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| Imagen: El País / Pilar Martín Nájera |
La responsable de la Fiscalía de violencia sobre la mujer alerta de la involución de los adolescentes: "Hemos perdido un poco la batalla".
Pilar Álvarez | El País, 2017-11-22
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/22/actualidad/1511382266_518221.html
Pilar Martín Nájera (Palencia, 1957) coordina la red de fiscales especializados contra la violencia de género. Recibe a El País en su despacho con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Durante la entrevista analiza las cuestiones que quedan pendientes para proteger a las víctimas de violencia machista y las que le alarman, como la involución de los adolescentes o la falta de recursos.
Pregunta. Han pasado 20 años del asesinato de Ana Orantes, la granadina a la que su exmarido quemó viva días después de que denunciara 40 años de abusos y palizas. ¿Qué ha mejorado desde entonces y qué falta por hacer?
Respuesta. Aquel caso fue el detonante. El principal logro ha sido visibilizar el problema. Pasar de verlo como algo privado a un delito público y una vulneración de los derechos humanos. Tras aquello se publicó la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004 y la de Igualdad en 2007. Lo más importante ahora es avanzar en la protección a la víctima y, especialmente, en la protección y recuperación de los hijos.
P. ¿Echa algo en falta en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
R. Hay que trabajarlo para hacerlo más homogéneo, concretar y priorizar. Y una vez que se priorice, lo importante es empezar a asignar cantidades económicas. En el ámbito judicial echo de menos mayor contundencia con el artículo 416 [el que exime a los testigos de declarar contra determinados parientes, como padres, hermanos y cónyuge, al que se pueden acoger las víctimas de violencia machista]. El Senado recoge una modificación para evitar la impunidad que supone el 416, pero es muy genérico. Hay que trabajarlo mucho más. Según los datos del Poder Judicial, casi el 11% de las mujeres se echan para atrás. Si tenemos en cuenta los casos sobreseídos antes de llegar a juicio, seguro que son más.
P. ¿Qué está en juego?
R. Produce impunidad, la sensación en la sociedad de que se ha trabajado para nada. Es el agujero por el que se escapa todo el trabajo que hacemos. Conseguimos que denuncien, siguen un recorrido largo y costoso y se acoge a la dispensa.
P. Casi una de cada tres órdenes de protección que reclaman las mujeres son denegadas.
R. La cifra ha subido. Es un dato positivo para las mujeres, pero tenemos que conceder más. Ese 32% es la media, pero hay determinados juzgados y provincias en las que el número de concesiones rechazadas ronda la mitad. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si los órganos judiciales no las conceden, los abogados van a decir a las víctimas que no las pidan. Es necesario tener un poco más de tiempo y de tranquilidad para valorar el riesgo que corre esa víctima.
P. ¿Es una cuestión de tiempo o de dinero?
R. Efectivamente, hay que tener más recursos y más medios policiales. Pero fíjese. Existen muchísimas pulseras [dispositivos para el control telemático de las medidas de alejamiento de los maltratadores], con una inversión grandísima, y están en uso menos de la mitad, unas 900. La información que a veces facilita la víctima no refleja la gravedad y la reiteración de la violencia. El informe policial se basa básicamente en su testimonio. Nosotros solicitamos también en las guardias que las unidades de valoración forense puedan asesorarnos del riesgo que corren.
P. ¿Hay formación suficiente en los juzgados? R. Creo que falta formación. Es uno de los fallos que tenemos sobre los que más incide el pacto de Estado. Necesitamos formación continuada y especializada en todos los operadores sociales, asistenciales y jurídicos que interviene en el proceso.
P. La ley de 2004 ya aludía a la educación y la formación. ¿Por qué sigue pendiente?
R. Se ha bajado la guardia. Cuando se aprobó la ley no había aún recursos pero sí mucha ilusión. La educación, la formación y la especialización son fundamentales para valorar el riesgo.
P. Solo nueve de las 44 asesinadas en 2017 habían denunciado a su agresor, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué no hay más y qué pasa con las que sí denuncian?
R. La Fiscalía maneja otros datos. Tenemos 50 víctimas mortales y denunciaron 11. Aún no tenemos la valoración de todos los casos. Muchas veces denunciaron pero ya estaba cumplida la condena, o se sobreseyó por el camino porque la mujer hizo uso de la dispensa o había cumplido la condena y posteriormente reanudaron la convivencia.
P. ¿El asesoramiento previo para que la mujer denuncie está funcionando?
R. Actualmente, no. Es otro de los puntos en los que incide el pacto y en los que Fiscalía también insiste. Uno de los fallos de la ley orgánica es que estimó que todo el mundo iba a presentar denuncia y que se concederían las órdenes de protección, que sería el mecanismo por el que la víctima se convertía en beneficiaria de todos los servicios y ayudas económicas, asistenciales y psicológicas. Ahora vemos que solo se conceden el 68% de las órdenes de protección y el 40% de los procedimientos se sobreseen. Antes de la denuncia prácticamente no reciben ninguna ayuda, no hay cadena de seguimiento.
