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| Imagen: El País / Baltic Gay Pride en Riga, Letonia, en junio 2018 |
Los activistas denuncian un incremento de las agresiones verbales y ataques a sedes en los países del Este.
Lluís Pellicer | El País, 2018-11-05
https://elpais.com/sociedad/2018/10/31/actualidad/1541021532_555776.html
El auge del nacionalismo y el populismo amenaza de nuevo los derechos y libertades del colectivo LGTBI. En especial en varios países del Este de Europa donde estos movimientos han llegado al poder. Lejos de aspirar a la conquista del matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, los activistas de estos países se ven obligados a protegerse de la violencia verbal que vierten sobre ellos las corrientes conservadoras y de extrema derecha. Esa escalada se acentuó en la campaña del fallido referéndum convocado en Rumania para vetar los matrimonios gais en su Constitución. Asociaciones de países como Polonia o Lituania han denunciado, además, haber sufrido varios ataques en sus sedes este año.
Mirka Makuchowska, activista polaca de Campaña contra la Homofobia, denunciaba en la conferencia anual de asociación internacional ILGA-Europe –que aglutina a decenas de entidades del continente—, celebrada en Bruselas, la deriva autoritaria del gobierno ultraconservador de Ley y Justicia. Justo cuando hablaba, recibía la noticia de que multitud de escuelas se veían obligadas a cancelar actividades que habían programado para promover la tolerancia en las escuelas. El Ministerio de Educación había advertido a todos los directores y había pedido a los padres que denunciaran a los centros que albergaran esos eventos.
“Todo ha ido a peor”, resume Makuchowska. Los activistas polacos denuncian una escalada de actuaciones para socavar los movimientos por los derechos civiles privándoles de acceso a fondos públicos. “Estamos viendo cómo se usa un lenguaje virulento y se vuelve a emplear palabras que hacía tiempo que no escuchábamos, como ‘sodomitas’ o ‘pervertidos’. Y ese discurso del odio envalentona a chavales que pasan por un local que tiene la bandera del arco iris y no dudan en apedrearlo”, denuncia.
Esos mensajes cargados de prejuicios soportaron también los ciudadanos rumanos el pasado mes de septiembre, durante la campaña de un referéndum que perseguía vetar en la Constitución los matrimonios del mismo sexo. Líderes del gubernamental Partido Social Demócrata esparcieron en las televisiones la cantinela de que esas uniones ponían en riesgo la familia. El referéndum hizo aguas al no concitar los sufragios mínimos para ser validado. “Los líderes de ese populismo lo presentan como un movimiento del pueblo, pero es al revés, viene desde arriba y buscan ganarse a la gente a costa de los más débiles”, advierte la activista y periodista rumana Teodora Ion-Rotaru.
La hostilidad de los gobiernos de países como Hungría, Polonia, Rumania o Bulgaria hacia los colectivos LGTBI ha encendido las alarmas de la Comisión Europea. Su vicepresidente primero, Frans Timmermans, advirtió en esa conferencia del regreso del “lenguaje del odio” de la mano de los movimientos populistas y nacionalistas. El primer ministro húngaro, Victor Orban, ya irritó el año pasado a Bruselas al albergar un congreso de un grupo antiLGTBI en que criticó a la Unión Europea por estar dominada por una “ideología relativista y liberal que es un insulto a las familias”.
No obstante, Timmermans reprendió sobre todo a los socialistas búlgaros y rumanos, de su familia política europea, por querer conseguir apoyos empleando planteamientos homófobos. “Si quieren formar parte de nuestra familia, tienen que entender que el respeto por la igualdad es un elemento esencial”, afirmó.
En la cola en derechos civiles
Casi todos los países del Este se hallan en la zona roja del informe que cada año elabora ILGA-Europe. Desde hace años, permanecen atrapados en ese territorio que raya la discriminación y la violación de los derechos humanos. Letonia es el país peor situado de la Unión Europea. “No queremos estar ahí, pero desde 2006, cuando adoptamos legislaciones en el ámbito laboral, no se ha hecho nada más”, lamenta Kaspars Zalitis, activista de Mozaika.
A pesar de la falta de avances, Zalitis es más optimista que otros activistas. Él sí percibe cambios sociales. Hace apenas unos años, cuenta, en las marchas bálticas del Orgullo tenía que aguantar junto a otro puñado de compañeros cómo le lanzaban excrementos. Este año, unas 8.000 personas marcharon por las calles de Tallin sin sufrir ningún incidente. “Por supuesto, nos preocupa el populismo, pero es algo que también viven Francia o Holanda”, añade. No en vano, en el furgón de cola del índice de la asociación europea está también Italia, donde su vicepresidente recientemente ha rechazado las adopciones por parte de parejas del mismo sexo alegando el derecho de los niños a tener “un padre y una madre”.
