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| Washington Blade / Marcha LGTBI en Montevideo // |
Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ.
Activistas son críticos con el gobierno actual.
Esteban Guzmán | Washington Blade, 2021-10-01
https://www.washingtonblade.com/2021/10/01/marchan-en-uruguay-entre-festejos-y-reclamos-de-los-derechos-lgbtq/
El 24 de septiembre se realizó en Uruguay la “Marcha por la Diversidad” en medio de un momento de inflexión para los derechos de la población LGBTQ.
Bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” miles salieron a protestar en las principales avenidas de la capital nacional acusando abandono por parte del gobierno.
A nivel internacional Uruguay ha destacado por ser pionero en avanzar en legislaciones y políticas públicas a favor de las personas que aman o están fuera de la heteronorma, siendo considerado incluso como uno de los mejores destinos turísticos para LGBTQ en América Latina.
Importantes avances logrados a través de lo que activistas denominan la “agenda de derechos” y que en estos momentos se encuentra en amenaza.
Diego Sempol, doctor en ciencias sociales y académico experto en temas de diversidad sexual y de género advirtió al Washington Blade que “en términos normativos el país avanzó mucho, pero esto no necesariamente produce transformaciones automáticas a nivel de la vida social. Entonces hay diferentes temporalidades. Todavía en nuestro país coexisten diferentes regímenes sobre lo que tiene que ver con las corporalidades y las sexualidades”.
Según Sempol aún en Uruguay “hay lugares donde las personas tienen que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar porque casarse implica visibilizarse en esa localidad y eso va a generar una fuerte discriminación que puede terminar repercutiendo en su inserción laboral”.
“Hay zonas o barrios, en los cuales está totalmente normalizado hoy la disidencia sexual y hay otros barrios, donde se siguen generando bromas y violencia física, insultos, exclusiones o sea que es un proceso; las normas sirven para generar nuevos espacios de enunciación. Sirven para saldar ciertos debates, pero tienen que estar necesariamente acompañadas con políticas públicas”, señaló al respecto el académico.
El actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mientras ejercía como congresista fue un férreo opositor a las iniciativas legislativas que buscaban extender derechos a LGBTQ. Votando incluso contra la mayoría de ellas.
El Blade días antes de que Lacalle Pou asumiera como Jefe de Estado conversó con activistas y políticos LGBTQ, quienes en ese entonces manifestaron su preocupación, ya que si bien, mientras era candidato presidencial prometió no derogar ningún derecho conquistado, se instalaría en la Torre Ejecutiva con un gabinete mayoritariamente anti-LGBTQ.
Hoy a más de un año y medio de su mandato las preocupaciones que tenían los líderes LGBTQ se estarían cumpliendo y en la marcha de la semana pasada fueron expuestas mediante consignas y pancartas. Aquella manifestación fue convocada por una veintena de organizaciones queer de ese país latinoamericano.
“La verdad que no hemos visto ningún avance desde la nueva presidencia. No hemos logrado nada. No hemos logrado avanzar más que retroceder en políticas públicas, retroceder en derechos” indicó la vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Paula Moreno, al Blade.
La activista trans explicó que “las principales demandas que nosotres salimos este año a reivindicar son para que las leyes se implementen, para que las personas LGBTQ+ sean reconocidas en derechos”.
“Luchamos por una vida libre de discriminación, por una vida de inclusión. Luchamos por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la educación y por tener un buen acceso a la salud. Básicamente por los derechos básicos que históricamente a esta población se les ha vulnerado”, señaló al respecto Moreno.
Mientras que José María Speranza, quién compartió la vocería de la marcha con Moreno explicó al Blade que “la consigna de este año de la coordinadora es “Estado ausente, nuestra lucha presente” y con esto lo que queremos es evidenciar el repliegue de una gran cantidad de políticas sociales que se habían llevado a cabo”.
Bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” miles salieron a protestar en las principales avenidas de la capital nacional acusando abandono por parte del gobierno.
