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| Imagen: El País / Celebración de la Ley contra la LGTBIfobia en Catalunya, Octubre 2014 |
El 27% de las 113 incidencias registradas por el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña no se denunciaron.
Jessica Mouzo Quintáns | El País, 2016-04-13
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/13/catalunya/1460573706_324434.html
Los casos de homofobia en Cataluña repiten el mismo patrón año tras año. Aunque salvando diferencias numéricas y aumentando cada vez más los ámbitos en los que se producen, los hombres homosexuales y bisexuales que sufren agresiones físicas o verbales dibujan el perfil más común en los incidentes registrados por el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña (OCH). Según el informe de 2015 sobre el estado de la homofobia en la comunidad, el 55% de los 113 incidentes registrados los sufrieron hombres gays. Las agresiones físicas y verbales representan el 31% de los casos detectados.
Pese a que en octubre de 2014 el Parlamento catalán aprobó una ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), el informe del OHC pone de manifiesto que la norma no se ha implementado en la práctica y tampoco ha conseguido erradicar los episodios de LGTBI-fobia (un concepto empleado por los activistas para agrupar la lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia e intersexofobia) que se producen en el territorio. "La ley tendría que estar implementada en un año desde su puesta en marcha. Han pasado 18 meses y no tenemos nada. La ley ha estado secuestrada", ha criticado el director del OCH, Eugeni Rodríguez.
La falta de desarrollo de la ley, asegura el informe, ha provocado que el recorrido de las denuncias registradas por el Observatorio no fuese exactamente el que contempla la norma. Aunque la legislación de 2014 prevé un régimen de sanciones o infracciones administrativas directas para este tipo de conductas, la Generalitat no elaboró una normativa que regule estas condena. Así, pese a que el 11,5% de los casos siguieron la vía prevista en la norma de 2014, no se ha producido ninguna sanción en este tiempo. La mayor parte de las incidencias (el 40%) siguen el itinerario del "deber de intervención", un artículo de la ley contra la homofobia que obliga a los empleados públicos a actuar de forma urgente ante una vulneración de derechos. Estas intervenciones, realizadas generalmente por los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía o el Departamento de Bienestar Social, están previstas para situaciones graves que precisen una decisión urgente, por lo que tampoco se aplica el régimen de sanciones recogido en la ley. Cerca del 10% de los casos detectados continuó por la vía penal, otro 5% acudió al Síndic de Greuges y un 27% decidieron finalmente no denunciar.
El OCH ha detectado que, además de las agresiones, las incidencias se produjeron en buena medida a través de las redes sociales (un 13%). Con todo, los expertos alertan del peligro de los casos de bullying diagnosticados en las escuelas. "Hemos detectado varios casos de bullying en institutos públicos donde los profesores no los estaban diagnosticando y acababan echando del colegio a los alumnos acosados, pero nunca a los acosadores", ha denunciado Rodríguez.
Pese a que en octubre de 2014 el Parlamento catalán aprobó una ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), el informe del OHC pone de manifiesto que la norma no se ha implementado en la práctica y tampoco ha conseguido erradicar los episodios de LGTBI-fobia (un concepto empleado por los activistas para agrupar la lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia e intersexofobia) que se producen en el territorio. "La ley tendría que estar implementada en un año desde su puesta en marcha. Han pasado 18 meses y no tenemos nada. La ley ha estado secuestrada", ha criticado el director del OCH, Eugeni Rodríguez.
La falta de desarrollo de la ley, asegura el informe, ha provocado que el recorrido de las denuncias registradas por el Observatorio no fuese exactamente el que contempla la norma. Aunque la legislación de 2014 prevé un régimen de sanciones o infracciones administrativas directas para este tipo de conductas, la Generalitat no elaboró una normativa que regule estas condena. Así, pese a que el 11,5% de los casos siguieron la vía prevista en la norma de 2014, no se ha producido ninguna sanción en este tiempo. La mayor parte de las incidencias (el 40%) siguen el itinerario del "deber de intervención", un artículo de la ley contra la homofobia que obliga a los empleados públicos a actuar de forma urgente ante una vulneración de derechos. Estas intervenciones, realizadas generalmente por los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía o el Departamento de Bienestar Social, están previstas para situaciones graves que precisen una decisión urgente, por lo que tampoco se aplica el régimen de sanciones recogido en la ley. Cerca del 10% de los casos detectados continuó por la vía penal, otro 5% acudió al Síndic de Greuges y un 27% decidieron finalmente no denunciar.
El OCH ha detectado que, además de las agresiones, las incidencias se produjeron en buena medida a través de las redes sociales (un 13%). Con todo, los expertos alertan del peligro de los casos de bullying diagnosticados en las escuelas. "Hemos detectado varios casos de bullying en institutos públicos donde los profesores no los estaban diagnosticando y acababan echando del colegio a los alumnos acosados, pero nunca a los acosadores", ha denunciado Rodríguez.
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