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| Wilhemina Nyarko contra la persecución LGTBI en Ghana, Nueva York, 2021-10-11 // |
La homofobia se multiplica en Ghana tras una propuesta de ley que condena con hasta 10 años a personas LGTBI y activistas.
El borrador presentado hace un año, que apoyan miembros del partido en el Gobierno, amenaza con convertir el país en uno de los más autoritarios, inseguros y represivos de África.
José Ignacio Martínez Rodríguez | Planeta Futuro, El País, 2022-08-17
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-08-17/la-homofobia-se-multiplica-en-ghana-tras-una-propuesta-de-ley-que-condena-con-hasta-10-anos-a-personas-lgtbi-y-activistas.html
Las alarmas saltaron en agosto del pasado año. Entonces, miembros parlamentarios del Congreso Nacional Democrático (NDC por sus siglas en inglés), partido en la oposición de Ghana, presentaron un proyecto de ley que amenaza con convertir el país en uno de los más autoritarios, inseguros y represivos de todo el continente africano para la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales). El borrador ha contado con significativos apoyos dentro del Gobierno.
La situación la resumen con nitidez algunos activistas. “Todos estamos en peligro”, sentencia Kwame Amankwah Afrifa, activista ‘queer’ y director de la asociación en apoyo de las minorías sexuales Reflex Ghana. “Los ataques se han duplicado; temo que algunas personas se quiten la vida en lugar de ser arrestadas, humilladas y torturadas”, afirma Danny Bediako, fundador y director de Rightify Ghana, popular organización dedicada a la defensa de los derechos LGTBI. “La ley propone la violación de la prohibición de la tortura”, asevera en un informe Naciones Unidas.
A ninguno le faltan razones para mirar con desconfianza el futuro. La nueva Promoción de los derechos sexuales humanos adecuados y de los valores familiares de Ghana (nombre que recibe la propuesta de ley, que se encuentra en la actualidad bajo revisión por un comité parlamentario) criminaliza de forma inequívoca las relaciones homosexuales e incluso la defensa de cualquier cuestión relacionada con el colectivo. El borrador castiga con hasta 10 años de cárcel a las personas que se identifiquen como LGTBI y a grupos o individuos que velen por sus derechos, les expresen su simpatía o les ofrezcan apoyo social o médico. Pero el texto va mucho más allá en cuanto a restricciones y recorte drástico de libertades. Un ejemplo: el Gobierno se reserva, en uno de los artículos más polémicos del borrador, la potestad de obligar a las personas intersexuales a someterse a una cirugía de asignación de género.
El nuevo proyecto de ley propone asimismo hasta 10 años de prisión para medios de comunicación, plataformas en línea o cuentas en redes sociales que publiquen información que “aliente a los niños” a explorar cualquier género o sexo fuera de las categorías de hombre y mujer. Y desliza la posibilidad de canjear el tiempo entre rejas por terapias de conversión. El borrador también impide el matrimonio entre personas entre el mismo sexo, con la anulación inmediata de las bodas de parejas ghanesas homosexuales que se hayan casado fuera del país y que residan en él. Y busca que el Gobierno garantice que los refugiados que hayan solicitado asilo en el extranjero sean devueltos a Ghana para su enjuiciamiento. Por prohibir, la ley también prohíbe hasta los juguetes sexuales. Y el travestismo. Y exige, bajo pena de cárcel, que quien tenga conocimiento de actos tipificados como delitos en el texto los denuncie a las autoridades.
“El proyecto de ley amenaza el acceso a la información, la privacidad y la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de pensamiento y conciencia”, resume Bediako, de la organización Rightify Ghana. “Aumentará el pánico entre los miembros de la comunidad, que ya viven con un miedo constante. Tendrán que negarse a sí mismos, aceptar la terapia de conversión o ir a la cárcel”, añade. Con la misma inquietud se expresa Kwame Amankwah Afrifa, activista de Reflex Ghana. “La discriminación y el odio ya se empiezan a ver en las redes sociales, en la calle y en los trabajos. Además, la policía irrumpe en fiestas y en reuniones. Nuestras vidas corren peligro”.
Una involución drástica
Las normales legales vigentes que conciernen a cuestiones LGTBI en Ghana, si bien no tan represivas o explícitas, tampoco son favorables para el colectivo. La actual sección 104 del Código Penal, residuo del pasado colonial británico, castiga las “relaciones sexuales antinaturales” con penas de hasta tres años de prisión, pero es cierto que en la actualidad no hay una ley en el país que criminalice la homosexualidad como tal. Además, la Constitución de 1992 garantiza la libertad individual y la de asociación, paraguas bajo el que se han refugiado diferentes organizaciones. “No recuerdo un caso por el que alguien esté en prisión por ser gay”, afirmaba en 2020 Alex Kofi Donkor, una de los fundadores y director de LGTB Rights Ghana, uno de los colectivos más activos.