P. En el último crimen de violencia machista, un hombre en Alzira degolló a la hija para vengarse de la mujer. ¿Están bien protegidos los menores?
R. Este caso es paradigmático. Nadie podía preverlo, ni la madre, que si lo hubiera previsto se la habría llevado con ella. Los menores se consideran víctimas desde 2015, pero falta atenderles más, valorar el riesgo también para ellos y tener servicios de atención psicólógica y de apoyo especializados.
P. El número de menores enjuiciados como agresores en violencia machista ha subido.
R. Hemos perdido la batalla un poco con los adolescentes. En las generaciones anteriores se luchó mucho por la igualdad y se dio la batalla por ganada. Igual eso no se ha sabido transmitir a la siguiente generación.
P. ¿Se ha dado un paso atrás?
R. Sí, lo dicen las estadísticas. Aceptan el amor platónico, el control a través de móviles y dicen que si hay violencia de género, algo habrá hecho ella. Son indicios que nos señalan que estamos retrocediendo en igualdad. No se nace maltratando. A maltratar se aprende. Y del mismo modo se aprende a respetar.
P. Estos días se celebra el juicio del caso de la violación múltiple de San Fermín. ¿Está concienciada la sociedad española para arropar a las víctimas de violencia y abusos sexuales?
R. Yo he visto que sí. La reacción que ha habido a través de whatsapp y la convocatoria para que la sociedad se manifieste a favor de la víctima es un buen dato.
P. Pero las protestas fueron porque el juez admitió un informe de un detective privado siguiendo a la víctima.
R. Es un tema judicial que no conozco más que a través de los medios de comunicación. No sé qué motivos ha tenido el tribunal para aceptar eso. En principio, lo que hay que tener en cuenta en todo tipo de agresión a las mujeres es que lo que se está juzgado es la conducta del agresor, no la de las víctimas, ni si consienten o no. No me parece que sea muy adecuado ese informe pero no puedo juzgarlo porque desconozco los motivos. ¿Por qué piden esas pruebas? Posiblemente porque no tienen otros medios de defensa.
P. Había jueces que preguntaban años atrás qué tipo de ropa llevaba la agredida. Esta vez el foco se ha puesto en cuál ha sido su comportamiento posterior en las redes sociales. ¿Aún se culpabiliza a las víctimas?
R. Cada vez hay menos casos, ha disminuido mucho. Es otro de los mitos de la violencia de género. Uno es el de las denuncias falsas y otro es que la culpa que la tiene la mujer por cómo viste o porque provoca. Son falsos mitos para atacar la ley de violencia de género que no tienen base científica de ningún tipo.
Pregunta. Han pasado 20 años del asesinato de Ana Orantes, la granadina a la que su exmarido quemó viva días después de que denunciara 40 años de abusos y palizas. ¿Qué ha mejorado desde entonces y qué falta por hacer?
Respuesta. Aquel caso fue el detonante. El principal logro ha sido visibilizar el problema. Pasar de verlo como algo privado a un delito público y una vulneración de los derechos humanos. Tras aquello se publicó la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004 y la de Igualdad en 2007. Lo más importante ahora es avanzar en la protección a la víctima y, especialmente, en la protección y recuperación de los hijos.
P. ¿Echa algo en falta en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
R. Hay que trabajarlo para hacerlo más homogéneo, concretar y priorizar. Y una vez que se priorice, lo importante es empezar a asignar cantidades económicas. En el ámbito judicial echo de menos mayor contundencia con el artículo 416 [el que exime a los testigos de declarar contra determinados parientes, como padres, hermanos y cónyuge, al que se pueden acoger las víctimas de violencia machista]. El Senado recoge una modificación para evitar la impunidad que supone el 416, pero es muy genérico. Hay que trabajarlo mucho más. Según los datos del Poder Judicial, casi el 11% de las mujeres se echan para atrás. Si tenemos en cuenta los casos sobreseídos antes de llegar a juicio, seguro que son más.
P. ¿Qué está en juego?
R. Produce impunidad, la sensación en la sociedad de que se ha trabajado para nada. Es el agujero por el que se escapa todo el trabajo que hacemos. Conseguimos que denuncien, siguen un recorrido largo y costoso y se acoge a la dispensa.
P. Casi una de cada tres órdenes de protección que reclaman las mujeres son denegadas.
R. La cifra ha subido. Es un dato positivo para las mujeres, pero tenemos que conceder más. Ese 32% es la media, pero hay determinados juzgados y provincias en las que el número de concesiones rechazadas ronda la mitad. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si los órganos judiciales no las conceden, los abogados van a decir a las víctimas que no las pidan. Es necesario tener un poco más de tiempo y de tranquilidad para valorar el riesgo que corre esa víctima.
