Clara Serra · Diputada en la Asamblea de Madrid y responsable del Área de Mujer e Igualdad de Podemos | El Mundo, 2015-07-04
http://www.elmundo.es/madrid/2015/07/04/5596f279268e3eb42b8b4591.html
Todavía en el año 2015 existen países donde la homosexualidad está castigada con penas de prisión o incluso la muerte, en más de 70 países querer a algunas personas es a día de hoy delito e incluso dentro de la Europa más avanzada, en países como Alemania o Italia, sigue sin reconocerse el derecho al matrimonio igualitario. En España, sin embargo, tenemos motivos para estar orgullosos. El reciente estudio del Pew Research Center ha vuelto a confirmar lo que ya dio a conocer un estudio similar publicado en 2013. España -donde el 71% de la población se declara católica- es sin embargo el primer país del mundo en cuanto a aceptación social de la diversidad sexual; solo un 6% de la sociedad considera que la homosexualidad es una opción inaceptable. La gran mayoría de los españoles y las españolas queremos un país para todos.
Este dato, no obstante, contrasta con los que aportan otros estudios recientes. Por ejemplo el de la ILGA, que acaba de dar a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en Europa. En la clasificación de los distintos países, ordenados según el grado de adecuación de sus leyes al reconocimiento y promoción de las personas LGTB, España ha descendido tres puestos en solo un año, siendo adelantada por países como Malta o Croacia. Hace falta explicar por qué, aunque los españoles seguimos siendo en 2015 el pueblo menos homófobo del mundo, nuestras normas jurídicas cada año son más discriminatorias. Nuestras instituciones y nuestras leyes no están a la altura del sentido común tolerante y el respeto a la diversidad ya conquistados por la ciudadanía.
La respuesta es que no es la gente, que quiere de modo mayoritario un país igual para todos, la que ha estado representada en las instituciones. El descenso en la calificación de España se debe a las políticas que en materia sanitaria y de servicios sociales ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular en los últimos años. Bajo el dictado de la austeridad el PP ha gobernado contra la gente, como ha hecho cuando ha excluido a las mujeres solas y a las mujeres lesbianas del acceso a la reproducción asistida o cuando ha retirado el Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública. Gobernar contra la gente es tanto gobernar para los poderosos como gobernar desde la ideología, lo cual tiene que ver con algunas de las mayores contribuciones del gobierno del PP a este retroceso democrático de los últimos años. Las asociaciones internacionales llaman la atención especialmente sobre la falta de voluntad institucional que hay en España para corregir la discriminación de las personas con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida o el hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en sus países, a pesar de que la legislación europea lo establezca.
La apuesta por la ideología -esa particular ideología que se adentra en la vida privada de las personas, especialmente de las mujeres y las personas LGTB- como forma de gobierno ha caracterizado al PP también en materia de política educativa. Según los datos el 49% de los escolares homosexuales ha sufrido acoso en las aulas y un 43% de estos ha llegado a plantearse el suicidio. El acoso escolar por motivos de identidad y orientación sexual es uno de los problemas más graves que todo gobierno responsable debería afrontar. Gobernar contra la gente es lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha elegido dedicarse a pelear por la desaparición del currículum educativo de contenidos temáticos o incluso asignaturas cuyo fin era educar contra la lgtbfobia con el único fin de hacer concesiones a la parte más intolerante de su electorado.
Podemos estar orgullosos porque a pesar de haber pasado años bajo unas políticas que no nos representan, la gran mayoría de españoles y españolas queremos un país sin desigualdad, sin discriminación y sin exclusión de las personas lgtb, porque sabemos que ese es el único proyecto de país -libre, ciudadano, igualitario, donde el gobierno no se adentre en la intimidad de las personas, donde el estado garantice los derechos y libertades de cada cual- del que podemos estar orgullosos.