En Letonia, añade Zalitis, dos partidos con representación parlamentaria que pueden ser decisivos para formar gobierno han situado ya en su agenda la igualdad LGTB. Algo que no pueden decir Simeon Vasilex y Lilya Dragoeva, dos activistas búlgaros. “Ningún partido que esté en el Congreso se plantea esa cuestión”, afirma Dragoeva. “El nacionalismo trata de atraer votos. Y usa el discurso de que la ideología occidental quiere infiltrarse en nuestro país”, lamenta Vasilex. “Esas fuerzas divisivas nos recuerdan a todos una verdad básica: estas amenazas nos conciernen a todos”, remacha Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europe.
"Queremos ir hasta el final"
El colectivo LGTBI se apuntó una victoria después de que la Corte de Luxemburgo sentenciara que los matrimonios homosexuales deberán tener los mismos derechos de residencia en la UE que los heterosexuales, incluso en los países donde estas uniones no sean legales. La batalla la inició Adrian Coman, de origen rumano, que contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense en Bruselas. Dos años después de su boda, pidieron a Rumania permiso de residencia para el marido. La petición fue inicialmente rechazada, pero el TJUE dictaminó que Bucarest debía reconocerlo.
Coman, que asistió a la conferencia de Bruselas, explica que se ha clarificado la legislación, pero aún aguarda a que la justicia rumana resuelva su caso. “Queremos ir hasta el final”, sostiene Coman, en referencia a que aún puede toparse con algún “agujero” legal. Aun así, la sentencia de Coman ha abierto la puerta a que otras parejas puedan reclamar que se reconozcan sus matrimonios celebrados en otros países de la Unión Europea en los que uno de los cónyuges hayan residido. De hecho, se esperan resoluciones en breve en Polonia y Lituania.
Hoy Coman vive en Estados Unidos. Esa opción, la de dejar el país, es por la que optan muchos jóvenes. Sucede en Rumanía, según denuncian las organizaciones por los derechos civiles de ese país. Pero también en Lituania. Una encuesta realizada recientemente por la mayor organización LGTBI de Lituania entre jóvenes del país arrojaba que el 90% de los preguntados tenían pensado o estaban considerando irse al extranjero cuando tras acabar sus estudios. En los países bálticos, de hecho, los colectivos se quejan de estar sufriendo la falta de tolerancia rusa. “Tenemos un problema de bullying en las escuelas, pero las instituciones no lo afrontan. Consideran que toda información sobre el colectivo LGTBI es propaganda y seguimos sintiendo la presión de la Iglesia”, sostiene el presidente de la entidad, Vladimiras Simonko, quien denuncia que hace apenas dos meses su sede fue atacada.
Mirka Makuchowska, activista polaca de Campaña contra la Homofobia, denunciaba en la conferencia anual de asociación internacional ILGA-Europe –que aglutina a decenas de entidades del continente—, celebrada en Bruselas, la deriva autoritaria del gobierno ultraconservador de Ley y Justicia. Justo cuando hablaba, recibía la noticia de que multitud de escuelas se veían obligadas a cancelar actividades que habían programado para promover la tolerancia en las escuelas. El Ministerio de Educación había advertido a todos los directores y había pedido a los padres que denunciaran a los centros que albergaran esos eventos.
“Todo ha ido a peor”, resume Makuchowska. Los activistas polacos denuncian una escalada de actuaciones para socavar los movimientos por los derechos civiles privándoles de acceso a fondos públicos. “Estamos viendo cómo se usa un lenguaje virulento y se vuelve a emplear palabras que hacía tiempo que no escuchábamos, como ‘sodomitas’ o ‘pervertidos’. Y ese discurso del odio envalentona a chavales que pasan por un local que tiene la bandera del arco iris y no dudan en apedrearlo”, denuncia.
Esos mensajes cargados de prejuicios soportaron también los ciudadanos rumanos el pasado mes de septiembre, durante la campaña de un referéndum que perseguía vetar en la Constitución los matrimonios del mismo sexo. Líderes del gubernamental Partido Social Demócrata esparcieron en las televisiones la cantinela de que esas uniones ponían en riesgo la familia. El referéndum hizo aguas al no concitar los sufragios mínimos para ser validado. “Los líderes de ese populismo lo presentan como un movimiento del pueblo, pero es al revés, viene desde arriba y buscan ganarse a la gente a costa de los más débiles”, advierte la activista y periodista rumana Teodora Ion-Rotaru.
