 |
| Imagen: El Mundo |
Eugeni Rodríguez | El Mundo, 2015-01-06
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/06/54aaebaae2704ee9788b4591.html
El pasado día 2 de octubre, el Parlament de Cataluña dio luz verde a la ley 11/2014 de 10 de octubre, que tiene como objeto principal "garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia". Una ley que, como deja claro de forma contundente su largo título, tiene como prioridades garantizar los derechos de las personas LGTBI y atajar la violencia contra este colectivo.
La ley aprobada en Cataluña, pionera en el Estado español y también a nivel mundial, consta de 39 artículos, de los que cabe resaltar como objetivo fundamental: "La presente tiene por objeto establecer y regular los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género o expresión de género, en los ámbitos, tanto públicos como privados, sobre los que la Generalitat y los entes locales tienen competencias". Y esto, como se resalta, tiene que ver en un primer término con todas las etapas de la vida, con todas las áreas de la vida social y con todas las contingencias en el transcurso de la vida.
Como se pone de manifiesto, la norma abarca toda la vida de una persona LGTBI y actúa tanto a nivel público como en el ámbito más privado. Es decir, tiene una perspectiva global e integral a la hora de hacer frente al gravísimo fenómeno de la violencia homófoba que sufrimos.
La aprobación de esta importante herramienta contra la epidemia que supone hoy en día la “LGTBIfobia” ha sido posible gracias a la unión de todo el movimiento de Cataluña: una unida y constante lucha que ha facilitado que se pudiera romper la negativa de CiU a legislar de forma tan contundente a favor de los derechos de todos, aunque, una vez sacada adelante, la implementación de la misma por parte del Govern está dejando mucho que desear.
El 28 de enero se cumplirán 100 días de su entrada en vigor y esperamos generar la suficiente presión política y social para no permitir que se deje en el olvido.
A nivel estatal, el goteo de agresiones homófobas es constante. En Gandía (Valencia) fueron agredidos dos activistas gais en noviembre ante la inoperancia de la Policía Nacional para gestionar la denuncia. En Madrid, con agresiones continuas denunciadas por las asociaciones, la situación ha creado cierta alarma social por la impunidad con la que actúan los violentos homófobos y la indefensión de las personas víctimas de la discriminación y el odio.
Hasta la fecha, diferentes comunidades autónomas han aprobado leyes para regular los derechos del colectivo, aunque con evidentes carencias. Por ejemplo, el carácter no punitivo de la norma gallega difícilmente podrá hacer frente o erradicar la violencia. O en Andalucía, que aprobó una contundente Ley Integral de Transexualidad, pero que el Gobierno central ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional por discrepar en algunos artículos.
Por todo ello, es absolutamente necesario elaborar una ley estatal que pueda contar con todos los instrumentos legales y competencias en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Una norma que se dote de mecanismos ágiles, eficaces, contundentes y precisos contra la vulneración de derechos fundamentales y que a la vez regule y garantice de forma integral y completa todos los ámbitos de la vida tanto públicos como privados. Esta ley tiene que ser un antídoto contra la lacra social que supone la homofobia.
Esta ley es necesario elaborarla de la mano de las diferentes entidades y federaciones LGTB del Estado español, una ley estatal contra la “LGTBIfobia” que marque el principio del fin de la impunidad homófoba.
La ley aprobada en Cataluña, pionera en el Estado español y también a nivel mundial, consta de 39 artículos, de los que cabe resaltar como objetivo fundamental: "La presente tiene por objeto establecer y regular los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género o expresión de género, en los ámbitos, tanto públicos como privados, sobre los que la Generalitat y los entes locales tienen competencias". Y esto, como se resalta, tiene que ver en un primer término con todas las etapas de la vida, con todas las áreas de la vida social y con todas las contingencias en el transcurso de la vida.
Como se pone de manifiesto, la norma abarca toda la vida de una persona LGTBI y actúa tanto a nivel público como en el ámbito más privado. Es decir, tiene una perspectiva global e integral a la hora de hacer frente al gravísimo fenómeno de la violencia homófoba que sufrimos.
La aprobación de esta importante herramienta contra la epidemia que supone hoy en día la “LGTBIfobia” ha sido posible gracias a la unión de todo el movimiento de Cataluña: una unida y constante lucha que ha facilitado que se pudiera romper la negativa de CiU a legislar de forma tan contundente a favor de los derechos de todos, aunque, una vez sacada adelante, la implementación de la misma por parte del Govern está dejando mucho que desear.
El 28 de enero se cumplirán 100 días de su entrada en vigor y esperamos generar la suficiente presión política y social para no permitir que se deje en el olvido.
A nivel estatal, el goteo de agresiones homófobas es constante. En Gandía (Valencia) fueron agredidos dos activistas gais en noviembre ante la inoperancia de la Policía Nacional para gestionar la denuncia. En Madrid, con agresiones continuas denunciadas por las asociaciones, la situación ha creado cierta alarma social por la impunidad con la que actúan los violentos homófobos y la indefensión de las personas víctimas de la discriminación y el odio.
Hasta la fecha, diferentes comunidades autónomas han aprobado leyes para regular los derechos del colectivo, aunque con evidentes carencias. Por ejemplo, el carácter no punitivo de la norma gallega difícilmente podrá hacer frente o erradicar la violencia. O en Andalucía, que aprobó una contundente Ley Integral de Transexualidad, pero que el Gobierno central ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional por discrepar en algunos artículos.
Por todo ello, es absolutamente necesario elaborar una ley estatal que pueda contar con todos los instrumentos legales y competencias en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Una norma que se dote de mecanismos ágiles, eficaces, contundentes y precisos contra la vulneración de derechos fundamentales y que a la vez regule y garantice de forma integral y completa todos los ámbitos de la vida tanto públicos como privados. Esta ley tiene que ser un antídoto contra la lacra social que supone la homofobia.
Esta ley es necesario elaborarla de la mano de las diferentes entidades y federaciones LGTB del Estado español, una ley estatal contra la “LGTBIfobia” que marque el principio del fin de la impunidad homófoba.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.