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| El Mundo / Algunos de los libros LGTBI censurados // |
La edil denunciada por la compra de 32 libros LGTBI para los institutos: "Lo volvería a hacer".
Verònica Ruiz (Compromís), edil de Feminismos y LGTBI de Castellón, defiende en sus alegaciones contra el auto judicial que ordena la retirada cautelas de los libros que se trata de títulos «legales» que no vulneran ningún derecho, tampoco el religioso.
C. Pastor | El Mundo, 2021-10-23
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/10/23/6173f046fdddffa7678b470c.html
«En Castellón siempre estaremos junto a la tolerancia, la diversidad, la democracia, los derechos humanos y, por supuesto, cumpliendo la ley», ha advertido la concejala de Feminismo y LGTBI, Verònica Ruiz, al hilo de las alegaciones presentadas este viernes al auto judical que ordenaba la retirada de los libros donados a varios centros educativos de la ciudad.
Por ello, Ruiz incidió en que «estamos convencidos de que con esta donación hemos actuado como es debido, queremos seguir defendiendo los valores de la tolerancia y la diversidad y, sin lugar a dudas, lo volvería a hacer». Así de contundente se muestra la concejala en medio de la nueva controversia que ha generado en Castellón otra denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos.
Por lo pronto, el consistorio se ha defendido alegando que «no hay vulneración del derecho a la libertad religiosa por su contenido», en respuesta al auto que obliga al consistorio a retirar los libros de temática LGTBI donados a 11 institutos de Secundaria y al centro de menores Pi Gros. Además, la alegación específica que «el Ayuntamiento de Castellón no puede ser impugnado por los contenidos de los libros por no ser ni autor ni editor de estos materiales adquiridos en las librerías de la ciudad y siguiendo el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público». Así pues, entienden y defienden que los libros contra los que ha actuado la Asociación Abogados Cristianos con una denuncia ante la Justicia «están en el mercado, con su ISBN y, por supuesto, son perfectamente legales».
El auto judicial fue notificado el pasado viernes, 15 de octubre, por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón, apenas tres días después de que la Concejalía de Feminismo anunciará el regalo de 11 lotes de 32 libros de temática LGTBI. Al respecto, Ruiz advertía tras la polémica suscitada en torno al contenido de estos títulos, que «hemos hecho esta donación conforme a derecho para facilitar herramientas en los centros educativos a efectos de coadyuvar con el cumplimiento de las leyes 8/2017 de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, y la 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI».
De ahí que el documento de las alegaciones, presentado este viernes, 21 de octubre, por los servicios jurídicos municipales en el mismo Juzgado, se fundamenta en que el Ayuntamiento «ha actuado en el marco legal y conforme a derecho, puesto que estos libros no comportan ninguna vulneración de los derechos fundamentales», a la vez que insiste en que son «libros legales que pueden ser adquiridos por cualquier persona en el mercado».
Del mismo modo, las alegaciones se basan en que «son habituales las donaciones culturales entre administraciones o instituciones». No sólo eso, sino que, «precisamente, tal como indica la ley valenciana de igualdad LGTBI de 2018, existe una obligación por parte de las administraciones públicas, especialmente de la educativa, de abordar de manera específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar, teniendo que incluir estos contenidos en el proyecto educativo del centro, para lo cual se los tiene que dotar con las herramientas y recursos necesarios para su implantación».
Por ello, Ruiz incidió en que «estamos convencidos de que con esta donación hemos actuado como es debido, queremos seguir defendiendo los valores de la tolerancia y la diversidad y, sin lugar a dudas, lo volvería a hacer». Así de contundente se muestra la concejala en medio de la nueva controversia que ha generado en Castellón otra denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos.
Por lo pronto, el consistorio se ha defendido alegando que «no hay vulneración del derecho a la libertad religiosa por su contenido», en respuesta al auto que obliga al consistorio a retirar los libros de temática LGTBI donados a 11 institutos de Secundaria y al centro de menores Pi Gros. Además, la alegación específica que «el Ayuntamiento de Castellón no puede ser impugnado por los contenidos de los libros por no ser ni autor ni editor de estos materiales adquiridos en las librerías de la ciudad y siguiendo el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público». Así pues, entienden y defienden que los libros contra los que ha actuado la Asociación Abogados Cristianos con una denuncia ante la Justicia «están en el mercado, con su ISBN y, por supuesto, son perfectamente legales».
El auto judicial fue notificado el pasado viernes, 15 de octubre, por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón, apenas tres días después de que la Concejalía de Feminismo anunciará el regalo de 11 lotes de 32 libros de temática LGTBI. Al respecto, Ruiz advertía tras la polémica suscitada en torno al contenido de estos títulos, que «hemos hecho esta donación conforme a derecho para facilitar herramientas en los centros educativos a efectos de coadyuvar con el cumplimiento de las leyes 8/2017 de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, y la 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI».
De ahí que el documento de las alegaciones, presentado este viernes, 21 de octubre, por los servicios jurídicos municipales en el mismo Juzgado, se fundamenta en que el Ayuntamiento «ha actuado en el marco legal y conforme a derecho, puesto que estos libros no comportan ninguna vulneración de los derechos fundamentales», a la vez que insiste en que son «libros legales que pueden ser adquiridos por cualquier persona en el mercado».
Del mismo modo, las alegaciones se basan en que «son habituales las donaciones culturales entre administraciones o instituciones». No sólo eso, sino que, «precisamente, tal como indica la ley valenciana de igualdad LGTBI de 2018, existe una obligación por parte de las administraciones públicas, especialmente de la educativa, de abordar de manera específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar, teniendo que incluir estos contenidos en el proyecto educativo del centro, para lo cual se los tiene que dotar con las herramientas y recursos necesarios para su implantación».
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