 |
| Imagen: El Diario / Movilización 8M en Bilbao, 2018 |
La previsible celebración de las elecciones el próximo 28 de abril deja fuera varias medidas que tramita el Congreso, que sí votará la próxima semana la mejora de las pensiones de orfandad para hijos e hijas de mujeres asesinadas. En el tintero se quedarán la Ley de Igualdad Laboral, la de medidas urgentes del Pacto contra la Violencia de Género o los permisos iguales e intransferibles. Tampoco dará tiempo a ultimar la Ley LGTBI ni la reforma de la ley de 2007 para que las personas trans no tengan que declararse enfermas como requisito para cambiar su nombre y sexo legal.
Marta Borraz | El Diario, 2019-02-14
https://www.eldiario.es/sociedad/pensiones-orfandad-violencia-machista-electoral_0_867913424.html
La convocatoria de elecciones generales el próximo 28 de abril tras el fracaso en los Presupuestos Generales del Estado va a provocar que muchas medidas de diferentes ámbitos se queden en el tintero. Así ocurrirá con casi todas las iniciativas relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y el colectivo LGTBI que actualmente tramita el Congreso. La única que previsiblemente se salvará del adelanto electoral es la mejora de las pensiones de orfandad de los hijos e hijas de víctimas de violencia machista. La votación definitiva de la norma en el Pleno está fijada el próximo jueves, por lo que siempre que Pedro Sánchez no disuelva las Cortes este mismo viernes, saldrá adelante.
El texto que se someterá a votación procede del Senado, que lo aprobó por unanimidad el pasado 6 de febrero, y ya es el último paso de un largo trámite que dio comienzo en mayo de 2017. Aunque todos los grupos se han mostrado partidarios desde el principio, el procedimiento ha sufrido algunas dilaciones y el PP solicitó en varias ocasiones una ampliación del periodo de enmiendas.
En la actualidad los niños y niñas cuyas madres son asesinadas son considerados huérfanos absolutos –de ambos progenitores– desde 2015, pero no se han eliminado los requisitos para adquirir las prestaciones. Para casos anteriores a 2008, la exigencia es que la madre hubiera cotizado 15 años o 500 días en un periodo ininterrumpido de los cinco años anteriores al asesinato. Tras 2008, quedó en que la mujer estuviera en el momento del fallecimiento dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, por ejemplo, en situación legal de desempleo o en excedencia por cuidado de hijos.
Esta situación ha llevado a que muchos huérfanos no hayan recibido las pensiones: en 2015 y 2016, por ejemplo, la Seguridad Social solo concedió diez y siete pensiones respectivamente, mientras que en esos mismos años se quedaron huérfanos por esta causa 51 y 29 menores de edad. Así, el texto que viene del Senado y que verá el pleno del Congreso la próxima semana acaba con estos condicionantes –con efecto retroactivo desde 2004, año de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género– y elevará la cuantía hasta un mínimo de 600 euros –ahora es de unos 140– al pasar del 52% de la base reguladora al 70%. En caso de que la mujer no haya cotizado, se calculará en base al salario mínimo vigente.
Violencia machista e igualdad laboral
Al margen de las pensiones de orfandad, ninguna otra medida de las que tramita la cámara en diferentes puntos del proceso verá la luz. Es el caso del proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que está desarrollándose mediante ponencias en la Comisión de Igualdad. Esta iniciativa procede de un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto y que posteriormente se convirtió en iniciativa parlamentaria.
La batería de medidas incorporada en el decreto sí entró en vigor. Entre ellas la ampliación de los mecanismos más allá de la denuncia con los que una mujer puede acreditar ser víctima de violencia machista, la reforma del Código Civil para evitar que padres denunciados por maltrato puedan impedir que su hijo o hija reciba tratamiento psicológico o la mejora en la asistencia jurídica de las víctimas. Sin embargo, y más allá del decreto, los grupos políticos han querido aprovechar la tramitación de la iniciativa para intentar incluir otras muchas medidas del Pacto que, ante el final de la legislatura, no saldrán adelante.