A nivel internacional Uruguay ha destacado por ser pionero en avanzar en legislaciones y políticas públicas a favor de las personas que aman o están fuera de la heteronorma, siendo considerado incluso como uno de los mejores destinos turísticos para LGBTQ en América Latina.
Importantes avances logrados a través de lo que activistas denominan la “agenda de derechos” y que en estos momentos se encuentra en amenaza.
Diego Sempol, doctor en ciencias sociales y académico experto en temas de diversidad sexual y de género advirtió al Washington Blade que “en términos normativos el país avanzó mucho, pero esto no necesariamente produce transformaciones automáticas a nivel de la vida social. Entonces hay diferentes temporalidades. Todavía en nuestro país coexisten diferentes regímenes sobre lo que tiene que ver con las corporalidades y las sexualidades”.
Según Sempol aún en Uruguay “hay lugares donde las personas tienen que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar porque casarse implica visibilizarse en esa localidad y eso va a generar una fuerte discriminación que puede terminar repercutiendo en su inserción laboral”.
“Hay zonas o barrios, en los cuales está totalmente normalizado hoy la disidencia sexual y hay otros barrios, donde se siguen generando bromas y violencia física, insultos, exclusiones o sea que es un proceso; las normas sirven para generar nuevos espacios de enunciación. Sirven para saldar ciertos debates, pero tienen que estar necesariamente acompañadas con políticas públicas”, señaló al respecto el académico.
El actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mientras ejercía como congresista fue un férreo opositor a las iniciativas legislativas que buscaban extender derechos a LGBTQ. Votando incluso contra la mayoría de ellas.
El Blade días antes de que Lacalle Pou asumiera como Jefe de Estado conversó con activistas y políticos LGBTQ, quienes en ese entonces manifestaron su preocupación, ya que si bien, mientras era candidato presidencial prometió no derogar ningún derecho conquistado, se instalaría en la Torre Ejecutiva con un gabinete mayoritariamente anti-LGBTQ.
Hoy a más de un año y medio de su mandato las preocupaciones que tenían los líderes LGBTQ se estarían cumpliendo y en la marcha de la semana pasada fueron expuestas mediante consignas y pancartas. Aquella manifestación fue convocada por una veintena de organizaciones queer de ese país latinoamericano.
“La verdad que no hemos visto ningún avance desde la nueva presidencia. No hemos logrado nada. No hemos logrado avanzar más que retroceder en políticas públicas, retroceder en derechos” indicó la vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Paula Moreno, al Blade.
La activista trans explicó que “las principales demandas que nosotres salimos este año a reivindicar son para que las leyes se implementen, para que las personas LGBTQ+ sean reconocidas en derechos”.
“Luchamos por una vida libre de discriminación, por una vida de inclusión. Luchamos por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la educación y por tener un buen acceso a la salud. Básicamente por los derechos básicos que históricamente a esta población se les ha vulnerado”, señaló al respecto Moreno.
Mientras que José María Speranza, quién compartió la vocería de la marcha con Moreno explicó al Blade que “la consigna de este año de la coordinadora es “Estado ausente, nuestra lucha presente” y con esto lo que queremos es evidenciar el repliegue de una gran cantidad de políticas sociales que se habían llevado a cabo”.
Diego Sempol / Paula Moreno
Incumplimiento de la ley integral trans
Uno de los retrocesos más notorios que acusan en Uruguay, es la no implementación de la ley integral trans que fue aprobada en 2018 y que establece que el Estado uruguayo debe otorgar una cuota de trabajo a las personas trans correspondiente al uno por ciento de las contrataciones de empleos públicos.
“Marchamos exigiendo también el cumplimiento de las cuotas de vacantes de los empleos públicos para la población trans, que bueno no se están cumpliendo” denunció Speranza al Blade mediante una conversación telefónica.
Mientras que Sempol expusó que “la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay reconoció que en estos dos años no se cumplió esta cuota, lo cual es un problemón, porque en realidad esté acuerdo de la ley solo se va a ejecutar durante 15 años. Ya perdimos tres años y no se ha cumplido hasta el momento”.
