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| Imagen: El País / Protesta en Nueva Delhi por la violación y asesinato de Ashifa Bano |
La violencia sexual contra una niña musulmana en Cachemira expande la tensión religiosa de la región a toda India.
Ángel L. Martínez Cantera | El País, 2018-04-13
https://elpais.com/internacional/2018/04/13/actualidad/1523612079_083664.html
Varios centenares de mujeres musulmanas se han manifestado este viernes en Bombay para pedir justicia por la violación múltiple y asesinato de una niña de ocho años en Cachemira. Las protestas, que se han expandido a varias ciudades del país asiático, se unen a la marcha que lideró este jueves el líder de la oposición Rahul Gandhi ante la Puerta de India, en Nueva Delhi, en la que se exigía una respuesta del Gobierno para proteger las menores indias. El crimen habría sido perpetrado para promover la expulsión de la comunidad musulmana Bakarwal, a la que pertenecía la niña, según las investigaciones.
Este miércoles se revelaron los datos sobre el caso de Ashifa Bano, de ocho años, víctima de asesinato a principios de 2018. La menor, perteneciente a una comunidad nómada musulmana, desapareció en enero mientras se encontraba en un prado de Kathua, en el estado indio de Jammu y Cachemira. La investigación policial determinó que la pequeña había sido drogada y brutalmente violada durante días en un templo hindú por un grupo hombres, todos ellos hindúes, que acabaron con su vida después de días de torturas.
Entre los ocho arrestados, alguno de los cuales ya ha confesado según la policía del Estado, se encuentran el guardián del templo y dos oficiales de policía quienes, al parecer, habrían aceptado varios miles de euros para encubrir a los criminales. Según las investigaciones, el motivo del crimen era expulsar a la comunidad musulmana Bakarwal, a la que pertenecía la menor, del distrito de Kathua. Aunque casi el 70% de la población del estado de Jammu y Cachemira es musulmana, la región en la que se produjeron los hechos, Jammu, es predominantemente hindú.
El caso de Ashifa se ha convertido en otra fuente de conflicto entre las comunidades hindú y musulmana que cohabitan la disputada región de Cachemira, que vivió una de sus jornadas más sangrientas a principios de mes con la muerte de 20 personas y más de 100 heridos como resultado de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes armados. A principios de esta semana, la policía se encontró con la oposición de un grupo de abogados hindúes cuando fue a presentar los cargos contra los acusados del asesinato de Ashifa. Lejos de empatizar con la víctima, un grupo de mujeres hindúes también bloquearon carreteras amenazando con inmolarse por lo que entienden una afrenta contra su religión
Las protestas de esta semana por el caso de la violación de la menor musulmana se unen a las protagonizadas en febrero por dirigentes de la región pertenecientes al partido del Gobierno de centroderecha y nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), quienes exigían la liberación de uno de los acusados alegando que los investigadores no eran imparciales porque pertenecían a la comunidad musulmana. Dos de esos dirigentes que apoyaron a los acusados han dimitido este viernes, en una jornada en la que también el Tribunal Supremo de India ha decidido hacerse cargo del caso, ante las manifestaciones por ambas comunidades religiosas.
La Ministra de Mujer y Desarrollo de la Infancia, Maneka Gandhi, se ha manifestado este viernes “profundamente trastornada por el caso de violación de Kathua, y el resto de casos recientes”, y confirmaba su intención de reformar la Ley de Protección de Menores ante Delitos Sexuales (POCSO), para incluir la pena de muerte a los condenados por violaciones a menores de 12 años. Según datos de la Oficina Nacional de Registro Criminal, las denuncias de violaciones de niños se multiplican cada año.
Las declaraciones de la ministra se refieren al caso de la menor musulmana en Cachemira y a otro más reciente registrado este jueves en el estado de Uttar Pradesh. Este último tiene como principal acusado a un dirigente local del partido BJP quien, según informa el diario Indian Express, participó en la violación múltiple de una joven de 17 años durante el pasado verano. Ambos casos han incentivado la respuesta del Gobierno quien, de la mano de su primer ministro, Narendra Modi, ha declarado que "ninguno de los implicados será perdonado, se hará justicia. Esas hijas recibirán justicia; todos nosotros hemos de solucionar este problema juntos".
Este miércoles se revelaron los datos sobre el caso de Ashifa Bano, de ocho años, víctima de asesinato a principios de 2018. La menor, perteneciente a una comunidad nómada musulmana, desapareció en enero mientras se encontraba en un prado de Kathua, en el estado indio de Jammu y Cachemira. La investigación policial determinó que la pequeña había sido drogada y brutalmente violada durante días en un templo hindú por un grupo hombres, todos ellos hindúes, que acabaron con su vida después de días de torturas.
Entre los ocho arrestados, alguno de los cuales ya ha confesado según la policía del Estado, se encuentran el guardián del templo y dos oficiales de policía quienes, al parecer, habrían aceptado varios miles de euros para encubrir a los criminales. Según las investigaciones, el motivo del crimen era expulsar a la comunidad musulmana Bakarwal, a la que pertenecía la menor, del distrito de Kathua. Aunque casi el 70% de la población del estado de Jammu y Cachemira es musulmana, la región en la que se produjeron los hechos, Jammu, es predominantemente hindú.
El caso de Ashifa se ha convertido en otra fuente de conflicto entre las comunidades hindú y musulmana que cohabitan la disputada región de Cachemira, que vivió una de sus jornadas más sangrientas a principios de mes con la muerte de 20 personas y más de 100 heridos como resultado de violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes armados. A principios de esta semana, la policía se encontró con la oposición de un grupo de abogados hindúes cuando fue a presentar los cargos contra los acusados del asesinato de Ashifa. Lejos de empatizar con la víctima, un grupo de mujeres hindúes también bloquearon carreteras amenazando con inmolarse por lo que entienden una afrenta contra su religión
Las protestas de esta semana por el caso de la violación de la menor musulmana se unen a las protagonizadas en febrero por dirigentes de la región pertenecientes al partido del Gobierno de centroderecha y nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), quienes exigían la liberación de uno de los acusados alegando que los investigadores no eran imparciales porque pertenecían a la comunidad musulmana. Dos de esos dirigentes que apoyaron a los acusados han dimitido este viernes, en una jornada en la que también el Tribunal Supremo de India ha decidido hacerse cargo del caso, ante las manifestaciones por ambas comunidades religiosas.
La Ministra de Mujer y Desarrollo de la Infancia, Maneka Gandhi, se ha manifestado este viernes “profundamente trastornada por el caso de violación de Kathua, y el resto de casos recientes”, y confirmaba su intención de reformar la Ley de Protección de Menores ante Delitos Sexuales (POCSO), para incluir la pena de muerte a los condenados por violaciones a menores de 12 años. Según datos de la Oficina Nacional de Registro Criminal, las denuncias de violaciones de niños se multiplican cada año.
Las declaraciones de la ministra se refieren al caso de la menor musulmana en Cachemira y a otro más reciente registrado este jueves en el estado de Uttar Pradesh. Este último tiene como principal acusado a un dirigente local del partido BJP quien, según informa el diario Indian Express, participó en la violación múltiple de una joven de 17 años durante el pasado verano. Ambos casos han incentivado la respuesta del Gobierno quien, de la mano de su primer ministro, Narendra Modi, ha declarado que "ninguno de los implicados será perdonado, se hará justicia. Esas hijas recibirán justicia; todos nosotros hemos de solucionar este problema juntos".
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