Es también el caso de la Ley de Igualdad Laboral, también presentada por el PSOE y cuyo trámite fue iniciado por el Congreso el pasado mes de octubre. El texto, que hace un repaso por toda la normativa laboral para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, prevé multas para las empresas que pongan trabas a la conciliación, obliga a que hagan un análisis de las categorías profesionales y los sesgos de género, e insta a que los consejos de administración de las empresas tengan representación equilibrada de mujeres y hombres a partir de 2023. Sin embargo, la norma está a la espera del informe de la comisión.
Lo mismo le ocurre a la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles que dio su primer paso en el Congreso en junio. La iniciativa consagra 16 semanas para cada progenitor que no pueden cederse al otro: dos son obligatorias inmediatamente después del parto o adopción; otras cuatro, obligatorias durante el primer año y diez restantes voluntarias. El trámite ha seguido su curso en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el periodo de enmiendas continúa abierto aún tras varias ampliaciones.
Autodeterminación trans y Ley LGTBI
En cuanto a las iniciativas relacionadas con el colectivo LGTBI, ninguna de las que tramita el Congreso parece que vayan a tener plazo para aprobarse definitivamente. La Ley LGTBI, un amplio texto que prevé medidas para luchar contra la homofobia, tansfobia y bifobia en todos los ámbitos, está aún en debate tras un "injustificable retraso", en opinión de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (FELGTB), colectivo impulsor de la norma. La toma en consideración por parte del pleno se produjo en septiembre de 2017 con la abstención del PP.
Otro de los cambios que el colectivo esperaba con insistencia y que finalmente no podrá ser efectivo en el corto plazo es la modificación de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta normativa obliga a las personas trans y no binarias a declararse enfermas para que puedan cambiar el nombre y el sexo legal en los documentos oficiales. El Congreso avaló en noviembre de 2017 que estos requisitos médicos fueran eliminados y el derecho se ampliara a los menores de edad y extranjeros con residencia en España, excluidos actualmente.
El Gobierno emitió una instrucción hace unos meses a todos los Registros Civiles para que faciliten el cambio de sexo, no de nombre, de los niños y niñas que así lo soliciten, pero la ley todavía no se ha cambiado puesto que la reforma está pendiente del dictamen de la Comisión de Justicia. Aunque se preveía que se emitiera en breve, es difícil que den los plazos porque aún quedaría su paso por el Senado y vuelta al Congreso.
Al margen de las iniciativas tramitadas en la Cámara Baja, hay algunas anunciadas por el Gobierno que es probable que tampoco salgan adelante. Entre ellas, la ley contra la trata, tal y como reconoce el propio Gobierno en un documento en el que certifica la muerte de la legislatura. A pesar de que el Consejo de Ministros anunció que vería este anteproyecto antes de que acabara 2018, no fue así y el texto se ha retrasado considerablemente.
El texto que se someterá a votación procede del Senado, que lo aprobó por unanimidad el pasado 6 de febrero, y ya es el último paso de un largo trámite que dio comienzo en mayo de 2017. Aunque todos los grupos se han mostrado partidarios desde el principio, el procedimiento ha sufrido algunas dilaciones y el PP solicitó en varias ocasiones una ampliación del periodo de enmiendas.
En la actualidad los niños y niñas cuyas madres son asesinadas son considerados huérfanos absolutos –de ambos progenitores– desde 2015, pero no se han eliminado los requisitos para adquirir las prestaciones. Para casos anteriores a 2008, la exigencia es que la madre hubiera cotizado 15 años o 500 días en un periodo ininterrumpido de los cinco años anteriores al asesinato. Tras 2008, quedó en que la mujer estuviera en el momento del fallecimiento dada de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, por ejemplo, en situación legal de desempleo o en excedencia por cuidado de hijos.
Esta situación ha llevado a que muchos huérfanos no hayan recibido las pensiones: en 2015 y 2016, por ejemplo, la Seguridad Social solo concedió diez y siete pensiones respectivamente, mientras que en esos mismos años se quedaron huérfanos por esta causa 51 y 29 menores de edad. Así, el texto que viene del Senado y que verá el pleno del Congreso la próxima semana acaba con estos condicionantes –con efecto retroactivo desde 2004, año de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género– y elevará la cuantía hasta un mínimo de 600 euros –ahora es de unos 140– al pasar del 52% de la base reguladora al 70%. En caso de que la mujer no haya cotizado, se calculará en base al salario mínimo vigente.