Por otro lado, Moreno enfatizó que “la ley integral para personas trans si bien se aprobó hace tres años, aún seguimos insistiendo y promoviendo que se implemente en su totalidad, porque justamente es una ley integral que lo que busca es mejorar la expectativa y la calidad de vida de las personas trans y en ese sentido, todavía seguimos como en un debé a nivel político”.
Speranza complementó que “a su vez también exigimos este año que las instituciones de salud públicas y privadas cumplan con la ley general para personas trans que cubre todas las necesidades sanitarias de la población trans, como son la hormonización, operaciones confirmación de género, etc.”.
“Se está negando hoy en día cubrir lo que la ley les obliga, negando a realizar operaciones y procedimientos. También la asistencia pública, quienes son las administradoras de servicios de salud del Estado violan derechos consagrados y tienen consecuencias sumamente negativas en la salud de las personas trans, afectando a su salud mental y poniendo en riesgo a someterse a estos procedimientos por fuera del sistema de salud establecido”, concluyó Speranza.
En respuesta, Federico Bianchi, un activista LGBTQ que pertenece a la coalición de gobierno, sinceró al Blade que “es verdad que no se está cumpliendo en su totalidad lo de los cupos para personas trans, pero no se cumplía tampoco en el gobierno anterior. En Uruguay, lamentablemente instalamos las leyes pero al momento del presupuesto tenemos problemas”.
“Me han llegado comentarios de que no se están haciendo las operaciones de cambio de sexo, cosa que tampoco estaba ocurriendo en el gobierno anterior, pero la diferencia es que nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo de 2020, y el 13 de marzo se declaró la alerta sanitaria y a partir de ese día no se hicieron más operaciones programadas. Solamente se operaban cosas de emergencia, entonces, obviamente ha dificultado la implementación de la ley trans en ese sentido”, aclaró Bianchi a través de una videollamada.
“El colectivo trans merece más, mucho más de lo que ha obtenido hasta ahora. En Uruguay la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, pero no es de 35 desde que llegamos al gobierno, es algo que venía desde antes. Se ha ido mejorando la situación de estas personas, pero falta muchísimo por hacer”, concluyó Bianchi.
José María Speranza / Felipe Bianchi
COVID-19 es otro golpe para las personas LGBTQ
La pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación por la que atraviesan las personas queer en Uruguay. Siendo la población trans una de las más afectadas.
“En plena pandemia la población LGBTQ+ ha tenido que estar sola, si no fuese por los movimientos sociales que han estado ayudando con canastas con alimentos todo estaría peor”, reportó Moreno al Blade.
“Durante el proceso en la pandemia de la comunidad LGBTQ+ sufrió realmente problemas muy directo, muy concretos y que no hubo respuestas estatales rápida sostenidas integrales a estas dificultades. Entonces una primera cosa que fue notoria fue en la población trans”, argumentó Sempol.
“Nosotros cuando hicimos un censo en el año 2016 con el Ministerio de Desarrollo Social y facultades sociales, encontramos que dos de cada tres personas trans tuvieron que estar vinculadas al comercio sexual. Por lo tanto, con el contexto de pandemia, esa estrategia de sobrevivencia se cayó por completo y el Estado prácticamente no monto ninguna respuesta”, lamentó desde su hogar en Montevideo.
Finalmente destacó que “ahí lo que funcionó fue las redes solidarias de las organizaciones sociales. Se creó una olla popular en el cerrito de la victoria que fue muy importante y también se hizo llegar recursos financieros en colectas que hicieron diferentes organizaciones a muchas compañeras trans del interior del país”.
Frente a esta situación Moreno respondió al Blade que “nos pusimos ahí la camiseta para apoyar y estar en todo lo más que se puede y denunciar y reclamar a un Estado ausente”.
