temas que ellos no quieren" y aboga, según explicó el día que firmó su acuerdo con Ciudadanos, a revisar uno a uno los talleres que se están dando en los centros. Aunque defiende, a priori, que no se está "impartiendo información en los colegios que los padres no quieren". Ciudadanos considera, por su parte, que Vox tiene "derecho a pedir la información que considere oportuna".
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