Violencia machista e igualdad laboral
Al margen de las pensiones de orfandad, ninguna otra medida de las que tramita la cámara en diferentes puntos del proceso verá la luz. Es el caso del proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que está desarrollándose mediante ponencias en la Comisión de Igualdad. Esta iniciativa procede de un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto y que posteriormente se convirtió en iniciativa parlamentaria.
La batería de medidas incorporada en el decreto sí entró en vigor. Entre ellas la ampliación de los mecanismos más allá de la denuncia con los que una mujer puede acreditar ser víctima de violencia machista, la reforma del Código Civil para evitar que padres denunciados por maltrato puedan impedir que su hijo o hija reciba tratamiento psicológico o la mejora en la asistencia jurídica de las víctimas. Sin embargo, y más allá del decreto, los grupos políticos han querido aprovechar la tramitación de la iniciativa para intentar incluir otras muchas medidas del Pacto que, ante el final de la legislatura, no saldrán adelante.
Es también el caso de la Ley de Igualdad Laboral, también presentada por el PSOE y cuyo trámite fue iniciado por el Congreso el pasado mes de octubre. El texto, que hace un repaso por toda la normativa laboral para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, prevé multas para las empresas que pongan trabas a la conciliación, obliga a que hagan un análisis de las categorías profesionales y los sesgos de género, e insta a que los consejos de administración de las empresas tengan representación equilibrada de mujeres y hombres a partir de 2023. Sin embargo, la norma está a la espera del informe de la comisión.
Lo mismo le ocurre a la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles que dio su primer paso en el Congreso en junio. La iniciativa consagra 16 semanas para cada progenitor que no pueden cederse al otro: dos son obligatorias inmediatamente después del parto o adopción; otras cuatro, obligatorias durante el primer año y diez restantes voluntarias. El trámite ha seguido su curso en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el periodo de enmiendas continúa abierto aún tras varias ampliaciones.
Autodeterminación trans y Ley LGTBI
En cuanto a las iniciativas relacionadas con el colectivo LGTBI, ninguna de las que tramita el Congreso parece que vayan a tener plazo para aprobarse definitivamente. La Ley LGTBI, un amplio texto que prevé medidas para luchar contra la homofobia, tansfobia y bifobia en todos los ámbitos, está aún en debate tras un "injustificable retraso", en opinión de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (FELGTB), colectivo impulsor de la norma. La toma en consideración por parte del pleno se produjo en septiembre de 2017 con la abstención del PP.
Otro de los cambios que el colectivo esperaba con insistencia y que finalmente no podrá ser efectivo en el corto plazo es la modificación de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta normativa obliga a las personas trans y no binarias a declararse enfermas para que puedan cambiar el nombre y el sexo legal en los documentos oficiales. El Congreso avaló en noviembre de 2017 que estos requisitos médicos fueran eliminados y el derecho se ampliara a los menores de edad y extranjeros con residencia en España, excluidos actualmente.
El Gobierno emitió una instrucción hace unos meses a todos los Registros Civiles para que faciliten el cambio de sexo, no de nombre, de los niños y niñas que así lo soliciten, pero la ley todavía no se ha cambiado puesto que la reforma está pendiente del dictamen de la Comisión de Justicia. Aunque se preveía que se emitiera en breve, es difícil que den los plazos porque aún quedaría su paso por el Senado y vuelta al Congreso.
Al margen de las iniciativas tramitadas en la Cámara Baja, hay algunas anunciadas por el Gobierno que es probable que tampoco salgan adelante. Entre ellas, la ley contra la trata, tal y como reconoce el propio Gobierno en un documento en el que certifica la muerte de la legislatura. A pesar de que el Consejo de Ministros anunció que vería este anteproyecto antes de que acabara 2018, no fue así y el texto se ha retrasado considerablemente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.