Pero hasta este hecho, el de no encarcelar a la comunidad LGTBI con demasiado ahínco, parece que está empezando a cambiar desde la presentación del nuevo proyecto de ley. El caso más sonado se dio en la ciudad de Ho en mayo del 2021, cuando 21 personas permanecieron encarceladas durante semanas tras ser arrestadas en una reunión. “Mucha gente ha aprovechado la presentación de este proyecto de ley para desatar su homofobia, para hacernos ‘bullying’, para agredirnos”, afirma Roy Bore, un ghanés que ya ha experimentado en carne propia el acoso de las autoridades. “Me han detenido una vez, pero no me llevaron a la cárcel. Estábamos en una fiesta, alguien se lo dijo a la policía y algunos agentes se presentaron”, recuerda. “Hubo gente que huyó. A los que nos quedamos, nos robaron 200 cedis (unos 22 euros) por persona. Después nos dejaron en paz”.
Bore se lamenta: “Si esta ley se aprobara, quien tenga dinero podrá salir del país y empezar una nueva vida en otro lugar. Pero en Ghana la mayoría de la gente no puede permitirse eso”. Según las cifras del Banco Mundial, casi uno de cada cuatro ghaneses viven bajo el umbral de la pobreza. Una estadística que, a tenor de los acontecimientos recientes, podrían engrosar las personas LGTBI. Lo explica Bediako, director de Rightify Ghana: “A muchos miembros de la comunidad los han echado de sus colegios y de sus trabajos, los han desalojado de sus hogares y de sus familias, han soportado arrestos arbitrarios, ataques de turbas y chantajes”. Algunas mujeres, asegura, han sufrido violaciones correctivas, y los delitos de odio en línea han aumentado mucho, especialmente en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, o las aplicaciones de citas Grindr y Blued.
Batalla legal y social
“El proyecto de ley viola prácticamente todas las libertades fundamentales clave garantizadas en la Constitución”, ha resumido en sucesivas ocasiones el prestigioso abogado ghanés Akoto Ampaw, quien preside un grupo compuesto por una veintena de personas –académicos y letrados en su mayoría– que trata de frenar la implementación de la ley. Su oposición frontal al borrador le ha costado acusaciones como las vertidas por el parlamentario del NDC Sam Nartey George, quien afirmó que su defensa del colectivo se debía a cuestiones económicas y financieras y no a razones morales. “Todos los que realmente me conocen saben que no soy un proxeneta. No tomo dinero de nadie para llevar a cabo la agenda de otras personas. Es ridículo que la gente sugiera que he ido a buscar un enriquecimiento para promover esta lucha. Lo hago por principios”, respondió tajante el jurista.
Curiosamente, el abogado Akoto Ampaw también es el jefe del equipo legal que defiende la victoria del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, en las elecciones generales de diciembre 2020, los segundos comicios en los que salía vencedor, pues también había ganado cuatro años antes.
La agrupación política encabezada por Akufo-Addo, el Nuevo Partido Patriótico (NPP por sus siglas en inglés), ha dado un significativo volantazo en su posición sobre el papel que el colectivo LGTBI debe tener en el país. Si en 2017 el propio mandatario afirmaba en una entrevista que la legalización de la homosexualidad era solo una cuestión de tiempo –pese a reconocer también que no entraba dentro de sus prioridades–, en la actualidad diversos parlamentarios del NPP se han posicionado a favor del borrador de ley de la oposición y han manifestado públicamente su deseo de implementarlo.
Además de la legal, la comunidad LGBTI del país se enfrenta a una batalla social en la que dista mucho de partir con ventaja. De nuevo, las palabras del activista Danny Bediako ilustran la situación: “Si bien Ghana puede considerarse un estado secular, hemos fallado en separar Estado y religión y, ahora, los líderes religiosos amenazan con hacer campaña contra los legisladores que no apoyen el texto presentado”. Según el censo nacional de 2021, el 71,3% de la población de Ghana, país de más de 31 millones de personas, se declara cristiana practicante, y casi el 20% afirma profesar el islam. “Las creencias de la gente influyen en su forma de pensar y de actuar con respecto a la comunidad LGTBI, a la que se tiende a criminalizar. Hay un gran problema social y cultural”, explicaba en septiembre de 2020 Alex Kofi Donkor en la oficina de LGTB Rights Ghana, situada en Accra, edificio que fue hostigado unos meses después por políticos y ciudadanos que clamaban por la aprobación del proyecto de ley.