Hoy, en 2015, podemos estar orgullosos también porque hemos tomado las riendas para poner en marcha un cambio político cuyo objetivo es que las leyes dejen de estar contra la gente y estén por fin a la altura de la gente. Que hemos iniciado ese camino es evidente. La prueba la hemos visto todos estos días en muchas ciudades de nuestro país: si este año en nuestros ayuntamientos ondean las banderas arcoíris es porque el cambio ha llegado a las instituciones. Este año, el año del cambio, toda la gente orgullosa vamos a celebrar juntos y juntas en Madrid una gran fiesta por la democracia y los derechos en una ciudad ya un poco más nueva. El año del cambio es el año del orgullo de la gente.
Este dato, no obstante, contrasta con los que aportan otros estudios recientes. Por ejemplo el de la ILGA, que acaba de dar a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en Europa. En la clasificación de los distintos países, ordenados según el grado de adecuación de sus leyes al reconocimiento y promoción de las personas LGTB, España ha descendido tres puestos en solo un año, siendo adelantada por países como Malta o Croacia. Hace falta explicar por qué, aunque los españoles seguimos siendo en 2015 el pueblo menos homófobo del mundo, nuestras normas jurídicas cada año son más discriminatorias. Nuestras instituciones y nuestras leyes no están a la altura del sentido común tolerante y el respeto a la diversidad ya conquistados por la ciudadanía.
La respuesta es que no es la gente, que quiere de modo mayoritario un país igual para todos, la que ha estado representada en las instituciones. El descenso en la calificación de España se debe a las políticas que en materia sanitaria y de servicios sociales ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular en los últimos años. Bajo el dictado de la austeridad el PP ha gobernado contra la gente, como ha hecho cuando ha excluido a las mujeres solas y a las mujeres lesbianas del acceso a la reproducción asistida o cuando ha retirado el Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública. Gobernar contra la gente es tanto gobernar para los poderosos como gobernar desde la ideología, lo cual tiene que ver con algunas de las mayores contribuciones del gobierno del PP a este retroceso democrático de los últimos años. Las asociaciones internacionales llaman la atención especialmente sobre la falta de voluntad institucional que hay en España para corregir la discriminación de las personas con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida o el hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en sus países, a pesar de que la legislación europea lo establezca.
La apuesta por la ideología -esa particular ideología que se adentra en la vida privada de las personas, especialmente de las mujeres y las personas LGTB- como forma de gobierno ha caracterizado al PP también en materia de política educativa. Según los datos el 49% de los escolares homosexuales ha sufrido acoso en las aulas y un 43% de estos ha llegado a plantearse el suicidio. El acoso escolar por motivos de identidad y orientación sexual es uno de los problemas más graves que todo gobierno responsable debería afrontar. Gobernar contra la gente es lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha elegido dedicarse a pelear por la desaparición del currículum educativo de contenidos temáticos o incluso asignaturas cuyo fin era educar contra la lgtbfobia con el único fin de hacer concesiones a la parte más intolerante de su electorado.
Podemos estar orgullosos porque a pesar de haber pasado años bajo unas políticas que no nos representan, la gran mayoría de españoles y españolas queremos un país sin desigualdad, sin discriminación y sin exclusión de las personas lgtb, porque sabemos que ese es el único proyecto de país -libre, ciudadano, igualitario, donde el gobierno no se adentre en la intimidad de las personas, donde el estado garantice los derechos y libertades de cada cual- del que podemos estar orgullosos.
Hoy, en 2015, podemos estar orgullosos también porque hemos tomado las riendas para poner en marcha un cambio político cuyo objetivo es que las leyes dejen de estar contra la gente y estén por fin a la altura de la gente. Que hemos iniciado ese camino es evidente. La prueba la hemos visto todos estos días en muchas ciudades de nuestro país: si este año en nuestros ayuntamientos ondean las banderas arcoíris es porque el cambio ha llegado a las instituciones. Este año, el año del cambio, toda la gente orgullosa vamos a celebrar juntos y juntas en Madrid una gran fiesta por la democracia y los derechos en una ciudad ya un poco más nueva. El año del cambio es el año del orgullo de la gente.
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