Discursos de odio
A todo lo anterior se suma el silencio absoluto del gobierno frente a los ataques y discursos anti-LGBTQ. Días antes de la marcha, Inés Monzillo, una congresista de Cabildo Abierto, un partido político que integra la coalición de gobierno, realizó fuertes declaraciones contra la Marcha por la Diversidad.
Precisamente la diputada suplente criticó la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, la tienda política del presidente.
Monzillo compartió en sus redes sociales un video de un grupo de jóvenes de su conglomerado en el que invitaban a participar del “Mes de la Diversidad”.
“Empieza setiembre y setiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad”, expresaban en el video.
“Bue... septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”, escribió Monzillo en su cuenta de Twitter.
El gobierno no condenó las declaraciones homofóbicas de su congresista. Aunque en privado fuentes de la coalición reconocieron al Blade que le solicitaron “no emitir comentarios de ese tipo”.
Frente a esto, Speranza recalcó que “también marchamos para combatir los fundamentalismos de sectores políticos y religiosos que patologízan a la homosexualidad y a las personas trans”.
“Senadores de Cabildo Abierto han negado la existencia de las familias diversas. También hay personas que han hecho campaña con mentiras en contra la ley para personas trans y que hoy en día integran directorio de empresas públicas, por ejemplo”, agregó el dirigente.
“Lo que ha pasado con el gobierno de esta coalición de derechas es que se agravan los discursos de odio y fundamentalismos irracionales y retrógrados. Hay sectores políticos y religiosos y religiosas, que patologizan la homosexualidad y a las personas trans mientras defienden a notorios torturadores y violadores de Derechos Humanos”, recalcó Speranza al Blade.
Similar opinión tiene Sempol “en la coalición multicolor, que está actualmente gestionando el Estado, Cabildo Abierto es un partido que tiene un discurso virulento contra la diversidad sexual, habla de ideología de género, habla del circo de la diversidad, invisibiliza y niega que exista discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Habla de que las prestaciones que se dan a las personas trans son formas de privilegio, o sea un discurso virulento, de odio, que está operando desde la propia estructura del Estado”.
“Hay un congelamiento claro y esto genera precisamente una forma de retroceso, porque en estos temas si no se avanza, rápidamente vuelven los sentidos comunes de instalarse y además en el gobierno anterior, no teníamos discursos de odio desde actores que estaban en el Estado. Ahora esto sí es una realidad”, subrayó Sempol al Blade.
“Han sido dedicadas de socialización, donde se ha generado discursos de odio y además, este el escenario actual convive con la reaparición de organizaciones este de corte, este religioso y de extrema derecha que están este fuertemente abonando discursos de odio y exclusión. Pensemos en el caso, incluso que hay actores que están vinculados en la propia estructura de gobierno”, advirtió el académico.
Según Sempol para evitar retrocesos en derechos LGBTQ “hay que hacer mucha presión para lograr mínimamente que no se desmantele. Yo creo que en realidad no se ha desmantelado nada sustantivo hasta ahora porque hay tanta movilización social que no se animan”.
Finalmente opinó que “estamos casi la mitad de la gestión, pero también fueron dos años muy especiales por el contexto de la pandemia, la cual ha generado como una distorsión enorme de todos los debates más convencionales son más tradicionales que estaba sucediendo en Uruguay”.
La pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación por la que atraviesan las personas queer en Uruguay. Siendo la población trans una de las más afectadas.
“En plena pandemia la población LGBTQ+ ha tenido que estar sola, si no fuese por los movimientos sociales que han estado ayudando con canastas con alimentos todo estaría peor”, reportó Moreno al Blade.
“Durante el proceso en la pandemia de la comunidad LGBTQ+ sufrió realmente problemas muy directo, muy concretos y que no hubo respuestas estatales rápida sostenidas integrales a estas dificultades. Entonces una primera cosa que fue notoria fue en la población trans”, argumentó Sempol.
“Nosotros cuando hicimos un censo en el año 2016 con el Ministerio de Desarrollo Social y facultades sociales, encontramos que dos de cada tres personas trans tuvieron que estar vinculadas al comercio sexual. Por lo tanto, con el contexto de pandemia, esa estrategia de sobrevivencia se cayó por completo y el Estado prácticamente no monto ninguna respuesta”, lamentó desde su hogar en Montevideo.