La comunidad LGTBI sigue ampliamente perseguida en la mayoría de los Estados africanos, pues solo 22 de las 55 naciones en África permiten las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de sus fronteras. No todos los sistemas jurídicos la persiguen con la misma severidad. En Sudán y Mauritania la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, y en los territorios de Nigeria y Somalia controlados por extremistas islámicos, también. En otros siete países (el área restante de Nigeria, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Tanzania, Malaui y Zambia) las sanciones van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Ghana entraría en este grupo si finalmente saliera adelante el nuevo proyecto de ley.
La situación la resumen con nitidez algunos activistas. “Todos estamos en peligro”, sentencia Kwame Amankwah Afrifa, activista ‘queer’ y director de la asociación en apoyo de las minorías sexuales Reflex Ghana. “Los ataques se han duplicado; temo que algunas personas se quiten la vida en lugar de ser arrestadas, humilladas y torturadas”, afirma Danny Bediako, fundador y director de Rightify Ghana, popular organización dedicada a la defensa de los derechos LGTBI. “La ley propone la violación de la prohibición de la tortura”, asevera en un informe Naciones Unidas.
A ninguno le faltan razones para mirar con desconfianza el futuro. La nueva Promoción de los derechos sexuales humanos adecuados y de los valores familiares de Ghana (nombre que recibe la propuesta de ley, que se encuentra en la actualidad bajo revisión por un comité parlamentario) criminaliza de forma inequívoca las relaciones homosexuales e incluso la defensa de cualquier cuestión relacionada con el colectivo. El borrador castiga con hasta 10 años de cárcel a las personas que se identifiquen como LGTBI y a grupos o individuos que velen por sus derechos, les expresen su simpatía o les ofrezcan apoyo social o médico. Pero el texto va mucho más allá en cuanto a restricciones y recorte drástico de libertades. Un ejemplo: el Gobierno se reserva, en uno de los artículos más polémicos del borrador, la potestad de obligar a las personas intersexuales a someterse a una cirugía de asignación de género.
El nuevo proyecto de ley propone asimismo hasta 10 años de prisión para medios de comunicación, plataformas en línea o cuentas en redes sociales que publiquen información que “aliente a los niños” a explorar cualquier género o sexo fuera de las categorías de hombre y mujer. Y desliza la posibilidad de canjear el tiempo entre rejas por terapias de conversión. El borrador también impide el matrimonio entre personas entre el mismo sexo, con la anulación inmediata de las bodas de parejas ghanesas homosexuales que se hayan casado fuera del país y que residan en él. Y busca que el Gobierno garantice que los refugiados que hayan solicitado asilo en el extranjero sean devueltos a Ghana para su enjuiciamiento. Por prohibir, la ley también prohíbe hasta los juguetes sexuales. Y el travestismo. Y exige, bajo pena de cárcel, que quien tenga conocimiento de actos tipificados como delitos en el texto los denuncie a las autoridades.
“El proyecto de ley amenaza el acceso a la información, la privacidad y la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de pensamiento y conciencia”, resume Bediako, de la organización Rightify Ghana. “Aumentará el pánico entre los miembros de la comunidad, que ya viven con un miedo constante. Tendrán que negarse a sí mismos, aceptar la terapia de conversión o ir a la cárcel”, añade. Con la misma inquietud se expresa Kwame Amankwah Afrifa, activista de Reflex Ghana. “La discriminación y el odio ya se empiezan a ver en las redes sociales, en la calle y en los trabajos. Además, la policía irrumpe en fiestas y en reuniones. Nuestras vidas corren peligro”.
Una involución drástica
Las normales legales vigentes que conciernen a cuestiones LGTBI en Ghana, si bien no tan represivas o explícitas, tampoco son favorables para el colectivo. La actual sección 104 del Código Penal, residuo del pasado colonial británico, castiga las “relaciones sexuales antinaturales” con penas de hasta tres años de prisión, pero es cierto que en la actualidad no hay una ley en el país que criminalice la homosexualidad como tal. Además, la Constitución de 1992 garantiza la libertad individual y la de asociación, paraguas bajo el que se han refugiado diferentes organizaciones. “No recuerdo un caso por el que alguien esté en prisión por ser gay”, afirmaba en 2020 Alex Kofi Donkor, una de los fundadores y director de LGTB Rights Ghana, uno de los colectivos más activos.