La hostilidad de los gobiernos de países como Hungría, Polonia, Rumania o Bulgaria hacia los colectivos LGTBI ha encendido las alarmas de la Comisión Europea. Su vicepresidente primero, Frans Timmermans, advirtió en esa conferencia del regreso del “lenguaje del odio” de la mano de los movimientos populistas y nacionalistas. El primer ministro húngaro, Victor Orban, ya irritó el año pasado a Bruselas al albergar un congreso de un grupo antiLGTBI en que criticó a la Unión Europea por estar dominada por una “ideología relativista y liberal que es un insulto a las familias”.
No obstante, Timmermans reprendió sobre todo a los socialistas búlgaros y rumanos, de su familia política europea, por querer conseguir apoyos empleando planteamientos homófobos. “Si quieren formar parte de nuestra familia, tienen que entender que el respeto por la igualdad es un elemento esencial”, afirmó.
En la cola en derechos civiles
Casi todos los países del Este se hallan en la zona roja del informe que cada año elabora ILGA-Europe. Desde hace años, permanecen atrapados en ese territorio que raya la discriminación y la violación de los derechos humanos. Letonia es el país peor situado de la Unión Europea. “No queremos estar ahí, pero desde 2006, cuando adoptamos legislaciones en el ámbito laboral, no se ha hecho nada más”, lamenta Kaspars Zalitis, activista de Mozaika.
A pesar de la falta de avances, Zalitis es más optimista que otros activistas. Él sí percibe cambios sociales. Hace apenas unos años, cuenta, en las marchas bálticas del Orgullo tenía que aguantar junto a otro puñado de compañeros cómo le lanzaban excrementos. Este año, unas 8.000 personas marcharon por las calles de Tallin sin sufrir ningún incidente. “Por supuesto, nos preocupa el populismo, pero es algo que también viven Francia o Holanda”, añade. No en vano, en el furgón de cola del índice de la asociación europea está también Italia, donde su vicepresidente recientemente ha rechazado las adopciones por parte de parejas del mismo sexo alegando el derecho de los niños a tener “un padre y una madre”.
En Letonia, añade Zalitis, dos partidos con representación parlamentaria que pueden ser decisivos para formar gobierno han situado ya en su agenda la igualdad LGTB. Algo que no pueden decir Simeon Vasilex y Lilya Dragoeva, dos activistas búlgaros. “Ningún partido que esté en el Congreso se plantea esa cuestión”, afirma Dragoeva. “El nacionalismo trata de atraer votos. Y usa el discurso de que la ideología occidental quiere infiltrarse en nuestro país”, lamenta Vasilex. “Esas fuerzas divisivas nos recuerdan a todos una verdad básica: estas amenazas nos conciernen a todos”, remacha Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europe.
"Queremos ir hasta el final"
El colectivo LGTBI se apuntó una victoria después de que la Corte de Luxemburgo sentenciara que los matrimonios homosexuales deberán tener los mismos derechos de residencia en la UE que los heterosexuales, incluso en los países donde estas uniones no sean legales. La batalla la inició Adrian Coman, de origen rumano, que contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense en Bruselas. Dos años después de su boda, pidieron a Rumania permiso de residencia para el marido. La petición fue inicialmente rechazada, pero el TJUE dictaminó que Bucarest debía reconocerlo.
Coman, que asistió a la conferencia de Bruselas, explica que se ha clarificado la legislación, pero aún aguarda a que la justicia rumana resuelva su caso. “Queremos ir hasta el final”, sostiene Coman, en referencia a que aún puede toparse con algún “agujero” legal. Aun así, la sentencia de Coman ha abierto la puerta a que otras parejas puedan reclamar que se reconozcan sus matrimonios celebrados en otros países de la Unión Europea en los que uno de los cónyuges hayan residido. De hecho, se esperan resoluciones en breve en Polonia y Lituania.
Hoy Coman vive en Estados Unidos. Esa opción, la de dejar el país, es por la que optan muchos jóvenes. Sucede en Rumanía, según denuncian las organizaciones por los derechos civiles de ese país. Pero también en Lituania. Una encuesta realizada recientemente por la mayor organización LGTBI de Lituania entre jóvenes del país arrojaba que el 90% de los preguntados tenían pensado o estaban considerando irse al extranjero cuando tras acabar sus estudios. En los países bálticos, de hecho, los colectivos se quejan de estar sufriendo la falta de tolerancia rusa. “Tenemos un problema de bullying en las escuelas, pero las instituciones no lo afrontan. Consideran que toda información sobre el colectivo LGTBI es propaganda y seguimos sintiendo la presión de la Iglesia”, sostiene el presidente de la entidad, Vladimiras Simonko, quien denuncia que hace apenas dos meses su sede fue atacada.
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