P. ¿Es una cuestión de tiempo o de dinero?
R. Efectivamente, hay que tener más recursos y más medios policiales. Pero fíjese. Existen muchísimas pulseras [dispositivos para el control telemático de las medidas de alejamiento de los maltratadores], con una inversión grandísima, y están en uso menos de la mitad, unas 900. La información que a veces facilita la víctima no refleja la gravedad y la reiteración de la violencia. El informe policial se basa básicamente en su testimonio. Nosotros solicitamos también en las guardias que las unidades de valoración forense puedan asesorarnos del riesgo que corren.
P. ¿Hay formación suficiente en los juzgados? R. Creo que falta formación. Es uno de los fallos que tenemos sobre los que más incide el pacto de Estado. Necesitamos formación continuada y especializada en todos los operadores sociales, asistenciales y jurídicos que interviene en el proceso.
P. La ley de 2004 ya aludía a la educación y la formación. ¿Por qué sigue pendiente?
R. Se ha bajado la guardia. Cuando se aprobó la ley no había aún recursos pero sí mucha ilusión. La educación, la formación y la especialización son fundamentales para valorar el riesgo.
P. Solo nueve de las 44 asesinadas en 2017 habían denunciado a su agresor, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué no hay más y qué pasa con las que sí denuncian?
R. La Fiscalía maneja otros datos. Tenemos 50 víctimas mortales y denunciaron 11. Aún no tenemos la valoración de todos los casos. Muchas veces denunciaron pero ya estaba cumplida la condena, o se sobreseyó por el camino porque la mujer hizo uso de la dispensa o había cumplido la condena y posteriormente reanudaron la convivencia.
P. ¿El asesoramiento previo para que la mujer denuncie está funcionando?
R. Actualmente, no. Es otro de los puntos en los que incide el pacto y en los que Fiscalía también insiste. Uno de los fallos de la ley orgánica es que estimó que todo el mundo iba a presentar denuncia y que se concederían las órdenes de protección, que sería el mecanismo por el que la víctima se convertía en beneficiaria de todos los servicios y ayudas económicas, asistenciales y psicológicas. Ahora vemos que solo se conceden el 68% de las órdenes de protección y el 40% de los procedimientos se sobreseen. Antes de la denuncia prácticamente no reciben ninguna ayuda, no hay cadena de seguimiento.
P. En el último crimen de violencia machista, un hombre en Alzira degolló a la hija para vengarse de la mujer. ¿Están bien protegidos los menores?
R. Este caso es paradigmático. Nadie podía preverlo, ni la madre, que si lo hubiera previsto se la habría llevado con ella. Los menores se consideran víctimas desde 2015, pero falta atenderles más, valorar el riesgo también para ellos y tener servicios de atención psicólógica y de apoyo especializados.
P. El número de menores enjuiciados como agresores en violencia machista ha subido.
R. Hemos perdido la batalla un poco con los adolescentes. En las generaciones anteriores se luchó mucho por la igualdad y se dio la batalla por ganada. Igual eso no se ha sabido transmitir a la siguiente generación.
P. ¿Se ha dado un paso atrás?
R. Sí, lo dicen las estadísticas. Aceptan el amor platónico, el control a través de móviles y dicen que si hay violencia de género, algo habrá hecho ella. Son indicios que nos señalan que estamos retrocediendo en igualdad. No se nace maltratando. A maltratar se aprende. Y del mismo modo se aprende a respetar.
P. Estos días se celebra el juicio del caso de la violación múltiple de San Fermín. ¿Está concienciada la sociedad española para arropar a las víctimas de violencia y abusos sexuales?
R. Yo he visto que sí. La reacción que ha habido a través de whatsapp y la convocatoria para que la sociedad se manifieste a favor de la víctima es un buen dato.
P. Pero las protestas fueron porque el juez admitió un informe de un detective privado siguiendo a la víctima.
R. Es un tema judicial que no conozco más que a través de los medios de comunicación. No sé qué motivos ha tenido el tribunal para aceptar eso. En principio, lo que hay que tener en cuenta en todo tipo de agresión a las mujeres es que lo que se está juzgado es la conducta del agresor, no la de las víctimas, ni si consienten o no. No me parece que sea muy adecuado ese informe pero no puedo juzgarlo porque desconozco los motivos. ¿Por qué piden esas pruebas? Posiblemente porque no tienen otros medios de defensa.
P. Había jueces que preguntaban años atrás qué tipo de ropa llevaba la agredida. Esta vez el foco se ha puesto en cuál ha sido su comportamiento posterior en las redes sociales. ¿Aún se culpabiliza a las víctimas?
R. Cada vez hay menos casos, ha disminuido mucho. Es otro de los mitos de la violencia de género. Uno es el de las denuncias falsas y otro es que la culpa que la tiene la mujer por cómo viste o porque provoca. Son falsos mitos para atacar la ley de violencia de género que no tienen base científica de ningún tipo.
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