Finalmente destacó que “ahí lo que funcionó fue las redes solidarias de las organizaciones sociales. Se creó una olla popular en el cerrito de la victoria que fue muy importante y también se hizo llegar recursos financieros en colectas que hicieron diferentes organizaciones a muchas compañeras trans del interior del país”.
Frente a esta situación Moreno respondió al Blade que “nos pusimos ahí la camiseta para apoyar y estar en todo lo más que se puede y denunciar y reclamar a un Estado ausente”.
Discursos de odio
A todo lo anterior se suma el silencio absoluto del gobierno frente a los ataques y discursos anti-LGBTQ. Días antes de la marcha, Inés Monzillo, una congresista de Cabildo Abierto, un partido político que integra la coalición de gobierno, realizó fuertes declaraciones contra la Marcha por la Diversidad.
Precisamente la diputada suplente criticó la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, la tienda política del presidente.
Monzillo compartió en sus redes sociales un video de un grupo de jóvenes de su conglomerado en el que invitaban a participar del “Mes de la Diversidad”.
“Empieza setiembre y setiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad”, expresaban en el video.
“Bue... septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”, escribió Monzillo en su cuenta de Twitter.
El gobierno no condenó las declaraciones homofóbicas de su congresista. Aunque en privado fuentes de la coalición reconocieron al Blade que le solicitaron “no emitir comentarios de ese tipo”.
Frente a esto, Speranza recalcó que “también marchamos para combatir los fundamentalismos de sectores políticos y religiosos que patologízan a la homosexualidad y a las personas trans”.
“Senadores de Cabildo Abierto han negado la existencia de las familias diversas. También hay personas que han hecho campaña con mentiras en contra la ley para personas trans y que hoy en día integran directorio de empresas públicas, por ejemplo”, agregó el dirigente.
“Lo que ha pasado con el gobierno de esta coalición de derechas es que se agravan los discursos de odio y fundamentalismos irracionales y retrógrados. Hay sectores políticos y religiosos y religiosas, que patologizan la homosexualidad y a las personas trans mientras defienden a notorios torturadores y violadores de Derechos Humanos”, recalcó Speranza al Blade.
Similar opinión tiene Sempol “en la coalición multicolor, que está actualmente gestionando el Estado, Cabildo Abierto es un partido que tiene un discurso virulento contra la diversidad sexual, habla de ideología de género, habla del circo de la diversidad, invisibiliza y niega que exista discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Habla de que las prestaciones que se dan a las personas trans son formas de privilegio, o sea un discurso virulento, de odio, que está operando desde la propia estructura del Estado”.
“Hay un congelamiento claro y esto genera precisamente una forma de retroceso, porque en estos temas si no se avanza, rápidamente vuelven los sentidos comunes de instalarse y además en el gobierno anterior, no teníamos discursos de odio desde actores que estaban en el Estado. Ahora esto sí es una realidad”, subrayó Sempol al Blade.
“Han sido dedicadas de socialización, donde se ha generado discursos de odio y además, este el escenario actual convive con la reaparición de organizaciones este de corte, este religioso y de extrema derecha que están este fuertemente abonando discursos de odio y exclusión. Pensemos en el caso, incluso que hay actores que están vinculados en la propia estructura de gobierno”, advirtió el académico.
Según Sempol para evitar retrocesos en derechos LGBTQ “hay que hacer mucha presión para lograr mínimamente que no se desmantele. Yo creo que en realidad no se ha desmantelado nada sustantivo hasta ahora porque hay tanta movilización social que no se animan”.
Finalmente opinó que “estamos casi la mitad de la gestión, pero también fueron dos años muy especiales por el contexto de la pandemia, la cual ha generado como una distorsión enorme de todos los debates más convencionales son más tradicionales que estaba sucediendo en Uruguay”.
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