Pero hasta este hecho, el de no encarcelar a la comunidad LGTBI con demasiado ahínco, parece que está empezando a cambiar desde la presentación del nuevo proyecto de ley. El caso más sonado se dio en la ciudad de Ho en mayo del 2021, cuando 21 personas permanecieron encarceladas durante semanas tras ser arrestadas en una reunión. “Mucha gente ha aprovechado la presentación de este proyecto de ley para desatar su homofobia, para hacernos ‘bullying’, para agredirnos”, afirma Roy Bore, un ghanés que ya ha experimentado en carne propia el acoso de las autoridades. “Me han detenido una vez, pero no me llevaron a la cárcel. Estábamos en una fiesta, alguien se lo dijo a la policía y algunos agentes se presentaron”, recuerda. “Hubo gente que huyó. A los que nos quedamos, nos robaron 200 cedis (unos 22 euros) por persona. Después nos dejaron en paz”.
Bore se lamenta: “Si esta ley se aprobara, quien tenga dinero podrá salir del país y empezar una nueva vida en otro lugar. Pero en Ghana la mayoría de la gente no puede permitirse eso”. Según las cifras del Banco Mundial, casi uno de cada cuatro ghaneses viven bajo el umbral de la pobreza. Una estadística que, a tenor de los acontecimientos recientes, podrían engrosar las personas LGTBI. Lo explica Bediako, director de Rightify Ghana: “A muchos miembros de la comunidad los han echado de sus colegios y de sus trabajos, los han desalojado de sus hogares y de sus familias, han soportado arrestos arbitrarios, ataques de turbas y chantajes”. Algunas mujeres, asegura, han sufrido violaciones correctivas, y los delitos de odio en línea han aumentado mucho, especialmente en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, o las aplicaciones de citas Grindr y Blued.
Batalla legal y social
“El proyecto de ley viola prácticamente todas las libertades fundamentales clave garantizadas en la Constitución”, ha resumido en sucesivas ocasiones el prestigioso abogado ghanés Akoto Ampaw, quien preside un grupo compuesto por una veintena de personas –académicos y letrados en su mayoría– que trata de frenar la implementación de la ley. Su oposición frontal al borrador le ha costado acusaciones como las vertidas por el parlamentario del NDC Sam Nartey George, quien afirmó que su defensa del colectivo se debía a cuestiones económicas y financieras y no a razones morales. “Todos los que realmente me conocen saben que no soy un proxeneta. No tomo dinero de nadie para llevar a cabo la agenda de otras personas. Es ridículo que la gente sugiera que he ido a buscar un enriquecimiento para promover esta lucha. Lo hago por principios”, respondió tajante el jurista.
Curiosamente, el abogado Akoto Ampaw también es el jefe del equipo legal que defiende la victoria del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, en las elecciones generales de diciembre 2020, los segundos comicios en los que salía vencedor, pues también había ganado cuatro años antes.
La agrupación política encabezada por Akufo-Addo, el Nuevo Partido Patriótico (NPP por sus siglas en inglés), ha dado un significativo volantazo en su posición sobre el papel que el colectivo LGTBI debe tener en el país. Si en 2017 el propio mandatario afirmaba en una entrevista que la legalización de la homosexualidad era solo una cuestión de tiempo –pese a reconocer también que no entraba dentro de sus prioridades–, en la actualidad diversos parlamentarios del NPP se han posicionado a favor del borrador de ley de la oposición y han manifestado públicamente su deseo de implementarlo.
Además de la legal, la comunidad LGBTI del país se enfrenta a una batalla social en la que dista mucho de partir con ventaja. De nuevo, las palabras del activista Danny Bediako ilustran la situación: “Si bien Ghana puede considerarse un estado secular, hemos fallado en separar Estado y religión y, ahora, los líderes religiosos amenazan con hacer campaña contra los legisladores que no apoyen el texto presentado”. Según el censo nacional de 2021, el 71,3% de la población de Ghana, país de más de 31 millones de personas, se declara cristiana practicante, y casi el 20% afirma profesar el islam. “Las creencias de la gente influyen en su forma de pensar y de actuar con respecto a la comunidad LGTBI, a la que se tiende a criminalizar. Hay un gran problema social y cultural”, explicaba en septiembre de 2020 Alex Kofi Donkor en la oficina de LGTB Rights Ghana, situada en Accra, edificio que fue hostigado unos meses después por políticos y ciudadanos que clamaban por la aprobación del proyecto de ley.
La comunidad LGTBI sigue ampliamente perseguida en la mayoría de los Estados africanos, pues solo 22 de las 55 naciones en África permiten las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de sus fronteras. No todos los sistemas jurídicos la persiguen con la misma severidad. En Sudán y Mauritania la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, y en los territorios de Nigeria y Somalia controlados por extremistas islámicos, también. En otros siete países (el área restante de Nigeria, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Tanzania, Malaui y Zambia) las sanciones van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Ghana entraría en este grupo si finalmente saliera adelante el nuevo proyecto de ley.
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